Miércoles 11 de febrero de 2026. Los Cabos, BCS.- En entrevista para Al Cabo Noticias, donde se abordó como tema del día, “Más allá de San José del Cabo y Cabo San Lucas, ¿qué otros destinos ofrece BCS?”, el propietario de Todos Santos Eco Adventures, Sergio Jáuregui habló de las actividades para realizar en este Pueblo Mágico.

Miércoles 11 de febrero de 2026. Los Cabos, BCS.- En entrevista para Al Cabo Noticias, donde se abordó como tema del día, “Más allá de San José del Cabo y Cabo San Lucas, ¿qué otros destinos ofrece BCS?”, el coordinador del Comité de Pueblos Mágicos y del Centro Cultural Prof. Néstor Agúndez, Julio Villalobos se refirió a los lugares y edificios históricos imperdibles de visitar en Todos Santos.

Miércoles 11 de febrero de 2026. Los Cabos, BCS.- En entrevista para Al Cabo Noticias, el director de Desarrollo Social, Carlos Castro habló sobre el cambio de sede para la realización de las Fiestas tradicionales de San José del Cabo.

La declaración de la Unión se produce en un momento en que las conversaciones de paz bajo mediación internacional han mostrado avances limitados Miércoles 11 de febrero de 2026 La Unión Europea estableció que cualquier eventual pacto de paz para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania debe exigir a Moscú el respeto pleno de la soberanía e integridad territorial ucranianas, y no imponer condiciones a Ucrania, que ha soportado la invasión desde febrero de 2022.  La alta representante de la política exterior de la Unión, Kaja Kallas, anunció en Bruselas que propondrá una lista de concesiones que exigirían a Rusia como parte de un acuerdo, incluida la devolución de territorio ocupado y la protección de derechos humanos fundamentales, y subrayó que cualquier negociación tendrá que contar con el aval europeo. La declaración de la Unión se produce en un momento en que las conversaciones de paz bajo mediación internacional —incluyendo intercambios de prisioneros y reuniones en Abu Dabi— han mostrado avances limitados, pero siguen enfrentando obstáculos clave como las demandas territoriales de Moscú y las garantías de seguridad que Kiev considera indispensables antes de aceptar un alto el fuego duradero.

El dictamen fue turnado de inmediato a la mesa directiva de esa cámara, donde quedó en primera lectura, por lo que se votará ante el pleno en la sesión de mañana miércoles Miércoles 11 de febrero de 2026 El Senado de la República aprobó por unanimidad en comisiones la reforma para reducir de 48 a 40 horas la jornada de trabajo semanal.  Las reformas al artículo 123, apartado A, de la Constitución, fueron aprobadas por 48 votos de senadores de todos los partidos, incluidos senadores de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano que previamente consideraron que se trataba de una farsa, toda vez que no se establece con claridad dos días de descanso para los trabajadores a la semana.  La implementación de las 40 horas de trabajo semanales, será de manera gradual hasta el 2030. Durante la discusión en las comisiones, el senador del PAN, Marko Cortés, dijo que su bancada respalda la reforma porque actualmente se registran altos niveles de ansiedad o problemas cardíacos en los trabajadores, derivado del estrés crónico. Sin embargo, cuestionó que la reforma no se aplique de manera inmediata, sino hasta el 2030, y no se apliquen incentivos para las micro y pequeña empresas.

Miércoles 11 de febrero de 2026 Autoridades locales recibieron la visita del Embajador de la Unión Europea en México, Francisco André, quien realizó un recorrido por Baja California Sur, incluyendo los municipios de La Paz y Los Cabos. Durante su visita, se presentó al diplomático un panorama de las fortalezas que posicionan a Los Cabos como destino turístico de clase mundial, así como información sobre su infraestructura, conectividad aérea y oferta hotelera. El objetivo del encuentro fue evaluar al destino como posible sede de un evento internacional de alto nivel programado para 2027, que reunirá a ministros, empresarios y representantes gubernamentales de distintos países.

