El memo que no leemos. Lo que los comités globales de inversión dicen de México cuando México no está en la sala

Columna de opinión escrita por Nizaleb Corzo para el diario Diario Ultimátum

Lunes 27 de abril de 2026

Nizaleb Corzo

8:01

En algún comité de inversión, en alguna ciudad que no es la nuestra, alguien está cerrando una hoja de cálculo donde México aparece en la segunda columna de una tabla. Ese analista no leyó el discurso presidencial de anoche. No vio la conferencia matutina. No siguió el debate sobre soberanía energética. Leyó una tabla. Y en esa tabla, alguien más ya decidió por nosotros.

Durante años creímos que los inversionistas nos veían. La verdad más incómoda es otra: nos comparan. Y la diferencia entre que te vean y que te comparen es, a fin de cuentas, la diferencia entre un país y una variable.

Los comités de inversión de los corporativos globales no funcionan como los imagina la narrativa pública. No hay una sala donde alguien presenta una oda a México y otro defiende a Vietnam. Hay un memo. Dos páginas. Seis columnas. México aparece ahí junto a Vietnam, Polonia, India, Marruecos y, cada vez más, el sureste de Estados Unidos.

Las filas se llaman certidumbre regulatoria, costo de capital ajustado por riesgo, confiabilidad energética, estabilidad judicial, riesgo político sexenal, exposición arancelaria. Las celdas se llenan con números, no con adjetivos. Nadie discute si México es “el socio natural”. Esa frase no cabe en una celda.

Lo que sí cabe es el tiempo promedio para obtener una conexión a la red eléctrica. La probabilidad ponderada de que un permiso ambiental sea revocado por razones no técnicas en los siguientes cuatro años. El diferencial de tasa que un banco de inversión exige para financiar un proyecto en jurisdicción mexicana frente a uno idéntico en Texas.

Esos números existen. Se actualizan cada trimestre. Se discuten en reuniones donde nadie tiene interés en ofender a México y nadie tiene interés en salvarlo.

Quien ha estado del otro lado de ese escritorio sabe algo que los discursos oficiales no admiten: el capital global dejó hace tiempo de preguntarse quién es el mejor candidato. Lo que pregunta es quién sobrevive al proceso de descarte.

Y el descarte es silencioso.

No genera comunicados. No hay conferencia de prensa donde un comité anuncie que México fue excluido de la lista corta. Simplemente, la siguiente planta se construye en Penang, o en Łódź, o en Tánger, y nadie en la Ciudad de México se entera de que hubo una decisión.

La conversación nacional, mientras tanto, sigue atrapada en una coreografía anterior. Discutimos si estamos “aprovechando el nearshoring” como si el verbo mismo no revelara el problema. Se aprovecha una oportunidad cuando uno es el sujeto de la acción. Cuando uno es el objeto, lo que se hace es esperar.

Y esperar es exactamente lo que no aparece bien en ninguna columna del memo.

Hay un detalle que quienes redactan esos documentos saben y que en México todavía no terminamos de procesar. La reforma judicial aprobada el año pasado no se evaluó en Nueva York como una reforma  política; se evaluó como una modificación al costo de capital.

No importa si uno coincide o no con el diagnóstico. Lo relevante es que, en el mundo donde se toman las decisiones que importan, esa reforma ya está incorporada al precio. Ya está en la celda. Ya no se discute. Se factura. Y el diferencial se paga, proyecto por proyecto, durante los próximos quince años.

Política

Lo mismo ocurre con la revisión del T-MEC, que arranca formalmente el 25 de mayo. En México todavía se discute si será renegociación o revisión, si Trump endurecerá o cederá, si Sheinbaum mostrará firmeza o flexibilidad. En los memos, ese debate ya está resuelto con una palabra fea pero precisa: volatilidad.

La volatilidad no es buena ni mala. Es cara. Y el capital paciente —el que construye fábricas pensadas para operar quince o veinte años— no invierte donde la volatilidad no tiene techo identificable.

Aquí está el punto incómodo. Los países que están capturando los proyectos que México cree suyos no son países con mejor geografía, ni con mejor mano de obra, ni con mejor red de tratados. Son países que han hecho algo mucho más aburrido: han estabilizado su memo.

Polonia no es fascinante; es predecible.

Vietnam no es barato; es consistente.

Marruecos no tiene frontera con Estados Unidos; tiene un gabinete económico que no cambia de doctrina cada sexenio.

Esas son las variables que compiten contra nosotros.

Y no competimos mal por falta de talento o de recursos. Competimos mal porque seguimos creyendo que el memo se escribe en español.

El costo de esta desconexión no es retórico. Por cada proyecto que finalmente aterriza en México, hay varios que fueron evaluados con seriedad y terminaron en otra jurisdicción. Esa asimetría no aparece en las presentaciones oficiales, pero sí en los registros internos de las consultoras globales que asesoran esas decisiones.

Cada uno de esos proyectos representa entre doscientos y mil quinientos empleos industriales que no se crearon, una cadena de proveedores que no se activó, una base fiscal que no creció.

Son pérdidas invisibles.

Y por invisibles, profundamente estructurales.

El país que aprende a leer los memos que se escriben sobre él tiene una ventaja sobre el país que solo lee los que se escriben desde él.

La primera tarea de cualquier política industrial seria —antes que el Plan México, antes que la promoción de inversión, antes que el discurso del nearshoring— es entender el formato en el que nos están evaluando.

No para obedecer todo lo que pide.

Sino para saber qué estamos dejando de decidir cuando no decidimos.

