Harfuch justifica la entrega de 29 narcotraficantes a México

Alejandro Gertz Manero, fiscal de la República, aseguró que no se violó ninguna ley ni derechos humanos de los narcotraficantes que fueron entregados a la justicia de EU

Lunes 3 de marzo de 2025

El reciente envío de 29 líderes de cárteles mexicanos a Estados Unidos ha generado un impacto significativo en la seguridad nacional de ambos países. Entre los trasladados se encuentra Rafael Caro Quintero, fundador del extinto Cártel de Guadalajara y acusado del asesinato del agente de la DEA, Enrique "Kiki" Camarena en 1985, y quien había evitado la extradición por cuarenta años.

Expertos en derecho internacional han cuestionado la legalidad de estos envíos acelerados argumentando que violan procedimientos establecidos para la extradición en la ley mexicana.

Ante una posible violación a la ley, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha declarado que la presidenta Sheinbaum “no tuvo nada que ver” con la determinación y que se trató de una “decisión colegiada del gabinete de seguridad”.

Frank Tarantino, agente de la DEA, declaró en horas recientes que los criminales mexicanos fueron “removidos” de México y no extraditados.

El gobierno mexicano, a través del fiscal Gertz, justificó el envío de los 29 criminales sin seguir los procedimientos legales habituales de extradición, aludiendo al Artículo 5.° de la Ley de Seguridad Nacional, que permite acciones extraordinarias para preservar la estabilidad del país.

Por su parte, Claudia Sheinbaum respaldó el argumento que presentó García Harfuch en el sentido de que la medida se tomó para anticiparse a la posible liberación de estos criminales en México por parte del Poder Judicial.

El presidente Trump, ha advertido que su administración irá tras los políticos mexicanos coludidos con el narcotráfico, por lo que la fiscal general, Pam Bondi, ha recibido instrucciones de investigar a funcionarios mexicanos vinculados con organizaciones criminales.

Este contexto pone de relieve la dependencia bilateral de México-EEUU en materia de seguridad nacional, donde decisiones tomadas en Washington han modificado el panorama interno de México de manera inmediata, con repercusiones políticas y jurídicas de gran alcance.