Jueves 06 de agosto de 2026. Los Cabos, BCS.- En su análisis de este jueves, el Dr. Arturo Mendoza habló sobre la ciclosporiasis.

Jueves 6 de agosto de 2026 De cara a la encuesta para coordinar los Comités de Defensa de la Transformación en Baja California Sur En entrevista para Al Cabo Noticias, Jesús Alberto Alvarado, aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Transformación en BCS, habló sobre este proceso y los principales planteamientos en relación a los temas de interés para las diversas comunidades de la región Escuche la entrevista completa :

El presidente estadounidense acusó a sus principales socios de aprovecharse de la economía de su país Jueves 6 de agosto de 2026 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó nuevamente a México y Canadá de haberse aprovechado durante años de Estados Unidos mediante el comercio y afirmó que su país ha sido perjudicado por el T-MEC. Durante un acto en Las Vegas, Nevada, sostuvo que ambos países “se han beneficiado” de Estados Unidos, afirmando que Estados Unidos no necesita lo que México tiene, mientras que México depende en gran medida de su mercado. En declaraciones previas, el mandatario aseguró que su país no necesita los automóviles, madera o energía de sus socios norteamericanos y reclamó que México y Canadá deberían tratar mejor a Estados Unidos. En el caso de México, alrededor de 85% de las exportaciones mantiene actualmente acceso a Estados Unidos con arancel cero al cumplir las reglas que indica el T-MEC, mientras el resto permanece sujeto a las medidas comerciales estadounidenses. Washington sostiene que el déficit de bienes con México aumentó de aproximadamente 111 mil millones de dólares en 2020 a 197 mil millones en 2025, una de las principales razones que utiliza para exigir una revisión del acuerdo.

Jueves 6 de agosto de 2026 La alcaldesa con licencia de La Paz y aspirante a coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación en Baja California Sur, Milena Quiroga, denunció una serie de hechos que calificó como actos de intimidación en el marco de este proceso. La morenista señaló que en días recientes fueron localizadas cámaras colocadas cerca de su vivienda, las cuales presuntamente estaban dirigidas hacia su domicilio. Indicó que el equipo fue detectado durante recorridos de seguridad y que ya presentó una denuncia ante las autoridades correspondientes. Además, Quiroga Romero afirmó que durante una visita al Tianguis Las Palmas, en Cabo San Lucas, comerciantes le mostraron mensajes en los que presuntamente se les pedía evitar acercamientos, fotografías o muestras de apoyo hacia su persona. La aspirante relacionó estos hechos con una supuesta campaña de presión en su contra y aseguró que continuará con sus recorridos y actividades dentro del proceso interno de Morena.

Jueves 6 de agosto de 2026 El banco de arena que se formó bajo el Arco de Cabo San Lucas ha incrementado la llegada de visitantes que buscan acercarse al monumento natural. Ante esta situación, la Dirección Municipal de Protección Civil restringió el acceso para prevenir accidentes. El director de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Los Cabos, Francisco Cota , explicó que los cambios repentinos en el oleaje pueden dejar atrapadas a las personas en la zona, además de que el acceso por Playa Solmar implica cruzar riscos y piedras, lo que aumenta el peligro y complica las labores de rescate. Como parte de los acuerdos de la Mesa Regional de Seguridad, las autoridades instalarán señalización preventiva, mantendrán cerrado el acceso por Solmar y la Capitanía de Puerto suspendió temporalmente el traslado de visitantes hacia Playa del Amor para evitar que crucen al banco de arena

Jueves 6 de agosto de 2026 Ante la proximidad de la temporada critica de ciclones, comenzaron los preparativos para tratar de evitar los problemas que año con año se presentan en San José del Cabo. En una reunión de trabajo se revisaron las condiciones de la zona centro, donde suelen registrarse encharcamientos, escurrimientos y complicaciones para el tránsito cuando las precipitaciones son intensas. La atención estará puesta en la limpieza de arroyos, alcantarillas y rejillas pluviales para facilitar el paso del agua y disminuir el riesgo de inundaciones. También se buscará dar seguimiento a los puntos más conflictivos para detectar cualquier situación que requiera atención antes o durante las lluvias.

