El monopolio anticiudadano

​Columna de opinión escrita por Salvador Camarena para el diario El Financiero

Miércoles 22 de abril de 2027

Salvador Camarena

5:03

Hace poco escuché una anécdota del sexenio pasado. Alguien que estaba presente vio cómo un empresario de esos que solo hay una veintena en el país contaba al entonces presidente varias de sus iniciativas sociales en apoyo a comunidades y sectores marginados.

-Mira –le reviró, palabras más, palabras menos, López Obrador tras escuchar al entusiasmado industrial–, tú dedícate a tu empresa, págale bien a tus empleados y cumple tus obligaciones; y, en lo demás, no te metas, eso déjaselo al gobierno.

Algo parecido tenemos que decir hoy sobre el Instituto Nacional Electoral.

Escribo esto horas antes de la sesión en que podrían ser elegidos tres nuevos consejeros del INE. Y, salvo que una rebelión del PT y PVEM haga mover algo más que la fecha, tenemos que parafrasear a Jorge Ibargüengoitia en eso que ocurría la víspera de los comicios en los tiempos priistas: elecciones, qué emocionante, quién ganará.

Es obvio quiénes van a ganar las tres plazas, incluso si no conocemos las identidades del o de la elegida dentro de cada una del trío de quintetas. Va a ganar el gobierno (o algunos de sus personeros, que es la misma gata, pero más revolcada).

Andrés Manuel no quería que los empresarios hicieran labor social ni que los ciudadanos se organizaran fuera de los partidos. No es exagerado decir que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene exactamente la misma visión: mientras menos ciudadanía, mejor.

De ahí las restricciones, trabas y cancelaciones a las organizaciones de la sociedad civil en cuanto a otorgar/renovarles permiso como donatarias. Desde luego que el obradorismo cree que deducir pesos en obra social, en vez de dárselos al gobierno, es defraudación. Porque solo mamá gobierno debe ayudar. Acaso la Iglesia con limosnas, pero hasta Solalinde colgó la sotana migrante: Morena no está dispuesta a que nadie le dispute la obra social en el territorio.

Así que hay cierta lógica en que ahora concluya una etapa de la vida democrática mexicana: la del ciudadano como ente que brindaba certeza a los comicios y como dique para las pretensiones y tentaciones antidemocráticas de los partidos y de los gobiernos.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha cerrado el ciclo de las reformas electorales iniciadas en tiempos de Carlos Salinas, esas que fueron viendo en los ciudadanos al proveedor de la credibilidad y la confianza que, tras muchos fraudes, y en particular el del 88, necesitaba no solo el gobierno, sino el sistema político en su totalidad.

Es obligado repetir lo azarosa que es la Historia, que hizo que Claudia, quien se define como una hija del 68, ese movimiento que desafió a Díaz Ordaz al reclamar democracia, remonopolice en el gobierno el control electoral “a la Bartlett” que tantos fraudes hizo a la izquierda.

Para sorpresa de nadie, Sheinbaum ha ido un paso más allá de AMLO. En la anterior ocasión en que hubo que seleccionar consejeros en el INE, se montó un comité que al menos tuvo un par de voces independientes. Ahora no hubo ni el disimulo de las formas.

La convocatoria, el comité, la lista inicial, el examen, las entrevistas, el colado de la segunda lista y, al final, las quintetas –todo en tiempo récord– fueron la escenificación de una farsa tan burda que es hasta aburrida. Ya ni ganitas le echan. ¿Por qué? Porque creen que les sobra legitimidad y les estorban los ciudadanos.

Porque, como AMLO dijo en la anécdota citada, todo lo social, desde luego las elecciones, hay que dejárselo al gobierno. Ese todo no incluye las actividades productivas porque necesitan la lana de los impuestos, que, si no...

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Estadísticas que secuestran la

verdad

​Columna de opinión escrita por María Elena Morera para el diario El Universal

Miércoles 22 de abril de 2027

María Elena Morera

5:58

Hace unas semanas, en Colima, un empresario platanero fue secuestrado por un grupo armado. Eduardo Ochoa Arias era uno de los principales productores de la región, generaba empleos y tenía presencia pública. Su desaparición provocó indignación y protestas de trabajadores, familiares y de la comunidad entera de Tecomán.

No fue suficiente la presencia militar en la zona. Once días después, su cuerpo apareció sin vida y con signos de tortura en una playa de Michoacán. Hasta hoy, el silencio de las autoridades evidencia, una vez más, el control de grupos criminales sobre el territorio.

Si esto le ocurre a alguien con visibilidad, recursos y capacidad de presión social, ¿qué queda para quienes no tienen nada? Mientras los casos se multiplican, el gobierno presume una baja en secuestros; pero lo único que realmente cae es su registro.

Al igual que con el homicidio, las autoridades han encontrado una forma eficaz de maquillar la realidad: reclasificando los secuestros. Este delito, uno de los más graves por el daño irreparable que causa, no solo a la víctima, también a sus familias, se diluye en categorías ambiguas como “otros delitos contra la libertad personal”, privación ilegal de la libertad o incluso extorsión. El resultado es perverso, en el discurso oficial el secuestro baja, pero en la vida real las víctimas aumentan.

