Admite SCJN controversia contra la reforma judicial

El asunto fue turnado a la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá

Martes 8 de octubre de 2024

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió una controversia constitucional interpuesta por el Poder Ejecutivo de Guanajuato en contra de la reforma judicial aprobada por la sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en el Congreso federal y legislaturas locales.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, en el cargo desde el pasado 26 de septiembre, promovió dicho medio de control constitucional en contra de la reforma que propone, principalmente, que los jueces, magistrados y ministros sean electos mediante voto popular.

El asunto fue turnado a la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

Por su parte, y no obstante las suspensiones pendientes de resolver por parte del poder judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum envió ayer al Senador leyes reglamentarias de la reforma judicial en la que se establece entre otros puntos que los ministros y magistrados electorales, así como el Tribunal de Disciplina, serán electos por voto nacional, mientras que los jueces por circuito judicial según las circunscripciones electorales de su lugar de residencia.

También establece que el Instituto Nacional Electoral será el responsable de impedir que recursos del crimen organizado financien las campañas de quienes busquen ser electos como juzgadores en el país, y que los candidatos deberán pagar la campaña de su propio bolsillo, y podrán emplear redes sociales, pero sin pagar por ello.

El presidente del Senado anunció que este sábado se realizará el sorteo para determinar qué plazas de magistrados de Circuito y jueces de Distrito se someterán a votación el próximo año.

Es importante señalar que, ante las suspensiones y amparos promovidos por el poder judicial, en contra de la reforma judicial y su proceso legislativo, y la notoria ignorancia a los mismos por parte de los poderes ejecutivo y legislativo, el riesgo de una potencial crisis constitucional, se incrementa con cada acción ejecutiva de la reforma.