Impunidad, a un año del huachicolazo

Columna de opinión escrita por Pascal Beltrán del Río para el periódico Excélsior

Jueves 19 de marzo de 2026

Pascal Beltrán del Río

6:09

Hoy, 19 de marzo, se cumple exactamente un año de que atracó en el puerto de Tampico el buque Challenge Procyon, de bandera singapurense, cargado con millones de litros de combustible no declarado.  

Aquél no fue un incidente aislado, sino la pieza que terminó por destapar el escándalo del huachicol fiscal en México, una sangría económica de proporciones industriales. 

Apenas en octubre de 2025, la titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, admitió ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados que este fenómeno ha generado un daño al erario de hasta 600 mil millones de pesos. Sin embargo, a 12 meses de la llegada de aquel barco, la narrativa oficial parece estancada en una simplificación inverosímil: las autoridades pretenden que creamos que un negocio de ese tamaño fue operado exclusivamente por las mismas 11 personas detenidas y tres prófugas de siempre.

Resulta matemáticamente imposible que 14 individuos hayan podido sostener, solos, una estructura ilícita capaz de amasar tales sumas. En el centro de la acusación están los hermanos Farías, elementos de la Armada de México, cuyo proceso ya muestra grietas profundas e irregularidades procesales. 

La defensa de Manuel Farías ha denunciado sistemáticamente que la Fiscalía General de la República (FGR) se niega a entregar las evidencias que supuestamente sustentarían los cargos. Según el Ministerio Público, Manuel y su hermano Fernando eran los encargados de proponer y/o palomear la adscripción y el cambio de funcionarios en áreas clave de Aduanas para tejer la red de contrabando. No obstante, cuando se solicitan las pruebas, los fiscales se escudan en que su entrega pondría en riesgo la seguridad nacional. Ante tal opacidad, la jueza del caso citó a una audiencia de tutela de derechos para cerciorarse de que la FGR cumpla con su obligación de transparencia, pues a nadie se debe juzgar a ciegas.

Corresponderá a la justicia determinar la responsabilidad penal de los hermanos Farías, pero la lógica política y financiera dicta que ellos no pueden ser la cima de la pirámide. No suena razonable que dos marinos y una docena de coacusados sean los únicos responsables de un desfalco de 600 mil millones de pesos, sobre todo en una institución tan vertical como la Armada. Menos aún, que el exsecretario de Marina y tío político de los acusados, el almirante Rafael Ojeda Durán, ni siquiera haya sido llamado a declarar como testigo. 

En la misma situación de intocable se encuentra el senador Adán Augusto López Hernández, ante cuya notaría en Tabasco se constituyó una empresa que recibió en 2020 la concesión para operar el muelle fiscal 289 de Tampico, donde atracaron muchos barcos presuntamente cargados de huachicol. 

Dicha empresa es propiedad del tabasqueño Saúl Vera Ochoa –según se señala en un reportaje publicado por los periodistas Verónica Ayala e Iván Alamillo–, quien, en agosto de 2022, manifestó su apoyo a la candidatura presidencial de López Hernández. La concesión para operar el muelle fue otorgada por la Asipona de Tampico a la empresa Tampico Terminal Marítima, S.A. de C.V., en junio de 2020, mismo mes en que había sido constituida. 

Además, el capitán Alejandro Torres Joaquín, testigo protegido de la FGR –quien habría sabido de al menos 13 atraques similares–, señaló que el sobrenombre de la persona que recolectaba los sobornos en el muelle coincide con el apellido del administrador oficial de la empresa de Vera Ochoa.

A pesar de estos hilos conductores, a López Hernández ninguna autoridad lo ha molestado. No se le ha cuestionado por el huachicol fiscal, como tampoco por su relación con Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco, hoy encarcelado por liderar al grupo criminal La Barredora. 