Durante su paso por México, Pietro Parolin decidió presidir una misa en la Basílica de Guadalupe Jueves 6 de agosto de 2026 El Diálogo Nacional por La Paz presentó un informe al secretario del Estado Vaticano, Pietro Parolin relativo al trabajo efectuado por religiosos y laicos en los últimos cuatro años para identificar las causas de la violencia en México y construir el camino de la pacificación. Entre los temas abordados durante la presentación al cardenal Parolin destacaron el de las personas desaparecidas, la agenda nacional por La Paz, el acompañamiento a familias buscadoras así como un diagnóstico de la violencia en la sociedad mexicana. Parolin encabezó también una emotiva misa en la Basílica de Guadalupe, donde su mensaje central giró en torno a una de las crisis más profundas del país: el dolor de las madres buscadoras y las personas desaparecidas en México. Durante su homilía, el representante del Vaticano invitó al pueblo mexicano a unirse en oración por estas mujeres, reconociendo la relevancia mundial del santuario guadalupano como un espacio de consuelo y esperanza. Dentro de su agenda de trabajo, Parolin se reunió con la presidenta Sheinbaum. La mandataria señaló que dialogaron sobre la inteligencia artificial (IA), la paz y la visión humanitaria impulsada por el papa León XIV. Refirió que uno de los principales temas del encuentro fue la primera encíclica del pontífice, "Magnifica Humanitas". La visita de Parolin ocurre cuando México mantiene una agenda de diálogo con la Santa Sede sobre asuntos de interés común, entre ellos la construcción de paz, la atención a las personas en situación de vulnerabilidad y los desafíos que plantean las nuevas tecnologías. Parolin llegó a México para una visita de tres días al país, que coincide con la víspera del 35 aniversario del restablecimiento de las relaciones entre la Iglesia y el Estado mexicano, y el centésimo aniversario de la entrada en vigor de la Ley sobre delitos y faltas en materia de culto religioso y disciplina externa, también conocida como Ley Calles, que provocaría el movimiento cristero hasta los acuerdos de paz de 1929.

Jueves 6 de agosto de 2026 Las obras del Centro de Atención y Bienestar Animal de Los Cabos presentan un avance del 80 por ciento y se espera que concluyan a finales de septiembre. El nuevo espacio estará equipado con consultorios veterinarios, áreas para esterilización, zonas de resguardo temporal y un módulo para el manejo final de animales. Además, contará con una granja para albergar especies de campo rescatadas y espacios destinados a actividades de educación sobre el cuidado y la tenencia responsable de mascotas.

