La importancia de El Tanque
Columna de opinión escrita por Raymundo Riva Palacio para El Financiero
Miércoles 7 de octubre de 2026
Raymundo Riva Palacio
De manera esquemática, como suele hacerlo casi todas las mañanas, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó ayer de un nuevo operativo. Detuvieron el lunes a Iván Cazarín, El Tanque, en Zapopan, dijo, frío, con un lenguaje cáustico, donde apenas si dejaba asomar su palmarés criminal la densidad del personaje dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación. Le regateó méritos malvados, reduciendo a unas cuantas palabras algunas de las acciones que más daño han causado a las fuerzas de seguridad mexicanas, como el derribamiento de un helicóptero Blackhawk en 2015 con un misil tierra-aire donde murieron nueve militares y una policía federal que perseguían al entonces líder de la organización, Rubén Nemesio Oseguera, El Mencho, y casi escondiendo en otra frase –su vinculación a robo de hidrocarburos–, la dimensión política de la captura.
El Tanque no es otro delincuente, ni uno más de los jefes del cártel de las cuatro letras, sino una de las figuras más temidas en el sur del país, donde era el responsable regional de las actividades criminales desde Veracruz hasta Chiapas, y autor material de la expansión de la banda criminal hacia la frontera con Guatemala, donde, con el apoyo de gobernadores y altos funcionarios del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue conquistando territorio que había pertenecido a la facción de Joaquín El Chapo Guzmán en el Cártel de Sinaloa.
Por medio de El Tanque, el cártel se quedó con el control total de Tabasco, una buena parte del territorio de Chiapas y avanzó en Oaxaca, donde su última expresión pública fue la penetración y reclutamiento de la estructura municipal en Juchitán, y de funcionarios del gobierno de Salomón Jara. En Tabasco incorporó a su estructura a La Barredora, la organización criminal que nació bajo el amparo del entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, que sirvió como cabeza de playa para la expansión en el sur del país y el aceleramiento de delitos –todos mencionados igualmente por García Harfuch ayer–, como la extorsión, tráfico de drogas, privación de la libertad, lavado de dinero y robo de hidrocarburos.
No incluyó el secretario otros presuntos delitos denunciados en investigaciones periodísticas, como su involucramiento en tramos de la construcción del Tren Maya, a través de Luis Alberto Olán Aparicio, hermano del buscado Jorge Amílcar Olán Aparicio, que tiene la llave para todos los negocios oscuros y presuntamente ilegales de los hijos de López Obrador, Andrés y Gonzalo López Beltrán, y del Grupo Tabasco. La relación de los hermanos Olán Aparicio fue revelada por una serie de grabaciones telefónicas que salieron recientemente a la luz pública, donde Jorge Amílcar presume la relación de su hermano Luis Alberto con El Tanque. Con él detrás, no había grupo criminal local o regional que no se doblara ante uno de los jefes más importantes y violentos del CJNG.
La participación de El Tanque y del CJNG en las actividades delictivas en toda esa región fue en buena parte a través de La Barredora, el grupo criminal fundado y dirigido por Hernán Bermúdez Requena desde su cargo como secretario de Seguridad Pública en Tabasco, nombrado por el entonces gobernador López Hernández, y ratificado por su sucesor –cuando López Obrador lo nombró secretario de Gobernación–, Carlos Merino, actualmente director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares en el gobierno de Claudia Sheinbaum.
En septiembre de 2024, durante el gobierno de Joe Biden, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro sancionó a nueve personas y 26 empresas mexicanas ligadas a una cadena de combustible robado en Jalisco y Veracruz, donde El Tanque era la figura central. Cuatro de las acusaciones que hizo el gobierno de Estados Unidos en ese entonces fueron retomadas ayer por García Harfuch al dar a conocer los presuntos delitos por los que lo detuvieron en Zapopan, y que habían sido ignorados por el gobierno de López Obrador, pese a las alertas en Washington, y que la Unidad de Inteligencia Financiera había colaborado con la DEA con información.
La omisión en ese sexenio no se puede entender a cabalidad sin conocerse que investigaciones federales en Estados Unidos en curso sobre Bermúdez Requena y La Barredora señalan que el exsecretario, actualmente preso en El Altiplano, era un instrumento de funcionarios importantes en el régimen, que lo habían respaldado. Las investigaciones apuntan a López Hernández –a quien ya le cancelaron la visa para ese país–, al exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, el general Audomaro Martínez –que tampoco tiene visa–, y a un racimo de funcionarios y exfuncionarios de alto nivel, así como operadores políticos de Morena. Por meses, el gobierno de Donald Trump pidió a México que iniciara un proceso en su contra para llevarlos a declarar ante el Ministerio Público y deslindar responsabilidades. Sheinbaum siempre se negó.
