Una política exterior errática

Columna de opinión escrita por ​Jorge Fernández Menéndez para el periódico Excélsior

Jueves 18 de diciembre de 2025

Jorge Fernández Menéndez

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El sexenio pasado, López Obrador decía que la mejor política exterior era la interior y abandonó la presencia internacional de México. En esta administración, la política exterior mexicana es más activa, pero parece extraviada, en sus líneas de acción y hasta en la percepción del mundo que la rodea. Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió la intervención de la ONU para evitar “el derramamiento de sangre” en Venezuela ante la aparente intervención de Estados Unidos. Incluso dijo que México podía ser un mediador entre los dos países.

El problema es que México ha respaldado todos estos años la dictadura de Maduro e incluso es de las pocas democracias del mundo que reconoció, aceptó, los resultados electorales de los comicios fraudulentos del año pasado. El gobierno de México ni siquiera ha saludado el Premio Nobel de la Paz de María Corina Machado, la verdadera lideresa de la oposición venezolana, e incluso los dirigentes de Morena la han descalificado una y otra vez.

Con la coartada de la no intervención, que el gobierno vulnera una y otra vez con los países que no considera amigos, ni en una sola ocasión se ha denunciado la constante y creciente violación de los derechos humanos en Venezuela. Apenas ayer, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reunido en Ginebra, que la situación de los derechos humanos en Venezuela continúa agravándose. Denunció un entorno cada vez más restrictivo para los derechos de la población, marcado por la represión, la crisis económica y un aumento de tensiones externas.

Informó que desde junio de este año se ha registrado un endurecimiento de las limitaciones a la libertad de expresión y de reunión pacífica, así como un aumento de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. Según el alto comisionado Türk, el gobierno de Maduro ha aprobado leyes de emergencia cuyo contenido no ha sido hecho público, lo que impide evaluar si cumplen con los estándares del derecho internacional, y Maduro concentra facultades extraordinarias sin supervisión independiente.

Existe en el país, dijo, una intensificación de la represión contra los periodistas, las organizaciones sociales, los sindicatos y los opositores, en el contexto de una creciente militarización de la vida pública y el riesgo de una mayor violencia contra la población, en el marco de una sociedad fuertemente golpeada por el crimen y la inseguridad.

Denunció, además, el reclutamiento forzado para la Milicia Bolivariana, incluyendo adolescentes y personas mayores, una práctica que, dijo Türk, vulnera los derechos fundamentales.

Nada de eso ha sido denunciado por el gobierno mexicano. Hubo una época en la que México tenía una verdadera política exterior ante los regímenes totalitarios y las dictaduras de la región. Hoy, por el contrario, estamos cada vez más aislados, nuestros aliados son Venezuela y Cuba, en menor medida Nicaragua, y estamos confrontados sin sentido con Ecuador y Perú, con los que hemos roto relaciones (por defender a Rafael Correa y Pedro Castillo, dos mandatarios amigos de López Obrador denunciados por corrupción e intento de golpe de Estado), estamos prácticamente sin relaciones con Bolivia (por defender a otro amigo de AMLO, Evo Morales, acusado de corrupción, de violación y de tráfico de niñas). La relación con la Argentina de Javier Milei es casi inexistente, y lo mismo sucederá con Chile en cuanto asuma José Antonio Katz. En Honduras, la presidenta defiende públicamente a Xiomara Castro, que perdió en forma estruendosa las elecciones en ese país, cuyos resultados son disputados por un candidato de derecha y otro de extrema derecha.

Se supone que nuestro aliado es Brasil, que en realidad es un adversario geopolítico, pero se le han cargado aranceles a sus exportaciones a México, lo mismo que a China y Corea del Sur. En Brasil, las encuestas muestran, por lo menos, un empate para las elecciones del año próximo entre Lula y los precandidatos de derecha. En Colombia se mantiene una buena relación con Gustavo Petro, otro defenestrado dentro y fuera de su país, que en marzo dejará la presidencia, él también, seguramente en manos de un candidato conservador. Y todos estos temas se detonan con la venta, en realidad el regalo, del petróleo hacia Cuba y el apoyo a Venezuela, en un circuito que Estados Unidos dice que es parte del comercio ilegal de crudo en los mercados negros del energético.

Pareciera que no se termina de comprender, por lo menos en el discurso y la narrativa gubernamental (estoy seguro de que el gabinete de seguridad y la propia Presidenta lo entienden perfectamente), la importancia y la amenaza que significa que se designe el fentanilo como un arma de destrucción masiva y a los cárteles como terroristas; ayer, por cierto, se sumó a esa lista el Cártel de Santa Rosa de Lima.