Planificación urbana y regional

El capital no pide permiso para compararnos.

Solo pide una cosa: que alguien, del lado mexicano, esté leyendo el mismo memo.

—--------------------------------------------------------------------------------

Estados Unidos se toma en serio la

lucha contra los cárteles. ¿Lo hará

México?

La presidenta Claudia Sheinbaum se encoge de hombros mientras dos oficiales de la CIA son asesinados en Chihuahua.

Columna de opinión escrita por Joshua S. Treviño para The Wall Street Journal

Lunes 27 de abril de 2026

Joshua S

8:26

Las muertes en las guerras de cárteles en México no son inusuales: el saldo sangriento de casi 20 años de derramamiento de sangre, entre el Estado, los criminales y la ciudadanía, supera al de la mayoría de las grandes guerras. Pero las muertes de estadounidenses en México son inusuales, especialmente las de estadounidenses presentes en calidad oficial.

Solo eso ya justifica la muerte, reportada el fin de semana pasado, de dos oficiales de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el estado mexicano de Chihuahua. Estos estadounidenses caídos, muertos en el cumplimiento de su deber contra los cárteles mexicanos, son un indicio de la crisis en las relaciones entre Estados Unidos y México.

Se trata de una crisis creada por el régimen mexicano, que ha cooperado durante demasiado tiempo con sus propios cárteles y ahora debe cosechar las consecuencias previsibles mientras los estadounidenses actúan para protegerse. Cuando los estadounidenses reprimen a los cárteles, no lo hacen solo por sus intereses; también protegen a la mayoría mexicana que anhela una defensa contra ellos. Se dice que estos oficiales de la CIA —aparentemente muertos en un accidente automovilístico que luego explotó— estaban acompañados por funcionarios chihuahuenses, dos de los cuales también fallecieron.

Tanto estadounidenses como mexicanos dieron su vida en la lucha contra algunos de los peores criminales del mundo: los cárteles narcoterroristas de México. Pero la presidenta Claudia Sheinbaum y su partido Morena no lo ven así. Al ser consultada sobre las muertes, la presidenta mexicana expresó desconocimiento de la cooperación entre estos oficiales de la CIA y las autoridades locales chihuahuenses, e indignación por la operación de fuerzas estadounidenses en territorio mexicano.

Esta declaración de desconocimiento fue, al menos en parte, una farsa. La presidenta Sheinbaum y su jefe de seguridad, Omar García Harfuch, han permitido discretamente la expansión de las operaciones estadounidenses en México desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Los estadounidenses proporcionaron información de inteligencia para el asesinato del líder del cártel Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes el 22 de febrero. Mucho más está sucediendo extraoficialmente.

Sin embargo, los chivos expiatorios del régimen mexicano son los estadounidenses, quienes supuestamente violaron la soberanía mexicana, y la gobernadora de Chihuahua, quien supuestamente los invitó. Dicha gobernadora, María Eugenia Campos Galván, quien ha sido citada a declarar en la Ciudad de México, pertenece al principal partido de oposición.

Hasta el momento, la administración Trump ha tolerado este doble juego. La presidenta Sheinbaum y su partido promueven la hostilidad antiestadounidense en múltiples ámbitos: desde el apoyo material a la dictadura cubana hasta la condena del ataque estadounidense a Caracas el 3 de enero, pasando por publicaciones habituales en redes sociales que recuerdan a los mexicanos las injusticias históricas de Estados Unidos y el menosprecio a las políticas del Sr. Trump. Sin embargo, el gobierno de la presidenta Sheibaum también ha intensificado las acciones contra los cárteles y ha estrechado su integración operativa —aunque no estratégica— con los estadounidenses. Implícita en todo esto está la protección de los millones de ciudadanos estadounidenses que viven en México, la mayor comunidad de expatriados estadounidenses, quienes hasta ahora se han librado en su mayoría de la violencia de los cárteles.

El Sr. Trump está tomando nota de la insensibilidad pública del presidente mexicano. En respuesta a informes indirectos sobre su descontento con la respuesta mexicana, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró públicamente que cierta compasión de México por los agentes fallecidos “valdría la pena”, especialmente considerando que defendieron tanto a mexicanos como a estadounidenses. La Sra. Leavitt tiene razón. El gobierno mexicano ha presidido la desaparición de decenas de miles de mexicanos, ha intentado minimizar el descubrimiento de un campo de exterminio de cárteles en Teuchitlán y ha protegido sistemáticamente a sus altos cargos políticos conocidos por colaborar con los cárteles.

El gobierno mexicano enfrenta serias dificultades. La economía del país se deteriora progresivamente. El enfoque agresivo de la administración Trump en la seguridad del hemisferio occidental ha privado a Morena de sus aliados narcotraficantes en Venezuela y Bolivia, y Cuba podría sumarse a esa lista. Las autoridades mexicanas son conscientes de que la economía mexicana se mantiene a flote gracias a una combinación de remesas de migrantes y acceso al mercado norteamericano. Por eso, a pesar de la frialdad del presidente de México respecto a los estadounidenses fallecidos, la burocracia mexicana recibió con calidez al representante comercial de Estados Unidos esta semana.

La pregunta para Estados Unidos es si tolerará esta duplicidad de larga data. Dos estadounidenses murieron al servicio honorable de su país. Dos mexicanos murieron con ellos, también al servicio honorable de su país. Estados Unidos velará por su propia seguridad, y también por la de México, si el gobierno mexicano se lo permite. Si no lo hace, entonces Estados Unidos buscará otros aliados en el sur.