El grado de inversión sí importa: la soberbia no ayuda

Columna de opinión escrita por ​Jorge Chávez Presa para La Aurora de México

Lunes 18 de mayo de 2026

Jorge Chávez Presa

5:48

México está jugando con uno de sus pocos anclajes de confianza. Durante más de dos décadas, el grado de inversión permitió al gobierno, a Pemex, a la CFE, a la banca de desarrollo y a miles de empresas financiarse mejor afuera, y ese beneficio también se sintió adentro: hipotecas y créditos más baratos, plazos más largos y menos presión sobre el bolsillo de las familias. No es una medalla burocrática. Es la diferencia entre un país que inspira confianza y uno que empieza a pagar más por sus errores.

Por eso alarma que Standard and Poor's se haya sumado a otras agencias para poner en perspectiva negativa la calificación soberana. No se trata de un castigo abstracto: el riesgo financiero ya se transmite. Apenas un día después, S&P revisó a negativa la perspectiva de 12 instituciones financieras mexicanas. Si continúan el deterioro fiscal y el estancamiento económico, México se encamina a perder el grado de inversión. La reacción oficial fue la peor posible: descalificar a la agencia. Pero la soberbia no corrige déficits, no rescata a Pemex ni convence a los inversionistas. Solo encarece la factura que después pagamos todos.

Los grandes fondos que solo pueden tener deuda con grado de inversión estarían obligados a vender. Eso presionaría al tipo de cambio, elevaría las tasas y encarecería la hipoteca, la tarjeta, el crédito para una pyme y la deuda pública. También reduciría el margen del gobierno para financiar infraestructura, programas y servicios. Brasil ya lo vivió en 2015. Colombia también en 2021. México no sería la excepción.

Conviene recordar que, tras la crisis de diciembre de 1994, México dejó de ser visto como un deudor confiable, pero salió adelante porque corrigió con disciplina. La autonomía del Banco de México, el TLCAN, el tipo de cambio flexible, el aumento del IVA de 10 a 15%, una mejor regulación bancaria y el apoyo transitorio del Tesoro estadounidense ayudaron a recuperar credibilidad. Esa consistencia, no la propaganda, abrió la puerta al grado de inversión entre 2000 y 2002. Después vino la erosión: Pemex se debilitó, el déficit se disparó y los contrapesos institucionales empezaron a resquebrajarse.

El problema no es solo el tamaño del déficit, sino lo que revela: el gobierno ya no logra cubrir con sus ingresos ni siquiera el gasto de operación. El deterioro del balance primario es una señal roja para cualquier acreedor serio. La recaudación ha mejorado, sí, pero fue neutralizada por más gasto y por el derrumbe de Pemex, que pasó de aportar cerca de 40% de los ingresos presupuestarios hace dos décadas a recibir apoyos públicos. Produce menos crudo y sigue generando pérdidas por refinación. El país no solo gasta más: gasta peor.

Lo más preocupante es la respuesta política. Cuando Brasil perdió el grado de inversión anunció ajustes. Cuando Colombia fue degradada buscó corregir. Aquí se opta por negar el problema y desacreditar al mensajero. Pero las calificadoras no inventaron el déficit, no fabricaron la deuda de Pemex ni provocaron la contracción de 0.8% en el primer trimestre de 2026 frente al anterior. Solo están leyendo una realidad que el gobierno se resiste a admitir. Cada mes de negación encarece la corrección y erosiona la credibilidad.

El grado de inversión sí importa. No porque lo decreten las agencias, sino porque refleja una pregunta más simple y más seria: si México todavía merece confianza. Hoy esa confianza se erosiona por déficit, por eliminación de contrapesos y por una arrogancia política que confunde propaganda con solvencia. Y cuando un gobierno se niega a corregir, la realidad termina corrigiéndolo. Solo que esa factura la pagan las familias, las empresas y un Estado cada vez más limitado para cumplir lo básico.

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Las pruebas ya se entregaron

Columna de opinión escrita por Jorge Fernández Menéndez para el periódico Excélsior

Lunes 18 de mayo de 2026

Jorge Fernández Menéndez

7:43

Con la vieja consigna de que soldado vivo sirve para otra guerra, dos de los principales inculpados de la trama de complicidad de los funcionarios sinaloenses con el crimen organizado, los mismos que habían recibido cobijo y apoyo por el gobierno federal, decidieron entregarse a las autoridades estadunidenses, colaborar con ellas y convertirse en testigos para reducir sus penas.

El exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida, acusado de recibir dinero, pero también de delatar operativos del Ejército contra Los Chapitos, además de otros delitos, fue el primero, se entregó previo acuerdo en Nogales e inmediatamente fue trasladado a la corte de Nueva York, donde ya rindió una declaración previa y entregó todo un paquete de materiales a la fiscalía, lo que le permitió acceder a las pruebas que existen en su contra. Más gestos mutuos de colaboración son imposibles.

El secretario de Finanzas de Rubén Rocha, su hombre de confianza, el de sus hijos y de los hijos de López Obrador, Enrique Díaz, había huido a Irlanda. Allí se conectó con las autoridades estadunidenses y voló a Nueva York, donde lo estaban esperando para detenerlo. También ya entregó información.

Lo cierto es que en unas pocas horas se entregaron y comenzaron a colaborar con sus acusadores el responsable de la Seguridad de Rocha y el que manejaba los dineros del estado, de la familia y financiaba también a los hijos del expresidente. Mil veces se dijo que había innumerables pruebas dentro y fuera de México contra estos y otros personajes, las ignoraron las autoridades electorales, judiciales, las fiscalías y el Ejecutivo federal. Pero eso no implicaba que las pruebas no existieran: ahí estaban. 

El golpe dado por las órdenes de aprehensión dictadas en Nueva York y el pedido de detención con fines de extradición les dio otra dimensión, incrementada por algo inocultable, los testimonios de los delincuentes que están detenidos en Estados Unidos, enviados casi todos por el gobierno de México, que están colaborando ampliamente con las autoridades. En el caso de las acusaciones a los 10 de Sinaloa, según la fiscalía del sur de Nueva York, son las de Ovidio Guzmán López e Ismael El Mayo Zambada.

No sé qué podrá decir en unas horas la presidenta Sheinbaum, pero el discurso de que no hay pruebas es insostenible porque al entregarse los acusados han terminado aceptando su culpabilidad. Lo que se quería evitar, que estos personajes no llegaran a Estados Unidos para que no ampliaran sus declaraciones hacia niveles superiores del poder (y en ese ámbito ya sólo queda uno, López Obrador y su entorno), ya ocurrió. 

Ya no tiene sentido seguir pidiendo pruebas, no tiene sentido seguir protegiendo a personajes como Rocha. Porque, además, hay otras señales, la Unidad de Inteligencia Financiera ha bloqueado las cuentas de los acusados. Cuando el viernes se le preguntó a la Presidenta contestó que “no tenía conocimiento”. Si es así, ello sólo se puede explicar como un movimiento autónomo del Gabinete de Seguridad o como una solicitud directa del FinCEN del Tesoro estadunidense que, de acuerdo con las normas, se debe respetar.

Y vienen más casos. Lo dijo Trump, lo dijo Hegseth, lo dijo el fiscal Blanche y lo dijo el director de la DEA, Terry Cole. Lo dicen los cuatro documentos base de la estrategia de seguridad estadunidense presentados en las últimas semanas: el de seguridad nacional, el de inteligencia, el de lucha contra el terrorismo y el de las drogas. Además estuvieron los dos reportajes de CNN y el New York Times sobre operaciones encubiertas de la CIA en México, desmentidos por la Agencia, y sobre todo las declaraciones de este viernes citadas también por el New York Times del subprocurador general adjunto de Estados Unidos, Aakash Singh, que instruyó a los 93 fiscales federales de la Unión Americana a triplicar el número de acusaciones contra políticos mexicanos y procesarlos utilizando leyes antiterroristas (por el cargo de “apoyo material a organizaciones terroristas”).

