Los Cabos, Baja California Sur.– Como parte de las actividades conmemorativas por el Día Mundial del Medio Ambiente, la Dirección General de Ecología y Medio Ambiente del XV Ayuntamiento de Los Cabos invita a la ciudadanía a participar en una jornada de reforestación que se llevará a cabo en la delegación de Miraflores. La actividad es organizada por la Coordinación de Ecología de Miraflores y tiene como objetivo fortalecer las áreas verdes de la comunidad, promover la participación ciudadana y fomentar una mayor conciencia sobre la importancia de la conservación y protección del entorno natural. La jornada se realizará el próximo 09 de junio a las 08:00 horas en la Subdelegación El Ranchito, ubicada en la delegación de Miraflores, donde se desarrollarán labores de plantación de especies vegetales para contribuir al mejoramiento ambiental de la zona. La convocatoria está abierta a estudiantes, familias, organizaciones civiles y ciudadanía en general interesada en sumarse a acciones que favorezcan la preservación de los recursos naturales y el fortalecimiento de espacios públicos más verdes y sustentables. Estas actividades forman parte de la agenda ambiental impulsada por la Dirección General de Ecología y Medio Ambiente, encabezada por Jorge Armando López Espinoza, con el propósito de promover una cultura de participación y responsabilidad ambiental en el municipio. Con este tipo de acciones, el Ayuntamiento de Los Cabos reafirma su compromiso con la educación ambiental, la reforestación y el cuidado de los ecosistemas para beneficio de las presentes y futuras generaciones.

Viernes 5 de junio de 2026 En su análisis de este viernes en Al Cabo Noticias, Dr Enrique Cárdenas analista político, se refirió al huachicol fiscal y a sus implicaciones en la vida política y económica del país : Escuche el análisis completo

El Departamento del Tesoro anuncia medidas financieras contra los parientes políticos de Miguel Díaz-Canel y contra las Fuerzas Armadas Viernes 5 de junio de 2026 Estados Unidos intensificó la presión sobre Cuba al imponer sanciones contra el presidente Miguel Díaz-Canel, su esposa Lis Cuesta, familiares de Raúl Castro y organismos clave del régimen, congelando cualquier activo bajo jurisdicción estadounidense y prohibiendo transacciones con ciudadanos y empresas de Estados Unidos. Entre los sancionados figuran Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro, así como el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, los Comités de Defensa de la Revolución, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, la agencia Amistur Cuba y la empresa estatal Minera La Victoria. Al anunciar las medidas, el secretario de Estado, Marco Rubio, acusó a La Habana de haber sido durante décadas “la capital mundial del terrorismo de izquierda radical” y sostuvo que el régimen cubano ha financiado, entrenado y respaldado movimientos marxistas en América Latina y otras regiones. Además, advirtió que bancos, empresas y cualquier entidad extranjera que mantenga relaciones con los organismos sancionados podrían enfrentar castigos económicos por parte de Washington. En medio de esta escalada, el presidente ruso, Vladímir Putin, confirmó que hubo contactos con Estados Unidos sobre Cuba y reconoció las especulaciones sobre una posible operación similar a la ejecutada en Venezuela a principios de este año. Moscú reiteró su respaldo político y energético al gobierno cubano, mientras la administración de Donald Trump sostiene que mantendrá la presión sobre La Habana hasta lograr cambios políticos y de seguridad que considera necesarios para los intereses estadounidenses en la región.

El general Dan Caine, titular del Estado Mayor Conjunto, aterriza en Caracas mientras la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, está de viaje en India Viernes 5 de junio de 2026 El gobierno de Estados Unidos elevó su presencia en Venezuela al enviar a Caracas al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto y máxima autoridad militar estadounidense, en la visita de más alto nivel entre ambos países desde la caída de Nicolás Maduro. Uno de los mensajes más importantes fue la declaración oficial del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, que señaló que Caine habló con autoridades sobre la "estabilidad de Venezuela", la "seguridad compartida en el hemisferio occidental" y la implementación del "plan de tres fases" impulsado por Donald Trump. Dicho plan contempla la estabilización inmediata de las instituciones venezolanas tras la captura de Maduro en enero, el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y de las capacidades del Estado para combatir al narcotráfico y a los grupos armados, así como una tercera etapa enfocada en la recuperación económica, energética y democrática de ese país con respaldo de Estados Unidos y aliados occidentales. La visita también ocurre después de varios acercamientos de alto nivel entre ambos gobiernos. Recordemos que en febrero, el secretario de Energía de Estados Unidos viajó a Caracas para negociar la recuperación del sector petrolero y energético; en marzo se restablecieron formalmente las relaciones diplomáticas y consulares entre ambos países. La presencia de Caine en Caracas se produjo pocos días después de la visita del jefe del Comando Sur, Francis Donovan, lo que refleja una coordinación militar directa y permanente entre Washington y el gobierno de transición venezolano.

