Ortega oficializa su dictadura

Columna de opinión escrita por Andrés Oppenheimer para Reforma

Lunes 27 de julio de 2026

Andrés Oppenheimer

5:57

La noticia de que el dictador de Nicaragua Daniel Ortega dijo en un discurso que "aquí no volverá a haber elecciones" generó titulares en todo el mudo, pero no debería haber extrañado a nadie. Si hay algo asombroso, es la hipocresía política de muchos países ante las atrocidades del régimen nicaragüense.

De hecho, lo que dijo Ortega el 19 de julio equivale a la cancelación formal de las elecciones presidenciales del 2027.

Pero a juzgar por el desdén hacia la democracia que mostró Ortega cuando lo entrevisté en Managua en 2018, y por todo lo que hizo después, nada justifica el silencio y la inacción de la comunidad internacional ante lo que ocurre en ese país.

Lo cierto es que Ortega lleva casi 20 años en el poder, y ha sido denunciado como uno de los mayores violadores de derechos humanos del continente.

La represión de su régimen contra las protestas pacíficas en 2018 dejó más de 300 muertos y unos 2 mil heridos, según las Naciones Unidas. Desde entonces, Ortega clausuró miles de organizaciones cívicas, cerró medios independientes, expulsó del país a casi 400 presos políticos y le quitó la ciudadanía a cerca de 500 lideres políticos y religiosos.

Sin embargo, por increíble que parezca, algunos países como México se mantienen en silencio o apoyan abiertamente al régimen.

Apenas tres días antes de que Ortega anunciara que no habrá más elecciones, el Embajador de México en Nicaragua le envió una carta llena de elogios a él y a su esposa, la Vicepresidenta Rosario Murillo, según revelaron medios mexicanos.

El Embajador mexicano, Guillermo Zamora Viña, expresó en esa carta su "cariño y admiración por nuestro hermano Gobierno de la República de Nicaragua que está muy bien representado por ustedes". Al momento de escribir estas líneas, el Gobierno de México no se ha desmarcado de esas declaraciones.

Estados Unidos, aunque debe ser felicitado por haber denunciado repetidamente a la dictadura nicaragüense, también actúa con cierta hipocresía política al no aplicar medidas más duras contra Nicaragua.

El Gobierno de Trump condenó los dichos de Ortega y el Secretario de Estado Marco Rubio dijo en sus redes sociales que "el Gobierno de Trump y la comunidad internacional no se quedarán de brazos cruzados". Pocas semanas antes, Trump había impuesto restricciones de visas a unos 100 funcionarios nicaragüenses y a sus familiares.

Sin embargo, Trump no ha impuesto sanciones comerciales drásticas contra Nicaragua como lo hizo contra Venezuela o Cuba. A pesar de los pedidos de muchos opositores nicaragüenses, Washington no ha suspendido a Nicaragua del tratado de libre comercio CAFTA-DR con países de Centroamérica y la República Dominicana.

Lo más probable es que Trump tema que, si impone sanciones duras, la economía del país colapse y se desate una ola de migrantes ilegales. O quizás simplemente no le presta atención a Nicaragua porque no es un gran productor de drogas.

Los países centroamericanos tampoco han suspendido a Nicaragua del Sistema de Integración Centroamericana, ni de la Secretaría de Integración Turística Centroamericana.

Cuando entrevisté a Ortega tras la ola represiva que dejo cientos muertos en 2018 y le pregunté si su Gobierno no era responsable, me respondió con un cinismo total que muchas de esas muertes eran "inventadas", a pesar de que los grupos de derechos humanos ya habían publicado las listas con nombres de todos los fallecidos.

Acto seguido, cuando le pregunté si no le molestaba que lo llamaran "dictador", se encogió de hombros y me dijo -palabras más, palabras menos- que no le importaba en absoluto.

Oscar Arias, el ex Presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, me dijo hace pocos días que a él tampoco le asombró "en absoluto" que Ortega diga que no permitirá más elecciones.

"Para mí, estos últimos 19 años no son ninguna sorpresa", me comentó Arias.

