“Yo ya lo viví, ya estoy en esos zapatos; vengo cargada de dolor, cargada de tristeza e impotencia y consternación, pero seguiré luchando contra la impunidad y la corrupción”, manifestó en su visita a la ciudad de La Paz
Foto: Elvira Vargas
La Paz, Baja California Sur.- Tras recibir la noticia de que su hija se había suicidado, Irinea Buendía inició una lucha contra el sistema judicial de México hace 13 años y no sólo logró que se reabriera el caso, se reclasificara como feminicidio, se detuviera al responsable, sino también una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que todas las muertes violentas de mujeres y niñas sean investigadas con perspectiva de género.
Hoy, la activista y defensora de los derechos humanos, recorre el país para promover esta sentencia histórica, pues compartió que no se ha promovido en las entidades, en tanto se siguen invisibilizando y solapando los feminicidios en este país, sobre todo en las comunidades rurales, o donde están involucrados servidores públicos.
En su visita a esta entidad, ofreció una rueda de prensa convocada por el Congreso del estado, la cual fue encabezada por las diputadas Gabriela Cisneros y Teresita de Jesús Valentín Vázquez. En este marco, subrayó que realiza una gira en el país para difundir esta sentencia, pero también para promover reformas a leyes locales para que se sancione a funcionarios públicos que no cumplan con esta disposición ya que están obligados a investigar con perspectiva de género, como feminicidios las muertes violentas de mujeres y niñas, ya que su incumplimiento contribuye a la impunidad. De hecho, este jueves, las diputadas arriba mencionadas, presentaron una iniciativa en este sentido.
Comentó que el feminicida era un servidor público, y que por ello se le disfrazó de suicidio, por lo que emprendió en medio de su dolor, una lucha y entre amenazas, agresiones a su familia y diversos recursos jurídicos, logró lo imposible, al grado que se reabrió el caso de la muerte violenta de su hija.
Alertó que los feminicidios son disfrazados como en el caso de su hija como suicidios o accidentes; que las autoridades siguen simulando, mientras que “la mano feminicida se sigue levantando para cortar proyectos de vida.
Recalcó que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la nación tiene que ser aplicada en las 32 fiscalías de los 32 estados de la República Mexicana, y se tiene que legislar para sancionar a servidores públicos corruptos que incurren en omisiones, negligencias, que obstruyen la investigación y la justicia.
También dijo que se deben de dar reformas, a fin de que se logre la reparación del daño realizado por las autoridades e impulsar un cambio cultural a partir de la adopción de medidas progresivas específicas para modificar patrones culturales y fomentar la educación y capacitación en perspectiva de género en la administración de Justicia.
Advirtió que si no se logran estos cambios, los feminicidios seguirán a la alza, porque aunque no se quiere aceptar es un tema de emergencia nacional, pero desafortunadamente el sistema judicial del país, de las entidades, no tienen voluntad política para asumirlo.
