A petición de juzgadores mexicanos y organizaciones especializadas en derechos humanos, se van a exponer los riesgos de la reforma judicial en materia de derechos humanos y división de poderes
Miércoles 13 de noviembre de 2024
Durante la primera audiencia pública internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada en Washington, donde organizaciones defensoras de derechos humanos y personas juzgadoras, expusieron los riesgos que implica la implementación de la reforma judicial en el país, en específico sobre la impartición de justicia en México, el Estado mexicano defendió la reforma al Poder Judicial, sin embargo, reconoció que no hubo un diagnóstico para su elaboración.
El representante del Estado mexicano, José Antonio Montero, respondió a las y los comisionados de la CIDH, quienes expresaron sus preocupaciones respecto al diagnóstico que orientó al Estado mexicano para hacer esta modificación constitucional, en específico por temas referentes a los candados que se pusieron para evitar la intervención del crimen organizado, y la violación de diversos derechos humanos por la implementación de esta reforma.
En respuesta, Montero aceptó que el Gobierno no tenía un diagnóstico para realizar la reforma judicial, por la que se propone renovar a todos los jueces, magistrados y ministros del país.
Por su parte, la jueza Juana Fuentes Velázquez, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), aseguró que la independencia judicial en México enfrenta un ataque sin precedentes, materializado en la reforma constitucional.
Antes de finalizar la audiencia, la comisionada Andrea Pochak especificó que la función de la audiencia celebrada fue “escuchar y recibir información” de las partes, por lo que por el momento no pueden intervenir de otra manera, hasta que no se agoten todos los mecanismos que aún están en marcha en territorio nacional.
Comments