No habrá elecciones

Columna de opinión escrita por Sergio Sarmiento para Reforma

Jueves 23 de julio de 2026

Sergio Sarmiento

5:31

"Las dictaduras carecen de imaginación, repiten sus mentiras, su saña, sus odios y sus caprichos".

Sergio Ramírez

Por lo menos habrá que agradecer a Daniel Ortega su sinceridad: "Ya quisieran ellos [la oposición] ganar elecciones para hacer reales [ganar dinero] con las escuelas. Aquí no volverá a haber elecciones, para que por allí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder".

Hace mucho que Ortega, de 81 años, es un dictador, pero ahora no realizará ni siquiera ese ejercicio formal electoral para pretender que Nicaragua es una democracia. Incluso Cuba tiene elecciones, aunque no son democráticas.

Ortega fue uno de los líderes de la revolución sandinista que derrocó al dictador Anastasio Somoza Debayle en 1979. Formó parte de la primera junta de gobierno con el escritor Sergio Ramírez y la editora Violeta Barrios de Chamorro, viuda del director de La Prensa, Pedro Joaquín Chamorro, asesinado en 1978. Ortega fue Presidente por elección de 1985 a 1990. En 1990 se presentó a la reelección y fue derrotado por Violeta Barrios. Se postuló nuevamente en 1996, pero lo venció Arnoldo Alemán. En 2001 perdió nuevamente. En 2006 buscó otra vez la presidencia, promoviendo mensajes sobre Dios, el amor y la reconciliación, y prometió respetar la propiedad y las libertades individuales. Esta vez triunfó con el 37.99 por ciento de los votos. Desde entonces está en el poder. En 2014 modificó la Constitución para permitir su reelección indefinida y decretar leyes sin pasar por el Congreso.

No es inusual que un revolucionario se convierta en dictador. Hemos visto a Napoleón, Lenin, Mao, Fidel Castro, Hugo Chávez y muchos más. Pero Ortega es más patético. Con los años se ha vuelto crecientemente autoritario e irracional. Ha reprimido de forma sanguinaria a quienes protestan, ha expulsado a los disidentes y los ha despojado de su nacionalidad y propiedades, ha cancelado los registros de las organizaciones no gubernamentales, ha perseguido a la Iglesia y a sacerdotes y obispos, ha hostigado a medios de comunicación y periodistas independientes. Quienes expresan cualquier crítica al régimen son tildados de agentes extranjeros, traidores a la patria o criminales, y se les reprime y persigue judicialmente.

A su esposa Rosario Murillo, de 75 años, la hizo primero vicepresidenta, pero después la designó copresidenta. Ella ha llenado las principales avenidas de Managua con altares y estructuras metálicas, conocidas como "árboles de la vida", que mezclan cultos cristianos y esotéricos.

Ernesto Cardenal, sacerdote y escritor, izquierdista comprometido, fallecido en 2020, fue miembro del Frente Sandinista y ministro de Cultura, pero abandonó el sandinismo en 1994 por el autoritarismo de Ortega. Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, fue detenido en 2022 y condenado en 2023 a 26 años de cárcel por "traición a la patria"; finalmente fue expulsado del país y despojado de su nacionalidad nicaragüense. Contra Sergio Ramírez, ganador del Premio Cervantes, se giró una orden de aprehensión en 2021 mientras viajaba a España; en 2023 se le retiró la nacionalidad mientras que su casa, con todo y su amada biblioteca, fue confiscada. Gioconda Belli, quien también fue parte del sandinismo, fue despojada de su nacionalidad nicaragüense en 2023.

A pesar de las violaciones a los derechos humanos, Nicaragua fue reelecta en abril como miembro del Comité de Organizaciones No Gubernamentales del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas para 2027-2030. A este comité pertenecen también Cuba y México. Nuestro país mantiene relaciones diplomáticas normales con Nicaragua. Las violaciones a los derechos humanos no le molestan a la 4T.

