Trampas en la UNAM: el reflejo de un país

Columna de opinión escrita por Pascal Beltrán del Río para Excélsior

Martes 28 de julio de 2026

Pascal Beltrán del Río

5:54

La crisis desatada por las anomalías detectadas en el reciente examen de admisión virtual de la Universidad Nacional Autónoma de México rebasa por mucho los márgenes de una contingencia administrativa en la máxima casa de estudios. 

Los análisis técnicos y las estimaciones probabilísticas presentadas por especialistas —como el matemático Raúl Rojas, quien, citado por nuestra compañera Laura Toribio, advirtió que hasta 91% de los admitidos pudo haber recurrido al fraude mediante inteligencia artificial, filtraciones o suplantaciones— revelan un síntoma profundo que atañe al país entero. No estamos únicamente ante una vulnerabilidad técnica del concurso de selección, sino frente a un espejo incómodo que refleja una preocupante inclinación social hacia la deshonestidad.

Si bien es cierto que la tentación de buscar el atajo o sacar ventaja forma parte de la condición humana, las sociedades que han logrado organizarse mejor no lo han hecho porque sus ciudadanos posean una naturaleza moral superior. Ningún pueblo es, biológicamente hablando, más proclive al engaño o al cumplimiento de la norma que otro. La diferencia radica en que otros países han sabido construir arreglos institucionales, culturales y legales capaces de desincentivar los actos de deshonestidad, haciendo que el costo de la falta sea mayor que su beneficio. Eso es lo que en México no hemos sido capaces de consolidar. El que una cifra tan alta de aspirantes seleccionados (o incluso la mitad) haya acudido a la trampa dibuja un diagnóstico doloroso: habitamos un país en el cual abunda la gente que asume el fraude como un triunfo del ingenio, una demostración de astucia que incluso se presume y se justifica sin el menor pudor en espacios públicos como las redes sociales. Esta visión se contrapone con la de una minoría que, casi de manera estoica, continúa defendiendo el valor del mérito y la rectitud. Enfrentamos, pues, una dinámica social donde parece configurarse una mayoría proclive al atajo, al “agandalle” y al cinismo, frente a un sector minoritario dispuesto al estudio riguroso, al esfuerzo sostenido y al apego a las reglas.

Lo acontecido en el proceso de admisión a la UNAM debiera preocuparnos y ocuparnos a todos, cuestionarnos urgentemente sobre qué tipo de sociedad estamos construyendo. Actuar con ética tendría que ser la condición más elemental para ostentar el carácter de universitario. Como egresado que soy de la UNAM —ingresé allí luego de aprobar el examen de ingreso hace 41 años—, me preocupa el enorme embrollo en el que se encuentra metida la institución, un conflicto que atenta contra su prestigio histórico y su autoridad moral y que, además, pudiera desatar conflictos diversos. Me alarma pensar que de estos concursos de selección emerjan los futuros médicos, abogados, ingenieros y científicos de la nación, formados con nuestros cada vez más escasos recursos públicos, sin un compromiso genuino con los principios éticos más básicos.

Sin embargo, como mexicano me inquieta aún más constatar la enorme cantidad de compatriotas dispuestos a abrazar la trampa como método de superación personal. Esto pone de manifiesto un severo problema de educación en el sentido más amplio del término: educar no es meramente memorizar contenidos o acumular conocimientos técnicos, sino aprender a elegir bien y actuar siempre en función del interés común.

Tenemos por delante el reto impostergable de llevar a cabo una reflexión muy profunda sobre los mecanismos sociales y legales que requerimos para desincentivar estas conductas y sancionarlas de forma ejemplar en cuanto aparezcan. La impunidad cotidiana es el abono perfecto para la erosión de la confianza colectiva. Ojalá la UNAM aproveche esta dolorosa coyuntura para reivindicar su historia, sentar un precedente y encontrar la mejor solución institucional a esta crisis. El futuro de la universidad pública y la integridad de nuestro tejido social dependen de que seamos capaces de demostrar que el mérito, la honestidad y la ley aún tienen sentido en México y cabida entre nosotros.

