Desaparecidos: es hora de encarar la verdad
Columna de opinión escrita por Pascal Beltrán del Río para Excélsior
Viernes 23 de octubre de 2026
Pascal Beltrán del Río
El martes, en la sede neoyorquina de Naciones Unidas, la diplomacia mexicana encaró una de sus jornadas más complicadas. Juan Pablo Albán, el jurista ecuatoriano al frente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, compareció ante la Tercera Comisión de la Asamblea General y en ese marco se abordó la devastadora realidad humanitaria que aqueja a nuestro país.
El expediente mexicano llegó a esta instancia superior debido a la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Dicho mecanismo, creado en 2006 e instrumentado por México desde 2010, concede la facultad de llevar ante la Asamblea General casos donde existan indicios claros de que la práctica del delito es sistemática o generalizada.
El comité ejerció esa vía inédita el 2 de abril pasado, marcando la primera ocasión en que se invoca el precepto legal. La determinación se fundamentó en los alarmantes informes sobre impunidad endémica, fosas clandestinas y complicidad u omisión de autoridades en el territorio nacional.
Frente a las valoraciones del experto sudamericano, Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Gobernación, argumentó la postura oficial. Si bien la delegación mexicana reiteró su rechazo formal a la aplicación del artículo 34, la voz de Medina lució un tono ligeramente menos confrontativo en comparación con los discursos iniciales del gobierno. La representación mexicana aseveró que el Estado no fomenta tales conductas ni tolera la impunidad, prefiriendo calificar la medida internacional como un desacierto interpretativo sobre la realidad interna. Además, alegó haber encontrado a 16 mil desparecidos.
Sin embargo, la objeción diplomática resulta inútil frente al engranaje multilateral. Corresponde a la Asamblea General elaborar un proyecto de resolución para definir la postura global y determinar las medidas a recomendar al gobierno mexicano.
Un eventual ofrecimiento internacional de cooperación no debería interpretarse como una afrenta a la soberanía, sino como un auxilio urgente. En el pasado, la propia Asamblea promovió órganos especializados para atender tragedias similares o menos graves numéricamente hablando. Por ejemplo, creó en 1981 el Comité sobre Personas Desaparecidas para Chipre, dedicado al esfuerzo de exhumar e identificar más de dos mil víctimas de los choques intercomunales ocurridos en ese territorio insular. Cuatro décadas después, instauró la Institución Independiente sobre las Personas Desaparecidas en Siria, destinada a esclarecer el paradero de más de cien mil víctimas de la sangrienta guerra civil en ese país árabe. Ambas instancias han demostrado una valiosa efectividad técnica, devolviendo identidad a restos mortales y otorgando certeza a familias desgarradas.
Curiosamente, la jefatura de la entidad creada para el caso sirio recayó en la mexicana Karla Quintana, extitular de la Comisión Nacional de Búsqueda de México. La especialista dimitió a su encargo en agosto de 2023 tras expresar serias discrepancias con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien pretendía alterar el conteo de las personas desparecidas, algo que el actual gobierno insiste en hacer.
México votó a favor de las resoluciones destinadas a Chipre y Siria, impulsando el derecho a la verdad en el foro global. Sería un contrasentido que ahora las autoridades nacionales desprecien una asistencia similar cuando la crisis local rebasa las capacidades institucionales. El país acumula más de 70 mil cadáveres sin identificar apilados en morgues y fosas comunes. Todos los días brotan más entierros clandestinos y aparecen cuerpos o restos mutilados abandonados en calles o brechas.
Negar el abismo no borra la tragedia de las 130 mil personas ausentes, una cifra estremecedora de la que son parte alrededor de 20 mil expedientes acumulados en las carpetas del actual sexenio según los propios registros gubernamentales.
La administración federal debe abandonar la ceguera ideológica, asumir el tamaño del desastre y aceptar cualquier brazo que la comunidad internacional extienda para saldar la deuda histórica de la justicia y la verdad.
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La paradoja del IMSS y la
modalidad 40
Columna de opinión escrita por Enrique Quintana para El Financiero
Viernes 23 de octubre de 2026
Enrique Quintana
En marzo de 1973, la nueva Ley del Seguro Social dejó abierta una puerta que entonces parecía menor. Redujo de 100 a 52 las semanas necesarias para seguir cotizando por cuenta propia y obtener una pensión, tras salir del empleo formal, y permitió hacerlo con un salario superior al último registrado.
Medio siglo después, esa puerta se había convertido en una muy buena opción para quienes estaban por jubilarse.
Desde hace un par de días ha quedado ‘entrecerrada’.