Alrededor de 300 integrantes de la Coordinadora cerraron el paso; decenas de miles de automovilistas quedaron varados e intentaron desviar su ruta hacia Otay Viernes 5 de junio de 2026 La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloqueó ayer jueves el paso vehicular de Estados Unidos a México por la garita más transitada del mundo y de las 56 que unen a ambos países. Miembros de la CNTE impidieron durante unas dos horas el paso vehicular de San Ysidro, en el sur de California, a Tijuana, Baja California, por la garita de El Chaparral. El cierre dejó varados a decenas de miles de conductores que, alrededor de las 10:00 horas, se dirigían a México. Poco a poco, los automovilistas salieron de la convergencia en California para seguir rumbo a la garita de Otay, ubicada a unos diez kilómetros al este de San Ysidro y El Chaparral. El paso por Otay hacia Tijuana se vio saturado, pues tiene sólo una fracción de la capacidad que posee El Chaparral. Los manifestantes en El Chaparral se plantaron con mantas que expresaban su rechazo a la reforma de la Ley del ISSSTE. La protesta se llevó a cabo bajo la vigilancia de un reducido grupo de miembros de la Guardia Nacional, con el fin de impedir un potencial cruce de los maestros hacia el área estadounidense de la garita. A las 13:00 horas, tiempo local, los manifestantes regresaron a su central estatal en Tijuana. La protesta terminó sin incidentes.

A horas de que venza el plazo legal para las elecciones del próximo año, la mayoría de los congresos locales ignoró el mandato federal Viernes 5 de junio de 2026 Un total de 27 congresos estatales incumplieron hasta el momento el mandato constitucional para llevar a su legislación estatal la nueva causal de nulidad electoral por injerencia extranjera; entre ellos, 15 tendrán elecciones de gobernador, congreso y alcaldías. Hasta anoche, sólo los congresos de la Ciudad de México, Colima, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz concluyeron su proceso legislativo estatal para añadir la causal de injerencia extranjera al catálogo de nulidad electoral; de ellos, Colima y Quintana Roo tendrán elecciones de gobernador el año que entra. El artículo segundo transitorio de la reforma constitucional al artículo 41 en materia de nulidad de elecciones ordena que “el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, deberán armonizar el marco normativo para adecuarlo al contenido de este Decreto, antes del 5 de junio de 2026”. La reforma constitucional fue válida a partir de la declaratoria realizada por la Comisión Permanente el pasado 1 de junio, pero el Ejecutivo federal la publicó hasta la tarde del 2 de junio, por lo que su vigencia comenzó el 3 de junio, aunque los congresos estatales podían comenzar a legislar desde la declaratoria de validez hecha por el Congreso de la Unión. Al no tener aun la legislación secundaria que haría operativa la reforma, la nueva causal de nulidad no podrá ser aplicada en la elección 2027.

Viernes 5 de junio de 2026 Desde La Paz, el Congreso local pidió a los ayuntamientos, especialmente al de Los Cabos, reforzar e impulsar sistemas de alerta temprana para sismos e inundaciones, en coordinación con autoridades estatales y federales de Protección Civil. La propuesta busca que los municipios cuenten con herramientas más efectivas para anticipar emergencias, proteger a la población y reducir los daños que pueden provocar fenómenos naturales como los movimientos sísmicos y las lluvias intensas. Además se señaló que, aunque ya existen acciones en materia de protección civil y monitoreo meteorológico, es necesario fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos municipales ante situaciones de riesgo. Durante la discusión se recordó que, a pesar de que Baja California Sur tiene un clima predominantemente árido, los efectos de la temporada de huracanes han provocado inundaciones en municipios como Los Cabos, La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé.