Columna de opinión escrita por Lorenzo Córdova Vianello para El Universal Jueves 6 de agosto de 2026 ​ La libertad de expresión es un derecho fundamental que tiene una gran centralidad en las sociedades democráticas, de modo que, cuando aquella se ve anulada, indebidamente restringida o condicionada por parte del Estado ya no estamos en una democracia. Las democracias se fundan en el libre debate y en el contraste de las ideas que deben poder expresarse sin cortapisas por parte de las autoridades. Por supuesto, como pasa con todas las libertades, el ejercicio de la libertad de expresión tiene límites que legítimamente pueden y deben imponerse, pero son restricciones concretas y específicas señaladas en la ley que, de no existir, podrían poner en riesgo los derechos de otras personas y la convivencia pacífica en una sociedad. Así, dichos difamantes o calumniosos o bien que incitan al odio o a la violencia contra ciertas personas o grupos no pueden escudarse tras la libertad de expresión porque ésta no es una patente de corso para poder decir lo que se quiera. Esa libertad tiene —y es correcto que así sea— límites y restricciones en su ejercicio lícitas y justificables, como el respeto de las esferas de libertad y de derechos de las otras personas o de las bases y condiciones esenciales de la convivencia pacífica (y por ello tolerante) en una sociedad. Al Estado, en democracia, le corresponde una doble responsabilidad en relación con la libertad de expresión: a) no restringirla indebidamente ni vulnerarla directamente y b) protegerla garantizando la existencia de las condiciones necesarias para su debido ejercicio. Desde ese modo, la censura, sea cual sea y con independencia de su tipo, constituye una práctica autoritaria porque supone la negación del estado democrático de derecho. No es casual que la libertad de expresión sea de los primeros derechos que son descalificados, acotados y luego suprimidos por los regímenes autoritarios. Así, los ataques a la libertad de prensa, misma que deriva directamente y es una de las expresiones más potentes de la libertad de expresión, así como sus actores (medios de comunicación, periodistas y formadores de opinión pública) son siempre una de las primeras medidas que los autócratas adoptan cuando llegan al poder. Por eso resulta muy fácil distinguir cuando estamos frente a un autoritario a partir de sus sistemáticas descalificaciones a la prensa crítica. Ahora bien, guste o no el ejercicio de la libertad de expresión no puede hacerse depender de que lo que se diga deba ser verdad y no pueda ser mentira. En ninguna democracia combatir a la mentira es un argumento válido para acotar la libertad de expresión, entre otras cosas porque resulta sumamente complicado establecer qué es verdad y qué mentira y, en algunos temas en los que inevitablemente privan la subjetividad y la diversidad de puntos de vista, es prácticamente imposible. Por eso ninguna democracia constitucional (que de verdad lo sea) limita la libertad de expresión por la veracidad o no de los dichos públicos. Por supuesto que a la mentira hay que evidenciarla, denunciarla públicamente y construirle un costo social, pero sólo los regímenes autoritarios pueden pretender perseguirla jurídicamente (claro, luego de haberla determinado ellos mismos). El Estado puede intervenir sólo para resolver las disputas jurídicas que una mentira supone en los casos de demandas de daño moral u otra afectación, pero no implica que tiene atribuciones para ser el promulgador absoluto de la verdad y con ello determinar y establecer lo que esta es en una sociedad democrática. Por eso, pretender con las nuevas regulaciones que empuja la administración de Sheinbaum, la existencia de instancias gubernamentales que puedan determinar lo que es verdad y mentira en el debate público y en ámbito periodístico y, además, imponer sanciones tanto a los medios como al emisor de un mensaje considerado falso, es absolutamente inconcebible desde el punto de vista del estado constitucional democrático de derecho. —-------------------------------------------------------------------------------- Luisa María Alcalde y las audiencias: un lío evitable Columna de opinión escrita por Jorge Zepeda Patterson para Milenio Jueves 6 de agosto de 2026 Quedará como un misterio qué pretendía, en realidad, la propuesta del gobierno para proteger el derecho de las audiencias. Hace una semana, en este espacio, señalé el riesgo que representaba una redacción que abría la posibilidad de sancionar económicamente a medios críticos o incómodos por sus contenidos. Los lineamientos presentados otorgaban la última palabra a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones —designada por el gobierno— en aquellos casos en los que algún quejoso no quedara satisfecho con la respuesta de un medio al que acusara de falta de pluralidad o de contexto adecuado. La sanción contemplada, según la propuesta de la CRT, podía ascender a 1 por ciento de los ingresos de la empresa. He vuelto a revisar el texto y no hay manera de negar que esa posibilidad existe en la manera en que está redactado. Consecuentemente, desató una indignación generalizada, al punto de obligar a Claudia Sheinbaum a intervenir para apagar el fuego. La semana pasada, y de nuevo este martes y miércoles en la mañanera, la Presidenta se aseguró de quitarle “los dientes” a la propuesta y sostuvo que había sido malinterpretada. Las sanciones, explicó, no estaban concebidas para aplicarse a contenidos, sino únicamente a incumplimientos administrativos: negarse a presentar un código de ética, no designar un defensor de audiencias dentro del propio medio o no ofrecer una vía para que los ciudadanos presenten quejas. A pregunta