El Tanque había sido un objetivo del gobierno de Estados Unidos desde hace más de dos años por el robo y distribución de combustible. Comenzó en ese delito perforando oleoductos y almacenándolo en Veracruz durante el gobierno de Cuitláhuac García, a quien impuso en el poder López Obrador, que tiene una estrecha relación con él. Ese combustible lo vendía en Jalisco y Veracruz –donde operaba una red de gasolineras–, en el sur de Texas y en Centroamérica.
Las autoridades estadounidenses señalaron hace casi dos años que sus multimillonarias ganancias fortalecían su capacidad para traficar fentanilo a Estados Unidos. No obstante, la principal organización que enviaba de manera ilegal fentanilo a ese país eran Los Chapitos, y el responsible era Ovidio López Guzmán, que tenía el respaldo de Palacio Nacional, a sus principales niveles, y que se ha vuelto testigo cooperante de los fiscales estadounidenses que están preparando una especie de maxiproceso contra el gobierno de López Obrador.
Las actividades criminales de las dos facciones criminales no son excluyentes. En la guerra fratricida que vive el Cártel de Sinaloa, el CJNG ha respaldado a Los Chapitos, y les ha dado refugio y protección en Jalisco a Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar, medios hermanos de Ovidio y Joaquín. A cambio se han quedado con varias de sus más importantes plazas en México y Centroamérica, y renovado, sin que exista un acuerdo escrito, sino en los hechos, sus lazos con una parte importante del círculo íntimo de López Obrador, que haría de El Tanque, si lo juzgaran realmente o lo extraditaran, la bala de plata contra el obradorismo en el sur del país.
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¿Y dónde está el general?
Columna de opinión escrita por Salvador García Soto para El Universal
Miércoles 7 de octubre de 2026
Salvador García Soto
El nombre del general Audomaro Martínez Zapata aparece, cada vez más más claro y fuerte, entre las agencias de seguridad de los Estados Unidos. Y es que el general retirado del Ejército mexicano está en la lista negra del gobierno estadounidense no sólo por el papel central que el militar mexicano jugó en el negocio ilícito del huachicol fiscal, sino porque, en su labor de encargado de la inteligencia federal del gobierno mexicano, el militar retirado y hombre de todas las confianzas del expresidente Andrés Manuel López Obrador, reveló información estratégica y de seguridad nacional de los Estados Unidos al gobierno de Vladimir Putin en Rusia.
Y es que mientras el general retirado del Ejército mexicano no aparece localizado en el territorio mexicano , y hay serias dudas de su lugar de residencia en este momento, la información sobre el paradero del general Audomaro sigue fluyendo y es clasificada en este momento como de “alta prioridad” para las agencias de seguridad del gobierno estadounidense.
El director del CNI o director de la Comisión Nacional de Inteligencia, en el pasado sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, aparece mencionado en reportes directos de la CIA en México como el “filtrador nacional de inteligencia” por haber revelado la ubicación de los agentes de la CIA en territorio mexicano al gobierno de Vladimir Putin en Rusia, lo que provocó en su momento un grave riesgo de seguridad para los agentes de seguridad de las agencias estadounidenses en territorio mexicano.
El general retirado del Ejército mexicano se ha convertido en este momento en un “objetivo prioritario” del gobierno de Donald Trump, no sólo por la “traición” que desde Washington acusan en contra del militar retirado del gobierno de López Obrador, sino por el papel que jugó el general Audomaro Martínez en el negocio millonario e ilegal del “huachicol fiscal”, en el que el militar tabasqueño y hombre de todas las confianzas del presidente López Obrador, jugó un papel central en el contrabando ilegal de combustibles entre México y los Estados Unidos.
Y es que las referencias al papel central que jugó el general Audomaro en el negocio ilegal del huachicol son cada vez más claras y evidentes. El llamado “rey del huachicol”, Sergio Carmona, solía decir a sus cercanos que él sólo le reportaba sobre los ingresos millonarios de la importación ilegal de combustibles al general retirado del Ejército mexicano. “Yo sólo me reporto con el de las botas”, decía Carmona en referencia al general Audomaro, con quién tenía comunicación constante como director del Centro Nacional de Inteligencia.