Viernes 5 de junio de 2026 La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas trabaja en el procedimiento para retirar el material de construcción que fue trasladado mediante helicópteros a Sierra de la Laguna como parte del proyecto conocido como “Santuario del Tío Checo”, el cual no obtuvo las autorizaciones ambientales necesarias. En ese sentido Benito Bermúdez,titular de CONANP, fue categórico al señalar que no habrá permisos para desarrollar infraestructura en ese punto de la reserva. Durante una reunión con el Grupo Madrugadores de Cabo San Lucas, Bermúdez destacó además los desafíos que enfrentan las comunidades de la sierra, donde la migración de jóvenes para estudiar, la falta de servicios y la venta de tierras por parte de familias originarias son algunos de los retos que actualmente enfrenta esta área natural protegida

Viernes 5 de junio de 2026 La Unión de Transportistas Cabeños presentó un estudio para solicitar un incremento a la tarifa del transporte público en Los Cabos, argumentando que el alza en combustible, mantenimiento, seguros y prestaciones laborales ha reducido significativamente sus utilidades. De acuerdo con datos presentados, el precio del diésel pasó de 15 a 29 pesos por litro desde 2017, mientras que el mantenimiento de una unidad se duplicó y el costo de los autobuses nuevos aumentó de 1.5 a 4 millones de pesos. Actualmente, las cinco agrupaciones operan 300 unidades en 21 rutas y trasladan a cerca de 50 mil usuarios diarios. La propuesta será analizada por el Cabildo, donde los transportistas buscarán que se revise la tarifa vigente.

Viernes 5 de junio de 2026 Cancún se mantiene como el mercado nacional con mayor potencial para fortalecer la conectividad aérea de Los Cabos, por lo que autoridades turísticas y aerolíneas exploran la posibilidad de establecer un vuelo directo sin escalas entre ambos destinos, así lo informó Rodrigo Esponda , director del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos. El representante del sector explicó que actualmente existe una conexión aérea entre Los Cabos y Cancún; sin embargo, esta operación realiza una escala intermedia, por lo que el interés se centra en lograr una ruta que conecte ambos destinos de manera directa.