expresa, Sheinbaum aclaró que, si el medio no ofrece una respuesta satisfactoria al quejoso, la autoridad no intervendrá; simplemente quedará una suerte de deshonra pública para el medio por haber incumplido su propio código de ética. Enhorabuena. Por insatisfactoria que resulte esta salida, es infinitamente mejor que abrir la puerta a que la autoridad determine qué crítica contra el poder es aceptable y cuál no. Con su intervención, la Presidenta prácticamente zanja el debate. Y a otra cosa. Aunque no tan rápido. Primero, habría que asegurarse de que el texto sea modificado para que, en efecto, no admita una lectura que permita a la autoridad sancionar a un medio por sus contenidos políticos mediante la inconformidad de un supuesto quejoso. Segundo, convendría preguntarse por qué se redactó un texto tan ambiguo. Una hipótesis benigna remitiría al descuido, al trabajo apresurado o a la falta de cálculo político de los redactores. Otra, menos generosa, apuntaría a las debilidades de la naturaleza humana: la CRT redacta una regulación en la que se otorga a sí misma una potestad para incidir en el contenido de los medios, sin advertir en ello nada ominoso. Y una tercera hipótesis, más inquietante, sugeriría la intención de dotar al poder político de un instrumento para limitar a la prensa que milita en su contra. En todo caso, no sería la primera vez que la Presidenta frena una propuesta preparada por sus correligionarios en las Cámaras, en la administración pública o en el sistema judicial. Ahí están las leyes autoritarias impulsadas por algún gobernador, como en Veracruz; la pretensión de gravar herencias o de revisar la cosa juzgada desde la Suprema Corte; o los efectos retroactivos introducidos en la ley de amparo desde el Senado, entre otros ejemplos. Una y otra vez se advierte la intención de Palacio de matizar y eliminar excesos en los esfuerzos de la 4T por dotar al poder político de mayores atribuciones frente al poder económico, por decirlo así, en su afán de concretar los cambios prometidos. En ese impulso, muchos compañeros de viaje —sea por radicalismo ideológico, en el caso de los duros, o por vicio de formación, en el caso de expriistas y oportunistas— han creído que asegurar el poder para favorecer a los pobres justifica atajos autoritarios. La Presidenta, por el contrario, parece entender que el gran reto de su administración consiste en propiciar condiciones para el crecimiento económico, reactivar la inversión privada y generar los empleos que el país necesita para sacar de la pobreza a millones de rezagados. Y eso sólo es posible construyendo legitimidad y certidumbre, entre otras cosas, mediante un marco jurídico e institucional estable y confiable. Con todo, llama la atención el estilo combativo y partisano con el que Sheinbaum realiza estas intervenciones “democratizantes”. La Presidenta fustigó con dureza a los críticos que acusan de autoritario el proyecto —críticos que, ciertamente, tampoco ahorraron epítetos—, como si se hubieran inventado una redacción perversa donde no la había. Es decir, atribuyó exclusivamente a la mala fe las críticas que se hicieron a los lineamientos. En realidad, cualquiera que se tome la molestia de consultar el texto en la página de la CRT advertirá que allí sí se contemplan potenciales multas vinculadas con contenidos. Que los malquerientes de la 4T lo aprovechen para acusar al gobierno poco menos que de estalinista es otra cosa; pero lo cierto es que la posibilidad de sancionar se desprende de ese texto. Podríamos preguntarnos por qué la Presidenta no interviene simplemente señalando que existe una preocupación explicable por la ambigüedad inadvertida de una redacción, y que es necesario enmendarla para tranquilidad de todos. Habría sido un gesto democrático que la beneficiaría. Porque, finalmente, eso es lo que hace, pero lo hace con dedo flamígero, indignada y abonando a la polarización; sube al paredón de la mañanera a los críticos que, según ella, se “inventaron” tal lectura. Supongo que responde a necesidades internas: una manera de corregir un exceso de los duros sin que parezca un coscorrón. O quizá empata con la vena militante de ella. Todo eso explicaría la presencia de Luisa María Alcalde no sólo en la Consejería Jurídica, sino también como vocera recurrente para aclarar iniciativas legales polémicas. Se trata de una figura que invariablemente convierte una exposición jurídica en una trinchera para enzarzarse en un pleito con la oposición. Habría que reconocer que Alcalde es un cuadro de primera línea dentro del movimiento. Pero un cuchillo es imprescindible salvo cuando se le utiliza como cuchara. La abogada de la Presidencia tendría que ser una profesional respetada por la comunidad jurídica y, en esa medida, por la opinión pública especializada. Colocar en esa posición a la expresidenta de Morena —por definición, una adversaria de las otras fuerzas políticas— desdibuja de entrada la neutralidad que debería presumir un proyecto de ley concebido para beneficio de todos. Y mucho menos ayuda el talante regañón y belicoso del que la exdirigente no ha podido desprenderse. Imagino que las razones de la Presidenta para incurrir en ello tienen que ver con la forma en que se relaciona con una parte del movimiento. Me pregunto si el desgaste de imagen, a mar abierto, vale la pena. En fin, me parece que la accidentada intención de mejorar los contenidos de los medios y proteger a las audiencias quedará a medio camino: una versión deslactosada, resultado de una pretensión excesiva y potencialmente dañina. Con todo, hay una preocupación legítima para disminuir excesos y abusos en la comunicación. Por esta vez, el proceso y su desenlace dejan reflexiones interesantes.