Los datos son contundentes. Mientras en el primer bimestre de 2026 se registraron apenas 84 secuestros, en ese mismo periodo se contabilizaron 5,965 víctimas en “otros delitos contra la libertad personal”. La proporción es escandalosa, por cada secuestro reconocido hay decenas de casos que podrían corresponder al mismo fenómeno, pero que han sido desplazados a categorías más amplias, menos visibles y, sobre todo, menos exigibles a la autoridad.

No es un problema técnico, es una decisión política: cambiar la etiqueta de un delito no reduce su incidencia, pero sí reduce el costo de enfrentarlo. En un país donde la cifra negra del secuestro supera el 98%, esta manipulación borra casi por completo el fenómeno de las estadísticas oficiales.

Muchas víctimas no denuncian por miedo, desconfianza o colusión de autoridades; pero incluso cuando lo hacen, es muy probable que el caso ni siquiera se registre como secuestro, sino en un rubro genérico que fragmenta la información y diluye la gravedad del delito.

El resultado es devastador. No solo se engaña a la opinión pública, se desactiva la respuesta institucional. No es lo mismo activar protocolos especializados que tratar el caso como un delito menor. Durante años, México construyó capacidades para combatir el secuestro; sin embargo, en lugar de consolidarlas, se opta por una estrategia más cómoda, desaparecerlo de las cifras.

El problema no es solo la reclasificación, es el margen de discrecionalidad que se ha abierto. Los cambios metodológicos permiten mezclar delitos consumados con tentativas, ampliar categorías ambiguas y mantener rubros abiertos donde cabe prácticamente cualquier cosa.

Las inconsistencias son evidentes; hay entidades que reportan niveles mínimos o incluso nulos de secuestro, mientras concentran miles de casos en categorías paralelas. El delito no disminuye, cambia de nombre y cambia su prioridad. Deja de ser urgente, deja de movilizar recursos y de activar protocolos; al dispersarse, deja de existir como problema central para el gobierno.

Sin embargo, la realidad no se ajusta a las estadísticas. Las familias siguen recibiendo llamadas, siguen negociando con criminales, siguen enfrentando el terror de no saber si su ser querido regresará con vida. Yo lo sé, yo lo viví.

Hoy, el Estado no está resolviendo el problema del secuestro, está administrando su invisibilidad, lo cual no solo diluye el delito, sino también a las víctimas.

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Otra salida fósil

​Columna de opinión escrita por Carlos Bravo Regidor para el diario El Heraldo de México

Miércoles 22 de abril de 2027

Carlos Bravo Regidor

5:07

A veces las promesas no se rompen, se rodean. Se les cambia el vocabulario; se apela a nuevas tecnologías; se invocan la necesidad y la soberanía para hacer digerible el giro. Eso está pasando con el fracking. Ayer, la candidata prometió que no permitiría la explotación de hidrocarburos mediante esa técnica. Hoy, la presidenta comienza a darle la vuelta a esa prohibición. Sus argumentos parecen razonables: México importa demasiado gas natural de Estados Unidos; necesitamos más energía, inversión e ingresos. Revisar una posición no es, en sí mismo, una falta; pero reconsiderar ésta sin hacer explícito su costo ambiental sí lo es.

La defensa tecnológica no alcanza. Sí, hay mejores prácticas: tratamiento y reciclaje de aguas, químicos menos agresivos, monitoreo, controles. Con todo, el fracking sigue presionando fuentes de agua y generando residuos contaminantes; sigue asociado a fugas de metano, posibles accidentes y afectaciones comunitarias. La tecnología puede reducir algunos riesgos; no borra el impacto fósil, hídrico y territorial de la actividad.

El argumento de la soberanía tampoco cuadra. Si el gas proyectado no cubre la demanda y Pemex no puede extraerlo solo, el país no escapa del problema: quizá menos gas importado, pero más capital, tecnología y operadores privados. ¿Y si primero el gobierno atacara las fallas del régimen energético que ya existe: huachicol, contrabando, evasión fiscal, aduanas, ductos y corrupción? Si la justificación fuera económica, ¿lo sensato no sería perder menos antes de perforar más?

El reciente derrame en el Golfo redobla el escepticismo. Más de 600 kilómetros de litoral, al menos 900 toneladas de residuos, una emergencia detectada desde febrero y admitida hasta abril. Sheinbaum aseguró que no era responsabilidad de Pemex, pero luego resultó que sí lo fue. El director de la paraestatal explicó que áreas operativas ocultaron datos, bitácoras e incluso un intento de reparación. La disyuntiva es mala por ambos extremos: si no hubo encubrimiento desde arriba, entonces hubo una burocracia capaz de engañar desde abajo. El derrame no demuestra la inviabilidad del fracking, pero sí confirma la fragilidad institucional del sector energético.

El fracking requeriría escrutinio público, monitoreo independiente, reguladores fuertes, rendición de cuentas, mitigación de daños. Todo lo cual hoy brilla por su ausencia. El gobierno propone crear un comité de evaluación técnica, pero el problema es estructural: ¿cómo pedir confianza para una nueva apuesta por los hidrocarburos cuando la vieja acumula opacidad, pérdidas, mentiras, deudas, descontrol y afectaciones?

Sheinbaum no puede desdecirse de una promesa tan crucial para su identidad y pretender que no pasa nada. Llamarlo “flexibilidad” no disimula el cambio de prioridades. ¿Está corrigiendo un dogma ideológico o desatendiendo un compromiso ambiental? Abrirle la puerta al fracking no acelera la transición energética; renueva, con ropaje de “realismo”, la dependencia fósil.