A favor del narco
Columna de opinión escrita por Sergio Sarmiento para Reforma
Jueves 1 de octubre de 2026
Sergio Sarmiento
"El juez al que siempre le gustan sus fallos es un mal juez".
Antonin Scalia
En un principio parecería que la Suprema Corte fue equitativa al considerar la nueva legislación electoral de Chihuahua, el estado gobernado por la panista Maru Campos. Los ministros aceptaron este 29 de septiembre que una elección puede anularse cuando "se acrediten hechos de delincuencia permanente o sistemática que hayan influido en el proceso electoral, siempre que sean graves, dolosos y determinantes para el resultado". Punto para Chihuahua y para los chihuahuenses.
La ley buscaba evitar la repetición en Chihuahua de la narcoelección de Sinaloa de 2021, cuando los Chapitos operaron en favor de Rubén Rocha Moya y los demás candidatos de Morena, llegando al extremo de secuestrar a candidatos y operadores de la oposición. El triunfo de Morena lo validó el Tribunal Electoral estatal, en una resolución de la magistrada Aída Inzunza, curiosamente hermana del senador de Morena Enrique Inzunza, hoy imputado en Estados Unidos precisamente por su relación con los Chapitos.
Aunque la Corte avaló la posibilidad de anular elecciones cuando haya intervenciones de la delincuencia organizada, este triunfo de Chihuahua cayó por tierra ante la negativa de los ministros a aceptar la pérdida automática de registro de los candidatos beneficiados. Cada caso tendrá que ser estudiado en lo individual; pero con el control que tienen actualmente los delincuentes sobre los tribunales electorales, podemos prever que no actuarán contra los candidatos del crimen.
Los ministros negaron también la posibilidad de sancionar a los candidatos que se beneficien de las intervenciones de la delincuencia: "Nadie puede ser responsable por conductas ajenas", determinaron. Parece sensato, pero, ¡cuidado!, porque significa que si un candidato ordena actos ilegales contra sus rivales solo los actores materiales, y no el candidato, podrán ser sancionados.
Los ministros tomaron una decisión adicional, más inquietante todavía, al ordenar a los legisladores de Chihuahua incorporar en la legislación electoral una cláusula que incluya "la nulidad de elecciones por actos de intervención o injerencia extra, la no reelección para puestos de elección popular a partir de 2030 y las reglas contra nepotismo en candidaturas". No solo están violando la autonomía del Poder Legislativo de Chihuahua, sino que están imponiendo al estado la agenda política de Morena.
La gobernadora Campos declaró este 29 de septiembre: "Morena votó en contra de blindar las elecciones contra el narco. Y como no le alcanzaron los votos, corrió a la Suprema Corte a pedir que se tumbara. Sí, a la Suprema Corte que no discute nada y que solo acata".
El fallo de la Corte confirma que su función fundamental hoy es apoyar las políticas de Morena. Para algo sirvieron la reforma judicial y las elecciones de los acordeones. Ratifica que una "injerencia extranjera", que no está adecuadamente definida en la legislación, sería causa de nulidad de una elección. Una intervención del crimen organizado también se sancionaría, en caso de ser grave, dolosa y determinante, pero no llevaría a la cancelación del registro del candidato beneficiado.
Los tribunales electorales están trabajando con la Suprema Corte para facilitar el camino del narco al control de las elecciones. Lo peor es que los ciudadanos no podemos denunciar al "narcogobierno" o a los "narcopartidos" porque el INE aplicaría en contra nuestra sus nuevas facultades de censura.
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Felipe Calderón decapitado
Columna de opinión escrita por Azucena Uresti para El Universal
Jueves 1 de octubre de 2026
Azucena Uresti
El expresidente perdió la cabeza, su estatua en Los Pinos fue golpeada ayer hasta quedar acéfala. Extrabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro protestaron, primero, frente al hotel donde Felipe Calderón participaba como orador en el Foro América Libre, organizado por Acción Nacional. Después los manifestantes se dirigieron a Los Pinos en donde una vez decapitado, retiraron también la placa con su nombre. El desprecio no tiene límite cuando el adversario deja de ser una persona con derechos y se convierte en un enemigo al que hay que borrar —de alguna manera—.
La escultura llevaba más de un año tirada. Un árbol la derribó durante las lluvias de julio de 2025 y no había sido reinstalada. Como cualquier funcionario, las autoridades responsables del recinto deben explicar por qué permaneció así y qué hicieron para protegerla durante la movilización; como cualquier mexicano, los electricistas tienen derecho a protestar —aunque sin destruir bienes públicos—; y como cualquier gobernante, Calderón debe responder al escrutinio público sobre sus decisiones.
Sin embargo, no podemos seguir pasando por alto la responsabilidad política de quienes han alimentado la polarización entre los mexicanos. Durante su gobierno, Andrés Manuel López Obrador utilizó la tribuna presidencial para descalificar a sus adversarios, a quienes llamó conservadores, egoístas, corruptos e hipócritas. Varios sectores de Morena hicieron de esa confrontación una identidad que parecía conferir superioridad moral; cuestionarlo colocaba —y aún sucede— a cualquiera en el centro de los ataques, sembrando con ello más odio y resentimiento. Las divisiones y diferencias entre los ciudadanos no son nuevas, pero en lugar de tratar de reducirlas, López Obrador se encargó de profundizarlas.
En ese entendido, para el gobierno, humillar al adversario es aceptable, y agredir símbolos puede celebrarse como una victoria.
¿Quién movilizó a los trabajadores con este fin? La responsabilidad de los agresores debe esclarecerse, no debe ignorarse la responsabilidad política por normalizar el desprecio ni tampoco la inacción de las autoridades ante lo que, en otras manifestaciones, como las de las mujeres, ellos han llamado vandalismo.
La Calzada de los Presidentes surgió en 1981 por iniciativa del entonces presidente, José López Portillo, quien quiso dejar ahí su efigie. Con los años se sumaron 13 más. Desde Lázaro Cárdenas hasta Enrique Peña Nieto, ese camino recorre gobiernos distintos, decisiones controvertidas, avances, errores y tragedias. Preservarlo permite discutir esa historia sin que esto signifique admirar, despreciar ni mucho menos atacar a los personajes representados.
El odio y la polarización son recursos recurrentes de los radicalismos autoritarios, donde disentir te convierte en blanco de hostilidad.
¿A dónde nos conduce la polarización y quién gana con ella? En lo inmediato, gana quien convierte el enojo en votos y la confrontación en lealtad. Pero esas victorias son frágiles pues la división puede convertirse en un boomerang contra quien la promueve. Mientras tanto, el costo lo paga la sociedad, que empieza a verlo todo en blanco y negro, entre aliados y enemigos, sin espacio para los matices ni el diálogo. Así, dejamos de discutir cómo resolver los problemas para concentrarnos en a quién culpar.
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