Columna de opinión escrita por Alfredo Campos Villeda para el diario Milenio Viernes 5 de junio de 2026 Veinticuatro horas después todavía no retomaban su oleaje natural las aguas, revueltas por el discurso tempestuoso de Claudia Sheinbaum contra la injerencia extranjera en las elecciones, cuando la propia Presidenta tomó el micrófono de la mañanera para poner en duda los resultados de los comicios en Colombia e intervenir de forma directa, con sus palabras, tomando partido por el amigo Gustavo Petro, quien, hay que recordar, la llamó camarada de las FARC. Veinticuatro horas después todavía no retomaban su oleaje natural las aguas, revueltas por el discurso tempestuoso de Claudia Sheinbaum contra la amenaza a la soberanía del gobierno estadunidense (y su defensa implícita a Rubén Rocha y asociados), cuando la propia Presidenta tomó el micrófono de la mañanera para poner en duda que la ofensiva desde Estados Unidos contra su gobierno venga de Donald Trump y sí, más bien, de la ultraderecha. Veinticuatro horas después todavía no retomaban su oleaje natural las aguas, revueltas por el discurso tempestuoso de Claudia Sheimbaum para eximir al jefe de la Casa Blanca de la ofensiva contra su gobierno, cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador salió a fijar posición para refutarla y poner el dedo precisamente en Trump, a quien atribuyó “embarcarse en viles y siniestras aventuras” para desviar la atención y culpar de todos los males de EU a México. Veinticuatro horas después todavía no retomaban su oleaje natural las aguas, revueltas por el discurso tempestuoso de Claudia Sheimbaum argumentando que no son los maestros de la CNTE los provocadores ni los infiltrados, cuando la propia mandataria rectificó a medias diciendo que ellos le están haciendo el juego a la derecha, sino es que ya son la ultraderecha, estancándose, eso sí, en la falsa premisa de no reprimir cuando se trata de aplicar la ley a los violentos. La Presidenta, atrapada en medio de las tribus rendidas al político más poderoso de México y de los caprichos del gobernante más impredecible del planeta, como si eso no fuera suficiente, ahora debe sortear también el chantaje público de la CNTE y los desatinos de sus asesores y primer círculo cuando se trata de enviar mensajes en momentos clave. Esta semana, a Claudia sí la dejaron sola. —-------------------------------------------------------------------------------- Sheinbaum ya no puede posponerlo más Columna de opinión escrita por ​Carlos Bravo Regidor para The New York Times Viernes 5 de junio de 2026 En abril, cuando Estados Unidos acusó formalmente a Rubén Rocha Moya, gobernador del estado mexicano de Sinaloa, cruzó una línea que ambos países habían evitado durante décadas. Washington ya no le pedía a México que ayudara a arrestar a un fugitivo, extraditar a un narcotraficante o desmantelar a un capo de cártel. Exigía que el gobierno mexicano combatiera las redes de protección política que han permitido que el poder de los cárteles prospere en México. Los fiscales estadounidenses han acusado al Sr. Rocha y a otros funcionarios de Sinaloa de facilitar el narcotráfico hacia Estados Unidos y de proteger a miembros de cárteles a cambio de sobornos y apoyo político. La acusación también alega que el Sr. Rocha —aliado de larga data del expresidente Andrés Manuel López Obrador y miembro prominente del partido gobernante mexicano, Morena— ganó la gobernación en 2021 con la ayuda del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más notorias de México. El Sr. Rocha ha negado los cargos, pero las consecuencias van mucho más allá de él. Su acusación se ha convertido en una prueba de soberanía, lealtad partidista y poder político en México, y en una nueva fuente de tensión entre Washington y la Ciudad de México. El caso del Sr. Rocha sugiere la posibilidad de que el poder de los cárteles haya contaminado las filas del partido gobernante mexicano, dejando a la presidenta Claudia Sheinbaum en un dilema imposible. Actuar en contra del Sr. Rocha, permitiendo que avance el proceso de extradición o retirándole el apoyo político, expondría las divisiones dentro de su coalición y daría pie a acusaciones de que está cediendo ante Washington. Negarse a actuar, especialmente si las pruebas son contundentes, profundizaría las dudas en Estados Unidos sobre su voluntad de combatir la corrupción de los cárteles dentro de sus propias filas. Pero existe una manera para que la Sra. Sheinbaum aproveche este momento crítico: convertir las exigencias coercitivas de Washington en una oportunidad para finalmente sanear su partido y más allá. La narcopolítica en México es muy anterior a la administración de la presidenta Sheinbaum. Cuando México transitó a la democracia en el año 2000, tras siete décadas de gobierno de partido único, se debilitaron los antiguos mecanismos de control político que antes habían contenido al crimen organizado. El poder se fragmentó y los cárteles encontraron nuevas formas de comprar protección, financiar campañas políticas y controlar a las autoridades locales. Cuando el gobierno inició una ofensiva militarizada contra los cárteles de la droga en 2006, se centró en estos grupos. Sin embargo, no desmanteló los acuerdos político-criminales que les permitían operar, y cientos de miles de personas murieron o desaparecieron en el conflicto. Morena, fundada por López Obrador y ahora liderada por Sheinbaum, llegó al poder a finales de la década de 2010, prometiendo una ruptura moral y política con ese pasado violento. La alternativa de López Obrador —resumida en su ahora tristemente célebre eslogan «abrazos, no balazos»— buscaba evitar la confrontación directa con las organizaciones criminales. En teoría, la estrategia debía reducir la violencia impulsando los programas de gasto social y evitando enfrentamientos sangrientos con los cárteles. En la práctica, esto les dio a estos grupos más margen para expandir su control territorial, autoridad social e influencia política. Ahora, con la escalada de amenazas de la administración Trump de aranceles, enjuiciamientos penales e incluso acciones unilaterales en territorio mexicano para presionar a México a obtener resultados contra el crimen organizado, sectores de Morena son acusados ​​del tipo de narcocorrupción que el movimiento prometió erradicar. Hasta el momento, la presidenta Sheinbaum ha logrado mantenerse en un delicado equilibrio: cooperando lo suficiente para mantener a raya a los sectores más intransigentes de Estados Unidos, resistiendo lo suficiente para mantener unida a su coalición y calificando las acusaciones más perjudiciales políticamente de Washington como injerencia extranjera. No es una posición