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Sin redes sociales

Columna de opinión escrita por Valeria Moy para El Universal

Martes 28 de julio de 2026

Valeria Moy

4:23

Jonathan Haidt, en su libro La Generación Ansiosa, comienza con una pregunta provocadora. ¿Enviarías a tu hijo de 10 años a Marte sin saber las condiciones en las que se encontraría, sin idea de si la atmósfera sería respirable y sin ninguna pista sobre su posible regreso? Parece un ejemplo extremo, pero no lo es y Haidt lo equipara a lo sucedido alrededor de 2012 cuando otorgamos a los hijos teléfonos celulares inteligentes y posteriormente les dimos, a través de ellos, acceso a redes sociales.

Haidt usa la evidencia científica con la que ya se contaba —que el cerebro de los adolescentes aún se encuentra en franca formación y en procesos sumamente pertinentes para la salud mental y la evaluación del riesgo— y agrega la evidencia recopilada de los últimos años. Los datos son claros. Los niños y jóvenes duermen menos, socializan poco, pierden capacidad de concentración y desarrollan una dependencia similar a una adicción. Las niñas, además, cargan con otro costo. Se comparan con versiones editadas de otras vidas lo que erosiona su autoestima con una eficacia brutal. El daño es innegable.

La tesis de Haidt empieza a convertirse en política pública. Australia fue la primera en legislar. Desde diciembre de 2025 nadie menor de 16 años puede tener cuenta en las principales plataformas, y la multa recae en las empresas. Francia siguió el camino con una prohibición para menores de 15 años que arranca este septiembre. Dinamarca, Austria y Grecia avanzan con propuestas similares, todas con el mismo diagnóstico: los datos de uso infantil son alarmantes en cualquier país donde se midan. Canadá construye un regulador nuevo. Bruselas trabaja ya en un estándar común para la Unión Europea.

México, en contraste, no tiene nada de esto. No existe una edad mínima, no hay verificación obligatoria, las verificaciones de las propias plataformas son de risa y la única medida tangible ha sido la prohibición del celular en las escuelas en 16 estados, una decisión loable, pero insuficiente frente al tamaño del problema.

Por eso llama la atención el anuncio que hizo la presidenta Sheinbaum. En una conferencia mañanera planteó abrir un debate nacional sobre el uso que niños y adolescentes le dan a la inteligencia artificial, las redes sociales y los dispositivos electrónicos, con miras a una eventual iniciativa de regulación ante el Congreso. Insistió en que no quiere que esto se imponga desde el gobierno, sino que se construya con evidencia científica y consenso social, retomando el conocimiento que ya existe sobre los mecanismos de adicción digital y sus efectos en el sueño. La SEP, por su parte, anunció tres foros de discusión en Nuevo León, Chiapas y Guerrero.

No sé qué tipo de política pública pueda salir de estos foros. La evidencia del daño está por doquier. Las buenas intenciones no serán suficientes y los detalles serán clave.

Habrá quién diga que la tecnología no es el problema, sino el uso que le damos a la misma. Vaya uso el que le hemos dado. Al darles teléfonos como entretenimiento a los niños, a los bebés incluso, los hemos mandado a Marte sin ninguna consideración. ¿Habrá política pública que logre contener el daño o tendría que haber un convencimiento social más profundo para lograrlo?

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Nicaragua, Nicaragüita

Columna de opinión escrita por Miguel Ruiz Cabañas para El Heraldo de México

Martes 28 de julio de 2026

Miguel Ruiz Cabañas

8:10

“Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer”. Carlos Mejía Godoy escribió ese verso hace más de cuatro décadas, cuando creía posible una patria libre tras el triunfo sandinista. Hoy vive exiliado en Estados Unidos: salió de Nicaragua en 2018, huyendo hacia Costa Rica por las amenazas que recibió tras componer canciones en apoyo a las protestas ciudadanas, y desde entonces no ha podido volver a su país. El régimen que lo persigue es el mismo al que él ayudó con su música: la dictadura de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

Las cifras son brutales. Nicaragua es el segundo país más pobre de América Latina, solo detrás de Haití: su PIB per cápita nominal ronda los 3 mil 559 dólares, lo que la ubica en el lugar 136 de las casi 195 economías que cubre el Fondo Monetario Internacional. Su Índice de Desarrollo Humano, que calcula el PNUD, es de 0.706, que lo ubica en el puesto 123 de 193 países.

