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INE: Uy, ¿de plano tenemos  que hablar de confianza?

hace 3 horas
8 min de lectura

Columna de opinión escrita por Salvador Camarena para El Financiero


Jueves 19 de noviembre de 2026


Salvador Camarena

México es ese país donde sin más le entregas las llaves de un auto a un valet y, al mismo tiempo, sabes en la superficie de la panza (donde anidan las certezas, no sólo las intuiciones) que si al coche le pasa algo quién sabe cómo se ponga la batalla con el seguro que tienes contratado, que puede no servir de bendita la cosa. Esa es una de nuestras definiciones de confianza.


La cotidianidad nacional está construida de una insondable confianza. Nos la jugamos –confiando en que amanecimos con el pie derecho o en que San Judas, patrón de causas difíciles, nos mirará bonito– a que el Metro y más aún el Metrobús, en el caso de la CDMX, pasarán más o menos a tiempo y más o menos aperrados como para podernos subir a la primera, máximo a la segunda. Confiar antes que exigir.


En auto no confiamos en Waze ni en Google Maps. No confundir resignación con confianza. Revisamos el navegador para comprobar que ningún milagro sucedió y la carga vehicular de la que somos parte estáotravezhastasumadre; nadie cree que hará el tiempo que dice la app, todo lo contrario: confiamos en que al menos avise cuando por una marcha que sale de la nada (ajá) toda nuestra ruta se va al carajo.


¿Qué es más probable, que particulares separen a dos conductores que riñen tras un percance vial, o que la policía acuda y ponga orden? Obvio, lo primero.


El común denominador de todas esas situaciones, ejemplos tan culturales como cotidianos, es la ausencia de autoridad, del gobierno.


Desde hace demasiado tiempo se cuenta que en una acera es menos inseguro caminar hacia donde está un probable ladrón que hacia donde se divisa a un policía. Detrás de ese mal chiste hay siglos de pésimas experiencias. Así que los asuntos entre privados se resuelven a la buena de los dioses, y en demasiadas ocasiones los particulares prefieren que el gobierno esté al margen.


La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG, mayo 2026) tiene estadísticas sobre eso. Al preguntar sobre el “grado de percepción de confianza de la sociedad en instituciones o diferentes actores”, los cinco primeros lugares de la respuesta de “mucha o algo de confianza” son: familiares, universidades públicas, escuelas públicas, compañeros de trabajo, vecinos.


En esa encuesta y sobre la misma pregunta los institutos electorales, con 48.1%, aparecen debajo de comisiones de derechos humanos (54.2%) y sobre el gobierno federal (46.1%). Al final están partidos políticos (23.9%), y un nivel arriba del fondo el Congreso, con 29.7%.


Ayer cuatro expresidentes del IFE/INE apelaron al régimen a que defina por consenso la presidencia vacante del Instituto Nacional Electoral. A través de un genuino esfuerzo para concitar a todas las fuerzas, argumentaron, se logrará dotar de confianza al árbitro.


En la citada encuesta, entre 2023 y 2025 los institutos electorales perdieron 6.6 puntos de confianza, mientras que el gobierno federal dilapidó el doble: 12.6 puntos; aun así, el problema es que éste cree que puede arreglar “la confianza” en aquéllos. Lo dicho, tenemos una muy rara relación con la confianza, pero con el INE confirmamos la regla nacional: ha sido mejor cuando el gobierno no se mete.


Ayer mismo voceros del gobierno desestimaron el llamado de los expresidentes del IFE/INE. Lo hicieron dando, entre otros argumentos, que qué credibilidad (variable de confiable) tenían. Ya vimos dónde quedó, Alfredo, la de la expresidenta Guadalupe Taddei, elegida por el régimen. El INE inspira más confianza que el gobierno, y eso sí calienta, diría YSQ.



