Autoinfligido

​Columna de opinión escrita por Luis Rubio para Reforma

Lunes 3 de agosto de 2026

Luis Rubio

6:15

Para un gobierno que se precia de priorizar a los pobres, los últimos ocho años han arrojado un sensible deterioro, especialmente en la deliberada erosión de las oportunidades para el desarrollo futuro. Lo anterior no implica que los años previos hayan sido un dechado de virtudes, pero el deterioro es plausible. La prioridad debería ser la construcción de un futuro más equitativo, pero sin crecimiento ese objetivo se torna imposible. Y nada de lo que hoy se encuentra en el panorama es susceptible de facilitar el crecimiento de la economía.

No hay mejor punto de partida que el de la electricidad. Quienquiera que observe el panorama mundial sabe que el gran reto del futuro es precisamente la disponibilidad de electricidad, pues ese es el factor clave para todas las economías y más en esta era de la alta tecnología, especialmente de la inteligencia artificial. De hecho, la disponibilidad de electricidad, y energía en general, se ha convertido en el gran cuello de botella en todo el mundo. Por eso, incluso si existieran condiciones propicias en materia política y legal para incentivar y atraer inversiones que reactiven la economía, sin electricidad eso simplemente no va a ocurrir.

¿Qué han hecho los dos gobiernos recientes en materia de energía? Cerrar puertas y oportunidades, concibiendo al sector de la energía como un asunto de nacionalismo en lugar de entenderlo como el factor crucial que es. Como si fuese una pieza de museo. Si a eso se agrega la plétora de alteraciones al marco político y legal, la posibilidad de reactivar la economía disminuye todavía más.

Baste con observar cómo ha cambiado la relación entre las exportaciones y el crecimiento económico. Desde que entró en operación el tratado comercial de Norteamérica, las exportaciones se convirtieron en el factor clave para el crecimiento económico. Desde luego, nunca lograron el cometido de transformar a todas las economías regionales del país, razón por la cual el contraste entre los estados y regiones vinculados con las exportaciones y los que no lo están es tan vasto. La cifra tan mentada de "solo" 2% de crecimiento económico en las pasadas décadas esconde los contrastes en lugar de explicarlos: ese promedio de crecimiento no permite apreciar cómo crecieron algunos estados y regiones (algunos a tasas casi asiáticas) en contraste con otros que han permanecido casi paralizados en el tiempo. Y, entre paréntesis, es increíble que el gobierno de "primero los pobres" no hiciera nada por crear condiciones para que los estados sureños, los más pobres del país, comenzaran el tipo de transformación que desde mucho antes sobrecogió al norte.

En lugar de convertir al país en una gran potencia manufacturera, la pretendida transformación ha acabado desvinculado a las exportaciones del resto de la economía nacional, disminuyendo el contenido nacional que se agrega en esas manufacturas y, por lo tanto, retrotrayendo al país a la era de la maquila. Nada malo con maquilar, pues eso crea empleos y demanda servicios diversos, pero el camino debería ser exactamente el opuesto: agregar cada vez más valor en México. Lamentablemente, para que eso fuese asequible se requerirían dos cambios que chocan con la lógica nacionalista prevaleciente: un sistema educativo que privilegie el aprendizaje, las matemáticas, el lenguaje y la dignidad del empresario; y un entramado legal que incentive de manera decidida la inversión en electricidad.

Impactante lo que ocurre en el mundo en materia de electricidad no sólo por los ingentes montos de inversión dedicados a producir el preciado fluido, sino por todas las industrias que crecen y se nutren de esa inversión y las que están siendo transformadas gracias a la disponibilidad de electricidad. Entre las primeras se encuentran la computación, ingeniería, cables, cobre, construcción, etcétera. Las segundas: farmacéutica, medicina, transporte, robótica, software, imagenología, etc. Es fácil imaginar el mundo de oportunidades que unos cuantos cambios de visión y concepto podrían rendirle al país. Lamentablemente, la fobia a la inversión privada y los dogmas de un nacionalismo mal entendido han tenido el efecto de empobrecer al país.

Todo esto crea otro peculiar contraste: éste entre el mundo que crece y se transforma y México, que se estanca. El mundo cambia a paso acelerado, mientras que México resulta condenado a ser un mero apéndice en la forma de una nación maquiladora que beneficia a una fracción de los mexicanos en lugar de ser parte de esa gran ola de crecimiento acelerado que caracteriza al mundo, comenzando por nuestro principal socio comercial.

