Cifras sospechosas

Columna de opinión escrita por Sergio Sarmiento para el diario Reforma

Miércoles 11 de marzo de 2026

Sergio Sarmiento

5:19

"Los hechos son testarudos, pero

las estadísticas son más manejables".

Atribuido a Mark Twain

Nuevamente la presidenta Sheinbaum presumió ayer una fuerte baja en los homicidios dolosos durante su gobierno: "La reducción de homicidios, de septiembre de 2024 a febrero de 2026, es del 44 por ciento", dijo.

Hay que celebrar, por supuesto. Los homicidios son uno de los principales problemas de México. Reducirlos debe ser un objetivo central de nuestro militarizado aparato de seguridad. El expresidente López Obrador también presumía disminuciones, pero en su sexenio se registraron 202,599 homicidios (@edusax79), el mayor número de un gobierno desde que tenemos las actuales estadísticas. Hay buenas razones ahora para aplaudir... si las cifras son correctas.

Sin embargo, México Evalúa advierte: "Los registros de incidencia delictiva exhiben comportamientos sospechosos en algunas categorías a nivel nacional y estatal" ("Violencia en México 2015-2025"). Así ocurre con los homicidios culposos, que son en buena medida accidentes, y con lo que se identifica como "otros delitos contra la vida y la integridad corporal". Este último registro pasó de 8,064 casos en 2018, último año de Peña Nieto, a 17,288 en 2025, un aumento fuera de toda lógica, sobre todo cuando los homicidios dolosos supuestamente están bajando.

Preocupa también el alza en las desapariciones, algunas de las cuales podrían ser homicidios. En el sexenio de Enrique Peña Nieto se registraron 14.8 diarias, con López Obrador 24.7 y en lo poco que llevamos con Sheinbaum 32. El aumento es demasiado elevado para no levantar sospechas. Con Sheinbaum se han registrado más de 16 mil desapariciones frente a 37 mil homicidios (@edusax79).

Según el gobierno, el promedio diario de delitos de alto impacto ha bajado de 969.4 en enero de 2018 a 456.3 en febrero de 2026. Es una caída de 53 por ciento, una cifra tan positiva que se hace indispensable hacerle una revisión detallada.

El gobierno de Sheinbaum ha modificado la forma en que se contabilizan los delitos. En 2025 se ampliaron de 53 a 71 los tipos que se incluyen en el Registro Nacional de Incidencia Delictiva. Las autoridades dicen que así mejorará el seguimiento de los delitos más importantes. Quizá, pero se generan dificultades para mantener una estadística creíble y significativa a lo largo del tiempo.

Parto de la idea de que las cifras de delitos que se han difundido en la mañanera son honestas y correctas. Ha habido un esfuerzo a lo largo de años, desde antes del inicio de la 4T, para recabar cifras confiables en seguridad. Nunca ha sido fácil, pero debe haber un mayor esfuerzo ahora para transparentar la información y someterla a una revisión crítica.

La violencia es el mayor problema de nuestra sociedad. Es bueno que se estén registrando resultados positivos en el combate al homicidio y otros delitos de violencia. No lo dice la Presidenta, que se esfuerza siempre para no confrontarse con su predecesor, López Obrador, pero la notable reducción en homicidios frente a septiembre de 2024, último mes de gobierno de Andrés Manuel, sugiere que está haciendo algo diferente, quizá haber descartado la estrategia de "Abrazos y no balazos".

Si se está avanzando por el camino correcto, hay que continuar, pero es necesario que el gobierno genere mayor certeza sobre las estadísticas. Para lograr credibilidad debe invitar la participación en la recopilación y análisis de los datos de las organizaciones independientes que se dedican a estudiar la inseguridad.

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Encuestas y banalización de la política

Columna de opinión escrita por Federico Berrueto para SDP Noticias

Miércoles 11 de marzo de 2026

Federico Berrueto

6:47

Las encuestas llegaron para quedarse. Muchas cosas han pasado en medio siglo. La información en papel ha cedido ante el formato digital; los dispositivos también han cambiado, la TV es un medio para el streaming no para la señal convencional de las empresas televisivas; la radio dejó de estar en casa, ahora se escucha en el coche o en el dispositivo móvil, medio de información, comunicación y entretenimiento masivo; una revolución tecnológica que apenas advertimos. Pero las encuestas llegaron y ahora, al menos en México son medida del desempeño del gobierno y se utilizan hasta para definir quién debe ser candidato del partido gobernante, que como en los viejos tiempos, candidatos que prevalecen con regularidad.

Las encuestas son negocio del poder en todo el mundo. A pesar de su popularidad e influencia, aquí y en todos lados se equivocan en temas fundamentales; en 2016 se anticipaba la derrota de Trump ante Hillary Clinton. En México, en 2012 el consenso era el triunfo de Peña Nieto por dos dígitos y apenas superó seis puntos porcentuales. El primer ministro de Inglaterra, David Cameron, resolvió hacer el referéndum para salir de la Unión Europea bajo la premisa de que las encuestas señalaban que la permanencia ganaría y eso llevó a la decisión más desastrosa para el bienestar de los ingleses y de la UE. Las encuestas no son precisas y menos ahora porque los encuestados desconfían de ellas y en el caso de México, la inseguridad complicó el levantamiento presencial, telefónico o digital. La encuesta requiere de la confianza del entrevistado, que hace tiempo se perdió.

