La encuesta

Columna de opinión escrita por Luis Carlos Ugalde para Reforma

Miércoles 22 de julio de 2026

Luis Carlos Ugalde

5:40

El 15 de noviembre de 2011 se dieron a conocer los resultados de dos encuestas para definir al candidato presidencial de la izquierda. Andrés Manuel López Obrador ganó tres de las cinco preguntas; Marcelo Ebrard, las otras dos. No hubo votación de militantes, convención ni debate de proyectos. Dos estudios de opinión resolvieron una disputa entre los liderazgos más importantes del PRD.

El método fue cuestionado desde el principio: las preguntas medían atributos distintos y no todas apuntaban a la intención de voto. Varios simpatizantes de Ebrard le pidieron desconocer el resultado. No lo hizo. Aceptó para evitar una ruptura y apostó a que llegaría su turno. Sigue esperando.

En 2017, el método de encuesta tuvo su primer caso emblemático dentro de Morena: Claudia Sheinbaum fue elegida coordinadora de organización de la Ciudad de México -en los hechos, futura candidata a jefa de Gobierno- frente a Ricardo Monreal, Martí Batres y Mario Delgado. Ganó con 15.9% de preferencia. Monreal cuestionó el resultado y pidió transparentar la metodología. No lo logró.

En 2018, López Obrador ocupó la candidatura presidencial sin encuesta: fue el único precandidato de Morena. Muchas otras candidaturas de ese año tampoco: varias posiciones se resolvieron por invitación directa del líder o por acuerdos de la dirigencia. También hubo tómbola para diputaciones.

El método se expandió después. Puebla 2019 fue el primer laboratorio estatal; en 2021 llegó el salto mayor, con 15 gubernaturas definidas por encuesta. En 2023, Ebrard volvió a competir por la candidatura presidencial y quedó en segundo lugar, ahora frente a Sheinbaum. Denunció intervención de funcionarios, uso de estructuras gubernamentales e irregularidades en el levantamiento. La Comisión de Honestidad y Justicia de Morena reconoció algunas, pero no repuso el proceso.

Aunque la encuesta define, no siempre es la última palabra. También en 2023, Omar García Harfuch encabezó la medición en la Ciudad de México y fue desplazado por Clara Brugada bajo el criterio de paridad de género. El pueblo había hablado, pero corrientes del partido -se dice, instigadas por el propio López Obrador- lo bloquearon.

Que el pueblo elija mediante encuesta suena seductor, pero esconde problemas. El primero es que despolitiza: impide que el partido se organice, que sus corrientes deliberen, que haya debates entre aspirantes y que los militantes ejerzan su voto. Esa es la verdadera política, no la opinión anónima de personas encuestadas. Una primaria interna permite evaluar capacidades, talentos y liderazgos; una encuesta solo mide reconocimiento.

El segundo problema es que la encuesta premia al más visible, y la visibilidad rara vez es gratuita: requiere propaganda, operadores, redes y dinero. Por supuesto, hay aspirantes con micrófono gratuito por ocupar posiciones políticas relevantes; pero no es el caso de todos. Para que el pueblo te conozca, necesitas dinero de patrocinadores que te cobran cuando ganas. Con ese incentivo, los aspirantes se promueven con meses o años de adelanto. El problema no es que se haga política, sino que el partido te exige ser popular pero no te da dinero ni establece reglas claras para financiar el proselitismo.

El tercer problema es que la encuesta confunde mérito con popularidad. Mide reconocimiento y simpatía, no capacidad de gobierno, integridad ni claridad programática. Un partido tiene la responsabilidad de filtrar y promover sus mejores liderazgos, no solo registrar quién es más conocido en un momento dado. Las ansias de ganar llevaron a López Obrador a privilegiar la efectividad electoral sobre la calidad de los cuadros. El resultado es un barco que navega con agua adentro: gobernantes corruptos, arribistas e incompetentes que entraron por la puerta de la popularidad, no por la del mérito.

El mismo método está en marcha para las 17 gubernaturas que se renovarán en 2027. Aunque es una buena noticia que el partido podrá vetar a quienes tengan antecedentes o nexos criminales, la lógica primordial será la popularidad. Y bajo ese modelo se propician gobiernos que saben complacer, pero no transformar. Que saben repetir, pero no innovar.