Miércoles 11 de febrero de 2026 La comunidad sudcaliforniana se movilizará por el cuidado del mar con una mega limpieza estatal programada para el próximo 22 de marzo, como parte de la iniciativa “Ola Azul”.  Esta jornada es resultado del trabajo que desde hace varios años impulsa la asociación Clean Up Baja California Sur, que ha logrado reunir a miles de voluntarios en campañas similares durante 2024 y 2025, en esta ocasión la iniciativa se realiza en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Participará también el Centro Comunitario de La Playa, para limpieza del Estero y las diferentes colonias de esta  zona de Los Cabos,  donde esperan  recolectar:  de 4 a 6 toneladas de basura.

Columna de opinión escrita por Raymundo Riva Palacio para el diario El Financiero (publicada ayer martes 10) Miércoles 11 de febrero de 2026 Los semáforos rojos se prendieron en Tequila mucho tiempo antes de caer preso el alcalde, Diego Rivera Navarro, quien cometió dos errores absurdos que lo tienen hoy en la cárcel, con pocas probabilidades de salir libre en varios años. El primero fue cuando autorizó, en marzo pasado, una tocada de Los Alegres del Barranco, quienes interpretaron corridos apologéticos de Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. El segundo fue en diciembre, cuando la empresa Tequila Cuervo lo denunció porque la estaban extorsionando para evitar que cerraran su planta en el municipio. Rivera Navarro, que se creía doblemente protegido, por líderes en Morena y el grupo criminal, había cruzado una línea. Rindió protesta como alcalde de Tequila en octubre de 2024, surgido de las filas de Morena. Su filiación provocó que se señalara al exlíder del partido, Mario Delgado, como la persona que lo encumbró en ese municipio, clave para el CJNG porque es la supercarretera por donde viajan las drogas y los precursores químicos que envía la organización criminal a Nayarit, de donde se transportan a Estados Unidos. Delgado, sin embargo, no era quien lo protegía. La fuerza política detrás de Rivera Navarro, de acuerdo con información que ha trascendido, es el exsenador José Alejandro Peña Villa, quien se vinculó a Andrés Manuel López Obrador cuando fue delegado en Jalisco durante su campaña presidencial de 2018, de la mano de Gabriel García Hernández, quien era el brazo derecho del expresidente en los temas de estrategia electoral. García Hernández lo hizo su suplente en el Senado. García Hernández dejó su escaño temprano en la legislatura porque fue nombrado coordinador general de Programas para el Desarrollo en la Oficina de la Presidencia. Al menos dos veces por semana se reunía con López Obrador para diseñar la estrategia de dónde aplicar los programas sociales para obtener el mayor rédito político. García Hernández le encargó a Peña Villa construir la estructura de los llamados Servidores de la Nación, el ejército electoral que operaba la coordinación y entrega del dinero de los programas sociales. Cuando García Hernández salió de la Presidencia en 2021, Peña Villa mantuvo el control de los Servidores y de al menos una cuarta parte de los consejeros de Morena en Jalisco. Sus relaciones se extendían también al ala dura de Morena, encabezada por el caricaturista de La Jornada, Rafael Barajas, El Fisgón, jefe de cuadros del partido. En esas mesas de estrategia y discusión se fueron decidiendo las candidaturas y las listas; en su mayoría, le eran entregadas a Delgado para que las procesara. Rivera Navarro llegó por esa puerta, respaldado por Palacio Nacional, y palomeado por El Mencho, del cual, según fuentes estadounidenses, dependía directamente. No se sabe con precisión qué tipo de arreglos se pudieron haber hecho para conciliar el interés político con el interés criminal, pero el entonces gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, dejó pasar todo como parte de un acuerdo no escrito con el crimen organizado de no