Las dudas sobre las extradiciones que reclama México

Columna de opinión escrita por Mario Maldonado para el diario ​El Universal

Miércoles 20 de mayo de 2026

Mario Maldonado

6:23

La presidenta Claudia Sheinbaum y el canciller Roberto Velasco respondieron a Estados Unidos con una estadística cuestionable. Entre el 1 de enero de 2018 y el 13 de mayo de 2026, según la lámina presentada este martes en la conferencia matutina, México formuló 269 requerimientos de extradición o detención provisional a Estados Unidos y “no se ha entregado ninguno”.

Sin embargo, una revisión de expedientes judiciales federales estadounidenses realizada confirma que el sistema sí ha procesado solicitudes mexicanas y, en algunos casos, ha culminado con entregas efectivas. El caso más visible es el de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, detenido en Florida y extraditado a México en 2022. Y no es el único expediente relevante. En California aparece Prudencio Segura Castillo, reclamado por abuso sexual en Guerrero y declarado extraditable. También Bryant Rivera, acusado de feminicidio en Tijuana. Aaron Seth Juárez, procesado por homicidio. Alfredo Ramón Cerda, acusado de delitos sexuales contra una menor en Baja California. José Ismael Mojica Rodríguez, reclamado por homicidio calificado. En Arizona aparece Cruz García Mitchel, requerido por homicidio intencional. En California también figura José Trinidad Martínez Santoyo, cuya extradición fue certificada y cuyo intento de frenar su entrega vía habeas corpus fue rechazado. Es decir, el argumento de que Estados Unidos no procesa ni da curso a reclamaciones mexicanas no se sostiene.

A esa evidencia documental se suma lo reportado esta semana por el periodista Juan Pablo Reyes, quien documentó, con base en información pública de la Fiscalía General de la República, que durante 2025 Estados Unidos realizó al menos nueve entregas de personas reclamadas por México. Algunos de esos casos corresponderían a procesos judiciales; otros habrían transitado por mecanismos distintos, incluidas rutas migratorias o administrativas. Lo relevante es que incluso la información oficial contradice la narrativa simplista del “cero”.

Sheinbaum y Velasco aseguraron que de los 269 requerimientos, 36 fueron negados y 233 permanecen pendientes. De estos últimos, 183 corresponden a solicitudes formales de extradición y 50 a detenciones provisionales con fines de extradición. Pero el dato verdaderamente revelador es otro. En 47 de esas 50 solicitudes urgentes, Estados Unidos pidió a México información adicional. Es decir, en casi todos los casos Estados Unidos sí respondió, pero señalando deficiencias, insuficiencias o inconsistencias en los expedientes enviados por las autoridades mexicanas.

Al parecer las distintas fiscalías mexicanas no integraron expedientes capaces de sostenerse bajo los estándares jurídicos de Estados Unidos. Por eso el gobierno mexicano ha insistido con las “pruebas” contra Rubén Rocha Moya, su ahijado Juan de Dios Gámez Mendívil, el senador Enrique Inzunza y otros siete funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, dos de los cuales ya se entregaron a la justicia estadounidense a cambio de beneficios procesales.

El verdadero problema está en los expedientes políticamente explosivos, donde aparecen nombres como el de Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas con doble nacionalidad reclamado por México por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; Víctor Manuel Álvarez Puga, perseguido por presuntos delitos fiscales y lavado; Rafael Zaga Tawil y Elías Zaga Hanono, vinculados al multimillonario caso del Infonavit; Carlos Treviño Medina, exdirector de Pemex buscado por el caso Odebrecht; o José Ulises Bernabé, exfuncionario relacionado con el caso Ayotzinapa.

El problema es que mezclar deportaciones, expulsiones administrativas, entregas temporales, procesos migratorios y extradiciones formales termina contaminando cualquier estadística y permite construir versiones políticas convenientes, aunque poco precisas.

Estados Unidos ha elevado la presión sobre México y particularmente sobre objetivos considerados prioritarios en materia de narcotráfico y corrupción. Todo apunta a que el gobierno de Trump va por extradiciones de alto perfil, decomisos y destrucción de narcolaboratorios con o sin el permiso de México.

¿Hasta qué punto el gobierno mexicano estirará la liga antes de aprehender y enviar a alguno de los tres (o a todos) imputados por Estados Unidos que están escondidos en Sinaloa?

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Misterio

Columna de opinión escrita por Denise Maerker para el diario Milenio

Miércoles 20 de mayo de 2026

Denise Maerker

5:24

Contundente, enfática, la Presidenta desgrana un día sí, y otro también, su determinada defensa de la soberanía y la independencia del país frente a los intentos de Estados Unidos de inmiscuirse en los asuntos nacionales. Una y otra vez, manda el mensaje para que lo oigan todos aquí, y en Washington, de que México no se va a subordinar a intereses extranjeros y que ella está plenamente comprometida con la defensa de la soberanía. Hace bien, Trump y su gobierno no ocultan sus intentos por hacerse con el control de otros países: Venezuela, Groenlandia, Cuba y lo que se deje.