La sentencia no surte efectos por ahora, pues tendrá que ser revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación Miércoles 5 de agosto de 2026 Un juez federal resolvió que la reforma de 2024 al Poder Judicial (PJ) fue inconstitucional por ser contraria a la Carta Magna original de 1917, por violar derechos humanos, y por vicios de procedimiento en su aprobación. Agustín Archundia Ortiz, juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en Jalisco, concedió el primer amparo contra la reforma Constitucional, por la cual se impuso la elección por voto popular de todos los jueces del país, entre otros cambios que transformaron radicalmente al Poder Judicial Federal (PJF) y los tribunales estatales. La sentencia no surte efectos por ahora, pues tendrá que ser revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde seguramente será revocada por ministros y ministras que llegaron al cargo gracias a la reforma. Archundia Ortiz, juez de carrera con 26 años en el cargo, es uno de los 3 juzgadores de Zapopan a los que se asignaron los más de 500 amparos de personal del PJF contra la reforma.

Una gira de doce días que supondrá su primera visita a América Latina Miércoles 5 de agosto de 2026 El papa León XIV realizará del 6 al 17 de noviembre su primera gira extensa por América del Sur como pontífice, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú. Será el primer viaje de un papa a Sudamérica desde 2018, cuando su antecesor, Francisco, visitó Chile y Perú. Marcando así el regreso del Vaticano a una región con más de 400 millones de católicos. La gira permitirá a León XIV reforzar su presencia en América Latina, establecer contacto directo con gobiernos, obispos y comunidades católicas y abordar asuntos sociales y políticos de la región. El viaje también tiene un significado personal para el pontífice, quien pasó décadas como misionero y obispo en Perú antes de llegar al Vaticano. El recorrido ocurre a poco más de un año de su elección, en mayo de 2025, y consolida la dimensión latinoamericana de un papa nacido en Estados Unidos. En particular, su regreso a Perú representa el reencuentro con el país donde ejerció como obispo entre 2015 y 2023 y del que también posee la nacionalidad.

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto para ampliar la transparencia federal, acotar reservas de información y publicar contratos Miércoles 5 de agosto de 2026 La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó ayer martes 4 de agosto el decreto de transparencia digital con el objetivo de fortalecer el acceso de la ciudadanía a la información pública del gobierno de México. La mandataria informó que la iniciativa será incorporada a la Ley General de Transparencia al inicio del próximo periodo de sesiones del Congreso, con el propósito de garantizar que todos los mexicanos puedan conocer las acciones del gobierno federal. Durante la conferencia mañanera, Sheinbaum Pardo explicó que el nuevo decreto elimina la discrecionalidad de los servidores públicos para decidir qué información puede hacerse pública y cuál no, al establecer criterios específicos para la difusión de datos gubernamentales. Sheinbaum subrayó que únicamente podrá restringirse la información relacionada con procesos judiciales, administrativos en curso o aquella cuya difusión comprometa la seguridad nacional. Cabe señalar que organizaciones civiles, opositores y especialistas señalan que los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum han incrementado la opacidad en México. Esto se debe a la reserva frecuente de información de obras clave bajo el argumento de seguridad nacional y a la eliminación de órganos autónomos de transparencia como el INAI.