Unidad, soberanía y paranoia

Columna de opinión escrita por ​Jorge Fernández Menéndez para Excélsior

Jueves 3 de septiembre de 2026

Jorge Fernández Menéndez

7:12

La unidad y la soberanía, los dos ejes del informe y de la narrativa presidencial, entran en una lógica impredecible cuando se transita hacia teorías de la conspiración.

Semanas atrás, el director de la DEA, Terrance Cole, en una reunión internacional de lucha contra las drogas, en Buenos Aires, describió al secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, como un “socio de confianza” y “un buen amigo”. Lo reiteró en otros ámbitos. Es evidente, antes y después de esa declaración, que para la administración Trump, García Harfuch es un interlocutor válido en temas de seguridad. Ése tendría que ser motivo de satisfacción para un gobierno que no está pasando por su mejor momento en la relación con Estados Unidos. Para transitar con un gobierno y un presidente como Trump, la interlocución personal es clave: por eso es un error, por ejemplo, que la presidenta Sheinbaum, más allá de muchas llamadas telefónicas, no se haya sentado cara a cara con Trump.

Pero ayer se fue más allá. Durante la mañanera, la Presidenta explicó que esos elogios selectivos —hablar bien de un integrante del gabinete mientras se presiona o se revoca visados a otros funcionarios del oficialismo, dijo— forman parte de una estrategia deliberada para “generar divisiones al interior del gabinete de seguridad” y debilitar a los gobiernos que, en sus palabras, defienden su soberanía. 

“Piensan, agregó la Presidenta, que por hablar bien de uno y mal de otros van a generar división, pero fracasan en eso, porque hay mucha coordinación y mucho patriotismo... Ellos buscan, de una u otra manera, debilitar a los gobiernos, porque esto es uno de sus objetivos y en particular gobiernos independientes, que defendemos la soberanía, buscan dividirnos internamente, es una de sus estrategias, no de ahora, de siempre, generar divisiones al interior del gabinete de seguridad, generar división del gabinete federal, son tácticas de injerencia”.

¿De verdad pensamos que elogiar a un funcionario (han elogiado en distintos ámbitos a García Harfuch, pero también al general Trevilla, a Marcelo Ebrard, a Roberto Velasco, entre otros pocos) es una estrategia injerencista para dividir al gobierno?, ¿tanto dolió en los sectores duros de la 4T que en esa reunión de la DEA no se elogiara al gobierno como un todo?, ¿de verdad piensan que se debe medir de la misma forma a García Harfuch que a Rocha Moya, al general Trevilla que a Fernández Noroña?

En el ámbito de la seguridad, vale preguntarse si eso sería posible cuando estamos hablando de un gobierno que al mismo tiempo que ha detenido a más de 30 mil delincuentes y desmantelado todo tipo de laboratorios de drogas, ha decidido no desarticular las redes de complicidad y protección política de los cárteles, evidente en el caso de Rocha Moya o Enrique Inzunza y los demás acusados en Sinaloa. Pero también con el medio centenar de políticos y funcionarios a los que se les ha quitado la visa estadounidense y en las más de 200 investigaciones abiertas contra ellos en la justicia estadounidense.

Estados Unidos, lo hemos dicho aquí muchas veces, no tiene una doble o triple política en estos temas: tiene una misma estrategia que transita por vías alternas para enfrentar una realidad que dista de ser homogénea: somos el principal socio comercial de Estados Unidos, hay enormes cadenas integradas de producción regional, son millones los ciudadanos estadunidenses que tienen origen mexicano, pero, al mismo tiempo, los cárteles son los proveedores de drogas que, como el fentanilo, ha matado a cientos de miles de estadunidenses, que fomentan la inmigración ilegal y que son parte de una trama internacional que afecta los intereses estadunidenses en muchas partes del mundo. El CJNG o lo que fue el Cártel de Sinaloa tienen presencia en más de 40 países en el mundo.

Por supuesto que se buscará con quiénes trabajar y a quiénes oponerse, en un gobierno y con un partido en el poder que, por más que se diga, exhibe profundas divisiones internas y defiende simultáneamente intereses contradictorios. Colocar todo eso en el terreno de la injerencia es la demostración de cómo la paranoia se puede apoderar de muchas decisiones institucionales.