Defiende también a su movimiento, que asegura, es el verdadero objetivo de los ataques de la derecha internacional. Lo que buscan, asegura —y no se puede descartar— es destruir a un movimiento que gobierna de forma distinta. En su defensa, nos recuerda, continuamente también, los peores vicios y momentos de la época neoliberal y los compara con la forma de gobernar de la 4T (“antes había que pagar por todo, ahora se estrenan hospitales de 700 camas donde se atiende a la gente de manera gratuita”). 

Bien, el mensaje está enviado, y seguramente ha sido recibido: este gobierno hará todo para que no sea un día de campo si Trump decide intervenir en México, a través de más acusaciones, o peor aún, interviniendo directa y militarmente.

Pero luego, uno esperaría la tercera parte del discurso, esa en la que nos diga que, más allá de estas recientes acusaciones, es inaceptable que en nuestro país un funcionario o una autoridad electa, de cualquier partido, traicione al pueblo de México pactando o colaborando con el crimen organizado. Esa en la que nos prometa a todos los mexicanos, a nadie más, que este gobierno sabrá mantener a raya a las mafias criminales; que ninguna autoridad podrá impunemente asociarse con grupos criminales y que su gobierno hará todo lo que esté dentro de sus competencias para que, quienes incurran en esas prácticas, sean investigados y llevados ante la justicia. Y uno esperaría que esa parte fuera dicha con la misma contundencia, con la misma pasión y determinación que las dos anteriores. Pero esa parte no llega, o si llega, es muy tímida. “Si hay pruebas que la Fiscalía actúe”, dijo el pasado lunes. Y defensiva agregó: “Nosotros no tenemos nada qué esconder”. Pero nadie piensa que ella tenga algo que ver con eso, nunca se ha visto una acusación contra ella en los veintiséis años que lleva en posiciones públicas. ¿Por qué entonces esa falta de enjundia y de claridad? Es un misterio.

Las hipótesis brotan por todos lados. Que si protege a alguien, que si lo hace para evitar que su partido resulte irremediablemente afectado por una sucesión de escándalos (la más probable), que está cuidando la unidad de su movimiento (también), que no tiene la fuerza autónoma suficiente para enfrentar a quienes hicieron esos pactos (probable).

Ahora, más allá de los discursos, los señalamientos de vínculos entre funcionarios y autoridades electas con el crimen organizado no solo vienen de la derecha internacional ni de una oposición desquiciada o antipatriota: parten de las calles, de los pueblos, de los negocios, son parte de la experiencia cotidiana de millones de mexicanos. Decirlo no es atacar a la 4T: es nombrar lo que existe y pedir, y esperar, que se haga todo para desterrar esa colusión entre poder político y poder criminal que tanto dolor causa en el país. 

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Comentarios

Columna de opinión escrita por Paola Rojas para el diario El Universal

Miércoles 20 de mayo de 2026

Paola Rojas

4:43

Hay criaturas que parecen pertenecer al mundo de los sueños. La ballena azul es una de ellas. Se trata del animal más grande que ha existido y que nada cada año en las aguas de México, frente a Loreto, en Baja California Sur. Ahí, en el que muchos llaman “el acuario del mundo”, estos gigantes en peligro de extinción han encontrado refugio, alimento y un espacio seguro para reproducirse.

Pero hoy ese santuario enfrenta una preocupación real. El pasado 10 de abril se publicó en el Diario Oficial un decreto que convierte formalmente a Loreto en puerto de “Cabotaje y Altura”, permitiendo la llegada de grandes embarcaciones. La medida fue presentada como una oportunidad para fortalecer el turismo y la conectividad marítima de la región. Pero también encendió las alertas entre ambientalistas, especialistas y habitantes de Loreto por el brutal impacto que un mayor tráfico marítimo podría tener sobre las ballenas y otros cientos de especies marinas.

Las ballenas no son solamente animales majestuosos que emocionan cuando emergen del mar, son también fundamentales para el equilibrio del ecosistema marino. Las grandes embarcaciones las impactan y hasta matan en su avance por el océano. Además, un ser que depende del sonido para orientarse, comunicarse y sobrevivir, sufre intentando abrirse paso entre motores, hélices y el estruendo constante del tráfico marítimo.

En Loreto habitan también cachalotes, orcas, delfines, ballenas jorobadas y muchas especies amenazadas. Eso es justamente lo que está en riesgo. Cuando desaparece una especie, no sólo perdemos un animal; perdemos historia, equilibrio y belleza. Perdemos también parte de lo que nos hace humanos porque nos confirmamos como depredadores voraces, inconscientes de las consecuencias irreversibles de decisiones arbitrarias tomadas por quienes ignoran o desdeñan el potencial destructivo de algunos proyectos.

La naturaleza no es infinita, pero la soberbia humana sí parece serlo. Sobre todo entre aquellos que con un decreto abren la puerta a la degradación de un santuario único en el planeta.

Solo el gobierno federal tiene el poder para revertirlo. Si la presidenta Sheinbaum no sabía que al convertir a Loreto en puerto de alto cabotaje estaba firmando la sentencia de muerte para cientos de especies marinas, con el activismo de los ambientalistas ya se habrá enterado. Aún está a tiempo de corregir.

Ojalá elija rescatar ese patrimonio natural, en lugar de ser la responsable de la desaparición de especies tan bellas, inmensas y entrañables como la ballena azul.