A la pobreza se suma una corrupción rampante sin atenuantes. El Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional le otorgó apenas 14 puntos de 100, ubicándola en el lugar 175 de 182 países: el segundo país más corrupto de América Latina, solo superado por Venezuela. Y el Estado de derecho, sencillamente, dejó de existir: el Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project coloca a Nicaragua en el lugar 139 de 143 naciones evaluadas, entre las cinco peores del planeta, apenas por encima de Haití, Camboya, Afganistán y Venezuela.

Esta tragedia tiene raíces profundas. Desde su independencia, Nicaragua ha vivido la mayor parte de su historia bajo el puño de dictadores: primero José Santos Zelaya, a principios del siglo XX, y después la dinastía de los Somoza, que gobernó durante 43 años ininterrumpidos. Anastasio Somoza García tomó el poder en 1936; a su muerte lo heredaron sus hijos, Luis Somoza Debayle (1956-1963) y Anastasio Somoza Debayle, derrocado en 1979 por una insurrección popular armada, encabezada por los sandinistas. Por eso la revolución sandinista fue, entonces, un auténtico rayo de esperanza: miles de jóvenes se levantaron en armas contra una tiranía familiar que parecía eterna.

México tuvo un papel decisivo en aquel proceso. El gobierno de José López Portillo respaldó política, diplomática y económicamente la consolidación del naciente gobierno sandinista. Años más tarde, cuando Reagan amenazaba con una intervención militar abierta, el gobierno de Miguel de la Madrid impulsó, junto con Venezuela, Colombia y Panamá, el Grupo Contadora, cuyos esfuerzos diplomáticos sentaron las bases del posterior proceso de Esquipulas. De ahí nació el compromiso sandinista de celebrar elecciones competitivas, que tuvieron lugar en 1990 y que el ahora dictador Daniel Ortega perdió frente a Violeta Barrios de Chamorro, viuda del legendario periodista Pedro Joaquín Chamorro.

Con el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos perdió interés estratégico en Centroamérica y Nicaragua quedó atrapada en el subdesarrollo, bajo gobiernos marcados por la corrupción, hasta que Ortega y el FSLN regresaron al poder en 2007. Desde entonces, la pareja presidencial ha concentrado el poder como nunca en la historia del país, perseguido, encarcelado o exiliado a miles de sus antiguos compañeros sandinistas. Han instalado, sin ambages, una dictadura familiar con el propósito explícito de perpetuarse indefinidamente en el poder.

En el camino se han peleado con casi todos. Se retiraron de la OEA, expulsaron al PNUD y combatieron frontalmente a la Iglesia católica. La confrontación con la Iglesia no fue casual: durante las protestas de 2018, los templos sirvieron de refugio a manifestantes perseguidos, y obispos como Silvio Báez y Rolando Álvarez denunciaron públicamente la represión. Ortega y Murillo interpretaron esa mediación y esa crítica moral como una amenaza política directa. Hay una rivalidad de fondo: la jerarquía católica representa una autoridad moral independiente que un proyecto de poder absoluto no puede tolerar.

En 2018, el régimen reprimió con una violencia extrema el movimiento de protesta ciudadana: cientos de muertos, miles de detenidos y más de 400 personas forzadas al exilio, muchas de ellas antiguos compañeros de la lucha revolucionaria contra la dictadura somocista.

Y ahora, el desenlace. Ortega ha declarado que ya no habrá más elecciones en Nicaragua, para evitar, dijo, que los "somocistas" puedan volver al gobierno. Nicaragua, Nicaragüita es de nuevo una dictadura familiar. Se dicen de izquierda, pero en la práctica nada los distingue ya de la dictadura que ellos derrocaron en 1979 con las armas. Qué tragedia histórica, y qué ironía tan amarga. Una traición completa al pueblo nicaragüense.

La administración del presidente Trump ya anunció su rechazo al anuncio de Ortega de que ya no habrá elecciones en su país. ¿Pero con qué autoridad moral pueden Trump o Marco Rubio decir algo cuando, al mismo tiempo, apoyan firmemente a la dictadura naciente de Nayib Bukele en el país vecino, El Salvador? En los años ochenta existieron las condiciones diplomáticas para que países latinoamericanos presionaran exitosamente a los sandinistas a celebrar elecciones. Hoy, con una región fragmentada y polarizada, el panorama es muy diferente. La flor más linda de Mejía Godoy luce triste y marchita. Esta vez nadie parece dispuesto, o capaz, de regarla.