Comercio + Seguridad

Columna de opinión escrita por Marcela Gómez Zalce para el diario El Universal

Viernes 3 de octubre de 2025

Marcela Gómez Zalce

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Los tiempos para las definiciones están cercando el margen de maniobra presidencial. Morena está en una situación permanente de inestabilidad y tensión interna ante la cruenta batalla por el control del manto de impunidad. El escándalo del huachicol fiscal está fuera del perímetro de administrar los daños para evitar que la nube tóxica arrastre a los verdaderos responsables.

La ruta bilateral para desmantelar el contrabando de combustible da visos del tamaño de la hidra política criminal en el millonario negocio que es prioritario en la agenda del presidente Trump. No sorprende que, ante el cierre gubernamental en los Estados Unidos por desacuerdos en materia de presupuesto, el magnate haya aducido que su administración se encuentra “en un conflicto armado no internacional” contra los cárteles de la droga a quienes ha declarado como “combatientes ilegales”.

Las acciones militares llevadas a cabo en el Caribe contra embarcaciones venezolanas presuntamente transportando droga, son punta de lanza de una narrativa para influir en cómo se interpreta el hecho e ir marcando el marco interpretativo dominante.

El uso del lenguaje y las emociones que Trump despierta entre su base y la opinión pública legitima sus decisiones políticas. Utilizará el pilar de esa narrativa contra la dictadura de Maduro definiéndolo como epicentro de operaciones de crimen trasnacional para pavimentar el camino contra el gobierno de Sheinbaum que ha sido señalado por mantener una “alianza intolerable” con el crimen organizado que se comporta como actor armado no estatal.

Luego entonces esas organizaciones criminales traspasan fronteras y finalmente puede insinuarse que México podría ser “el próximo frente” para erradicar esas organizaciones terroristas.

¿Descabellado?

No necesariamente si se leen con cautela todas las señales y acciones que de facto se llevan a cabo diariamente.

Las operaciones de inteligencia estadounidenses están en absoluta coordinación con ciertas áreas del gobierno mexicano.

Los decomisos, anuncios y detenciones de objetivos prioritarios han sucedido por el intercambio de información y la presión de la Casa Blanca. El hedor del relato de un narco-gobierno durante los pasados seis años asocia al narcotráfico mexicano como una amenaza hemisférica que necesita una fuerte intervención.

La hoja de ruta de los pasos previos ha sido tomada; la construcción de narrativa de amenaza, la designación de organizaciones terroristas, operaciones militares en zonas limítrofes y la firmeza internacional de Trump para exigencias políticas y comerciales.

No habrá una revisión del T-MEC sino una manipulación de la negociación comercial. Gracias a los abrazos de Palenque y la runfla morena de funcionarios corruptos —muchos refugiados en el legislativo y otros en el gabinete de Sheinbaum— y su hilo conductor con organizaciones criminales, Trump ha convertido el tema económico bilateral en un instrumento de política de seguridad.

Y ello conlleva a que se podrían incorporar en el Tratado bilateral cláusulas de seguridad y quizá evaluaciones periódicas en el desempeño del gobierno mexicano con la exigencia de extradiciones específicas y la negociación de “paquetes” vinculados; comercio + seguridad en un solo paquete.

Todas las evidencias apuntan a esa dirección de una negociación muy compleja. Y en ese camino el partido Morena con la mira estadounidense para ser designado como eje estratégico en apoyo de organizaciones terroristas.

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Ley retroactiva

Columna de opinión escrita por Sergio Sarmiento para el diario Reforma

Viernes 3 de octubre de 2025

Sergio Sarmiento

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"El espíritu del amparo es proteger

a las personas frente al poder

del Estado. Esta reforma fortalece

al poderoso y debilita a los vulnerables".

Luis Donaldo Colosio Riojas

Dice la presidenta Sheinbaum que México es "el país más democrático sobre la faz de la tierra", pero en los países democráticos no se legisla como aquí. El gobierno busca hoy debilitar la Ley de Amparo, una medida regresiva, pero además con prisas, errores y sin considerar las opiniones de los juristas o la oposición.

En la madrugada de este 2 de octubre, la mayoría oficialista aprobó por la vía rápida la iniciativa presidencial de reforma de la Ley de Amparo. No solo no se llevó a cabo el parlamento abierto que prometió el senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, sino que todo el proceso se hizo de manera desaseada, como en un régimen autoritario.

Apenas el miércoles 1 de octubre se dictaminó la iniciativa en las comisiones de Justicia, Hacienda y Estudios Legislativos. Lo habitual es que los dictámenes se publiquen por lo menos 24 horas antes de pasar al pleno, pero la presidenta de la mesa directiva, la morenista Laura Itzel Castillo, pidió una "votación económica", esto es, a mano alzada, para "dispensar el requisito de la publicación de 24 horas" y proceder a la discusión y votación.

No solo se saltaron el trámite, sino que a una iniciativa ya cuestionable le hicieron una burrada de cambio. El artículo tercero transitorio original decía: "Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio". Con el cambio, quedó: "... conforme a las disposiciones que establece este Decreto". Así, la nueva ley se aplicaría de manera retroactiva violando el artículo 14 de la Constitución que dice: "A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna".

La propia Presidenta se asombró ayer en la mañanera de la barbaridad aprobada por sus senadores. La iniciativa inicial, dijo, "no tenía este agregado que le hicieron en el Senado. Primero hay que respetar la Constitución, que establece claramente que no debe haber retroactividad en las leyes... No puede haber retroactividad y hay que respetar la Constitución. Vamos a ver exactamente por qué incorporaron este transitorio".

¿Por qué? Por las prisas, porque querían quedar bien con la señora Presidenta, por ignorancia, por arrogancia. Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, siempre deseoso de quedar bien con Palacio Nacional, tuvo que salir ayer mismo a declarar: "El transitorio debería decir que en el caso de los juicios anteriores tiene que aplicarse la norma jurídica que inició el proceso, no la nueva que se está reformando, precisamente para que no se aplique retroactivamente la ley en perjuicio de las personas que están intentando por la vía jurisdiccional algún medio de defensa". Lo mismo señalaron los senadores de la oposición, pero en ese momento la línea era aprobar la retroactividad en fast track.

Por lo pronto, las prisas se reflejarán en un retraso en el golpe al derecho de amparo. Si los diputados modifican el transitorio inconstitucional, la iniciativa tendrá que regresar al Senado. Lo relevante, sin embargo, es que el episodio nos demuestra que, en "el país más democrático sobre la faz de la Tierra", los senadores simplemente levantan el dedo sin escuchar a la oposición ni a los expertos.

· REGRESIVA

Aun sin el error garrafal de la retroactividad, la nueva Ley de Amparo es regresiva porque debilita derechos ya reconocidos. Limita a quienes tienen el "interés legítimo" de promover un amparo, elimina las suspensiones provisionales en casos fiscales o de congelamiento de cuentas bancarias, y restringe las definitivas. Da más poderes al Estado y debilita los derechos de las personas. Viola así el principio de progresividad del artículo primero de la Constitución.