Grupo Salinas paga al SAT para “dar vuelta a la página”, pero advierte que seguirá pugna contra 4T
- Fernando Romero
- hace 4 horas
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“A partir de ahora no debemos nada al gobierno, por ningún concepto”, dice el conglomerado de empresas de Ricardo Salinas Pliego al concluir más de una década de batalla legal
Viernes 30 de enero de 2026
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que un "grupo empresarial", en relación con Grupo Salinas, se comprometió a pagar 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos.
Hasta el momento, ya se pagaron 10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos, los cuales ya fueron ingresados a la Tesorería de la Federación y liquidará el resto en 18 pagos.
El pasado 13 de noviembre, la Suprema Corte aprobó por unanimidad el proyecto del ministro Arístides Guerrero García, con el que se desechó el amparo directo en revisión 6321/2024, de Grupo Elektra.
En comunicados de Grupo Salinas y del SAT se confirma el acuerdo, el primer pago, y con ello se acaba el discurso político al que reiteradamente se refirió el gobierno federal en contra del empresario, Ricardo Salinas que, incluso, acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la persecución político de la que se sintió objeto. Y es que el asunto fiscal de Grupo Salinas se remonta 20 años atrás cuando se aplicaron multas indebidas y dobles cobros de obligaciones fiscales que lo llevaron, incluso, a negociar un acuerdo con el presidente López Obrador al inicio de su sexenio, mismo que no fue respetado por el expresidente cuando el salinas pliego tomó una posición crítica sobre decisiones de gobierno.
La ministra Lenia Batres, abierta crítica del empresario, y en otra de las acciones impropias de su carácter de ministra de la suprema corte de justicia, emitió un comunicado congratulandose del pago del Grupo Salinas.
Es importante recalcar que, en su comunicado, el Grupo Salinas mantiene su posición en contra de las decisiones que generaron la deuda fiscal por considerarlas inapropiadas en el Estado de Derecho, pero que accedía a pagar como una decisión de negocios para evitar seguir gastando dinero en procesos judiciales.
