Normalizado

​Columna de opinión escrita por Luis Rubio para el diario Reforma

Lunes 11 de mayo de 2026

Luis Rubio

7:23

La inseguridad que sobrecoge a la población a todos los niveles, estratos y regiones quizá haya sido normalizada y, por lo tanto, desaparecido del mapa político inmediato, pero no deja de ser la principal preocupación de la sociedad mexicana. La normalización de esta enfermedad quizá explique en parte la popularidad presidencial, pero no deja de ser una espina clavada en el corazón del país y constituye una enorme carga que impacta costos, la economía y, en general, el potencial del país. En este contexto, una respuesta legalista y visceral a las acusaciones de corrupción, delincuencia organizada y narcotráfico resulta inverosímil -o peor.

Presidente de México Evalúa-CIDAC, institución independiente de investigación. Fue presidente de la asociación de estudiosos de riesgo político y miembro de la CDHDF. Recibió el Premio Dag Hammarksjold (93) y el Nacional de Periodismo (98). Entre sus libros están Un mundo de oportunidades y El Dilema de México: los orígenes políticos de la crisis económica. Es doctor en ciencia política y tiene especialización en administración financiera.

No hay mexicano alguno que esté libre de la inseguridad rampante o que no haya podido observar la naturaleza evidente del sistema político mexicano, no de hoy, sino de siempre. La inseguridad de los últimos lustros tiene que ver con el colapso del viejo sistema político, la apertura de la economía y la democratización política, pero México tiene una larga historia de corrupción, abuso, criminalidad, delincuencia y, en general, desprecio por la civilidad, que se remite a la era colonial. Cada etapa de nuestra historia se ha caracterizado por sus peculiaridades, pero un común denominador ha sido la autoridad abusiva, cuando no la ausencia de autoridad.

Por supuesto, ha habido épocas extremadamente violentas en las que ni gobierno constituido existía, en tanto que otras, como el periodo postrevolucionario, lograron la pacificación del país y la consecución de avances significativos en materia de crecimiento económico y movilidad social. Sin embargo, aun en esos exitosos periodos, buena parte del éxito económico se logró gracias a la existencia de "acuerdos" y pactos entre grupos, mafias, milicias y todo tipo de intereses que permitieron la pacificación a cambio de beneficios particulares.

Es decir, la gobernanza en México ha sido históricamente mucho menos producto de leyes, reglas o prácticas democráticas que de un contubernio implícito entre los diversos grupos e intereses que conforman el entramado sociopolítico. A nadie sorprenderá la obviedad de que la corrupción era (es) una práctica no sólo aceptada sino plenamente normalizada en la forma de gobernar al país a lo largo del tiempo. La política mexicana siempre ha involucrado lealtad a cambio de beneficios y puestos públicos expresamente otorgados para el enriquecimiento personal. "No me des, sólo ponme donde hay". El folklor de la corrupción es amplio y evidente para todos e interminables sus frases y chistes justificatorios. Todos, incluido el actual.

Desde el campesino más modesto (históricamente abusado por los Conasupos y predecesores y sucesores), hasta el changarro obligado a pagar derecho de piso, pasando por las mordidas que sufre toda la población en su vida cotidiana, la evidencia de corrupción, narcotráfico, delincuencia institucionalizada, robo de mercancías, tráfico de personas y, en estos años, violencia incontenible, es más que transparente para todos. Suponer que nadie se da cuenta de todo esto es inaudito e increíble. Más bien, el mexicano promedio vive temeroso de la inseguridad que le afecta de manera directa, pero ha acabado por aceptarla como un factor inevitable, producto más de la impotencia que de su satisfacción con el statu quo.

Los expertos dirían que la criminalidad, violencia y corrupción se han normalizado, pero no que son ignorados. Quizá eso explique, al menos en parte, el contraste entre la popularidad de la presidenta y la reprobación de su gobierno que se expresan en las mismas encuestas: lo primero producto de la percepción sobre la persona y los beneficios directos que de ahí se derivan, frente a la precariedad de la vida cotidiana que refleja el juicio de la población sobre las políticas gubernamentales, comenzando por la inseguridad.

Así, a ningún mexicano sorprendieron las acusaciones recientemente vertidas por el gobierno americano. Por más que se quieran minimizar, como se ha intentado con los "desaparecidos", no hay forma de ignorar la daga lanzada de manera directa, precisa y con nombres de funcionarios fácilmente identificables por su corrupción y vinculación con el crimen organizado. Responder de manera leguleya y con contraataques insostenibles en el país (y el gobierno) de "no me vengan con que la ley es la ley" resulta patético y estremecedor.

Ciertamente, nadie querría estar en los zapatos de la presidenta, quien tiene que enfrentar el dilema de responder mientras se toca el corazón del partido gobernante e, indirectamente, de sus principales líderes. La respuesta retórica podrá satisfacer a una porción de su base partidista, pero excederse podría llevar a otro manotazo, como ocurrió con los ataques al gobierno de Chihuahua. Más al punto, la evidente contradicción entre el súbito legalismo con las crecientes limitaciones a las protecciones ciudadanas, tarde o temprano le explotará en la cara. Por otro lado, no actuar de manera decisiva la pone contra la pared frente a la superpotencia que, por primera vez en muchas décadas, se comporta como tal.

La alternativa sería asir la oportunidad para construir su propia presidencia, desarrollar una plataforma de futuro independiente del pasado cercano. Entre malas opciones, ésta no sería la peor.