En vez de oportunidades, parecemos condenados a padecer decisiones explícitas e implícitas que hacen pensar que están diseñadas para impedir la agregación de valor en lo que ya existe y a crear nuevas oportunidades en todo lo demás.

Joseph Schumpeter, el gran filósofo del cambio económico, acuñó el concepto de "destrucción creativa" para explicar cómo las economías progresan cuando se rompen mitos, cartabones y dogmas, así como factores reales de producción. A México justamente le urge un ciclo de destrucción creativa para construir una nueva etapa de desarrollo integral. Ese debiera ser el gran legado del gobierno de la presidenta Sheinbaum.

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El falso dilema de los derechos de

las audiencias

Columna de opinión escrita por Irene Levy para El Universal

Lunes 3 de agosto de 2026

Irene Levy

4:36

Los derechos de las audiencias se incorporaron en México en la reforma constitucional y legal de 2013 y 2014; el difunto IFT publicó en 2016 unos lineamientos cuya entrada en vigor se suspendió en un hecho inédito. Después vino la contrarreforma de 2017 —apoyada por PRI, PAN y PRD— que descremó esos derechos. Más tarde, la Suprema Corte invalidó la contrarreforma y dejó el tema en una especie de limbo regulatorio hasta que el año pasado, la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión los recuperó y ahora la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, órgano gubernamental que sustituyó al autónomo, sometió a consulta un nuevo proyecto de lineamientos. Así ha sido esta historia: un péndulo permanente.

La regulación de los derechos de las audiencias nunca estará libre de polémica. Temas como éste provocan tensiones y resistencias naturales; pero no debemos dudar, los derechos de las audiencias deben estar reconocidos y regulados y celebro que la presidenta Claudia Sheinbaum los haya reincorporado en la nueva ley. El problema no es ese; el problema parte del contexto político y del contenido del proyecto.

Venimos de casi una década en la que la Presidencia ha asumido, de facto, el papel de árbitro de la verdad pública: desde ahí se dice qué información merece el calificativo de falsa y qué periodistas o medios deben ser exhibidos. Esa lógica no desapareció con la salida de Quién es quién en las mentiras; fue sustituida por un espacio denominado Derecho de réplica, cuyo objetivo supuestamente es corregir información falsa. Sin embargo, basta revisar sus contenidos para advertir que el escrutinio siempre se concentra en piezas periodísticas críticas del gobierno. ¿Los medios oficialistas nunca se equivocan? Si el propósito fuera realmente corregir errores informativos, el criterio tendría que aplicarse a todos por igual.

El proyecto de lineamientos tiene virtudes y varias de ellas deberían mantenerse. Recupera mecanismos para hacer efectivos derechos que durante años quedaron desdibujados, desarrolla aspectos de accesibilidad y fortalece reglas sobre publicidad encubierta. Ese esfuerzo merece reconocerse, pero se les pasó la mano, el proyecto va más allá de la ley en ciertos casos.

Mientras la LMTR habla de veracidad de la información, los lineamientos añaden conceptos como la prohibición de difundir información “descontextualizada”.

La ley tampoco prevé que la CRT realice monitoreos de contenidos con el alcance que plantea el proyecto, ni contiene una habilitación abierta para “cualquier otra actuación que sea necesaria”. Además, convierte a la CRT en la instancia que termina revisando las decisiones de los defensores de las audiencias, adiós a la autorregulación.

La LMTR regula a las defensorías, pero no establece una segunda instancia administrativa de esa naturaleza.

No son detalles menores. El contexto expuesto ya de por sí es delicado y ampliar facultades de la autoridad en los lineamientos, además de ser inconstitucional, puede generar un efecto inhibitorio sobre el ejercicio de la libertad de expresión, aun si nadie “pretende” establecer censura previa.

Así, existe un falso dilema en la discusión pública, no se trata de escoger entre regular o no los derechos de las audiencias; se trata de regularlos bien, sin politizar, dentro del marco legal y sin poner en riesgo otros derechos constitucionales.

Quizá, parafraseando el espíritu de Wittgenstein, esto no debería ser una batalla sino una danza, porque los derechos de las audiencias y la libertad de expresión no son adversarios, sino dos valores constitucionales llamados a encontrar el equilibrio sin pisarse.