Todo es extraño, porque al mismo tiempo se aceptan casi todas las condiciones que va imponiendo EU. Tuvo que darlo a conocer el departamento de Estado de la Unión Americana para que México reconociera que había llegado desde la semana pasada a importantes acuerdos de seguridad con Estados Unidos, cuyos términos estrictos no se divulgaron, pero que abarcan el intercambio de información y tecnología en la lucha contra los drones que maneja el crimen organizado, más extradiciones hacia la Unión Americana, decomisos de activos de grupos criminales y colaboración de Washington en la lucha contra el huachicol.

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La justicia sin venda

Columna de opinión escrita por Jorge Suárez-Vélez para el diario Reforma

Jueves 18 de diciembre de 2025

Jorge Suárez Vélez

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México atraviesa un momento peligroso no sólo por las malas decisiones que se toman desde el poder, sino por cómo una parte creciente de la sociedad ha decidido juzgarlas. Se sustituye el análisis del carácter y de las acciones en sí por un filtro identitario. Importa quién hace o dice algo -su afiliación política, su etiqueta ideológica- más que lo hecho o dicho. Esta distorsión dejará hondas secuelas.

Bajo esa lógica se condonan actos de corrupción escandalosos, se normaliza la complicidad entre políticos y organizaciones criminales -la amenaza más grave a nuestro futuro- y se justifica el despilfarro de recursos públicos que convive con la alarmante ineptitud gubernamental. De paso, se demuelen, una a una, instituciones que eran contrapeso y pilares vitales de estabilidad.

Si el juicio moral se subordina a la identidad, el abuso deja de escandalizar si proviene de "los nuestros". La corrupción se relativiza, la ineficiencia se perdona y la arbitrariedad se aplaude, envuelta en una narrativa "virtuosa". Justificar lo injustificable es práctica rentable para sicofantes y voceros incondicionales. Se ha construido una peligrosa tolerancia a nuestro quizá irreversible deterioro institucional, como si la intención proclamada reemplazara a la consecuencia.

En ese contexto es muy preocupante la instrumentalización de la justicia, el weaponization of justice, el uso del aparato judicial no para impartir justicia, con la hoy utópica máxima de que ésta es "ciega", sino para perseguir adversarios e intimidar a voces incómodas. En México, esta práctica se manifiesta en investigaciones selectivas, filtraciones dirigidas, acusaciones mediáticas sin sustento y procesos legales para amordazar y enviar mensajes contundentes.

Olvidamos -o se pretende que lo hagamos- que la crítica cumple una función esencial en toda democracia. La prensa libre no es estorbo o lujo, es un cuarto poder, un contrapeso indispensable frente a la concentración de poder. Cuando se desacredita sistemáticamente a periodistas, académicos e intelectuales por su identidad o por incomodar al poderoso, se erosionan los pocos mecanismos que permiten corregir abusos.

El caso de María Amparo Casar es ilustrativo. Académica respetada, de reputación intachable, profesional íntegra y cabeza de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, ha sido consistente en su labor daltónica ante colores partidistas. Fue ella quien denunció la Estafa Maestra de Peña Nieto y otros escándalos mayúsculos con el mismo rigor con el que señaló irregularidades del actual gobierno. Esa imparcialidad -que debería ser virtud- hoy se castiga. Su persecución es una advertencia. Involucrar en este grotesco castigo a sus hijos, utilizando la trágica muerte de su padre como instrumento, es el epítome de la crueldad y falta de escrúpulos.

Quita el sueño la celeridad que la FGR dio a este caso en un país donde organizaciones criminales van ganando terreno, y hay dudas sobre la complicidad de Adán Augusto con La Barredora, y sospechas fundadas sobre otros funcionarios de Morena y partidos aliados. No existe sistema de justicia capaz de perseguir todo delito, pero el criterio clave debe ser priorizar en función al daño colectivo y a la erosión en la confianza pública causados. Literalmente, el daño al erario proveniente del huachicol fiscal es 516 veces mayor que el total del cobro de pensión a Pemex del que injustamente se acusa a Casar (16 mil millones de pesos vs. 31), pero la Fiscalía decidió no tocar a los primeros y empezar por esta última.

Cuando la justicia se vuelve arma política, cuando la crítica es traición y la identidad sustituye al carácter como criterio de evaluación, el daño trasciende lo político. Por eso la inversión privada está en caída libre. No es la falta de oportunidades, talento o recursos, sino la certeza de que México se aleja del imperio de la ley. Sin justicia, sin reglas claras e instituciones confiables, no hay confianza posible; ni para invertir, ni para apostar por el futuro.