"Daniel Ortega está contento como está, porque él es el dictador perfecto: no le tiene miedo ni al aislamiento ni a ejercer la represión".

Arias agregó que Ortega es el tirano clásico de la literatura latinoamericana, retratado en libros como "Yo el Supremo" de Augusto Roa Bastos, "El Otoño del Patriarca" de García Márquez o "La Fiesta del Chivo" de Mario Vargas Llosa.

"Cualquiera de estos libros retrata muy bien al Daniel Ortega de hoy", me señaló.

La gran pregunta no es qué va a hacer Ortega sobre las próximas elecciones, porque él ya dejó sus cartas sobre la mesa. La verdadera pregunta es qué está esperando el resto del mundo para dejar de mirar hacia otro lado.

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Las encuestas del gobierno de EU

sobre la seguridad en México

Columna de opinión escrita por Mario Maldonado para ​El Universal

Lunes 27 de julio de 2026

Mario Maldonado

6:33

El gobierno de Estados Unidos habría mandado realizar varias encuestas para conocer qué piensan los mexicanos sobre algunos de los temas que hoy dominan la relación bilateral en materia de seguridad, según una fuente del gobierno federal, cuya información fue corroborada con una encuestadora.

Los resultados llegaron hace un par de semanas a las manos de Donald Trump y ofrecen una radiografía poco común sobre el estado de la opinión pública mexicana frente al crimen organizado, la cooperación con Washington y uno de los asuntos políticos más espinosos para el gobierno de Claudia Sheinbaum: el del gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

El dato más llamativo fue el relacionado con una eventual intervención del gobierno estadounidense para combatir a los grupos criminales en México. En promedio, cuatro de cada diez personas consultadas dijeron estar de acuerdo con una acción de ese tipo. No es una mayoría, pero sí representa un porcentaje significativo en un país donde la defensa de la soberanía ha sido, durante décadas, uno de los principales argumentos para rechazar cualquier participación directa de autoridades extranjeras en asuntos de seguridad.

Las mismas mediciones incluyeron preguntas sobre Rubén Rocha Moya, señalado por autoridades estadounidenses por su presunta colusión con el Cártel de Sinaloa. El resultado fue todavía más contundente. Ocho de cada diez entrevistados consideraron que el exgobernador de Sinaloa debería ser extraditado a Estados Unidos para enfrentar las acusaciones en su contra.

Ese porcentaje coincide con algunas encuestas privadas publicadas en los últimos meses, aunque los estudios encargados por el gobierno estadounidense habrían tenido un propósito distinto, ya que no buscaban alimentar el debate público ni formar parte de una estrategia de comunicación. Su objetivo era ofrecer información para la toma de decisiones de la Casa Blanca en uno de los temas que Donald Trump ha colocado como prioridad desde el inicio de su administración.

La información fue procesada mientras desde Estados Unidos incrementaba la presión sobre el gobierno mexicano en distintos frentes. La designación de los cárteles como organizaciones terroristas, las investigaciones del Departamento de Justicia contra presuntos colaboradores del crimen organizado, las amenazas de nuevas acciones unilaterales y el endurecimiento del discurso de altos funcionarios de ese país forman parte de una misma estrategia que busca aumentar el costo político para quienes, desde la óptica de Washington, han permitido la expansión de los grupos criminales.

En ese contexto, los resultados adquieren una relevancia política, porque si casi la mitad de los mexicanos no rechaza de entrada una intervención estadounidense para combatir a los cárteles, la narrativa tradicional sobre la defensa irrestricta de la soberanía comienza a mostrarse vulnerable. La violencia, la extorsión, el control territorial del crimen organizado y la percepción de impunidad parecen estar modificando la manera en que una parte de la sociedad entiende la cooperación con Estados Unidos.

Más revelador todavía resulta el caso de Rocha Moya. El respaldo mayoritario a una eventual extradición refleja que la discusión pública ya no gira solamente en torno a la jurisdicción o la soberanía, sino sobre la confianza en que las instituciones mexicanas sean capaces de investigar y sancionar a personajes políticos vinculados con el crimen organizado. Cuando ocho de cada diez personas consideran que un gobernador debe responder ante la justicia estadounidense, el mensaje trasciende al personaje y alcanza a todo el sistema de procuración de justicia mexicano.