sostenible. México no puede desafiar a su vecino del norte indefinidamente; sus economías están demasiado integradas, especialmente ahora que ambos países inician la revisión de 2026 del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Pero ceder indefinidamente a las demandas estadounidenses debilitaría al Estado mexicano y asestaría un golpe potencialmente fatal a la credibilidad interna de la Sra. Sheinbaum. Ningún presidente mexicano puede aceptar un intento estadounidense de disciplinar a la clase política del país sin pagar un alto precio. Públicamente, la presidenta Sheinbaum ha calificado el caso estadounidense contra el Sr. Rocha como injerencia extranjera e insistió en que Washington aún no ha proporcionado las pruebas que las autoridades mexicanas necesitarían para actuar en su contra. En privado, advirtió a gobernadores y legisladores de Morena que los funcionarios vinculados a la corrupción deberían renunciar, lo que indica que comprende el peligro que el caso representa para su partido. (El Sr. Rocha se ha apartado temporalmente de su cargo). En Washington, las declaraciones del líder mexicano han comenzado a sonar menos como una defensa de la soberanía y más como una evasión de responsabilidades. Una relación entre Estados Unidos y México que, hasta hace poco, parecía sorprendentemente funcional, ahora se encuentra bajo una creciente tensión, a medida que la administración Trump amplía su campaña anticárteles, que ahora se centra en grupos criminales. Los políticos acusados ​​de protegerlos. Las opciones de la presidenta Sheinbaum no son fáciles. Podría mantenerse firme, denunciar la presión de Washington y brindar cobertura a sus aliados políticos hasta que surjan pruebas irrefutables que la obliguen a actuar. Esto podría fortalecer la coalición de la Sra. Sheinbaum, pero aumentaría las sospechas de Washington y tal vez provocaría acciones estadounidenses aún más severas, como sanciones financieras más amplias, operaciones unilaterales en territorio mexicano o acusaciones formales contra figuras muy superiores al Sr. Rocha en la jerarquía política. O puede seguir dándole a Washington lo que quiere: más arrestos, más extradiciones, más cooperación y objetivos políticos cada vez más influyentes. Esto podría ganar tiempo con el Sr. Trump, pero permitiría que Estados Unidos defina los términos de la lucha de México contra el poder de los cárteles. La Sra. Sheinbaum se vería menos como una presidenta que impone su control y más como una líder que exige rendición de cuentas según los términos de Washington. La presidenta. Sheinbaum aún puede tomar las riendas de este momento. Podría usar la presión estadounidense como palanca para iniciar investigaciones anticorrupción serias, destituir a funcionarios comprometidos, desmantelar las redes de protección locales y obligar a su partido a aceptar cambios a los que de otro modo se resistiría. Podría trabajar para reformar el aparato de seguridad y justicia de México, reconstruir la cooperación con Washington desde una posición de fortaleza y reafirmar el papel de su gobierno como garante interno del estado de derecho. No porque Estados Unidos lo exija, sino porque los mexicanos lo necesitan. Durante demasiado tiempo, México ha pospuesto la lucha contra el poder de los cárteles, la ha delegado en Washington o la ha limitado a la búsqueda de los principales cabecillas. Puede y debe retomar esa lucha, incluso si ello implica que la presidenta Sheinbaum deba enfrentarse a sectores de su propio partido. Si fracasa, México podría enfrentar algo peor que una rendición de cuentas impuesta externamente: ninguna rendición de cuentas. —-------------------------------------------------------------------------------- ¿De qué lado queremos estar? Columna de opinión escrita por Kenia López Rabadán para el diario ​El Universal Viernes 5 de junio de 2026 ​ Actualmente, existe un debate sobre una supuesta injerencia extranjera en México. El tema ha generado polémica y reabre una discusión que históricamente ha sido relevante para nuestro país: la defensa de la soberanía nacional y la naturaleza de nuestra relación con nuestro principal socio comercial. México enfrenta retos internos que requieren atención permanente y respuestas eficaces por parte de las instituciones. La seguridad pública continúa siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. La violencia, las desapariciones, la expansión de las organizaciones criminales y la impunidad afectan a millones de personas y representan uno de los mayores desafíos para el desarrollo del país. Más allá de diferencias ideológicas o partidistas, existe una demanda legítima de la sociedad por vivir en condiciones de paz y certeza jurídica. En este contexto, resulta importante señalar que algunas autoridades, como la gobernadora Maru Campos, de Chihuahua, realizan su trabajo para fortalecer la seguridad y combatir las actividades delictivas. Lo anterior, ya que han impulsado acciones para desmantelar laboratorios, reducir la capacidad operativa de grupos criminales y mejorar la coordinación institucional. Estos esfuerzos deben evaluarse con objetividad y a partir de sus resultados. Por otro lado, es necesario que cualquier señalamiento sobre posibles vínculos entre actores políticos y organizaciones delictivas sea investigado con seriedad y conforme a derecho. La confianza ciudadana depende de que las instituciones actúen con imparcialidad, transparencia y apego a la ley, sin distinciones ni privilegios. En otro orden de ideas, la relación entre México y Estados Unidos exige diálogo, cooperación y visión de largo plazo. Temas como la seguridad, el comercio, la migración y la competitividad económica requieren coordinación entre ambos países, especialmente en momentos relevantes para la revisión y consolidación de acuerdos estratégicos como el T-MEC. La discusión pública siempre será necesaria en una democracia. Sin embargo, más allá de las diferencias políticas, el objetivo común debe ser fortalecer las instituciones, garantizar la seguridad de las familias y crear condiciones para un desarrollo sostenido. La pregunta es de qué lado queremos estar: del lado de las soluciones, del fortalecimiento del Estado de derecho y de la construcción de un país más seguro y próspero para todos o del lado de la impunidad. El pilón: La reforma constitucional que incorpora la injerencia extranjera como causal de nulidad electoral ya fue publicada. Sin embargo, al no existir la legislación secundaria para su operatividad, su aplicación no será posible en el proceso electoral de 2027. Esto abre una ventana de oportunidad para evaluar cuidadosamente su viabilidad y compatibilidad con nuestro sistema político-electoral.

