Corina y México

Columna de opinión escrita por Sergio Sarmiento para el diario Reforma

Lunes 13 de octubre de 2025

Sergio Sarmiento

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"La protesta es un derecho

constitucional... Son tiempos

de resistencia, son tiempos de rebeldía,

son tiempos de esperanza".

María Corina Machado

Mucho argumentó López Obrador como candidato y Presidente que era falso que quería hacer de México un país como Venezuela. "Todo esto es parte de la guerra sucia", dijo en campaña en 2018. Ante la ANTAD declaró: "No conocí a Hugo Chávez, ni a Nicolás Maduro, nunca he tenido relación con Venezuela". El ya fallecido José Agustín Ortiz Pinchetti, uno de sus colaboradores más cercanos, declaró a Francisco Zea en entrevista: "Andrés Manuel, ni por su ideología, ni por su trayecto, ni por la forma como gobernó en la Ciudad de México, ni por el proyecto que tiene, se parece a ninguno de los líderes venezolanos, ni a [Fidel] Castro ni a su hermano... Chávez dio un golpe de Estado, ¡por favor! Andrés Manuel ha sido muy rígido en respetar el estado de derecho".

Como Presidente, López Obrador mantuvo una cordial relación con Maduro, pero hay que reconocer que, después de la fraudulenta elección del 28 de julio de 2024, se abstuvo de pronunciarse: "Vamos a esperar que se den a conocer las actas", dijo el 23 de agosto.

Las actas oficiales, sin embargo, nunca se dieron a conocer. Las autoridades electorales las negaron sistemáticamente a la oposición, a pesar de que por ley debían entregarlas; pero las que esta reunió y publicó -la mayoría- mostraban un triunfo contundente del opositor Edmundo González Urrutia. Aun así, Nicolás Maduro fue declarado vencedor sin que se presentaran las actas. Fue un descarado fraude, al que México dio validez, ya en el gobierno de Sheinbaum, al acreditar al embajador Leopoldo de Gyves como representante oficial en la toma de posesión.

Cuando a la Presidenta se le preguntó este 10 de octubre su posición sobre el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado, respondió primero con una evasiva: "Nosotros siempre hemos hablado de la soberanía y de la autodeterminación de los pueblos, no solamente por convicción, sino porque así los establece la Constitución". Lo curioso es que minutos antes había expresado que Pedro Castillo, expresidente del Perú inhabilitado por golpista, es el mandatario legítimo del Perú, posición abiertamente injerencista. Cuando le preguntaron otra vez sobre Corina ofreció un "Sin comentarios" que pesaba más que cualquier comentario. Quedó claro que se siente incómoda con el premio, lo cual revela su posición.

La verdad es que el único pecado de la venezolana ha sido luchar contra una dictadura brutal, peor que la del chileno Augusto Pinochet, que además ha empobrecido de manera dramática a los venezolanos. Quizá por eso el Nobel de Corina ha enfurecido a la izquierda autoritaria. Pablo Iglesias, el exdirigente de Podemos, partido español de extrema izquierda, la comparó con Hitler, olvidando que quien ha reprimido y matado desde el poder en Venezuela ha sido Maduro. Evo Morales dijo que otorgar el Nobel a Corina, "quien promovió la represión, la invasión militar a su país, los golpes de Estado, no solo es inmoral, sino [es] promover la violencia"; no recordó que Hugo Chávez intentó un golpe de Estado. Los propagandistas mexicanos de la 4T han acusado a Corina de pedir apoyo a Estados Unidos, sin enterarse de que Benito Juárez lo buscó también en su lucha contra los conservadores.

Corina lo ha entregado todo -su vida personal, el patrimonio de su familia- en su esfuerzo de años para derrocar al dictador. El comité noruego del Nobel lo reconoció al darle el premio: "Cuando los autoritarios toman el poder, es crucial reconocer a los valerosos defensores de la libertad que se levantan y resisten".

· LOS LÓPEZ

Hubo un tiempo en que los López Obrador eran una familia modesta, pero hoy son "machuchones". El último hallazgo son los 13 ranchos

de José Ramiro López Obrador que reporta Jorge García Orozco, la mayoría adquiridos durante la Presidencia de su hermano.

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Reforma a la Ley de Amparo:

el Estado contra el gobernado

Columna de opinión escrita por Javier Coello Trejo para el diario El Financiero

Lunes 13 de octubre de 2025

Javier Coello Trejo

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En este país, cada vez que se habla de una “reforma estructural”, el discurso oficial se disfraza de vocación, eficiencia y fortalecimiento institucional. Se nos dice que con estos cambios habrá mayor certeza jurídica, que se simplificarán procedimientos, que el Estado “podrá garantizar sus funciones”.

Pero detrás de ese lenguaje técnico y aparentemente noble, se esconde algo tenebroso: el poder absoluto del Estado para servirse de los gobernados, particularmente en materia fiscal.

La reciente reforma a la Ley de Amparo no es la excepción; es, de hecho, una de las más peligrosas de los últimos años. Con ella, el Estado pretende destruir de manera silenciosa pero efectiva el principal instrumento de defensa que tiene el ciudadano frente a los abusos de autoridad.

