Ley General de Aguas: Un grillete al campo

La controvertida Ley limita derechos, debilita a la agricultura nacional, rompe con la certeza jurídica; dada su naturaleza neoliberal, no toca al poder económico que controla el agua

Miércoles 10 de diciembre de 2025

La reciente aprobación de la Ley General de Aguas en México marca un cambio significativo en la gestión del recurso hídrico. El Congreso —con 328 votos a favor en la Cámara de Diputados y posteriormente 85 en el Senado— avaló esta reforma que reconoce el agua como un derecho humano, establece que su concesión será controlada exclusivamente por la Conagua, y prohíbe su transferencia entre particulares, con el propósito de impedir el acaparamiento del recurso.

La nueva legislación elimina el antiguo Registro Público de Derechos de Agua, sustituyéndolo por un Registro Nacional del Agua centralizado, y exige que las concesiones no utilizadas o empleadas fuera de lo autorizado regresen al Estado para ser reasignadas. Además, introduce sanciones más estrictas por el uso indebido, la contaminación, sobreexplotación, o perforaciones sin permiso.

Aunque el gobierno defiende la reforma como una herramienta para terminar con la mercantilización del agua y poner orden en su manejo, el sector agrícola ha expresado preocupaciones. Campesinos y organizaciones del agro advierten que la centralización podría generar discrecionalidad, afectar la herencia y venta de tierras, y debilitar la seguridad hídrica del campo.

Con la aprobación ya en manos del Ejecutivo, la Ley será publicada en el Diario Oficial de la Federación, dando paso a la implementación del Registro Nacional del Agua y al ajuste jurídico-administrativo que promete redefinir la gestión del recurso en el país.