Todos sabemos que en los próximos días, además de visitas de alto nivel de áreas de seguridad estadunidense, llegarán nuevas acusaciones y con ellas se reducirá aún más el margen de maniobra del gobierno federal. No le gusta a la presidenta Sheinbaum que le digan que tiene pocas opciones, pero el hecho es que hoy sólo tiene dos: una fuga hacia adelante estilo López Obrador, negar todo y terminar de destruir la relación con Estados Unidos, lo que llevaría al país a un destino tipo Venezuela o Cuba (si Estados Unidos corta las importaciones que hacemos de gas, nos quedaríamos sin energía en apenas tres días), o tomar la decisión que su cargo y sus responsabilidades exigen: detener a estos criminales, desmantelar; aunque sea paso a paso; las redes de protección del crimen organizado en las estructuras de poder y de su partido, estrechar para ello la colaboración con Estados Unidos, rodearse de políticos y funcionarios sensatos y capaces e iniciar una nueva, propia, vía de gobierno. Y sentarse con Trump y nuestros principales socios comerciales para tratar de que a la economía, sostenida con alfileres, no se le quiten desde Washington.

Por cierto, el fracaso de la marcha en Chihuahua sólo es equivalente a la impopularidad de quienes la encabezaron: una presidenta de partido impuesta y que la militancia no conoce, Ariadna Montiel, y el más desprestigiado de los políticos de Morena, Andy López Beltrán.

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El dilema de los acusados

Columna de opinión escrita por Gerardo Esquivel para el diario Milenio

Lunes 18 de mayo de 2026

Gerardo Esquivel

5:03

Hace una semana escribí en este espacio que, en el caso legal de Estados Unidos contra diversos funcionarios o exfuncionarios del gobierno de Rocha Moya en Sinaloa, el gobierno de México estaba tratando de ganar tiempo al exigir pruebas, pero que se corría el riesgo “de que alguna de las personas involucradas huya o desaparezca súbitamente”. Ahora sabemos que dos personajes clave del gobierno de Rocha, el exsecretario de Seguridad Pública y el exsecretario de Finanzas, ya se entregaron la semana pasada a autoridades estadunidenses y que estarían dispuestos a convertirse en testigos protegidos en las investigaciones. Este escenario no era imprevisible.

La situación en la que estaban los diez acusados es típica del concepto conocido como “El dilema del prisionero” en la Teoría de Juegos. En este esquema, los individuos acusados de cometer un delito tienen que optar por cooperar entre ellos (es decir, no delatar) o confesar su responsabilidad. Si ninguno delata, la pena es ligera por ausencia de evidencias. Si alguno delata, recibe una reducción significativa de su condena, mientras que los cómplices que no confiesan cargan con la pena más alta. Si todos confiesan, la pena no es la más alta, pero es más elevada que si no hubieran confesado.

La solución óptima para los acusados es cooperar y no delatar, ya que en ese caso todos enfrentarían una pena ligera. Sin embargo, los incentivos son tales que, a cada uno en lo individual, le conviene delatar. Es una forma de asegurar una pena relativamente baja, sobre todo en caso de que alguno de los otros confiese. Por esta razón, los acusados terminan en un equilibrio indeseable para ellos: delatando a sus compinches. Entre mayor sea el número de acusados, más fácil es lograr que se muevan a este equilibrio. Esto es justo lo que estamos viendo en tiempo real.

A contracorriente del discurso oficial, los exfuncionarios que ya se entregaron no se esperaron a que hubiera pruebas de su culpabilidad. Ellos deben saber que existen elementos incriminatorios en su contra y, por lo mismo, decidieron negociar, colaborar y tratar de reducir sus propias condenas. En el proceso, ellos aportarán aún más pruebas y elementos contra el resto de los acusados, específicamente en contra de su superior jerárquico, el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya. A estos dos colaboradores podrían seguirle otros, buscando cada uno reducir su propio castigo.

El gobierno mexicano hizo un mal cálculo en todo esto. Planteó el asunto como un tema meramente político y de soberanía y no como un tema legal, jurídico y criminal. Muchos vieron en esto un intento de Estados Unidos por involucrarse en la vida política del país. Es posible que en parte así fuera, pero eso no eximía del todo que en efecto hubiera elementos reales y de fondo en las acusaciones. Ahora se ha perdido el control de la narrativa y del proceso. Ya no tiene mucho sentido exigir pruebas, cuando ahora podemos estar seguros de que las habrá. Lo que procede ahora es asumir una actitud distinta: actuar a tiempo, iniciar investigaciones propias y ser implacables contra políticos o funcionarios sospechosos de tener vínculos criminales.