Hablo de la continuación voluntaria en el régimen obligatorio, la famosa Modalidad 40, nacida en 1943 para que quien perdiera el empleo no perdiera también sus derechos pensionarios.
La ley de 1997 la mantuvo, ya sin servicio médico activo. Quien cotizó antes de julio de 1997 puede pensionarse con la Ley 73, cuyo monto depende del salario promedio de cotización de las últimas 250 semanas.
Bastaba inscribirse con el tope de 25 UMA, unos 88 mil pesos mensuales, y pagar cinco años de cuotas para multiplicar la pensión. La difusión del esquema en redes sociales y entre asesores previsionales hizo el resto.
El fenómeno dejó de ser marginal. De 91 mil cotizantes en 2013 se pasó a 200 mil en 2020 y a 275 mil al cierre de 2024, con casi 90 mil altas tan solo ese año.
La auditoría de la ASF a la Cuenta Pública 2024 retrató la conducta. Dos de cada tres inscritos eligieron salarios de entre 20 y 25 UMA; el salario más frecuente fue el tope máximo y, en promedio, la gente se registró con un salario cinco veces superior al último que tuvo con un patrón.
La edad promedio al inscribirse rondó los 58 años, justo antes del umbral de la cesantía.
Ese año el IMSS otorgó 91 mil pensiones con antecedente en la modalidad 40, calculadas con un salario 3.8 veces mayor al de la baja y con cesantías de hasta 84 mil pesos mensuales. Los cotizantes de la modalidad 40 pagaron ese año 27 mil 400 millones de pesos en cuotas.
La aritmética explica la fila. Pagar el tope durante cinco años cuesta, a valores de este año, poco menos de 900 mil pesos, aun con la cuota que sube anualmente por la reforma de 2020 y que pasará de 14.4 por ciento del salario en 2026 a 18.8 en 2030. A cambio se puede obtener una pensión vitalicia, indexada a la inflación y con viudez al 90 por ciento, que devuelve lo aportado en alrededor de año y medio.
El acuerdo del Consejo Técnico publicado hace un par de días en el Diario Oficial cambió las reglas.
Las nuevas inscripciones y los reingresos quedan topados al último salario registrado al causar baja, más una UMA, unos 117 pesos diarios. Desaparece la retroactividad; el trámite será exclusivamente digital y quienes ya están dentro conservan sus condiciones.
La modalidad no desaparece, pero su uso como elevador salarial queda en pausa.
Hay ahí una advertencia práctica, pues quien deje de pagar dos meses causa baja y reingresaría ya bajo la regla nueva. El propio acuerdo ordena un estudio actuarial a seis meses y, con sus resultados, una propuesta de reforma normativa en otros seis.
El efecto para quien planeaba entrar es grande y desigual. Según mis estimaciones con la fórmula de la Ley 73, quien ganaba 15 mil pesos y pensaba brincar al tope, ve reducida su pensión alcanzable en 79 por ciento, de unos 58 mil a unos 12 mil pesos, y el plazo para recuperar lo invertido pasa de año y medio a más de cinco años.
Con 35 mil pesos de salario, el recorte es de 56 por ciento; con 60 mil es de 28 y arriba de 84 mil 500 mensuales no hay cambio alguno.
El candado aprieta más abajo que arriba. Y tiene un flanco jurídico visible, pues el artículo 218 de la ley permite inscribirse con el último salario “o uno superior”, de modo que los amparos seguramente vienen en camino.
Aquí aparece la paradoja. El candado llega cuando el IMSS vive su mejor momento financiero en décadas.
Las cuotas obrero-patronales encadenaron máximos históricos reales hasta llegar a 603 mil millones de pesos en 2025, gracias al crecimiento del empleo formal, a la recuperación del salario real y a una mejor fiscalización. El propio Instituto proyecta suficiencia financiera hasta la próxima década, según el informe más reciente que envió al Congreso.
La explicación está en quién paga la cuenta. Las pensiones de la Ley 73 no salen de la caja del IMSS asegurador, sino del presupuesto federal, por mandato de la propia ley de 1997.
En 2024 esa nómina costó 643 mil millones de pesos, más que los 566 mil millones que el Instituto recaudó por cuotas, y la brecha se amplía año con año. Cada pensión obtenida con el arbitraje compromete gasto público durante décadas.
Por eso conviene leer el calendario del acuerdo. Seis meses de estudio y seis de propuesta normativa ponen sobre la mesa, hacia finales de 2027, la revisión de fondo del costo de la generación de transición.
Cuando una medida temporal trae un calendario de reforma, quiere decir que no hay certeza respecto a lo que viene de manera definitiva.
Habrá más cambios.
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