La OEA reconoció la necesidad de restaurar la democracia en Cuba, Nicaragua y Venezuela e instó a la liberación de los presos políticos

“En las Américas no hay lugar para la persecución política ni para el encarcelamiento basado en opiniones o en la disidencia”, afirmó el organismo a la vez que exigió la excarcelación incondicional de todas las personas detenidas por los regímenes

Miércoles 24 de junio de 2026

La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, aprobó una resolución en la que condenó las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y advirtió sobre posibles crímenes de lesa humanidad atribuidos al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. 

El documento, discutido durante la reunión del organismo en Ciudad de Panamá, Panamá, expresa preocupación por la represión contra opositores, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, la persecución política y las acciones contra organizaciones civiles, periodistas y líderes religiosos.

La resolución condena el uso de la detención arbitraria, la desaparición forzada y la tortura, y exige la liberación inmediata e incondicional de las personas encarceladas por motivos políticos. 

También solicita una investigación independiente sobre la muerte bajo custodia estatal del líder indígena Brooklyn Rivera y pide al gobierno nicaragüense restablecer libertades fundamentales, incluida la libertad de expresión, asociación y prensa.

La OEA retomó además las conclusiones de organismos internacionales que han señalado la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. 

Informes recientes de expertos de Naciones Unidas documentan una política sistemática de represión contra opositores dentro y fuera de ese país, incluyendo persecución transnacional, privación arbitraria de nacionalidad, confiscación de bienes y hostigamiento contra exiliados.

Y aunque Nicaragua abandonó formalmente la OEA en 2023, el organismo mantiene el seguimiento de la situación en ese país y llamó a los gobiernos de la región a reforzar la protección de las víctimas y promover mecanismos de rendición de cuentas.