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Control de audiencias

Columna de opinión escrita por Verónica Malo Guzmán para El Heraldo de México

Jueves 23 de julio de 2026

Verónica Malo Guzmán

11:43

Entre proteger a los menores de las redes sociales y controlar lo que una sociedad puede ver, decir o compartir hay una diferencia enorme. El problema es que, una vez que un gobierno adquiere las herramientas para hacer lo primero, nada garantiza que mañana no quiera utilizarlas para lo segundo.

La frontera puede parecer muy clara en el papel. En la práctica, no siempre lo es.

Australia fue el primer país en establecer una restricción general para que los menores de 16 años no puedan mantener cuentas en determinadas plataformas sociales. La medida entró en vigor en diciembre de 2025 y obliga a las plataformas a tomar medidas razonables para impedir que los menores de esa edad abran o conserven cuentas. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X, Reddit y otras plataformas están incluidas en el esquema. La intención es difícil de objetar: proteger a niños y adolescentes de contenidos dañinos, de la explotación comercial de sus datos, del acoso y de los efectos potencialmente perjudiciales de una exposición excesiva a las redes.

Las dificultades, sin embargo, se originan desde cuestiones tipo esta: ¿cómo sabe una plataforma quién tiene 15 años y quién tiene 25? Ahí aparece la tecnología de verificación de edad. Y con ella, una discusión que ya no es exclusivamente sobre niños.

En Reino Unido, la legislación de seguridad digital ha llevado a las plataformas a implementar mecanismos cada vez más sofisticados para comprobar la edad de sus usuarios y restringir el acceso de menores a contenidos considerados dañinos. La autoridad reguladora, Ofcom, admite distintos métodos de verificación, entre ellos la identificación fotográfica y otros sistemas de comprobación. El gobierno británico, además, ha anunciado su intención de avanzar hacia restricciones para menores de 16 años en redes sociales.

La lógica es razonable: si queremos proteger a los menores, debemos saber quién es menor.

Pero entonces aparece otra pregunta, bastante menos cómoda: ¿Y quién sabe quiénes somos todos los demás?

Porque una cosa es proteger a un niño de un contenido nocivo y otra muy distinta construir un sistema capaz de identificar, clasificar y rastrear a cada persona que entra a una plataforma.

La primera puede ser una política pública sensata. La segunda puede convertirse en otra cosa.

Y aquí conviene mirar al mundo. Lo hago en esta columna:

En las democracias occidentales, la discusión gira alrededor de la PROTECCIÓN infantil, la PRIVACIDAD y la RESPONSABILIDAD de las grandes plataformas tecnológicas. En los regímenes autoritarios, la conversación es radicalmente distinta: quién puede acceder a internet, qué puede leer, qué puede publicar y qué puede decir sin consecuencias.

China bloquea buena parte de las grandes plataformas occidentales y ha desarrollado uno de los sistemas de control digital más sofisticados del planeta. En Corea del Norte, el acceso de la población general a internet global está extraordinariamente restringido. En Rusia, el gobierno ha endurecido el control sobre plataformas extranjeras, contenidos y herramientas de evasión, al tiempo que ha ampliado la presión legal sobre la expresión digital. En Cuba, el control ha llegado a otro nivel: el Estado controla la infraestructura de telecomunicaciones y, en momentos de protesta, las autoridades han restringido o interrumpido las comunicaciones. Durante las protestas de 2021 fueron bloqueadas plataformas y herramientas de comunicación, mientras que en años posteriores se han documentado interrupciones o ralentizaciones coincidentes con manifestaciones y movilizaciones. (Freedom House)

La diferencia fundamental está ahí. Una democracia puede discutir cómo proteger a un menor de un algoritmo. Una dictadura decide qué puede ver un adulto.

Una democracia puede exigir a una plataforma que impida a un adolescente acceder a determinado contenido. Una dictadura puede decidir que una crítica al gobierno es, por definición, contenido peligroso.