atacarlo, a cambio de que le permitieran márgenes de gobernabilidad para terminar su sexenio. En este ecosistema político-criminal se movía Rivera Navarro, quien ignoró las alertas que cada vez sonaban más fuerte. Estados Unidos había cancelado la visa de turista a los integrantes de Los Alegres del Barranco, casi inmediatamente después de su concierto apologético de El Mencho, y a las pocas semanas la Fiscalía de Jalisco lo citó a declarar sobre la investigación que habían abierto contra el grupo. Rivera Navarro desdeñó aquellos pasos legales y, pensando quizás que la protección se mantendría en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la emprendió contra Tequila Cuervo, cuya decisión, ante las presiones empresariales mexicanas y estadounidenses, obligó al gobernador Pablo Lemus a forzar la corrección de la extorsión contra la tequilera. Un extracto de la investigación revelado por EL FINANCIERO señala que las extorsiones eran para saldar una deuda con el CJNG de cuando menos 120 millones de pesos. Rivera Navarro, según informes estadounidenses, era parte de la estructura general de la organización criminal. Que el gobierno de Sheinbaum haya decidido ir por Rivera Navarro, con sus antecedentes de apoyo dentro del régimen, no debe ser desdeñado. La operación la diseñó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, con información de inteligencia recabada en esa región de Jalisco, que, junto con Michoacán, son las dos áreas más calientes en términos de combate al crimen organizado. La decisión de detener al exalcalde manda el mensaje que la presidenta repite de manera retórica: cero tolerancia. Sin embargo, esa frase tiene un antes y un después de Rivera Navarro. Cinco estados –Jalisco, Colima, Guanajuato, Michoacán y el Estado de México–, en ese orden, son donde más han penetrado los cárteles las estructuras de poder municipal. En Jalisco, de acuerdo con informes federales, el control político territorial lo tiene el CJNG –lo mismo que en Colima–, pues, como explicó un funcionario, aun si un alcalde no trabaja con ellos, los que se encuentran a su alrededor neutralizan sus acciones policiales. Este fenómeno se repite en otras entidades, como en Michoacán, donde también es la fuerza predominante en la mitad del estado; Guanajuato, dividido entre el CJNG y el Cártel Santa Rosa de Lima, o Sonora y Sinaloa, donde pelean Los Chapitos y La Mayiza. Rivera Navarro abrió un camino que no se había querido explorar: el que políticos de Morena en diferentes niveles puedan empezar a ser procesados. Lo que sucedió con el exalcalde de Tequila también es una señal para Estados Unidos, que había estado exigiendo un fin a la impunidad. Sheinbaum dio un primer paso, que parece pequeño, pero no lo es. Afecta una de las rutas importantes de trasiego de drogas del CJNG, y golpeó a un político que tenía la doble protección, de El Mencho y de altos exfuncionarios de López Obrador. Esto es parte de una recalibración que está teniendo que hacer, aun contrario a su interés primario de blindar a los políticos del régimen, porque las cosas se han venido desbordando y no parece haber otra forma de corregir el rumbo de la penetración creciente en las estructuras de poder, salvo enfrentarlas y desmantelarlas, cueste lo que cueste, que eso es lo que sucedió en Tequila. —-------------------------------------------------------------------------------- Veintisiete sobre 100 Columna de opinión escrita por Luis Carlos Ugalde para el diario Reforma Miércoles 11 de febrero de 2026 Esta es la calificación que México obtuvo en 2025 en materia de corrupción según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, publicado ayer. La buena noticia es que México mejora en el margen respecto al año previo: de 26 sobre 100 subimos a 27. La mala es que seguimos reprobados y en el lugar 141 de 182 países. Es la segunda peor calificación desde que se publica el índice