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La polarización como estrategia

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Columna de opinión escrita por Bibiana Belsasso para La Razón de México


Jueves 19 de noviembre de 2026


Bibiana Belsasso

El papa León XIV regresaba a Roma el lunes 16 de noviembre, después de recorrer Uruguay, Argentina y Perú, cuando, en la conferencia de prensa a bordo del avión, dijo: “Todos nos estamos dando cuenta de cómo nos hemos dejado llevar por los algoritmos y una polarización que no es casual, que, en muchas situaciones, ha sido intencionalmente provocada”. Y agregó: “No es necesario llegar a odiarnos”.


El Papa tiene razón. La polarización no es espontánea: es una herramienta con la que están trabajando muchos gobernantes.


En México, por ejemplo, en las elecciones no hay segunda vuelta. Gana la Presidencia quien obtiene más votos, aunque no llegue a la mitad. Con una base fiel y una oposición fragmentada, alcanza. Andrés Manuel López Obrador ganó en 2018 con 53.19 por ciento, y Claudia Sheinbaum, en 2024, con 59.75 por ciento, el porcentaje más alto desde 1982. Para las próximas elecciones en México no se estima que se llegue a esos resultados, pero con tener una base electoral firme les alcanza para ganar, y eso lo consiguen con un país polarizado.


López Obrador entendió antes que nadie en la historia reciente que dividir rendía votos. Desde la mañanera repartió etiquetas: fifís y chairos, conservadores y transformadores, neoliberales y pueblo bueno. El resultado se puede medir.


En Estados Unidos sucede lo mismo. Donald Trump llevó esa misma fórmula al país más poderoso del mundo. Los migrantes, los medios, los jueces y los demócratas se convirtieron en el enemigo. Una encuesta del Pew Research Center de 2022, con más de seis mil entrevistas, encontró que 72 por ciento de los republicanos consideraba inmorales a los demócratas, contra 47 por ciento en 2016. Del otro lado, 63 por ciento de los demócratas pensaba lo mismo de los republicanos, contra 35 por ciento seis años antes. Ya no se ven como adversarios, sino como gente mala.


Lo acabamos de ver en Brasil. El 25 de octubre, Luiz Inácio Lula da Silva se reeligió con 51.79 por ciento contra 48.21 por ciento de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. En la primera vuelta, Bolsonaro había quedado arriba. Desde hace casi una década, Lula y los Bolsonaro dividen al país en dos mitades casi exactas. La elección de 2022 fue considerada la más polarizada desde el regreso de la democracia en 1985, con agresiones y muertes por discusiones políticas.


En Argentina, a la división se le llama “la grieta”. Kirchneristas contra antikirchneristas primero; ahora, Milei contra todos los que llama “casta”. Por eso, durante su visita, el Papa pidió superarla y habló de la necesidad de dialogar sin odio.


Por ejemplo, tras las declaraciones de León XIV sobre la polarización, el gobierno de Javier Milei difundió sólo una parte de esa conferencia: la que hablaba de su diálogo con el pontífice. La parte de la polarización se quedó fuera.


Polarizar no es una estrategia nueva. Por ejemplo, Adolf Hitler construyó su ascenso sobre la idea de un pueblo puro amenazado por un enemigo interno: los judíos, los comunistas, los traidores de 1918. Llegó a canciller en enero de 1933 y en dos años ya tenía las Leyes de Núremberg. La polarización fue el primer paso.


La polarización también tiene teóricos. El jurista alemán Carl Schmitt escribió en 1932 que la esencia de la política es distinguir entre amigo y enemigo. Décadas después, el argentino Ernesto Laclau, en La razón populista (2005), explicó cómo un líder construye un “pueblo” frente a un “otro” al que culpa de todos los males.


Schmitt se afilió al partido nazi en 1933. Laclau fue uno de los intelectuales más cercanos al kirchnerismo en Argentina. La lógica es la misma en ambos extremos.


Lo cierto es que la polarización sólo beneficia a quien quiere llegar al poder o conservarlo. A los ciudadanos no les deja nada.


En México, por ejemplo, hablar de López Obrador ha dividido familias y muchas sobremesas han acabado a los gritos por ideologías políticas.


Y mientras la gente se pelea, nadie revisa resultados. El que está de un lado defiende todo lo que hace su líder; el que está del otro lo rechaza todo.


