Propone la elección popular de todas las personas juezas y magistradas del Poder Judicial de la Federación
Lunes 26 de agosto de 2024
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto un paquete de reformas constitucionales que contempla, entre otros cambios sustanciales a nuestra Constitución, transformar la composición del poder judicial, reforma que propone la elección popular de todas las personas juezas y magistradas del Poder Judicial de la Federación. Así, se cambiaría de un modelo basado en exámenes profesionales exigiendo con ello un alto nivel de preparación de carrera, a un sistema de votación, e incluso por tómbola. Las personas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), actualmente nombradas con participación del ejecutivo y del Senado, también serían elegidas por voto popular. La SCJN ha sido, hasta ahora, el mayor contrapeso -lo cual es su función en el balance de poderes de la República Mexicana- a los intentos de modificaciones constitucionales del actual gobierno.
Además, la reforma contempla replicar el mismo modelo en los 32 estados de México, lo que implicaría la elección de 11 ministros de la SCJN, 910 magistrados y 737 jueces.
La reforma establecería un Tribunal de Disciplina Judicial, también electo por voto popular, con facultades amplias para supervisar y sancionar al personal judicial, y que estaría a cargo de evaluar el desempeño de las personas juezas y magistradas durante su primer año de ejercicio. El grupo político que captara a ese órgano contaría con una herramienta fuerte para ejercer presión sobre el resto del poder judicial, y, probablemente, dependerá del poder ejecutivo.
Hasta ahora, la Constitución previó un poder judicial independiente, comprometido con los derechos humanos, así como un sistema de procuración de justicia con una mayor capacidad para esclarecer delitos y perseguir a quienes los cometen, basándose en pruebas sólidas y como contrapeso a los poderes ejecutivo y legislativo. La reforma actualmente propuesta está lejos de avanzar hacia esos objetivos, imprescindibles para garantizar el acceso a la justicia en México, preocupación que han externado los principales socios comerciales de México, Estados Unidos y Canadá, así como organizaciones no gubernamentales de juristas internacionales.
Este fin de semana, El Washington Post y el Wall Street Journal publicaron poderosas editoriales cuestionando los intereses de fondo de la reforma propuesta por el presidente López Obrador, comparándolo con acciones similares que se tomaron en países que hoy viven bajo una dictadura.
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