Cortes y Cortés

​Columna de opinión escrita por Macario Schettino para el diario El Financiero

Viernes 8 de mayo de 2026

Macario Schettino

5:53

Como usted sabe, el lunes publicó la Casa Blanca su Estrategia Nacional para el Control de Drogas, que ya comentamos que no agrega mucho a las estrategias de seguridad nacional y militar publicadas hace unos meses. El miércoles, sin embargo, apareció la Estrategia contra el Terrorismo, en la que se especifica que las tres mayores amenazas terroristas que enfrenta ese país son, en ese orden: narcoterroristas, terroristas islámicos y extremistas violentos de izquierda.

En el documento se detallan prioridades, objetivos y recursos en la lucha contra el terrorismo, y es muy llamativo cómo se define al último grupo mencionado: “se priorizará la rápida identificación y neutralización de grupos políticos seculares violentos cuya ideología es anti-Americana, radicalmente pro-género y anarquista”. Considerando que habrá elecciones en ese país en noviembre y que las encuestas indican una fuerte caída del apoyo a Trump, hay la preocupación de que pudiera intentar alguna maniobra para impedirlas. Esta forma de identificar a al menos parte de la oposición como terrorista es una mala señal.

Al referirse al continente americano, página 10, el documento dice: “Actuaremos en concierto con los gobiernos locales cuando estén dispuestos y sean capaces de trabajar con nosotros. Si no pueden o no quieren, tomaremos cualquier acción necesaria para proteger a nuestro país, especialmente si el gobierno en cuestión es cómplice de los cárteles”. Al presentar este texto, Trump usó prácticamente esas mismas palabras, pero añadió que esto podría causar reticencia en algunos países, como México.

En apenas 10 días, nos enteramos de la petición formal de la Corte del Distrito Sur de Nueva York de detener y extraditar a 10 funcionarios de alto nivel de Sinaloa, y se han publicado estos dos documentos, la estrategia contra las drogas y la dirigida al terrorismo, que, más allá de las ocurrencias trumpistas que incluyen, son muy claros en la nueva interpretación que tiene el país vecino acerca de México.

En ese contexto, el que la señora Sheinbaum haya agarrado pleito con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid que está de visita en México, y que dedique su tiempo a buscar evidencias de los abusos ocurridos hace 500 años parece una peligrosa frivolidad.

Ya sabemos que el movimiento que está en el poder tiene una interpretación simplista e ideologizada de la historia nacional. Ha aparecido repetidamente en sus discursos y en los libros que firma el Jefe Mínimo. Creo que es una evidencia contundente de la edad mental de quienes participan en ese grupo, incapaces de salir de la educación primaria de las estampitas. Ciertamente, cada quien puede creer lo que guste, pero la responsabilidad pública exige mantener esas creencias en la esfera personal, y en el ámbito público deben acercarse a la verdad. En lugar de eso, como lo ha denunciado Eduardo Matos, este movimiento está destruyendo al INAH, no nada más porque han agotado el dinero público en comprar votos y no tienen para cumplir las funciones del gobierno, sino porque les es necesario defender sus mentiras, y para ello hay que destruir el conocimiento.

Supongo que, en el mito soberanista, enfrentar a Trump y a Cortés se interpreta como un mismo movimiento. Supongo que usar a Cortés para criticar a Ayuso lo imaginan como el camino más corto para desprestigiar al PAN e incrementar la presión sobre Maru Campos, gobernadora panista de Chihuahua. Suposiciones que parecen sólidas considerando el tema de la edad que comentamos. Aparentemente, no son capaces todavía de entender lo que en verdad está sucediendo.

Solo espero que hoy sea un día tranquilo. Ya ve que lunes y miércoles, que escribí sobre este tema, aparecieron los documentos de estrategia. No vaya a ser que hoy publiquen otra cosa, especialmente porque el nuevo fiscal estadounidense, Todd Blanche, dijo hace unos días que enviarán nuevas listas de personas de interés. Lo único seguro es que en ellas no aparecerá Hernán Cortés.

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Irán tras Rocha Moya

Columna de opinión escrita por Mario Maldonado para el diario El Universal

Viernes 8 de mayo de 2026

Mario Maldonado

6:36

La presidenta Claudia Sheinbaum ya habría dado la instrucción de avanzar en las investigaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra su círculo político más cercano, en una operación que busca anticiparse a los movimientos del gobierno de Estados Unidos.