en 1995; la peor fue el año pasado. En promedio, los siete años de la "cuarta transformación" son peores que los 18 de los gobiernos llamados "neoliberales": 29.4 puntos entre 2019 y 2025, frente a 32.7 entre 2001 y 2018. Incluso el gobierno de Peña Nieto -al que se calificó como el más corrupto- tuvo un promedio mayor que los morenistas, de 31.2. La promesa de López Obrador de "barrer la corrupción de arriba hacia abajo" quedó en la retórica; en los hechos, la basura se multiplicó. Las razones son varias. Primero, la lógica de la transacción política: cuando un nuevo grupo llega al poder y busca ganar y conservar elecciones a toda costa, pacta con aliados, adversarios, operadores y financiadores. Eso compra silencios, abre la puerta al dinero ilegal y genera compromisos que después se pagan desde el gobierno. Segundo, la visión moralista de la lucha anticorrupción. Bajo el lema de "no somos iguales", se sustituyeron reglas por lealtades: se protege al cercano y se exhibe al adversario. Para preservar la cohesión interna, la ropa sucia se lava en casa y la corrupción se normaliza. Tercero, el desmantelamiento de controles. Se debilitaron contrapesos y procedimientos con el argumento de no "estorbar" al Ejecutivo. La prioridad no era construir un sistema de integridad, sino concentrar poder, ganar elecciones y hacer la cuarta "transformación" bajo las órdenes del Presidente, cueste lo que cueste. Un factor adicional fue un Congreso que -como en la etapa final del PRI hegemónico- dejó de vigilar. Desde 2018 abandonó su papel de contrapeso y la fiscalización del gasto se volvió más frágil: la Auditoría Superior de la Federación perdonó irregularidades, suavizó las observaciones y buscó complacer al Presidente, en lugar de someterlo al escrutinio legislativo. Igual que en el pasado del PRI, del PAN y del PRD, gobernadores y alcaldes que llegaron cobijados por la marca Morena operaron con controles endebles. En varios estados, la cercanía entre política y crimen organizado parece haberse intensificado, ampliando el horizonte de corrupción: de la mordida administrativa a la captura territorial. Así, el gobierno que prometió limpiar la corrupción "de arriba hacia abajo" terminó ocultando el polvo bajo la alfombra. Y esto afecta directamente una de las prioridades centrales de la presidenta Sheinbaum: atraer inversión privada y acelerar el crecimiento económico. Las empresas ya enfrentan costos elevados para operar en México: inseguridad, infraestructura deficiente y también licitaciones amañadas, sobornos para acceder a contratos públicos y extorsiones desde gobiernos locales, como ilustra el caso del exalcalde de Tequila que cobraba piso a las tequileras de Jalisco. Durante décadas, organizaciones civiles, universidades y especialistas han repetido lo obvio: la única vía sostenible para contener la corrupción es construir instituciones de transparencia, auditoría, sanción y rendición de cuentas que funcionen incluso cuando incomodan al poder. Pero muchos de esos controles se han desmontado. La erosión institucional no es abstracta: el Sistema Nacional Anticorrupción, creado en 2015 para coordinar esfuerzos del Estado, ha sido debilitado presupuestalmente. En el Presupuesto 2026, su Secretaría Ejecutiva sufrió un recorte de 95%: pasó de 128.8 millones a apenas 6.3 millones de pesos. La mejora de una décima en el IPC de 2025 podría reflejar el cambio de gobierno en 2024 y mayor orden administrativo. Si es así, quizá marque el inicio de una tendencia. Pero también es posible que sea una simple oscilación estadística que no expresa un fortalecimiento real de la capacidad del Estado para prevenir, investigar y castigar la corrupción. Si no se reconstruyen controles efectivos y contrapesos auténticos, la corrupción seguirá siendo uno de los problemas más graves del país, tal como decía López Obrador durante los 18 años que fue candidato opositor.