Las encuestas llegaron a la Casa Blanca prácticamente al mismo tiempo que la presidenta Claudia Sheinbaum aceptó la invitación de Donald Trump para asistir a la final de la Copa del Mundo en Nueva York. Oficialmente ambos gobiernos presentaron el encuentro como parte de una agenda diplomática alrededor del evento deportivo. Sin embargo, al parecer no fue casualidad que la mandataria mexicana aceptara la invitación en la coyuntura de tensiones en la relación bilateral.

Todo indica que el gobierno de Estados Unidos está construyendo su estrategia con información de inteligencia, reportes militares e investigaciones judiciales. Pero también quiere entender cómo está cambiando la opinión de los mexicanos frente a un problema que dejó de ser exclusivamente de política exterior para convertirse en un asunto de seguridad nacional.

Esa quizá sea la conclusión más importante. Mientras en México el debate sigue centrado en la soberanía, del otro lado de la frontera ya comenzaron a medir algo distinto. Están tratando de responder una pregunta mucho más estratégica: ¿Hasta dónde estaría dispuesta la sociedad mexicana a aceptar una participación más activa de Estados Unidos en el combate a los grupos criminales? Si las encuestas reflejan correctamente ese cambio de ánimo, la respuesta podría sorprender a más de un integrante del gobierno mexicano. En principio, a la presidenta Sheinbaum, quien ya tiene esas encuestas en su escritorio.

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Codicia, riqueza, bienestar y la

historia

Columna de opinión escrita por Héctor Aguilar Camín para Milenio

Lunes 27 de julio de 2026

Héctor Aguilar Camín

3:11

Veo en redes, una entrevista a Milton Friedman, grabada en el prehistórico año de 1979. Tiene una frescura y una actualidad extraordinarias.

Friedman devasta con unas cuantas palabras y con unas cuantas preguntas, muy viejos y muy tercos lugares comunes sobre la perversidad del capitalismo y sobre su responsabilidad en la inicua distribución de la riqueza en el mundo.

El entrevistador pregunta a Friedman si no le da vergüenza defender un sistema basado en la codicia: “Cuando ves la mala distribución de la riqueza, tan pocos que tienen tanto y tantos que no tienen nada… ¿nunca has dudado del capitalismo, de si la codicia es una buena idea?

Friedman responde: “Primero, dime: ¿conoces alguna sociedad que no funcione con codicia?, ¿crees que Rusia no funciona con codicia?, ¿que China no?, ¿y qué es la codicia?, ninguno de nosotros es codicioso, claro. El codicioso siempre es el otro”.

La gente en el estudio ríe, y Friedman asalta entonces el supuesto justiciero del que parten las preguntas de su entrevistador, a saber: que el gobierno podría corregir la pobreza y la mala distribución de la riqueza creada por la codicia del capitalismo.

Friedman: “Los grandes logros de la civilización no salieron de oficinas del gobierno. Einstein no construyó su teoría por orden de un burócrata. Tampoco Ford revolucionó así el automóvil”.

Sigue entonces la nuez histórica del argumento de Friedman.

Friedman: “Los únicos casos registrados en la historia en que las masas pudieron escapar de la pobreza, son los casos donde hubo capitalismo y libre comercio”.

El entrevistador replica: “Lo que dice parece premiar la habilidad de manipular el sistema, no la virtud”.

Friedman: “Pero dónde se premia la virtud?, ¿crees que un comisario comunista premia la virtud?, ¿un Hitler premia la virtud?, ¿crees que los presidentes estadunidenses eligen a sus colaboradores por su virtud o por su peso político?, dime: ¿dónde están esos ángeles virtuosos que van a organizar la sociedad para nosotros?”.

El público ríe de nuevo. Friedman ha establecido dos hechos:

En la historia que conocemos, sólo el capitalismo ha creado riqueza y bienestar.

No hay en el Estado virtudes filantrópicas superiores para crear bienestar. Las razones codiciosas del capitalismo han sido más eficaces.