Bienestar sin honradez

​Columna de opinión escrita por Luis Carlos Ugalde para Reforma

Miércoles 2 de septiembre de 2026

Luis Carlos Ugalde

6:02

Bienestar, honradez y seguridad son los tres ejes centrales del discurso de la presidenta Sheinbaum con motivo de su segundo informe de gobierno. El primero tiene respaldo en el sentimiento mayoritario -aunque decreciente- de la población. El segundo se ha convertido en la mayor farsa del movimiento obradorista. Y el tercero es un logro relativo.

Los resultados de bienestar son muy elocuentes: el número de beneficiarios de programas sociales llegó a 42.8 millones este año y el salario mínimo pasó de 2,800 pesos mensuales en 2018 a 9,582 pesos en 2026. Este gobierno ha sumado además más becas para niños y jóvenes, apoyos a mujeres y un programa preventivo de salud casa por casa. La gente tiene más dinero en la bolsa y eso ha contribuido a disminuir la pobreza y la desigualdad.

Y la gente lo valora mucho. Todas las encuestas muestran que los programas sociales son el principal mérito que la población atribuye al gobierno. Gracias a ellos la gente le perdona al gobierno los escándalos de corrupción, la falta de medicinas o los robos en el transporte público. El beneficio de una beca para mi hijo es inmediato; el costo de tener menos medicinas, menos infraestructura y menos oportunidades aparece después. El beneficio se recibe hoy; el deterioro de los bienes públicos se paga mañana.

El segundo tema más relevante del discurso presidencial fue la honestidad. Y ahí el jarrón empezó a hacer agua. La Presidenta dijo que el poder se ejerce con honradez y austeridad republicana. Pero la realidad ha explotado por todos los costados.

La corrupción política parece fuera de control. El huachicol fiscal se perfila como una de las mayores tramas de corrupción de la historia de México; a ello se suman las extorsiones y cobros ilegales relacionados con contratos de obra pública, las asignaciones directas a sobrecosto para favorecer a amigos y compadres y el desvío de recursos públicos.

Además de la corrupción, se ha desatado una ostentación que contradice la austeridad republicana. Ahí están el estilo de vida de los hijos del expresidente; los vuelos en aviones privados de la gobernadora de Quintana Roo; las camionetas millonarias de ministros, senadores y diputados; o los relojes, joyas y casas de lujo de legisladores morenistas.

Llama la atención el desenfreno. No sólo las ganas de enriquecerse, sino el deseo de exhibir la nueva riqueza. Como si la espera para entrar a la fiesta hubiera sido tan larga que, una vez adentro, hubiera que emborracharse lo más rápido posible y tomarse fotos para que todos sepan que finalmente se logró entrar. No hay decoro ni discreción.

El tercer eje del discurso -la reducción de los homicidios en 51%- es el otro logro material más claro del gobierno. Hay cuestionamientos sobre los registros, el aumento de las desapariciones y los puntos de comparación utilizados. Aun tomando en cuenta esas objeciones, el dato de fondo parece sostenerse: los homicidios sí han disminuido.

El logro es relativo porque también han aumentado las desapariciones y otros delitos con enorme daño social como las extorsiones. Y, sobre todo, porque la penetración del crimen organizado en las estructuras del Estado está creando una nueva gobernanza criminal. Hay menos homicidios, pero tenemos un país menos soberano frente a los criminales.

Llamó la atención que éste fue el único momento del mensaje en que la Presidenta agradeció expresamente a personas. Mencionó primero a los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina y después a Omar García Harfuch. La secuencia pareció significativa: reconocer a quien encabeza su estrategia de seguridad sin colocarlo simbólicamente por encima de las Fuerzas Armadas. Después mencionó también a la secretaria de Gobernación y a la consejera jurídica.

No hubo críticas al pasado, pero tampoco agradecimiento ni reconocimiento a López Obrador. La Presidenta dijo que no hay divisiones ni rompimientos en el movimiento, pero en ningún momento evocó la figura del expresidente, como lo hizo cuando tomó protesta o durante su primer informe de gobierno.

En un discurso lleno de cifras, logros y reivindicaciones de la continuidad, esa ausencia resultó especialmente significativa. El silencio sobre López Obrador fue quizá el mensaje político más relevante de ayer.

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La presidenta y el caudillo

Columna de opinión escrita por Raymundo Riva Palacio para El Financiero

Miércoles 2 de septiembre de 2026

Raymundo Riva Palacio

8:53

Las últimas semanas del segundo año de Claudia Sheinbaum en la Presidencia han dejado una pregunta que no estuvo en el discurso del segundo informe, pero que es mucho más importante que cualquiera de las cifras que dio ayer a media mañana: ¿quién manda en Morena? La respuesta formal es sencilla: Sheinbaum. La respuesta política es bastante más complicada, porque Morena no nació como un partido institucional, sino alrededor del liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, que no construyó un movimiento que sobreviviera a su fundador, sino uno cuya cohesión dependiera de su autoridad.

Era el diseño de un Estado débil, al que Sheinbaum contribuyó sin ver las consecuencias a largo plazo, que hizo al expresidente transexenalmente poderoso, pero produjo una contradicción: si bien López Obrador se fue de Palacio Nacional, el modelo de poder no se fue con él. Controla al partido, pero no al gobierno, una situación de mando bicéfalo que explica buena parte de lo ocurrido en las últimas semanas, en particular con el episodio de Rubén Rocha Moya, que expuso el cáncer del régimen, la ausencia de una cadena de mando política claramente reconocida dentro del movimiento.

