Un juez suspende la orden de Trump de eliminar la ciudadanía estadounidense por nacimiento

Restringió la entrada en vigor de la orden ejecutiva del Gobierno estadounidense que limita la ciudadanía por nacimiento en todo el país

Viernes 11 de julio de 2025

El juez federal Joseph Laplante, de New Hampshire, emitió hoy una orden judicial que bloquea de forma preliminar la entrada en vigor del decreto ejecutivo firmado por el presidente Donald Trump el 20 de enero de 2025, que buscaba eliminar la ciudadanía automática a los niños nacidos en Estados Unidos de padres no ciudadanos o sin residencia permanente.

La medida vigente desde su regreso al poder, amenazaba con afectar a alrededor de 150,000 recién nacidos anuales, aunque múltiples tribunales federales ya la habían paralizado en estados clave como Washington, Maryland, Massachusetts y Washington, citando violaciones a la cláusula de la Enmienda 14 de la Constitución, que garantiza la ciudadanía automática a toda persona nacida en territorio estadounidense.

La Corte Suprema había restringido su capacidad para emitir suspensiones nacionales universales, pero reconoció la vía de acciones colectivas, lo que permitió a Laplante certificar un amparo en nombre de todos los menores potencialmente afectados. En su fallo, señaló que la negación de la ciudadanía conllevaría un “daño irreparable”, describiéndola como “el mayor privilegio que existe en el mundo”.

Aunque concedió un plazo de siete días para que el Departamento de Justicia apele, el juez mantiene vigente la suspensión del decreto hasta al menos el 27 de julio.

Por su parte, la Casa Blanca reaccionó calificando la decisión como una “evasión judicial del fallo de la Corte Suprema” y aseguró que impugnará la medida. Sin embargo, queda de manifiesto la importancia del contrapeso de un poder judicial independiente, que es respetado, en el marco legal, por el propio presidente Trump.

Si bien, este fallo no es la palabra final, establece un precedente importante sobre la validez de la ciudadanía por nacimiento y demuestra que los jueces han encontrado fundamento constitucional suficiente para sostener restricciones temporales a órdenes ejecutivas. El conflicto está destinado a escalar hacia una revisión final por parte de la Corte Suprema, posiblemente en su próximo periodo a partir de octubre de 2025.