Si algo ha caracterizado al juicio de amparo, es su capacidad para frenar, aunque sea de manera temporal, los excesos de un poder que, históricamente, ha demostrado no tener límites cuando se trata de meter las manos en el bolsillo del contribuyente.

Este gobierno ha centrado la gran mayoría de sus reformas, algunas ocultamente, en cuestiones fiscales y financieras, diciendo tratarse de medidas de “eficiencia recaudatoria”. No es casualidad, se están quedando sin dinero. Y aun conociendo que son un gobierno sin visión, sin estrategia económica y sin planeación, se queda sin recursos, y, por supuesto, no corrigen su gasto, ni combaten la corrupción interna. Se vuelve más sencillo apretar a los que sí trabajan.

En ese contexto surge esta reforma. Se limita la procedencia de la suspensión en el juicio de amparo en supuestos que involucren actos de naturaleza fiscal, es decir, justamente los casos donde más se requiere esta medida cautelar para evitar arbitrariedades.

La suspensión ha sido siempre un instrumento para que el ciudadano no quede a merced del poder autoritario, y ahora quieren que ese escudo desaparezca en casos de vertiente fiscal.

Mucho se habló del famoso “artículo transitorio” que pretendía aplicar retroactivamente esta reforma a juicios en trámite. Se alzaron voces, hubo inconformidades, se anunció que sería retirado… y, erróneamente, muchos respiraron aliviados, pensando que el problema se había resuelto. Grave error.

Ese “transitorio” no fue más que una cortina de humo. Lo verdaderamente delicado no era la retroactividad, que de por sí ya era inconstitucional, sino la intención misma de dificultar que los gobernados puedan obtener una suspensión frente a actos fiscales arbitrarios.

Pongamos un ejemplo que cualquier abogado litigante conoce bien: los bloqueos de cuentas ordenados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Durante años, una herramienta legítima de defensa ha sido el amparo indirecto, incluso, me atrevo a decir, el instrumento jurídico más importante de la historia de nuestro país, con el cual un ciudadano o moral podían obtener una suspensión provisional y posteriormente definitiva, que le permitía recuperar el acceso a sus recursos mientras se resuelve el fondo.

El juicio de amparo, en estos casos, hasta ahora, se configuraba como un mecanismo de contención frente a bloqueos generalmente discrecionales y sin sustento real, inventados y, claro, arbitrarios. Como sucedió reiterada y descaradamente durante el encargo de Santiago Nieto Castillo como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Con esta reforma, la suspensión se restringe de tal manera que, en la práctica, el Estado podrá mantener esos bloqueos por tiempo indefinido. ¿Qué significa esto? Que mientras el juicio de amparo avanza a paso tortuga, como suele ocurrir, el contribuyente queda financieramente ahorcado, paralizado, con sus cuentas inmovilizadas y sin posibilidad real de defenderse en igualdad de condiciones.

El mensaje es claro: “paga primero, litiga después”. Y si al final el Estado se equivocó, lo más que recibirás será una disculpa y quizá, si tienes suerte, una devolución parcial. Mientras tanto, ya quebraste.

La esencia de esta reforma no es técnica; es política y económica. Se trata de un Estado que ha decidido privilegiar su voracidad recaudatoria por encima de las garantías constitucionales.

Se trata de un Estado que, al no poder generar riqueza, por despilfarrarla, se dedica a exprimir a los que sí lo hacen. Se trata de un poder que, al no combatir su propia corrupción, prefiere empobrecer a la sociedad productiva para sostener su ineficiencia.

Y no nos engañemos, esto no es propio de una democracia liberal moderna, es típico de un régimen socialista con tintes comunistas y aspiraciones autoritarias, donde el individuo es visto no como un ciudadano con derechos, sino como un recurso del Estado, como una mula más. El contribuyente es tratado como culpable hasta demostrar lo contrario, y las instituciones que deberían protegerlo son debilitadas, una por una.

Reducir el alcance de la suspensión en el juicio de amparo no es un cambio procesal cualquiera. Es despojar a la sociedad de su escudo más inmediato frente a la arbitrariedad constante del poder en asuntos fiscales. Es permitir que la autoridad ejecute primero y rinda cuentas después. Es colocar al ciudadano en la posición de suplicar justicia en lugar de exigirla como derecho.

Esta reforma no fortalece el Estado de derecho. Lo debilita. Porque un Estado poderoso no es el que recauda más a costa de su población; es el que respeta límites y garantiza derechos, incluso frente a sí mismo. Lo que hoy estamos viendo es el diseño de un andamiaje legal para robar con la ley en la mano.

Y mientras tanto, millones de mexicanos siguen viviendo bajo la idea de que “esto no les afectará”. Hasta que un día despierten y sus cuentas estén bloqueadas, sus negocios quebrados y la defensa no exista. Entonces será tarde para entender que lo que hoy se llama “reforma fiscal” no es otra cosa que una aberración perfectamente legalizada.