Rocha Moya fue un punto de inflexión para la presidenta. Sin considerar la ruptura con su mentor y jefe moral, entró en la disyuntiva de quién manda aquí, quién tiene la responsabilidad y quién pagará los costos si fracasa. Será ella la que pague la factura. El cierre del segundo año de gobierno dibujó un parteaguas sexenal, porque si no ajusta, corrige y asume el mando único, podría ser el final de su mandato, no constitucionalmente, sino en la sumisión del poder.

La presidenta tiene que cambiar las formas y la toma de decisiones. No puede no saber –y menos admitirlo–, que no está enterada de los delirios de Andrés López Beltrán, o de la gobernadora que se ha ofrecido como colaboradora de Estados Unidos, ni de la que voló en aviones de sus proveedores. Tampoco que ignoraba que Argentina iba a regresarle al marino huachicolero, y que dos acusados de trabajar con el Cártel de Sinaloa, como Rocha Moya, están cantando en el norte a cambio de información.

Ya no puede haber desobediencias flagrantes, como la de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México –porque pensar que es autónoma es una ingenuidad–, que se resiste a despedir a su secretario de Gobierno por inepto, como se lo ha pedido, ni aceptar berrinches como los de su consejera jurídica, que, después de cometer errores cuyos costos recayeron en ella, rechazó, hasta ahora, la salida de Palacio Nacional a la candidatura en la alcaldía de Coyoacán, porque se le hacía poco. Tiene que recuperar el poder presidencial sobre sus coordinadores parlamentarios, y que otros liderazgos de Morena no la ignoren.

Sheinbaum ha tenido que gastar capital político para apagar los incendios provocados por su propio partido, porque su partido no es capaz de procesar las ambiciones de sus militantes, ni resolver conflictos y establecer reglas. No se puede decir que exista una anarquía, porque no la hay. Lo que existe es el poder dual en el que las decisiones se toman en dos lugares que tienen diferentes objetivos. La presidenta se olvidó de lo que hace dos semanas parecía un recálculo de su gobierno, cuando en el contexto del intento de Rocha Moya por regresar a la gubernatura, dijo de manera cáustica: “por encima de cualquier nombre, de cualquier grupo y de cualquier interés particular, está el pueblo y la nación”.

Aquello quedó sepultado. “No se equivoquen”, dijo ayer. “Aquí no hay divisiones; no hay rompimientos”. Previamente Sheinbaum había hablado de una transformación que tenga valores morales, cuyos militantes sean honestos y austeros. Pero palabras sin consecuencias a los violadores de sus principios, ni inhibición provocan. De ahí que le sigan disputando el poder los obradoristas, que son los únicos que han mostrado su desprecio e irrespeto a la presidenta.

La carrera por las gubernaturas del próximo año lo está demostrando. La presidenta tiene sus candidatos, pero López Obrador tiene los suyos, que son diferentes. Nadie sabe con certeza quién tiene la última palabra, pero hay precandidatos impulsados por Palacio Nacional, que han optado por consultar con López Obrador para que no se les atraviese, como sucedió recientemente con los claudistas en Quintana Roo. La lucha es por recuperar el control político de un partido que durante años tuvo un solo árbitro, que es donde surge todopoderosa la figura de López Obrador, que no necesita estar en Palacio Nacional para seguir siendo un factor de poder.

Su influencia no depende solamente de instrucciones directas, sino del peso que se le asigna, en el cruce de mensajes, a sus instrucciones, como sucedió con Rocha Moya.

No hay gobernadores claudistas, aunque varios se estén inclinando por la presidenta, que está viendo traiciones en varios de ellos, como Alfonso Durazo en Sonora, a quien responsabilizan en Palacio Nacional de haber convencido a Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, de cambiar Nuevo León por Sonora para ir por la gubernatura.

La disputa por las candidaturas a gobernador está siendo mucho más que una selección de candidatos. Es una prueba de fuerza entre el proyecto de Sheinbaum y el legado político de López Obrador. Es la necesidad de candidatos que respondan al proyecto presidencial, y la necesidad de los grupos obradoristas de preservar posiciones, territorios y capacidad de influencia. Estas batallas no tan soterradas, tienen nombres y apellidos, pero, en el fondo, son por el control territorial del movimiento.

Sheinbaum envió un mensaje a la militancia de Morena el fin de semana en la plenaria de legisladores, donde la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, uno de los enlaces de la presidenta con López Obrador, advirtió que ninguna candidatura podía estar por encima de la estabilidad del país. Fue una señal de que las reglas empiezan a cambiar, aunque el problema es que las reglas no están suficientemente institucionalizadas. Se anuncian desde el poder y se aplican dependiendo de quién sea el destinatario. Ese es el verdadero déficit de Morena. No le falta poder. Le sobra. No le faltan votos. Le sobran. No le faltan dirigentes. Hay demasiados. Lo que le falta es una institución partidista capaz de sobrevivir a su fundador. Y ahí es donde el segundo tercio del sexenio, tras su mensaje, está en duda de que sea diferente al primero.