La de la injerencia es un narrativa que se queda sin sustento cuando se la quiere manipular de esta forma. Se suma a iniciativas incomprensibles como la de castigar la doble nacionalidad (asumiendo que existen mexicanos de primera y de segunda, incluyendo en ello a millones de paisanos que viven en Estados Unidos y que tienen doble nacionalidad) o la de hacer revisar inversiones por el gabinete de seguridad.

La doble vía o el doble discurso, lamentablemente, es parte de nuestra narrativa. No existe la unidad de la que se presume en la 4T, así como la injerencia extranjera es un fantasma que se agita para disimular esas divisiones internas y las insuficiencias de muchas decisiones públicas.

En la política de la administración Trump, guste o no el mandatario estadunidense, hay algo que queda claro: van por la destrucción de las cadenas de complicidad con los grupos criminales. Lo reiteró ayer el embajador Ronald Johnson en un evento con la UIF: “Se trata de hacer más efectivas nuestras acciones y unir esfuerzos e ir tras sus recursos (de los cárteles) en todas las etapas. La red completa y quienes la facilitan y vamos contra la corrupción. Esa corrupción que aleja inversiones, lastima a los ciudadanos y genera inseguridad”. Que nadie se llame a engaño, es una política estratégica.

—--------------------------------------------------------------------------------

Terrorismo eléctrico

Columna de opinión escrita por Sergio Sarmiento para Reforma

Jueves 3 de septiembre de 2026

Sergio Sarmiento

6:02

"Quien tiene la responsabilidad de la energía en este país somos nosotros".

Manuel Bartlett, 12.02.2019

En su segundo informe la presidenta Sheinbaum presumió que "modificamos la Constitución para recuperar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad como empresas públicas". Es una visión ideológica que se contrapone con la realidad. El apagón del 31 de agosto en la península de Yucatán y Chiapas es parte de esa incómoda realidad.

En su informe de gobierno la Presidenta no mencionó el nuevo apagón del sureste, pero ayer que trató el tema en la mañanera lo minimizó: "No tiene que ver con falta de infraestructura, falta de generación, sino un daño que hubo en una torre de transmisión -dijo-. Por eso se pudo recuperar tan rápido".

Yo tengo otros datos. Los apagones sí tienen que ver con falta de inversión en infraestructura y malas decisiones de política pública.

Al empezar su gestión como director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, quien no tenía conocimiento del servicio de electricidad, frenó inversiones privadas y públicas. El presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, advirtió que la falta de inversión produciría apagones. El 22 de febrero de 2019 Bartlett respondió furioso: "No va a haber apagones. Tenemos un estudio de las necesidades y los picos y todo eso, analizando con todo cuidado. No va a haber apagones, aunque el señor diga que si no hay más inversión privada va a haber apagones. Es una falacia, es terrorismo eléctrico".

El gobierno acosó a García Alcocer, quien renunció en junio de 2019 y fue inhabilitado por 10 años en 2020. Los apagones empezaron a multiplicarse. El 8 de marzo de 2019 se registró uno en la península de Yucatán que Bartlett atribuyó a quemas de pastizales. El 5 de abril hubo otro, producto de una falla técnica. López Obrador afirmó el 11 de abril: "puede ser hasta sabotaje por los intereses que existen".

Después vino el gran apagón del día de los inocentes de 2020, que afectó a 10.3 millones de usuarios. En febrero de 2021 se registró otro, en el norte, por una helada que congeló ductos de gas en Estados Unidos. El 7 y 8 de mayo de 2024 hubo apagones en 21 estados por una ola de calor. En el sexenio se registraron otros muchos en la península de Yucatán por problemas en el suministro de gas para plantas como Mérida II y Valladolid.

Los apagones no han dejado de sucederse, solo que la Presidenta no les llama así. Prefiere los eufemismos. No son apagones, dijo el 24 de junio, "son interrupciones en el servicio de algunos lugares... Apagones significa que no hay la capacidad de generación suficiente para la demanda. Eso no existe. Lo que sí hay son fallas de distribución". La verdad es que un apagón es un apagón, cualquiera que sea la causa.