La primera busca regular un riesgo. La segunda busca administrar la libertad.

Claramente, no son lo mismo. Y, sin embargo, utilizan herramientas que pueden parecerse...

Verificación de edad. Identificación del usuario. Monitoreo de contenidos. Algoritmos de detección. Bloqueo de cuentas. Retiro de publicaciones. Intervención de plataformas. Vigilancia de comunicaciones. Todo eso puede utilizarse para proteger. Todo eso también puede utilizarse para controlar.

Ahí está el verdadero debate que debería preocuparnos en todas o casi todas las sociedades del mundo.

No se trata de negar que las redes sociales tengan efectos nocivos. Sería absurdo. Tampoco de ignorar que niños y adolescentes requieren una protección especial frente a contenidos violentos, pornográficos o autodestructivos, ni frente a mecanismos diseñados para mantenerlos conectados el mayor tiempo posible.

Australia y Reino Unido están experimentando con distintas formas de hacerlo. El tiempo dirá si sus políticas consiguen mejorar realmente la salud mental y la convivencia de los menores o si, como ocurre con tantas prohibiciones, terminan generando nuevas formas de evasión. Que quede claro: aún NO existe un veredicto serio al respecto.

En Australia, por ejemplo, ya se ha observado que el debate sobre la eficacia de las restricciones pasa necesariamente por la capacidad de los menores para intentar sortearlas. Lo que todavía no sabemos es si estas políticas producirán una generación más sana y menos dependiente de las pantallas.

Lo que SÍ sabemos es que la regulación digital no es políticamente neutra. En Reino Unido, Ofcom reportó recientemente que los sistemas de comprobación de edad se están extendiendo rápidamente y que, cuando funcionan correctamente, pueden ser eficaces para impedir que menores accedan a determinados contenidos. Pero la propia autoridad reconoce que la eficacia tecnológica debe convivir con obligaciones de privacidad y protección de datos. Es decir: proteger a los menores no elimina el problema de proteger también a los adultos de una vigilancia excesiva. (www.ofcom.org.uk)

Ese es el punto delicado.

Una sociedad puede aceptar que el Estado regule determinados contenidos para proteger a los menores. Lo que no debería aceptar sin una discusión profunda es que, bajo esa misma justificación, se construya una INFRAESTRUCTURA de vigilancia que después pueda utilizarse para fines completamente distintos.

La historia enseña que las herramientas creadas para una emergencia suelen sobrevivir a la emergencia. Y las herramientas creadas para proteger a los niños pueden terminar siendo demasiado útiles para controlar a los adultos.

El riesgo no está solamente en la ley que se aprueba hoy. Está en la posibilidad de que mañana llegue otro gobierno, con otras intenciones, y descubra que ya tiene en sus manos el mecanismo perfecto para saber quién dijo qué, quién lo leyó, quién lo compartió y quién merece ser silenciado.

La tentación existe en todas partes. La diferencia es que en una democracia existen contrapesos para impedirla. O deberían existir.

Los países autoritarios, en cambio, no necesitan explicar demasiado. Allí la censura suele llegar disfrazada de seguridad nacional, estabilidad social, protección frente a la desinformación o defensa de la moral pública. El resultado es conocido: menos información independiente, más vigilancia y ciudadanos que aprenden a autocensurarse antes de que alguien tenga que censurarlos.

En las democracias, el peligro es más sutil. No llega necesariamente con la palabra censura. Puede llegar hablando de protección. De seguridad. De bienestar. De salud mental. De nuestros hijos. Y nadie podría estar en contra de proteger a los niños.

Precisamente por eso hay que tener cuidado. Proteger a los menores no debe convertirse en la coartada perfecta para construir un sistema capaz de controlar a los adultos.

Porque entre cuidar a las audiencias y controlarlas existe una línea. Y una vez que un gobierno aprende a cruzarla, lo verdaderamente difícil no es entrar, sino volver a salir.