A un año de la incautación temporal del Challenge Procyon en Tampico, el mensaje oficial es un insulto a la inteligencia: se pretende que sigamos creyendo que el saqueo más grande hecho a la Hacienda pública en años recientes –y que pudo haber servido para financiar muchas campañas políticas del oficialismo– fue obra de 14 personas. Mientras tanto, el poder real sigue operando en la más absoluta impunidad.

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La escasez de ciudadanos

Columna de opinión escrita por María Elena Morera para el diario El Universal

Jueves 19 de marzo de 2026

María Elena Morera

5:32

Mientras en algunos países los niños de cinco años pueden caminar solos a la escuela, en México, esa escena es impensable. Una amiga me contó que su nieto vive en Zúrich y todos los días camina solo a la escuela; son quince o veinte minutos que con su mochila cruza calles, sigue la ruta que le enseñó su madre y llega sin problema. Para sus padres esto no es una temeridad, es lo normal.

En Suiza, como en Japón, en países nórdicos e incluso en europeos, miles de niños hacen trayectos similares desde muy pequeños. Las reglas de convivencia funcionan porque existe una cultura cívica arraigada y una confianza básica en que los demás respetarán las normas.

Esto no es una idealización romántica, la ciencia social ha medido estas diferencias. En 2019, un experimento publicado en la revista Science dejó más de 17 mil carteras “perdidas” en 40 países para observar cuántas personas intentarían devolverlas a su dueño; cada cartera tenía tarjeta de contacto y, en algunos casos, dinero en efectivo. Los resultados sorprendieron incluso a los investigadores. En la mayoría de los países, la presencia de dinero aumentaba la probabilidad de devolución, es decir, las personas preferían actuar honestamente antes que quedarse con algo que no les pertenecía.

México apareció en el estudio y fue una de las excepciones junto con Perú ya que fueron de los pocos países donde la presencia de dinero reducía la probabilidad de devolver la cartera. Puede parecer un dato anecdótico, pero refleja que la fortaleza o la debilidad de las normas cívicas son las que sostienen la convivencia.

Durante años hemos discutido la violencia en México como un problema de estrategia de seguridad, de policías insuficientes, de fiscalías inútiles o de leyes mal diseñadas. Todo eso importa, pero hay una dimensión menos visible que rara vez aparece en la conversación pública, la ciudadanía.

Las instituciones no funcionan en el vacío, funcionan cuando están sostenidas por una cultura social que respeta reglas básicas de convivencia. El politólogo Robert Putnam llamó a esto “capital social”; eso significa cooperación y responsabilidad compartida, que permiten que las sociedades funcionen sin necesidad de vigilancia constante.

Cuando ese capital existe, las reglas se cumplen incluso cuando nadie está mirando; cuando se erosiona, ocurre lo contrario. En México abundan escenas que revelan esa fractura cotidiana; automovilistas que invaden el carril de emergencia para avanzar unos metros más; personas que se cuelan en las filas; basura arrojada en la calle; pequeñas trampas justificadas con la frase: “el que no tranza no avanza”.

También vemos algo más inquietante: jóvenes que presumen saberse de memoria narcocorridos que glorifican a criminales, celebrando la violencia como  forma de éxito. Todos son gestos cotidianos, que en conjunto revelan una cultura donde la transgresión no se condena, e incluso a veces se admira.

Cada vez que estalla una nueva ola de violencia exigimos más fuerza del Estado, más policías, más militares, más operativos. Sin embargo, hay una pregunta que rara vez nos hacemos, ¿qué ocurre cuando una sociedad tiene pocos ciudadanos?

El Estado de derecho no se sostiene solo con instituciones, depende de ciudadanos que crean en las reglas y que entiendan que la convivencia es un pacto colectivo. Cuando esa base es débil, la violencia encuentra terreno fértil; el crimen se normaliza, la corrupción se vuelve tolerable y la ley deja de ser un acuerdo social para convertirse en una sugerencia.

La diferencia entre un país donde un niño puede caminar solo a la escuela y otro donde eso sería impensable no se explica solo por el número de policías. Se explica, sobre todo, por la presencia -o la ausencia- de ciudadanos.