• La mayoría de los incendios registrados han sido provocados por la actividad humana Los Cabos, Baja California Sur.– Con el objetivo de fortalecer la conservación del Estero de San José del Cabo y prevenir incendios que pongan en riesgo este importante ecosistema, el Departamento de Bomberos de San José del Cabo mantiene recorridos permanentes de vigilancia y monitoreo dentro del área natural protegida. El comandante de la corporación, Omar Barreras Núñez, informó que desde hace dos años, por acuerdo del Comité de Protección del Estero, Bomberos participa de manera coordinada con la Dirección General de Ecología y Medio Ambiente y la Dirección General de Seguridad Pública en el Comité de Vigilancia y Permanencia, realizando acciones preventivas para reducir riesgos y proteger la flora y fauna de la reserva. Destacó que estas labores han permitido disminuir significativamente la incidencia de incendios dentro del estero, fortaleciendo la vigilancia y el control de actividades humanas que representan riesgos para el ecosistema. “Hoy podemos hablar de avances importantes en materia preventiva. La vigilancia permanente nos ha permitido reducir considerablemente los conatos de incendio y proteger uno de los espacios naturales más importantes del municipio”, expresó. Barreras Núñez explicó que los recorridos se realizan en horarios estratégicos para detectar actividades irregulares como fogatas, quema de residuos, extracción de recursos naturales, disposición ilegal de basura o cualquier otra acción que pueda generar afectaciones ambientales. Asimismo, precisó que el Estero de San José del Cabo, por tratarse de un humedal, no reúne las condiciones para generar incendios forestales de manera natural, por lo que prácticamente la totalidad de los siniestros registrados han tenido origen humano. Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a contribuir con la conservación de este espacio natural evitando intervenir en la flora y fauna, reportando cualquier anomalía a las autoridades y permitiendo que únicamente personal especializado atienda cualquier situación de emergencia dentro del área protegida.