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¿El Cártel de Sinaloa también avaló

a jueces y magistrados del

acordeón?

Columna de opinión escrita por Héctor de Mauleón para el diario El Universal

Lunes 11 de mayo de 2026

Héctor de Mauleón

7:35

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, advirtió la semana pasada que vendrían nuevas acusaciones en contra de funcionarios y políticos mexicanos y dejó como al pasar una frase que ha desatado una crisis en el Poder Judicial de Sinaloa:

“Ya hemos acusado a múltiples funcionarios del gobierno de México; recientemente, también a un juez”.

Luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusara formalmente al gobernador Rubén Rocha Moya, y a nueve funcionarios y exfuncionarios de su gobierno, de haber pactado su acceso al poder con el Cártel de Sinaloa, y de recibir sobornos a cambio de facilitar el flujo masivo de drogas por parte de esta organización delictiva, se han rescatado innumerables testimonios y trabajos periodísticos que documentan la intervención de ese cártel durante la elección de 2021.

Rocha Moya cayó a resultas del escándalo.

No así su amigo y mano derecha, el senador de Morena Enrique Inzunza, otro de los acusados por el Departamento de Justicia, y quien ocupó la secretaría general de Gobierno durante el primer tramo del sexenio del mandatario sinaloense.

Desde el 29 de abril pasado, cuando se dio a conocer la acusación, Inzunza dejó de presentarse en público y tampoco acudió a la sesión de la Comisión Permanente del pasado 6 de mayo, para no dar oportunidad, según anunció, a que los “personeros de la derecha conservadora” se valieran de las acusaciones de Estados Unidos para convertir la sesión en un espectáculo.

El senador sigue escudado en el fuero, mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum se resiste a cumplir la solicitud de captura con fines de extradición de los funcionarios señalados.

Y es que Enrique Inzunza puede ser igual de peligroso para la 4T que el mismo Rocha Moya. El senador, señalado por la acusación que validó un Gran Jurado como cómplice del Cártel de Sinaloa, fue el gran operador de la reforma judicial de 2025.

En Sinaloa, todos los jueces incluidos en el “acordeón” que Inzunza planchó en Mazatlán en mayo de 2025 con una ministra de la Suprema Corte, resultaron triunfadores en dicha elección. La coincidencia entre las listas distribuidas por órdenes de Inzunza y los ganadores, es ni más ni menos que del 100 por ciento.

Si las elecciones de 2021 demostraron que en Sinaloa nadie pudo llegar a un cargo político sin el aval del Cártel de Sinaloa, ¿podría alguien convertirse en juez o en magistrado sin la venia de los jefes de este grupo criminal?

En la semana previa a la elección judicial, los burócratas de Sinaloa recibieron acordeones con instrucciones de voto. Además de instruir a los empleados de gobierno sobre qué candidatos elegir, se les pidió que tomaran fotografías de las boletas, una vez llenadas.

En las listas aparecían los jueces y juezas de distrito, los magistrados y magistradas de la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial, las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia, las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, los magistrados y las magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral y las magistradas y los magistrados de circuito.

En el caso de Sinaloa las seis boletas, divididas en colores, fueron entregadas a los trabajadores con los nombres y los números de los candidatos y candidatas seleccionados.

Como presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Inzunza fue una pieza clave para procesar la reforma judicial y establecer las nuevas reglas para la integración del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales locales. Había presidido el Poder Judicial de Sinaloa durante más de seis años, y al sumarse al gobierno de Rocha Moya dejó a gente de su equipo. No solo repartió cargos entre su esposa, sus hermanos y otros familiares: era el mayor poder dentro de ese poder en Sinaloa: ponía y quitaba jueces a su antojo.

En el Senado defendió la reforma judicial y la comparó con “la reforma histórica” de 1857. Citó a Riva Palacio, a José María Iglesias, a Zarco y a El Nigromante, para asegurar que tras la reforma habría jueces y magistrados más imparciales e independientes. Dijo que sin importar cómo un juez sea nombrado, lo importante era “la virtud de la imparcialidad”. Dijo que resultarían electos los abogados más dignos y honrados. Dijo que no había que “desconfiar del pueblo”.

En abril de 2025 llamó a los partidos a no meterse en la elección. Aseguró que se trataba de una elección “netamente ciudadana”.

Al mismo tiempo, a partir de operadores cercanos, entre los que se menciona a Irineo Lizárraga Velarde, operó esa elección a modo.

¿Si Inzunza y sus cómplices entregaron el gobierno estatal al Cártel de Sinaloa, no hicieron lo mismo con el Poder Judicial? ¿Podría permitir el Cártel de Sinaloa la llegada de jueces y magistrados que lo pusieran en riesgo?

En Sinaloa se preparan acusaciones que sostienen que para estar en el “acordeón” era preciso contar la autorización de los jefes del Cártel —y, en cada municipio, con la venia de los jefes de plaza.

Inzunza es uno de los perfiles de mayor peso dentro del partido oficial. Un operador de primer nivel al lado de Adán Augusto López e Ignacio Mier. De resultar culpable podría ser sentenciado a cadena perpetua o a una pena de 40 años. ¿Qué Poder Judicial le dejó a los sinaloenses?

Cuando la advertencia del fiscal general de Estados Unidos finalmente adquiera un perfil, un nombre, tal vez esa pregunta podrá ser contestada.