Decisión y vacilación

​Columna de opinión escrita por René Delgado para el diario El Financiero

Viernes 10 de octubre de 2025

René Delgado

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Es llamativo. Dos de las más osadas y valientes acciones de gobierno no aparecieron en el discurso con el que, según su parecer, la presidenta Claudia Sheinbaum rindió cuentas del primer año de su gestión.

Con detalle a veces exagerado, la mandataria relató el grado de avance de infinidad de políticas, programas, obras y proyectos. Empero, nada refirió sobre la aparente decisión de separar política y delito, significada en el golpe al contrabando de combustible que involucra a altos mandos navales y políticos, así como en la detención del líder de un cártel criminal que operaba con disfraz de jefe de la policía en Tabasco, durante el gobierno del actual coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Adán Augusto López.

El silencio presidencial sobre esas dos acciones resonó más que lo dicho durante casi una hora, dejando en duda si de la decisión se pasó a la vacilación.

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En la duda de avanzar o retroceder en esas acciones, la mandataria se juega la posibilidad de trascender como una jefa de Estado distinta o como una jefa de gobierno más. De abanderar la continuidad con cambio o el continuismo sin motivo.

El vínculo de política y delito, conjugado con la corrupción, ha sido un mal que, por décadas o sexenios –sin importar signo ni color político del gobierno en turno–, ha impedido darle horizonte a la nación. Y la idea de reventar esa liga no depende sólo de la voluntad presidencial, reclama del apoyo crítico y decidido de vastos sectores del crisol de fuerzas, factores, agentes y actores de poder político, económico, social, judicial y mediático resueltos a diluir aquella asociación, aun a costa del sacrificio. Romper esa liga exige madurez y grandeza, no infantilismo y mezquindad políticas, así como enorme apertura para entrar a dialogar y acordar aun con quienes no se quiere hablar.

El vaivén presidencial, en torno a esas dos acciones, permite suponer que se emprendieron a partir de un minucioso y reconocible trabajo policial de inteligencia, estrategia y operación. Sí, pero sin haber hecho el cálculo político ni tasado la correlación de fuerzas para afrontar las consecuencias y, en tal virtud, ahora al parecer se titubea, dudando en ir hasta donde es preciso llegar.

En cierto modo, se sacudió la estructura del poder sin tener muy claro qué era lo que se sacudía y si se estaba en condición de hacerlo. El punto por resolver ahora es continuar o cancelar el lance.

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Continuar la colosal tarea de romper la liga entre política y delito exige un giro radical en la postura del gobierno ante múltiples frentes y en distintos campos, propios y ajenos.

De entrada, sería menester fijar los términos de la relación del gobierno con el movimiento que lo ampara. Definir con claridad la postura de Morena al respecto porque, hasta ahora, flota temerosa entre la delación y el encubrimiento de aquellos cuadros que militan en las filas del crimen, la política y la corrupción con credencial guinda. Tras abrir la puerta indiscriminadamente a quien quisiera entrar con tal de acumular fuerza, ahora, ese movimiento se preocupa por aquellos que pudieran llegar sin fijarse en quienes ya están dentro. En el propósito de separar política y delito e ir hasta donde sea necesario, ¿Morena acompañaría o dejaría sola a la mandataria?

De salida, el gobierno tendría que tender puentes y dialogar con sectores y actores afines y contrarios de muy distintos campos eventualmente dispuestos y decididos a llevar a cabo ese sacudimiento y replantear al Estado en ese capítulo fundamental del derecho y la democracia. Y salir del juego absurdo y peligroso de tildar de traidores de la patria a los contrarios, a cambio de recibir el calificativo de narcopolíticos. Las tres principales fuerzas políticas tienen políticos asociados a la delincuencia, y más valdría actuar de conjunto en contra ellos en vez de seguir en la incompetencia de determinar qué fuerza política está más corrompida o asociada con el crimen.

¿Está dispuesto el gobierno y cuenta con los operadores para hablar con políticos, empresarios, banqueros, fiscales, jueces, intelectuales y periodistas para contar con un apoyo crítico y condicionado a fin de romper el vínculo mencionado, a sabiendas de la talla del sacudimiento? ¿Qué dicen esos actores y agentes de poder al respecto: ampararían o desampararían la ruptura?

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Cancelar el lance iniciado por el gobierno y recular supone, desde luego, recaer en la simulación y, aunque se quisiera, no dejarían las cosas como están. Implica un costo, un costo elevado.

La autoridad y la credibilidad que, con tanto trabajo ha venido construyendo la presidenta Claudia Sheinbaum en torno a sí misma y el ejercicio del poder, se vendría abajo. No bastaría dejar de hablar del asunto para arrumbarlo en el olvido. Por si ello no bastara, dejaría ver hacia dentro y hacia fuera de Morena la fragilidad y debilidad de su posicionamiento. Quizá, incluso, se vería presa de quienes en Morena como en el tricolor y el albiazul encuentran en la política la puerta para entrar en negocios con el crimen, asociándose o encabezando esa nociva alianza que carcome la posibilidad de fijar un horizonte nacional. Y presa también de los halcones que le hablan al oído al vecino del norte a venir acá no sólo por delincuentes, sino también por sus socios políticos.

Suspender la acción emprendida y no mencionarla más en los discursos no acaba, solapa el problema y lo incentiva. Asimismo, deja en una situación precaria a los altos mandos policiales, militares y navales comprometidos en darle oportunidad al Estado de derecho.