Miércoles 11 de febrero de 2026 En el marco de  la más reciente  sesión de Cabildo, el regidor del Partido Acción Nacional, Celestino Atienzo, realizó algunos señalamientos, al considerar insuficiente la asignación de recursos destinados al municipio de Los Cabos dentro del programa de obras estatales. El edil expuso que el plan de obras 2026 del gobierno estatal contempla un total de 23 acciones para el municipio de La Paz, mientras que para Los Cabos únicamente se incluye una, correspondiente a la construcción del Centro de Justicia Penal en Cabo San Lucas. Atienzo subrayó que esta distribución presupuestal agrava el rezago que enfrenta Los Cabos en materia de infraestructura y servicios públicos, además de evidenciar la falta de proyectos sociales impulsados desde el ámbito estatal. A esta situación se suma el recorte de recursos federales, lo que, dijo, limita severamente la capacidad del municipio para atender sus principales necesidades.

En respuesta al recrudecimiento del bloqueo económico de Estados Unidos, que ha intensificado la persecución al suministro de combustible a la isla Martes 10 de febrero de 2026 Las autoridades aeronáuticas cubanas notificaron a las líneas aéreas que de manera inmediata ya no podrán suministrar combustible para aviones hasta por lo menos el 11 de marzo, lo que ya ha provocado cancelaciones de vuelos como los de Air Canada y ajustes operativos en otras aerolíneas. El gobierno cubano ha implementado racionamientos de combustible, restringido servicios de transporte público, reducido jornadas laborales y comenzado a cerrar hoteles para ahorrar energía, mientras reubica turistas y enfrenta apagones y limitaciones en servicios básicos bajo un paquete de medidas que calificó de “contingencia nacional”. Recordemos que Estados Unidos ha impuesto aranceles y sanciones a países que suministren petróleo a Cuba, y el presidente Donald Trump declaró una emergencia nacional vinculada a la situación energética en la isla, amenazas que contribuyeron a la suspensión de envíos de crudo desde México.  México, por su parte, ha enviado ayuda humanitaria consistente en dos embarcaciones con alimentos y artículos básicos, pero ha suspendido temporalmente el envío de petróleo para evitar posibles aranceles u otras represalias comerciales de Estados Unidos. Expertos señalan que para nuestro país, cualquier envío de petróleo o combustible al exterior es una decisión soberana del Estado mexicano, pero por ley requiere aprobación del Congreso además del Ejecutivo, ya que se trata de exportaciones de hidrocarburos de Petróleos Mexicanos, PEMEX. Afirman que la ausencia de esa aprobación legislativa podría generar cuestionamientos constitucionales o políticos internos sobre la conducción de la política energética y de comercio exterior de México. La ONU por su parte, advirtió sobre el riesgo de un colapso humanitario si Cuba no logra garantizar el abastecimiento de petróleo y otros combustibles necesarios para servicios esenciales como electricidad, transporte y producción de alimentos. Hace unos minutos se acaba de difundir una noticia en redes, no confirmada oficialmente, en la que se asegura que México envió petroleo a Cuba escondido en los contenedores, utilizando un método de distribución no convencional y nunca antes visto. Según fuentes cubanas, el crudo habría llegado oculto dentro de contenedores, mediante un nuevo sistema de almacenamiento diseñado para pasar desapercibido.

Un testimonio incómodo que busca dejar memoria del ejercicio del poder en México Martes 10 de febrero de 2026 El exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, publicará mañana 11 de febrero el libro “Ni venganza ni perdón”, una obra que promete abrir un debate profundo sobre el ejercicio del poder en México, la fragilidad de las lealtades políticas y el costo de la cercanía con el Presidente de la República. Escrito junto al periodista Jorge Fernández Menéndez, el volumen no se presenta como un ajuste de cuentas, sino como un testimonio crudo sobre cómo el poder transforma relaciones y castiga la independencia. El autor, pieza clave en la construcción legal del proyecto de gobierno durante los primeros años, narra desde una posición privilegiada el tránsito de una relación de confianza y fraternidad con el presidente hacia un distanciamiento marcado por lo que describe como persecución jurídica y mediática. El texto documenta episodios sensibles como la creación de la Guardia Nacional, el manejo de la pandemia, el atentado contra Omar García Harfuch y la compleja relación con la Suprema Corte. El libro estructura su relato alrededor de la evolución de la relación personal y política entre Scherer Ibarra y López Obrador. Según el autor, este vínculo, forjado en años de oposición y consolidado al inicio del gobierno, se fracturó no por un desacuerdo específico, sino por una lógica de poder que “no admite independencia ni tolera cercanía sin sometimiento”. El volumen documenta cómo, tras su renuncia, se activaron ataques desde distintos frentes del propio aparato estatal, desatando una persecución jurídica y mediática que, aunque no prosperó en los tribunales, dejó una huella en el espacio público. “Ni venganza ni perdón” se posiciona, en última instancia, como un ejercicio de memoria frente a la polarización. Scherer Ibarra plantea que su objetivo no es absolver ni condenar, sino dejar constancia de una experiencia que funciona como advertencia: una radiografía de un sistema político que, en su visión, castiga la independencia y premia la sumisión. Su publicación mañana 11 de febrero no solo promete reavivar debates del pasado reciente, sino también ofrecer un léxico para analizar el futuro político

Advierte el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov Martes 10 de febrero de 2026 El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, advirtió que si países europeos o Estados Unidos atacan territorio ruso, Moscú responderá con una acción militar de gran escala conforme a su doctrina de defensa.  Lavrov sostuvo que Rusia no tiene intención de atacar a Europa, pero afirmó que cualquier agresión directa será respondida con todos los medios disponibles, eso en respuesta a que la OTAN y la Unión Europea insisten en que sus medidas tienen un carácter disuasivo y no ofensivo. Esta advertencia se suma a la postura del presidente Donald Trump, quien fijó el mes de junio como fecha límite para que el conflicto en Ucrania avance hacia una resolución, advirtiendo que, de no ocurrir, podrían revisarse los términos del respaldo estadounidense.