Asuman su responsabilidad

Columna de opinión escrita por Jorge Fernández Menéndez para el periódico Excélsior

Martes 4 de noviembre de 2025

Jorge Fernández Menéndez

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¿Cómo puede ser tan mala en términos políticos e insensible en lo humano, la respuesta del gobierno federal ante el asesinato de Carlos Manzo y la violencia que sufre el país? Todos los operadores de Morena dijeron al unísono que se quiere sacar raja política del crimen. La presidenta Sheinbaum, en lugar de condenar a los criminales y lanzar una ofensiva en su contra, se lanzó contra la prensa y los medios “carroñeros” (y vaya que la elección de la palabra aplicada al caso es pésima), y como no podía ser de otra manera aseguró que la violencia en Michoacán “es culpa de la guerra de Calderón”.

Es falso, es la utilización de los recursos distractores predilectos de Jesús Ramírez que se han vuelto a imponer en la mañanera. Si la Presidenta quisiera saber el génesis de la violencia en Michoacán podría preguntarle a un actor privilegiado de esa historia, el jefe de su oficina, Lázaro Cárdenas Batel, que fue gobernador de Michoacán cuando asumió Calderón la presidencia en 2006. Lázaro, quizás el último gobernador que no estuvo relacionado o contemplativo con el narco en el estado, fue quien pidió a Calderón la intervención militar en una entidad que estaba azotada por la violencia, por los mismos grupos cuyos descendientes y sucesores son los que operan ahora el crimen en la región, sobre todo desde 1990. Me tocó verlo, reportarlo, escribir sobre el tema y realizar una larga entrevista con el nieto de Lázaro e hijo de Cuauhtémoc Cárdenas sobre el tema.

Pero no sólo se trata del entonces gobernador, el general Ricardo Trevilla poco después fue un muy eficiente jefe de la Zona Militar en Apatzingán y Omar García Harfuch fue uno de los principales operadores de política antinarcóticos en Michoacán en la Policía Federal. Los tres conocen bien el tema y lo combatieron, no podemos decir lo mismo de sus sucesores. Leonel Godoy, gobernador por el PRD, y ahora legislador por Morena, fue un desastre, su gobierno estuvo controlado de arriba hasta abajo por los criminales. Durante su gobierno se produjo el llamado michoacanazo, durante el cual se detuvo a 11 presidentes municipales y a 16 integrantes de su gobierno, incluyendo buena parte de su gabinete de seguridad, por sus relaciones con el crimen organizado. Casi todos fueron liberados por presiones ante jueces del Legislativo local.

Aunque había un caso mucho más especial: el hermano del gobernador, Julio César Godoy, elegido diputado, a quien La Tuta, el principal líder criminal, le había financiado la campaña. Se le acusó y el PRD, a través de Alejandro Encinas, realizó toda una maniobra para meterlo a San Lázaro escondido en la cajuela de un automóvil para que rindiera protesta y tuviera fuero. Se pidió su desafuero y en el juicio se divulgaron las grabaciones de las conversaciones de Godoy con el líder de Los Caballeros Templarios. Fue desaforado, pero antes de que se le pudiera detener se dio a la fuga, hasta el día de hoy.

Cuando Lázaro todavía era gobernador hice un importante reportaje para televisión en Uruapan, ya entonces en medio de una dura crisis de violencia, sobre todo contra los productores de aguacate. Fue la primera fosa común clandestina que conocí. Estaba en pleno centro de la ciudad, en un taller mecánico en el que había un impresionante cuarto de tortura donde se vejaba a las víctimas antes de matarlas. Desde entonces hemos cubierto muchas veces lo sucedido en esa región y, hasta la llegada de Carlos Manzo, ningún presidente municipal había osado enfrentarse al crimen en la zona económicamente más importante del estado. Manzo, que había sido diputado por Morena y que dejó ese partido en desacuerdo, entre otras cosas, con la política de abrazos y no balazos, para presentarse como candidato independiente a alcalde en 2024, no fue acompañado por el gobierno federal en esa lucha, mucho menos por el gobernador Ramírez Bedolla, que incluso se burlaba de Manzo por su firmeza ante el crimen. El gobernador, por cierto, es uno de los políticos que está en la mira de las autoridades de Estados Unidos por sus supuestas relaciones con el crimen organizado.