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Si no se pasó de la decisión a la vacilación en el afán de separar política y delito, es preciso ratificar la postura y mandar una clara señal al respecto.

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No es una campaña

Columna de opinión escrita por Jorge Fernández Menéndez para el periódico Excélsior

Viernes 10 de octubre de 2025

Jorge Fernández Menéndez

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¿De verdad piensa la presidenta Claudia Sheinbaum que lo que está sucediendo con la develada corrupción de muchos personajes de Morena es parte de una campaña de “medios tradicionales” en su contra?, ¿no comprende que la cascada de información sobre evidentes actos de corrupción de personajes e instituciones ligados a su partido está basada no en trascendidos, sino en hechos?, ¿no se entiende que podemos tener diferentes opiniones, pero no diferentes hechos?

Desde hace semanas decíamos en este espacio que la Presidenta tenía que tomar una decisión: avanzaba contra los actos de corrupción cometidos en el pasado sexenio y tomaba la iniciativa en ese aspecto o, si trataba de taparlos, de desviar la atención, los mismos terminarían cercándola, como ocurrió con Richard Nixon con el caso Watergate. Me temo que después de haber destapado una cloaca con el caso del combustible de contrabando y con el de La Barredora, por las razones que sean, el gobierno federal está tratando de taponar las fugas de información, pero éstas han tomado tal fuerza que es imposible cerrarlas y, por el contrario, cada día surgen nuevos datos, nuevos hechos.

Veamos las de las últimas 72 horas. Se trató de desmentir la cifra que proporcionó la procuradora fiscal Grisel Galeano sobre el perjuicio ocasionado para el Estado por el contrabando de combustibles, que, dijo, suma nada más y nada menos que 600 mil millones de pesos. Está grabado, lo dijo tanto en la comparecencia como en una entrevista posterior. Coincide, además, con las cifras que divulgó la Secretaría de Energía y con las que está manejando en sus comparecencias el secretario de Hacienda, Edgar Amador.

La pregunta es dónde quedó todo ese dinero. Las sumas son enormes, estamos hablando de miles de millones dólares. Simplemente lavar y meter al sistema financiero esas cantidades requiere de un sofisticado sistema de lavado de dinero. Y de una estructura de factureras que se tienen que haber creado desde el poder en los últimos años.

Ayer se divulgó parte de la estructura de lavado de dinero que mantenían dos de los acusados por el contrabando de combustible, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contraalmirante Fernando Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán. Ambos realizaron inversiones millonarias, compra de viviendas y terrenos, transferencias en efectivo que superan en mucho, muchísimo, sus ingresos. La pregunta es cómo el almirante secretario Ojeda que era, es, tan cercano a sus sobrinos, tanto personal como profesionalmente, no vio nunca nada de sus manejos.

Andy López Beltrán, mientras tanto, compra arte de buena calidad y mejor precio en Japón, un año antes del famoso viaje de Semana Santa. Compró un cuadro de Yayoi Kusama por 30 mil dólares (su valor de mercado es mucho mayor, en promedio cuestan 800 mil dólares y se han vendido algunas de ellas en más de siete millones de dólares: 30 mil dólares sería el precio más bajo posible por una serigrafía pequeña de la famosa artista japonesa). Eso fue en 2024, su padre aún era Presidente.

Gerardo Fernández Noroña ahora hace giras en aviones privados; asegura que contrató un taxi aéreo, que le hubiera costado el doble por un día de lo que supuestamente gana en un mes. Pero, además, el avión no es un taxi privado, tiene matrícula estadounidense, está registrado en Utah y, para colmo, tendría prohibido, por esa condición, hacer vuelos de cabotaje en México. Pregunta aparte, ¿por qué diablos Fernández Noroña tiene que hacer giras en un avión privado? Hay que reconocerle a López Obrador que durante 20 años puebleó, recorrió todo el país, y lo hizo por tierra.

También viaja en avión privado el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, pero lo hace con su familia a Nueva Jersey. Alguien le prestó el avión, mientras en Puebla ocultaban su viaje.

La peor directora que ha tenido el Conacyt en su historia, María Elena Álvarez-Buylla, responsable de algunos de los mayores despropósitos del sexenio pasado, desde la prohibición del glifosato hasta la del maíz genéticamente modificado, que nos costó perder mesas de arbitraje del T-MEC con un costo de miles de millones, se destacó por haber procesado, con la complicidad del fiscal Alejandro Gertz Manero, al consejo consultivo del instituto, todos científicos con alto nivel de reconocimiento nacional e internacional. Ayer, la Auditoría Superior de la Federación la denunció por la falta de más de 57 millones de pesos durante su gestión y, el mismo día, su hija exhibía el lujoso diseño de su estudio, construido en la casa de su mamá, en una revista de arquitectura estadunidense.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, se divorció en forma exprés de su marido, Carlos Torres, por las denuncias que tienen en Estados Unidos que han provocado que les quitaran, a ambos, sus visas. No solucionaron el problema ni las denuncias, mejor pactaron el divorcio.

Los hijos del exgobernador Rutilio Escandón viven como el exmandatario chiapaneco, una vida de lujos en Miami, mientras la herencia que dejó en Chiapas es un estado entregado a los cárteles de la droga. Rutilio es una pieza más de la estructura de La Barredora, que involucra a su cuñado, el senador Adán Augusto López, y a una red de políticos, empresarios y amigos que trasciende en mucho a Hernán Bermúdez Requena.

Para ser campaña, es demasiado, y esto sucedió en sólo las últimas 72 horas.