Hoy el paradero del general Audomaro es todo un misterio. Fuentes de la embajada estadounidense en México aseguran que el militar retirado del Ejército mexicano es un “objetivo prioritario” del gobierno de Donald Trump, pero al mismo tiempo reconocen que el paradero del militar tabasqueño es todo un misterio y que ni siquiera las poderosas agencias estadounidenses han logrado conocer en donde se ubica el militar tabasqueño que es considerado una “pieza clave” para el gobierno de los Estados Unidos.
Por lo pronto no sólo en Washington, donde lo acusan de “traición” por haber revelado a Rusia la identidad y ubicación de los agentes de la CIA en territorio mexicano, sino también en México, donde se desconoce su paradero y ubicación, el lugar donde reside o se oculta el general Audomaro Martínez Zapata, es un auténtico misterio. Nadie sabe nada del exdirector del Centro Nacional de Inteligencia y uno de los hombres más cercanos del expresidente López Obrador, y pieza clave en el entramado de la corrupción que auspició y permitió el multimillonario fraude del huachicol fiscal.
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Academia de policía
Columna de opinión escrita por Sergio Sarmiento para Reforma
Miércoles 7 de octubre de 2026
Sergio Sarmiento
"¿Por qué le molesta tanto a la presidenta la academia en Querétaro?".
Julio Patán
Es uno de esos pleitos que parecen absurdos. La presidenta Sheinbaum lleva dos días dedicando una parte importante de sus mañaneras a mostrar su enojo por la construcción de una Academia Internacional de Capacitación Policial en Querétaro. Parecería que la mayor amenaza a la soberanía nacional es la creación de esta institución educativa.
Los reclamos los empezó el lunes, cuando criticó al gobernador de Querétaro, el panista Mauricio Kuri, por haber invitado al embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, a colocar la primera piedra de este proyecto el 2 de octubre: "No invitaron a la Defensa, no invitaron al Gabinete de Seguridad Federal, no invitaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores; se invitó al embajador de Estados Unidos".
"Un gobierno estatal -añadió- no tiene que ver directamente con delincuencia organizada... ¿Cómo es que hay una primera piedra con un embajador de Estados Unidos y un gobernador mexicano y no con el gabinete de seguridad federal?". Por eso, "pedí el día de hoy que el secretario de Relaciones Exteriores llame al embajador, por un lado, y, por otro lado, al gobernador de Querétaro".
El gobierno de Querétaro difundió el mismo lunes un documento que mostraba que sí había informado a la SRE de la invitación al embajador, aunque el escrito no aclaraba que el propósito era poner la primera piedra de una escuela de policía. Publicó también fotografías que mostraban que en la ceremonia estaban sentados en el presídium representantes de las instituciones del gabinete de seguridad federal. Sí los invitaron.
Aun así, la SRE reprendió al gobernador: "Conforme a la Ley de Seguridad Nacional, para cualquier capacitación o proyecto de cooperación en materia de seguridad con un gobierno extranjero debe solicitarse el visto bueno previo del Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG), órgano auxiliar del Consejo de Seguridad". Solo que el Consejo de Seguridad Nacional no ha sesionado desde 2018 y su Secretaría Técnica fue eliminada en 2026.
Ayer la Presidenta regresó al tema. Señaló que, por declaraciones del secretario de Seguridad de Querétaro, "sabemos que en esa academia van a participar las agencias de Estados Unidos... Lo que se pide al gobierno de Querétaro [es] que siga los procedimientos, que pregunte a Relaciones Exteriores, que solicite su autorización si va a recibir apoyo del gobierno de los Estados Unidos, que solicite su autorización al Grupo de Alto Nivel. ¿Por qué? Porque es la ley".
Es positivo que la Presidenta haya descartado la posición de su predecesor: "y que no me salgan con el cuento de que la ley es la ley". Pero su enojo parece tener razones políticas. La Presidenta criticó también a la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, por violar la soberanía nacional al presuntamente haber permitido la participación de agentes de la CIA en un operativo contra un narcolaboratorio el 19 de abril. A casi seis meses, la Fiscalía General de la República mantiene la carpeta abierta sin ninguna conclusión.
Tiene razón la Presidenta cuando dice que la ley establece que el gobierno federal debe autorizar cualquier intervención, cooperación o capacitación que involucre a instituciones extranjeras, pero estas acciones de "defensa de la soberanía" en Chihuahua y Querétaro parecen ser producto de una estrategia para descalificar las acciones de gobiernos panistas para enfrentar al crimen organizado. No parece que construir una escuela de policía o desmantelar un narcolaboratorio sean las peores afrentas a la soberanía nacional, especialmente para un gobierno que entregó 92 reos a Estados Unidos violando las leyes nacionales.
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