SAT cancela permisos para que más de 100 ONG reciban donativos

La organización Amnistía Internacional advirtió sobre el impacto en derechos humanos tras la decisión del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de cancelar la autorización para recibir donativos deducibles a 113 organizaciones civiles en México

Martes 24 de marzo de 2026

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ejecutó una de las mayores depuraciones del padrón de organizaciones civiles en los últimos años, al retirar la autorización para recibir donativos deducibles a más de 300 asociaciones, incluidas organizaciones de análisis, asistencia social, salud y cultura. 

De acuerdo con información oficial, al menos 100 ONG —entre ellas Mexicanos Primero, México Evalúa e IMCO— perdieron su estatus de donatarias, mientras que otras 13 fueron dadas de baja por completo del padrón del SAT. Las razones, según el fisco, incluyen omisiones fiscales, adeudos, inconsistencias legales, falta de presentación de declaraciones informativas e incumplimiento de nuevos lineamientos vinculados con cambios legislativos.

Representantes de la sociedad civil denuncian criterios dispares. Mientras el SAT revocaba permisos de larga data a organizaciones críticas del gobierno, autorizaba de forma exprés a asociaciones vinculadas políticamente con la actual administración, como “Humanidad con América Latina”, generando acusaciones de “doble estándar” y posible uso político de la fiscalización.

El retiro masivo de autorizaciones llega en un contexto donde las Organizaciones de la Sociedad Civil han sido señaladas por distintos gobiernos como actores críticos de políticas públicas. La depuración —la mayor registrada en el sexenio— podría reconfigurar el ecosistema de la sociedad civil en México y reducir la capacidad de muchas organizaciones para operar, especialmente aquellas que dependen de aportaciones ciudadanas deducibles de impuestos.

Mientras tanto, Amnistía Internacional criticó la decisión del SAT y explicó que esta acción resulta en menos recursos para continuar con la defensa de los derechos humanos —apoyo legal a las víctimas, atención a la violencia de género y protección a los territorios indígenas—, así como la documentación de abusos y exigencia de justicia. Señaló que esto no es un caso aislado y obedece a una tendencia en toda la región de implementar “leyes anti-ONG” con el objetivo de silenciar y debilitar derechos.