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FGR justifica tres semanas después por qué no aseguró las casas donde presuntamente se ocultaba “El Mencho”

La fiscalía sostiene que fue necesario esperar a que existieran condiciones adecuadas para realizar cateos luego del operativo contra el líder del CJNG en Tapalpa


Martes 17 de marzo de 2026



A tres semanas del operativo encabezado por el Ejército mexicano en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, la Fiscalía General de la República (FGR) reconoció, mediante un comunicado, que no realizó el aseguramiento inmediato de los inmuebles que presuntamente utilizaba el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ni del sitio donde habría ocurrido el enfrentamiento a las afueras del municipio de Tapalpa Jalisco. 


De acuerdo con la FGR, “el lugar referido no ofrecía condiciones mínimas de seguridad para el resguardo del personal ministerial y pericial”. Por ello, explicó la dependencia, no se realizó el aseguramiento inmediato de los inmuebles y se esperó a que la situación estuviera contenida y se restablecieran condiciones mínimas de seguridad en la zona, aunque el comunicado no precisa la fecha en que finalmente fueron asegurados.


Para el martes 24 de febrero, dos días después del operativo, los inmuebles ya no estaban asegurados: no había cintas de seguridad ni restricción de acceso, lo que permitió que cualquier persona pudiera ingresar a cabañas, estacionamientos, jardines y áreas comunes.


La FGR sostiene que fue necesario esperar a que existieran condiciones adecuadas para realizar cateos y señaló que inició una investigación para determinar si algún servidor público incurrió en una irregularidad al no preservarse la cadena de custodia.


Con respecto a informacion sensible que compromete a funcionarios del partido oficial, dijo también que la escena fue “alterada” y “contaminada” con el ingreso de diversas personas entre ellas periodistas. Por ello, puso en duda la validez jurídica de la evidencia hallada en el lugar y difundida en medios de comunicación -como las “narconóminas” con nombres de funcionarios y corporaciones policiales que presuntamente brindaban apoyo institucional al narcotraficante a cambio de un sueldo-.

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