Si hubo actos vandálicos, de sabotaje o terrorismo, estos fueron realizados por Bartlett, quien suspendió las subastas de electricidad, detuvo obras cruciales (como la línea de transmisión de Malpaso a Playa del Carmen) y construyó plantas sin abastecimiento de gas. "El sexenio pasado se dejaron de hacer obras de transmisión", me dice en entrevista Víctor Ramírez de P21 Energía. "Las centrales que se planearon y se ejecutaron..., aunque ya se terminaron, no tienen combustible y no hay para cuándo... Es muy probable que los proyectos de este sexenio se acaben y se pongan a operar antes que los del sexenio pasado".

La Presidenta ha declarado que en este gobierno se incorporarán 32 mil megavatios adicionales y que en dos años se terminaron seis nuevas plantas. Son buenas noticias. Sin embargo, el terreno que se perdió con el terrorismo de Bartlett no se recuperará fácilmente.

· IMPUESTOS

La senadora morenista Malú Micher afirmó que el dinero de los programas sociales no viene "de nuestros impuestos", sino de la "austeridad republicana". Pero el gobierno no genera recursos: su dinero viene de impuestos o derechos que se cobran a los gobernados.

—--------------------------------------------------------------------------------

No es Claudia

Columna de opinión escrita por Azucena Uresti para ​El Universal

Jueves 3 de septiembre de 2026

Azucena Uresti

4:18

Durante seis años, Andrés Manuel López Obrador fue el blanco de prácticamente todas las críticas de la oposición. Inseguridad, corrupción, militarización, polarización, debilitamiento institucional. Todos los señalamientos apuntaban a Palacio Nacional y terminaban en el mismo nombre.

El martes, durante los posicionamientos en el Congreso por el Segundo Informe de Gobierno, algo cambió: lejos de centrar el reclamo en la presidenta Claudia Sheinbaum, esta vez la oposición apuntó directamente hacia Morena. Y ya era hora, pues después de casi dos años de sexenio, la herencia “del pasado” deja de funcionar como antes, y ya suena mucho a pretexto.

Movimiento Ciudadano puso el dedo en la llaga. En uno de los pocos señalamientos hacia Sheinbaum, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas le recordó que ella tiene todavía la oportunidad de marcar un antes y un después, pero le reprochó haber elegido —hasta ahora— “administrar la herencia en lugar de corregirla”.

El PAN fue más agresivo, pero el destinatario cambió. El senador Ricardo Anaya utilizó contra Morena los tres mandamientos con los que López Obrador construyó su superioridad moral: “No mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, acusando al oficialismo de haber incumplido los tres y de proteger a personajes de Morena señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado.

El PRI tampoco escatimó adjetivos. El senador y líder del partido, Alejandro Moreno, describió un gobierno sin proyecto, respuestas, oficio ni rumbo. Habló de un México dividido, endeudado, estancado y sumido en la violencia, y aprovechó —nuevamente— para convocar a un gran frente opositor rumbo a 2027.

Por supuesto hay una enorme paradoja: PAN y PRI reclaman corrupción, impunidad y violencia como si México hubiera comenzado en 2018, pero no fue así. Ambos partidos tienen demasiados cadáveres políticos en el clóset —por lo que perdieron el poder— como para presentarse ahora como guardianes de la honestidad pública. Por ello se dice que para tener la lengua larga, hay que tener la cola corta.

Pero que la oposición tenga poca autoridad moral no significa que sus preguntas dejen de ser válidas.

Claudia Sheinbaum cumple dos años con un poder que pocos presidentes mexicanos podrían haber imaginado: mayoría en el Poder Legislativo y el Judicial, predominancia en el Tribunal Electoral y en el INE, además de gobernar 24 de 32 entidades federativas. Sin embargo carga con los morenistas que llegaron hambrientos al poder y se sirvieron de todo y sin límite.

López Obrador le dejó un país, un movimiento, una estructura de poder y también numerosos problemas. Le toca a la Presidenta decidir qué conservar, qué profundizar, qué corregir y, sobre todo, qué tocar. Y sin dejar de defender el legado y la “continuidad” del proyecto, hay algo que ya no puede evadir: la responsabilidad.

Porque a poco menos de la mitad de su encargo, la factura ya le está saliendo demasiado alta.