El asesinato de Carlos Manzo no es una excepción, es parte de un proceso de profunda descomposición en el estado ante la violencia, la extorsión –sobre todo contra aguacateros y limoneros–, por la ocupación y la explotación ilegal de minas, por el control criminal del puerto de Lázaro Cárdenas, donde se exporta e importa buena parte del producto obtenido por los criminales y donde se importan drogas y precursores para los laboratorios clandestinos que operan en el estado. El secuestro y muerte hace apenas unos días de Bernardo Bravo, el líder de los productores de limón, que también desafío a los grupos criminales, fue el preludio del asesinato de Manzo.

Mientras tanto, los grupos criminales han llevado la violencia a otro nivel, no sólo con asesinatos, sino también con la utilización de minas terrestres antipersonales y drones artillados, usados contra fuerzas militares y la población.

¿De verdad ante este escenario terrible no se les ocurre en el gobierno federal algo más que tuitear contra los medios acusándolos de sacar raja del crimen, tratar a los periodistas de carroñeros y decir que todo es culpa de Calderón? La presidenta Sheinbaum debe asumir su responsabilidad y lanzar una verdadera ofensiva contra el crimen organizado en Michoacán, como reclamaba Carlos Manzo.

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De lo que no se enoja la presidenta

Columna de opinión escrita por ​Raymundo Riva Palacio para el diario El Financiero

Martes 4 de noviembre de 2025

Raymundo Riva Palacio

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La presidenta Claudia Sheinbaum reflejó ayer, de cuerpo completo, lo fuerte del golpe a su gobierno y a su estrategia de seguridad por el asesinato de Carlos Manzo, el valiente alcalde de Uruapan que le pidió reiteradamente apoyo para enfrentar el crimen organizado y se lo negó. Y producto de la confusión o los cinturones que la aprietan, la emprendió contra medios y periodistas, a los cuales llamó “carroñeros”. Increíble. Se enoja con nosotros, pero no contra los criminales. Tampoco le reclama al expresidente Andrés Manuel López Obrador, que le dejó el tiradero de país en el que chapotea todos los días.

¿Por qué no se indigna con la Guardia Nacional, a la que le mataron a Manzo bajo su vigilancia? ¿Por qué no se molesta con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, cuyo aparato de inteligencia no detectó el plan para asesinarlo? Si la presidenta empezara a pedir explicaciones a su gobierno, o su gabinete de seguridad fuera, en verdad, transparente, las cosas podrían ser diferentes. Pero la salida fácil de este régimen, como la de gobiernos pasados y de otros en el mundo, es dispararle al mensajero. Cuidado, no sea el mensajero la próxima víctima.

La propaganda sin resultados es un búmeran. La autocrítica, sin embargo, no se le da a Sheinbaum. De hecho, una característica del régimen obradorista es siempre victimizarse. Abusa también la presidenta de la verborrea política para cerrar los ojos. Por eso es inmune a realidades encima de la mesa. ¿De qué sirve que el gabinete de seguridad esté “indignado” por el asesinato? No son actores ajenos a los acontecimientos. ¿Por qué no demostraron el coraje desplazando a cientos de fuerzas federales para cazar a los asesinos?

García Harfuch dijo que la pistola que mató a Manzo había sido utilizada en dos actos criminales, uno de ellos el 23 de octubre, cuando un grupo armado atacó a una pareja en un bar de Uruapan. Tendría, por lo tanto, una primera hipótesis sobre la autoría material del crimen. Pero no hicieron nada. Ni siquiera han atraído el caso por el alto impacto del crimen. Lo han dejado en el ámbito local, y como el homicidio es un delito del fuero común, la Fiscalía General de Justicia de Michoacán, que no ha mostrado eficiencia, es la que lleva el caso.

