Reforma mal amarrada
Columna de opinión escrita por Pascal Beltrán del Río para Excélsior
Lunes 5 de octubre de 2026
Pascal Beltrán del Río
La modificación constitucional para prohibir que las personas con doble nacionalidad puedan aspirar a la Presidencia de la República, a las gubernaturas o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, se vendió como un blindaje indispensable para salvaguardar la soberanía nacional ante eventuales injerencias extranjeras.
No obstante, desde el momento en que se dio a conocer la iniciativa, diversos analistas y voces de la oposición percibieron una dedicatoria implícita dirigida hacia personajes del bloque opositor refugiados o radicados en el extranjero, singularmente contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Pese a que desde el podio de Palacio Nacional se negó de forma reiterada cualquier intención de personalizar la reforma, el oficialismo apretó las tuercas legislativas en ambas cámaras hasta lograr su aprobación definitiva con la aplanadora parlamentaria de Morena y sus aliados. Sin embargo, el tiro por la culata sobrevino de forma casi inmediata y con una contundencia inesperada. La primera víctima visible de la rigidez constitucional no pertenecía a las filas opositoras, sino a la propia coalición gobernante: la senadora con licencia Jasmine Bugarín, quien acaba de ser nombrada “coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación en Nayarit” y perfilada como virtual candidata a la gubernatura de esa entidad.
Al salir a la luz pública que Bugarín nació en suelo estadunidense, la legisladora intentó atajar la controversia mediante una publicación en sus redes sociales donde afirmó de manera categórica que ya había presentado ante la Secretaría de Relaciones Exteriores su “renuncia a toda sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier Estado extranjero, particularmente a los Estados Unidos de América”. El asunto escaló hasta la conferencia matutina. Con el propósito de sofocar el escándalo político, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, salió en defensa del trámite administrativo que Bugarín había realizado años atrás ante la Cancillería mexicana. La postura oficial encendió de inmediato las posturas en la opinión pública. Juristas y comentaristas advirtieron que los manifiestos presentados ante la burocracia mexicana resultan del todo insuficientes. Acorralada por la inconsistencia de su versión inicial, Bugarín tuvo que dar un viraje público y anunciar que acudió personalmente al consulado estadunidense en Guadalajara para iniciar el procedimiento formal de renuncia.
El viernes pasado entrevisté en Imagen Radio al abogado especialista en materia migratoria Aarón Ortiz Santos para desentrañar los alcances reales de ese trámite. El especialista confirmó que la renuncia a la ciudadanía de Estados Unidos debe desahogarse de manera presencial ante un funcionario consular de ese país, requiere cubrir un pago de unos 500 dólares y representa un proceso burocrático complejo que suele tardar varios meses en resolverse. Ortiz Santos, quien trabaja auxiliando a la comunidad mexicana en Atlanta para regularizar su estancia legal, compartió además el profundo desaliento que invadió a nuestros paisanos en EU ante esta reforma. Explicó el sentimiento de rechazo generado porque nadie consultó a la diáspora para redactar la norma, creando una contradicción flagrante con los avances legislativos alcanzados en 2023, cuando se aprobó una reforma para precisar que las personas nacidas en el extranjero de madre o padre mexicano son mexicanas por nacimiento.
Además, el desaguisado pone al descubierto la falta de técnica jurídica y la precipitación con la que se suelen redactar estas iniciativas al calor del cálculo político. En redes sociales, el usuario @RalfBrsrk sintetizó el dilema de fondo con una reflexión impecable: “¿Y si no le da la gana al Departamento de Estado de concederlo o de hacerlo a tiempo? Sin querer, le regalaron a gobiernos extranjeros la facultad de decidir quién puede ser candidato. Se ve que no pensaron bien el asunto”.
La observación da de lleno en el blanco. Al condicionar la elegibilidad de los candidatos a la expedición de un documento emitido por una potencia extranjera, la bancada oficialista terminó entregando a un gobierno ajeno el control sobre quiénes pueden competir por el poder en México, vulnerando de manera absurda la misma soberanía nacional que pretendía blindar en el papel.
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Criminal apoyo mexicano a
Nicaragua
Columna de opinión escrita por Carlos Marín para Milenio
Lunes 5 de octubre de 2026
Carlos Marín
En pleno 2 de octubre, el gobierno mexicano refrendó su criminal apoyo a la dictadura nicaragüense.
Indigna que el repulsivo respaldo corriera a cargo de Alejandro Encinas, inexplicable subsecretario federal de Derechos Humanos de López Obrador que presidió la falsaria Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa.
A sabiendas de que la tiranía prohibió las elecciones libres, dijo que condenar a la pareja Ortega-Murillo “podría abrir espacios para plantear acciones que excedan las facultades de esta organización (...), que podrían resultar incompatibles con los principios de respeto a la soberanía, autodeterminación de los pueblos, no intervención y solución pacífica de las controversias (...)”.
Su falaz coartada: “México rechaza categóricamente cualquier intento de injerencia (...). Las soluciones impuestas desde el exterior rara vez construyen una paz duradera, suelen fracturar el tejido social de las naciones, generar dinámicas de confrontación, profundizar el aislamiento y abrir la puerta a medidas que (...) terminan produciendo una mayor desestabilización”.
¡Quiere más!
Para tener idea del execrable alcahueteo de la 4t con los “copresidentes” Ortega-Murillo, tómense en cuenta su concentración absoluta del poder, los encarcelamientos arbitrarios, los homicidios, la clausura de organizaciones civiles, el despojo de la nacionalidad y el destierro de opositores.
Las instituciones de Estado son utilizadas para impedir la participación política ciudadana y acallar las críticas mediante reformas legales que han sometido a la asamblea nacional y al Poder Judicial al matrimonio diabólico.