Los números muy favorables de un mandatario casi siempre son indicativos de la calidad del escrutinio público, no tanto del desempeño. Por eso los gobernantes las promueven cuando les favorecen, se regocijan con ellas y una buena parte de la opinión pública hace el juego. En nuestro país cada reporte del acuerdo presidencial es seguido por comentarios sobre el éxito de quien manda, sin advertir que la renuncia al análisis crítico y al debate público, entre otras cosas, posibilitan los números favorables. Así, los mejor calificados son, casi siempre, los que gobiernan sociedades donde la libertad de expresión y la oposición son testimoniales, como sucede en México. Nadie registra relevante que el mismo funcionario elevado en aceptación, sea reprobado en los resultados de su gobierno: 70% de los encuestados recriminan los malos resultados en seguridad o probidad.

La fascinación con las encuestas se asocia a la obsesión por la precisión que ofrece el número. La cifra no es punto de llegada, como suele suceder en la interpretación generalizada hasta de especialistas, supuestamente entendidos. El número o porcentaje es punto de partida para descifrar y discutir qué significa. La obsesión numérica tiene mucho que ver con la pereza mental, atrás queda la imaginación sociológica convocada por el sociólogo C. Wright Mills. El reduccionismo de la cifra es la renuncia más generalizada a la reflexión crítica. En México es necesario, toda vez que la medida de éxito del presidente o presidenta se relaciona falsamente con los elevados números de aprobación.

Un efecto de la perezosa interpretación de los resultados de las encuestas de aprobación presidencial es la banalización de la política en un doble sentido. Por una parte, abona a la soberbia moral y abuso de quien gobierna al asumirse ratificado en su gobernar y las discutibles decisiones que emprende; por la otra, inhibe la reflexión crítica y el indispensable escrutinio social como fórmula para mejorar el ejercicio del poder y contención al abuso. Banalizar conduce a venalidad y degradación en el ejercicio del poder; ceder en la valoración de la autoridad a partir del empirismo demoscópico es dejar a la sociedad en estado de indefensión.

La realidad se impone y no deja de ser una paradoja que los presidentes más populares son quienes han presentado los peores resultados. Debe preocupar la ausencia de deliberación y la incapacidad de opositores y observadores de los asuntos públicos para entender la manera autoritaria en que se produce el consenso. El balance no es favorable, y abonarse en la tesis de los logros distributivos de la política social y recuperación salarial es una de las muchas derrotas de la reflexión seria y profunda sobre el estado de cosas.

Las encuestas son una invitación al debate no es una renuncia a la reflexión crítica de la situación del país y de quienes gobiernan, como ahora sucede.

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¿14 robaron y taparon 600 mil mdp?

Columna de opinión escrita por Carlos Marín para el diario Milenio

Miércoles 11 de marzo de 2026

Carlos Marín

4:58

Pasó ya un año (2 de marzo de 2025) desde que las fuerzas federales aseguraran casi ocho millones de litros de combustible ilegal en un predio a orillas de la carretera rumbo a Rosarito, procedentes de un buque tanque atracado en Ensenada (el golpe incluyó el decomiso de 19 tractocamiones, decenas de contenedores y 46 remolques cisterna).

El 30 del mismo mes, en el puerto de Altamira, Tamaulipas, fueron decomisados 15 millones de litros y armas de alto poder que llegaron en el barco Challenge Procyon. 

Para el 8 de junio, la Fiscalía General de la República tenía carpetas de investigación abiertas contra 210 empresas presumiblemente ligadas a la banda Jalisco Nueva Generación.

Al siguiente mes fueron decomisados 15 millones 480 mil litros cargados en 129 carros tanque del ferrocarril en Ramos Arizpe, Coahuila.

Las fechas importan mucho porque el 3 de marzo de 2025 —un día después de la incautación en Baja California—, la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, informó a la prensa que la defraudación al Sistema de Administración Tributaria ascendía a 600 mil millones de pesos.

Eso significa que las averiguaciones habían comenzado mucho antes, desde 2022, en el gobierno de López Obrador.

La colosal evasión de impuestos es la mayor de la que se tenga memoria (la estafa maestra implicó desvíos por al menos siete mil millones de pesos y el atraco a Segalmex importó más o menos 15 mil millones).

Pese a lo anterior, las únicas personas acusadas por el inaudito asunto siguen siendo 14, dizque dirigidas por un vicealmirante y un contralmirante (este prófugo aún) de la Marina Armada (hermanos ellos y sobrinos políticos del exsecretario José Rafael Ojeda Durán).

El caso revela la incapacidad de la procuración de justicia.

Si el quebranto al erario ronda los 600 mil millones de pesos, la farsa de que todo se reduce a 14 imputados es por completo inverosímil. Un negocio de tal magnitud no se mueve en patios baldíos ni en operaciones improvisadas: exige puertos, ferrocarriles, aduanas, permisos, facturas, contabilidad falsa, protección administrativa y sobre todo política y transexenal, porque nada como eso lo construye un puñado de aventureros.

El casasazo del huachicol fiscal no solo es un expediente penal, sino el espejo del prepotente régimen cuatrotero.

Lo que evidencia no es la eficacia de la justicia y sí su límite político porque en México, demasiadas veces, los grandes escándalos no se investigan a fondo, se administran. 

Y lo que debiera ser una revelación estruendosa termina en una versión administrativamente cómoda.

Un año después del hallazgo en Ensenada se desconoce alguna ampliación sustantiva del caso. No aparecen los demás responsables (centenares) ni sus redes financieras ni los cómplices en dos gobiernos federales, como si el decomiso de millones de litros hubiera sido un episodio menor. 

Sospechoso silencio para un excepcional, histórico fraude.  

¿Cuál es la verdad oronda y lironda que se esconde…?