García Harfuch dijo que el Ministerio Público ya interrogó a los escoltas y policías de Uruapan para deslindar responsabilidades, pero no informó nada de los 14 elementos de la Guardia Nacional que estaban a cargo de la seguridad periférica, como la llamó el secretario de la Defensa, el general Ricardo Trevilla. Ellos son parte importante de la investigación. La seguridad perimetral tiene protocolos para casos de alto riesgo, como era el de Manzo, y los comisionados a su seguridad debieron haber sido sometidos a pruebas extraordinarias de confianza. Su papel, también, era mantener contacto estrecho y permanente con la escolta. ¿Dónde estaban? A saber.

En ninguno de los videos que tomó la gente tras la ejecución se ve a algún elemento de la Guardia Nacional. Cuando yacía caído, no estaban ahí. Cuando los paramédicos le dieron los primeros auxilios, estaban ausentes. Ayer, en la mañanera, uno de los periodistas de verdad le preguntó dónde estaban en el momento del asesinato. El general no respondió. No se puede pensar otra cosa, salvo que está escondiendo un fragmento importante de esta tragedia. El general Trevilla, que entiende el valor de la información, ha ocultado su proceder ante los ojos de todos.

Los militares, como lo son en la Guardia Nacional, están entrenados para registrar, minuto a minuto, lo que hacen y lo que sucede. Es inadmisible, por imposible, que el general oculte la información que existe, una bitácora que ayude a construir la verdad de lo que sucedió en Uruapan. El general Héctor Francisco Morán, comandante de la 21 Zona Militar, con sede en Morelia, la debe tener. Pero, de qué tamaño podrá ser la verdad para preferir el general pasar como desinformado o que no tiene control sobre las áreas bajo su responsabilidad.

La desviación de las cosas de fondo ha sido notable en las últimas 48 horas. El spin de comunicación desde el domingo –eliminando la basura de la retórica que salió de Palacio Nacional– es el énfasis de la seguridad perimetral, para atajar las críticas de que el gobierno federal dejó a Manzo a su suerte, como sucedió en los hechos, de acuerdo con las peticiones públicas que hacía reiteradamente en las últimas semanas. Prefirieron curarse en salud el gabinete de seguridad por encima de que se les considere incompetentes y emerjan las fallas que tuvieron.

Uno, a la vista de todos, es la seguridad de Manzo. El alcalde llegó a la presidencia municipal en Uruapan, el principal centro aguacatero y paso crítico del tráfico de metanfetaminas, con la promesa de no pactar con criminales, y ante las extorsiones a los agricultores, comenzó a pedir ayuda al gobierno federal y a emplazar a Sheinbaum y García Harfuch para que fueran a Uruapan y vieran que su estrategia de seguridad ahí no servía. Manzo era una persona de alto riesgo, que requería atención especial, sobre todo tras el asesinato del líder limonero de Apatzingán, Bernardo Bravo, hace dos semanas, que debió haber elevado aún más las alertas. No fue así. Lo abandonaron.

Michoacán es un laboratorio de pruebas de la militarización policial y de la colaboración con Estados Unidos en la lucha contra las extorsiones. Al ser el microcosmos de la estrategia de seguridad, el trabajo de inteligencia debió haber tenido en Manzo una prioridad. Pero el Centro Nacional de Inteligencia, controlado por García Harfuch, no detectó ninguna amenaza en su contra, a menos que, como la Secretaría de la Defensa, esté ocultando información.

Qué tanto sabe la presidenta y el gabinete de seguridad del asesinato, es un misterio. Pero resolver las cosas de fondo, como nuevamente prometen, no es costumbre de la casa. Los crímenes de alto impacto se quedan en la epidermis y, para que nadie rasque o pida explicaciones, disparan la escopeta para que la atención se vaya hacia otra parte, como ayer.