El código penal faculta juzgar en ausencia a los “traidores a la patria”, confiscar sus bienes y someterlos al destierro. Activistas, opositores y sacerdotes son detenidos sin orden judicial y es imposible que se les instruya el “debido proceso”.
Más de 5 mil 500 organizaciones defensoras de derechos humanos han sido proscritas en los ocho años recientes; clausurados los medios independientes y forzadas al exilio docenas de periodistas.
Según el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, el hostigamiento y la persecución se extiende a los países vecinos, en especial Costa Rica, donde el opositor Roberto Samcam fue asesinado a tiros en su casa de San José en junio del año pasado.
El Grupo de Expertos de la ONU sostiene que Ortega y Murillo cometen crímenes de lesa humanidad y que la violencia letal se manifiesta en al menos 300 asesinatos a manos de policías y paramilitares.
Cuando se vence el miedo y asoma una protesta, los testaferros tienen órdenes de disparar a matar contra los manifestantes.
Son comunes los asesinatos bajo custodia oficial. La ONU confirmó ocho casos de tortura y homicidio, como el de Brooklin Rivera en mayo pasado tras años de prisión clandestina, y del general en retiro Humberto Ortega, hermano del tirano, a quien se le mantenía en reclusión domiciliaria.
A todo eso tributa el obradorato su ominoso y estruendoso aplauso...
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El desinterés quema
Columna de opinión escrita por Eduardo Caccia para Reforma
Lunes 5 de octubre de 2026
Eduardo Caccia
En octubre de 2011, las protestas contra el régimen del dictador Bashar al-Assad llevaban unos meses. La ciudad de Homs, en Siria, era ya uno de los principales focos de la rebelión y de la represión. Abundaban las redadas y las detenciones; había muertos en las calles y barrios enteros bajo vigilancia. En una de las zonas más activas de la protesta, un hombre llamado Abu Bilal tomó una extraña decisión: ocultar sus libros. No los metió en cajas ni los enterró. Los dejó en sus estantes, los cubrió y levantó una pared frente a ellos. En caso de una redada, los soldados no encontrarían nada.
Dime a quién lees y te diré cómo piensas. Dime cómo piensas y te diré si estás conmigo o contra mí. Como suele suceder en gobiernos autocráticos, la tolerancia ideológica es una rara avis y la sospecha, el pan de todos los días. Una biblioteca deja de ser solo una colección de libros: se convierte también en evidencia, en una huella digital del pensamiento de su dueño y, potencialmente, de sus acciones. Abu Bilal no solo escondió objetos; ocultó ideas. Ideas que, ante un gobierno empeñado en imponer una sola verdad, pueden resultar peligrosas.
Quince años después, tras la caída del régimen de Assad, Abu Bilal volvió a su casa. La guerra había transformado Homs, pero una pared seguía intacta. Según se puede ver en un video que se propagó en las redes, el hombre tomó un martillo y comenzó a golpearla. Apareció una oquedad. Se hizo más grande. Ahí estaban los estantes y los libros, decenas de títulos de religión, filosofía e historia que habían permanecido quince años en una oscuridad protectora. A salvo de la sospecha, del saqueo, de la destrucción y del tiempo mismo. Mientras afuera cambiaba el gobierno y la ciudad, detrás de un muro falso decenas de libros esperaban a que su dueño volviera por ellos.
Desconozco si la motivación de aquel hombre fue solo proteger su integridad y la de su familia o si además lo movió un amor por la lectura, las ideas y los libros. Su historia deja ver una paradoja de nuestro tiempo. Para muchos de nosotros, el problema ya no consiste en conseguir un libro prohibido o clandestino. Nunca ha sido tan fácil como ahora acceder al conocimiento. Podemos encontrar en segundos obras que durante mucho tiempo exigieron viajes, dinero, contactos o largas búsquedas. Sin embargo, esa abundancia no necesariamente nos ha acercado a la lectura. Una biblioteca no necesita esconderse cuando nadie tiene interés en quemarla o en entrar en ella.
El desinterés es una forma de fuego. Hay sociedades que temen a ciertos libros porque pueden ser leídos; nuestra paradoja consiste en que podemos quitarles su poder sin prohibir una sola página.
La vida digital compite como nunca por nuestra atención. Esa competencia coincide con una caída preocupante de ciertas formas de lectura. Según cifras del Inegi, 84.2 por ciento de la población alfabeta adulta dijo en 2015 haber leído alguno de los materiales que mide su encuesta; en 2024 la proporción había caído a 69.6 por ciento: casi quince puntos menos en menos de una década. Alguien podrá argumentar que se sigue leyendo, pero de otra forma. Se leen palabras, encabezados, párrafos cortos, comentarios, búsquedas. Pero no es esa forma de lectura la que me interesa aquí. La que está en juego es otra, la lectura que exige concentración, invita al análisis crítico, relaciona hechos y datos, reconoce estructuras y nos obliga a formar un juicio propio.
El asunto entonces no es el número de libros que leemos o no, sino cuáles capacidades estamos dejando de ejercitar. Leer, en su sentido más amplio, exige algo que la vida digital nos pide cada vez menos: permanecer. Seguir un argumento durante páginas, recordar lo leído veinte minutos o veinte horas antes. Aceptar que una idea tarde páginas en desplegarse. Imaginar una escena sin verla en un video o en una foto. Discrepar del autor y, aun así, mantenerte con él unas páginas más en lugar de desplazar el dedo hacia otra cosa. Ese tipo de lectura no solo transmite información; entrena una manera de estar en el mundo.
Hay sociedades en las que los libros tienen que esconderse de quienes quieren destruirlos. Y hay otras en las que permanecen perfectamente visibles mientras dejamos de abrirlos.
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