La democracia no es únicamente cariño de pueblo: es también conducción.

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El Mayo, su dinero y las

autoridades que ayudaron a

amasarlo

Columna de opinión escrita por Pascal Beltrán del Río para Excélsior

Miércoles 22 de julio de 2026

Pascal Beltrán del Río

5:30

La sentencia a cadena perpetua dictada el lunes 20 contra Ismael El Mayo Zambada marca el cierre formal del expediente sobre uno de los capos más elusivos en la historia del narcotráfico global.  

Tras décadas de operar en la sombra sin haber pisado jamás una cárcel, el cofundador del Cártel de Sinaloa escuchó en un tribunal federal de Estados Unidos el veredicto que lo mantendrá recluido por el resto de sus días. Sin embargo, más allá de la severidad de la pena, la resolución judicial incluye un dictamen financiero de dimensiones astronómicas que retrata con crudeza la magnitud del imperio criminal que construyó a lo largo de más de medio siglo de impunidad.

Dentro del fallo dictado por la Corte del Distrito Este de Nueva York, destaca de manera central el mandato económico impuesto al imputado. La sentencia establece de manera textual y explícita la orden de decomiso por la suma de “15 mil millones de dólares, representando los ingresos brutos derivados de los delitos de traficar toneladas de cocaína, fentanilo, heroína y metanfetamina hacia territorio estadunidense durante más de cuatro décadas”. La cifra –equivalente a las ganancias generadas por el Mundial 2026– no sólo es inédita en los anales del fuero penal internacional, sino que expone el flujo constante de capitales que transitó por estructuras financieras sin encontrar contrapesos eficaces en su camino.

Para que Zambada y su núcleo familiar hayan podido acumular semejante fortuna como resultado directo de sus actividades delictivas, debieron haber contado necesariamente con la complicidad activa u omisiva de las autoridades a diversos niveles. Resulta inviable sostener que un aparato logístico capaz de mover toneladas de estupefacientes y generar dividendos por 15 mil millones de dólares haya operado en un vacío institucional. Por lo tanto, en este escenario falta una pieza fundamental para completar el rompecabezas de la justicia: no han sido detenidas ni procesadas las autoridades policiales, políticas y administrativas que permitieron, facilitaron y protegieron la consolidación de este entramado a lo largo de sucesivos periodos de gobierno.

El propio gobierno estadunidense pareció señalar esa cuenta pendiente durante la jornada en que se anunció el fallo. Tras la audiencia de lectura de sentencia, el director de la DEA, Terrance Cole, emitió una advertencia categórica al señalar que “Estados Unidos no descansará en su misión de desmantelar estas redes criminales y continuará persiguiendo sin tregua no sólo a los líderes de los cárteles, sino también a todos aquellos funcionarios gubernamentales y cómplices en posiciones de poder que facilitaron su impunidad a cambio de corrupción”. Las palabras del jefe de la agencia antidrogas de Estados Unidos dejan entrever que el expediente del Cártel de Sinaloa está lejos de considerarse un asunto concluido en los tribunales de ese país.

En este contexto, llama profundamente la atención que el gobierno mexicano haya reaccionado manifestando que investigará si el Estado tiene derecho a reclamar una parte de esos 15 mil millones de dólares decomisados. La postura resulta paradójica e inconsistente cuando se contrapone con la realidad institucional: en México ninguna autoridad estaba buscando activamente a El Mayo Zambada –quien el sábado cumplirá dos años de haber sido extraído de Sinaloa y entregado en Nuevo México– ni ejecutaba órdenes de aprehensión prioritarias en su contra al momento de su detención y traslado a suelo estadunidense. Pretender una participación en el reparto de los bienes incautados, cuando la captura y el procesamiento fueron ejecutados de manera unilateral por una jurisdicción distinta a la de México, evidencia una desconexión entre el discurso oficial y la omisión sistemática en la procuración de justicia. 

Mientras las estructuras de complicidad política continúen intactas y sin investigar dentro del territorio nacional, la cadena perpetua de Zambada funcionará como un hito judicial en el extranjero, pero dejará impune la red institucional que hizo posible su imperio.