El Gobierno no tiene que rendir cuentas, sólo mantener contenta a su base. La división entre chairos y fifís, entre neoliberales y la 4T, no le ha dado a nadie un mejor hospital, una calle más segura ni un salario más alto. A los gobernantes sí les ha dado votos.


Las consecuencias ya se ven en las encuestas. De acuerdo con Latinobarómetro, en 2023 el apoyo a un gobierno autoritario en México subió de 22 a 33 por ciento en tres años, y el apoyo a la democracia bajó de 49 por ciento en 2024 a 45 por ciento en la medición de 2025-2026.


Esa polarización va a continuar porque funciona. Morena y sus aliados tienen en ella una base sólida rumbo a 2027. Y la oposición sigue sin un liderazgo propio.


El daño más grave es para las nuevas generaciones. Los jóvenes que hoy tienen 20 años crecieron oyendo que el que piensa distinto es un enemigo. Muchos se informan en redes donde los algoritmos les muestran sólo lo que confirma lo que ya creen. Si no aprenden a convivir con el que piensa diferente, no podrán ponerse de acuerdo en nada de lo que importa: la seguridad, el agua, la economía.


Con razón el papa León XIV pide que termine esta división. La polarización da poder a unos cuantos y les quita a todos los demás la posibilidad de construir un país juntos.



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Acusar desde el poder

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Columna de opinión escrita por Sergio López Ayllón para Milenio


Jueves 19 de noviembre de 2026


Sergio López Ayllón

Desde su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum ha vinculado a Lorenzo Córdova con la presunta corrupción que precedió a la renuncia de Guadalupe Taddei al INE. Se trata de un caso de libro de texto de abuso del discurso gubernamental.


La Presidenta y los ciudadanos no hablan en condiciones de igualdad. Ella dispone de la “mañanera”, de recursos públicos y de autoridad para movilizar instituciones. Su palabra lleva el peso del Estado, que se amplifica cuando legisladores y dirigentes repiten la consigna. Córdova tiene voz y la ha usado, pero ninguna réplica compensa esa asimetría.


La libertad de expresión protege a los ciudadanos frente al poder. No es una licencia del gobierno para desacreditarlos. Cuando la Presidenta habla en ejercicio del cargo, su discurso queda sujeto a los deberes de la investidura. Invocar su derecho a opinar para eludirlos, equivale a reclamar los privilegios de la autoridad sin sus responsabilidades.


En un artículo reciente publicado en la revista Cuestiones Constitucionales y escrito junto con Valeria López-Vela, propusimos el principio de responsabilidad comunicativa. El discurso gubernamental exige veracidad, proporcionalidad e imparcialidad: verificar con diligencia lo que se afirma, comunicar para cumplir una función pública y no usar los medios del Estado para estigmatizar a quien disiente.


Se dirá que la Presidenta se limitó a recordar hechos y a pedir auditorías. Puede hacerlo: la gestión de un exfuncionario admite escrutinio. Lo que no puede es saltar del dato a la culpa. Que el Consejo General presidido por Córdova designara a Taddei en Sonora en 2014 es un hecho: un acto colegiado, nueve años anterior a su llegada a la presidencia del INE. Presentarlo como origen de la corrupción es una inferencia que, dicha desde la presidencia, opera como veredicto. Repetirla desde la tribuna y las redes del oficialismo no la vuelve verdad, pero multiplica el daño.


El asunto trasciende a las personas. Alcanza a quienes observan y se incomodan, pues criticar puede convertirlos en el siguiente blanco. Así, se produce un silencio equiparable a la censura, sin prohibir una sola palabra.


Más allá, también toca al INE, pieza central de nuestra democracia. Es probablemente la única institución verdaderamente ciudadana, hecha para contar votos y salvaguardar la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Minarle confianza y legitimidad es socavar nuestros valores políticos.


La salida existe: aplicar las reglas. Que la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República investiguen, cada una en su ámbito, con transparencia y respeto al debido proceso. Que la Presidenta ponga fin a las campañas de descrédito desde la tribuna oficial y rectifique las imputaciones infundadas. Y que se garantice la posibilidad de disentir como un valor central de la vida democrática.



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