Los nombres prioritarios, de acuerdo con fuentes del gabinete, son Rocha Moya; su ahijado político y alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el senador Enrique Inzunza; y el exsecretario de Finanzas de Sinaloa, Enrique Alfonso Díaz Vega. También están bajo escrutinio de la FGR los otros seis personajes señalados en los expedientes del Departamento de Justicia estadounidense por presuntos vínculos con el narcotráfico, pero la prioridad inmediata estaría concentrada en esos primeros cuatro. El cálculo en Palacio Nacional es que de no indiciarlos, el costo sería mucho mayor.

Todo esto ocurre dentro del plazo que tendría Estados Unidos para solicitar formalmente la extradición de los imputados y mientras la Presidenta mantiene públicamente su exigencia de que Estados Unidos presente pruebas. Ese discurso, que hacia afuera se presenta como una defensa de la soberanía y del debido proceso, hacia adentro busca ganar tiempo para decidir qué hacer con una bomba mediática, política y reputacional que amenaza no solo a su administración, sino a todo el proyecto de la llamada Cuarta Transformación.

La evaluación del gobierno es que procesar a Rocha Moya y a sus colaboradores en México, con medidas cautelares severas como la prisión preventiva, sería políticamente mucho menos costoso que expulsarlos o extraditarlos a Estados Unidos para que sean juzgados allá. En una corte estadounidense, cualquiera de los implicados podría terminar revelando información sobre los vínculos entre el narcotráfico y los políticos mexicanos.

Mucho peor aún sería esperar a que Washington “haga el trabajo”, como lo advirtió esta semana el presidente Donald Trump, y vengan por él o se lleve a cabo una intervención aérea o terrestre de las fuerzas armadas estadounidenses. En el gobierno mexicano existe preocupación real de que el caso Rocha no sea un episodio aislado, sino el inicio de una ofensiva más amplia.

Rocha Moya es apenas el primero de una lista de, por lo menos, una veintena de gobernadores, alcaldes, legisladores y funcionarios mexicanos bajo investigación de agencias estadounidenses por sus presuntos nexos con organizaciones criminales. El temor en Palacio es que, si Estados Unidos empieza a exhibir expedientes de manera escalonada, el daño político se vuelva inmanejable rumbo a las elecciones del próximo año.

El tiempo apremia porque cualquier movimiento de Estados Unidos, ya sea una solicitud formal de extradición, nuevas imputaciones o incluso revelaciones selectivas, podría generar una crisis de gobernabilidad y golpear, aún más, la confianza de los inversionistas.

En Palacio Nacional saben que el discurso público debe ser de unidad y la soberanía. La convocatoria de este jueves con legisladores y miembros del gabinete apuntó en esa dirección. Pero internamente la operación es completamente distinta. Hay muy pocos interlocutores con credibilidad y canales abiertos con Washington, todos en el gabinete de seguridad. Omar García Harfuch, Ricardo Trevilla y Raymundo Morales son quienes encabezan esa interlocución y la estrategia de contención frente a una crisis que ya rebasó el terreno político.

Al mismo tiempo, Morena comenzó a ajustar su propia narrativa. La instrucción a voceros y cuadros relevantes es no defender a Rocha Moya, no meter las manos al fuego por él y evitar cualquier posicionamiento que comprometa al movimiento. La línea es dejar que las autoridades investiguen y repetir que serán las instancias competentes las que determinen responsabilidades. En otras palabras, empezar a preparar el terreno para una eventual ruptura política con el exgobernador sinaloense.

Porque, aunque públicamente se mantenga la narrativa de prudencia, en privado ya se asume que Rocha Moya tendrá que ser llamado a cuentas. El movimiento tendría que ejecutarse pronto, antes de que Estados Unidos eleve la presión o haga públicos nuevos casos contra otros gobernadores, legisladores o, en el escenario más delicado para Sheinbaum, integrantes de su propio gabinete.

Por lo pronto, a Rocha Moya ya deberían estarle informando que el margen político para protegerlo se agotó.

El tiempo juega en su contra.