EU acusa a Rocha Moya y Funcionarios de Sinaloa de vínculos con el narcotráfico

Rocha Moya rechazó las acusaciones y dijo que no dejará su cargo en tanto se llevan a cabo las investigaciones

Jueves 30 de abril de 2026

El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública ayer miércoles la acusación formal en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de otros nueve funcionarios por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa y usar sus cargos para beneficiar a esa organización del crimen organizado encabezada por los hijos de El Chapo "Guzmán”. Entre los nombres destacan el del senador morenista Enrique Inzunza Cazárez,  Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán, el vicefiscal general, Dámaso Castro Saavedra. Todos llegaron a sus cargos de la mano del partido Morena.

En la acusación más relevante hecha por Estados Unidos en contra de funcionarios mexicanos en activo por colaborar con el Cártel de Sinaloa, hay dos mandos militares, ambos en retiro, un alcalde, un fiscal y varios ex funcionarios que recibían sobornos por hasta 100 mil dólares al mes por parte de la organización criminal de Los Chapitos.

Todos enfrentan cargos por los delitos de conspiración para importar estupefacientes; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos explosivos. Por estos delitos podrían alcanzar de 40 años en prisión hasta una pena máxima de cadena perpetua.

Por su parte, Rocha Moya rechazó las acusaciones y dijo que no dejará su cargo en tanto se llevan a cabo las investigaciones. Añadió que esto representa un ataque a la Cuarta Transformación y que es una estrategia para violentar el orden constitucional, así como la soberanía nacional.  

En un breve mensaje emitido desde la mañanera, que hoy comenzó con 50 minutos de retraso, la presidenta sheinbaum dijo que sus acciones estarán dominadas por los principios de ‘verdad, justicia y defensa de la soberanía’ señalando de será la Fiscalía General de la República la encargada de reunir las pruebas que confirmen o no las acusaciones por las que EU busca la detención del gobernador con fines de extradición.