Defensa de ¿indefendibles?

Columna escrita por Raymundo Riva Palacio para el diario El Financiero

Lunes 22 de septiembre de 2025

Raymundo Riva Palacio

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Dos narrativas públicas están enfrentándose todos los días: la de la presidenta Claudia Sheinbaum, que a vuelo de pájaro dice que de todos los funcionarios que señalan en Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico no existen pruebas en México, y la de Washington, que dice todo lo contrario. En sus reuniones privadas con funcionarios estadounidenses, la presidenta ha expresado lo que afirma en público, pero en privado, los emisarios de Donald Trump le han replicado: sí tenemos evidencias.

Sheinbaum no es crédula a todo lo que dicen los enviados estadounidenses, lo que es correcto, pero cada vez la acorralan más. La última presión fue durante la reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio, en Palacio Nacional, donde el tema predominante fue la narcopolítica. Rubio le entregó una relación de nombres de políticos y funcionarios de Morena que fueron entregados en México al gobierno estadounidense, que los revisó y verificó sus presuntos lazos con el crimen organizado, acotando el número a 55.

La administración Trump entregó primero una lista de 300 nombres, que además de políticos y funcionarios de Morena, había de otros partidos, así como empresarios, artistas y deportistas. En julio enviaron un mensaje a través de un alto funcionario mexicano que estuvo en pláticas bilaterales en Washington, con una relación de 12 nombres, dos generales –uno en activo–, tres gobernadores, dos miembros del gabinete y uno de los líderes de Morena. La última, de 55 nombres, llevaba el mismo mensaje: que les abran carpetas de investigación y los procesen. Si no lo hace México, ha sido la advertencia sistemática, lo hará el Departamento de Justicia.

En varias reuniones con diversos funcionarios estadounidenses –una buena parte de ellas no se han hecho públicas–, la presidenta ha espetado a sus interlocutores, señalándoles la falta de pruebas. Las respuestas, particularmente en dos casos, el de Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado, por el tema de La Barredora y sus presuntos vínculos criminales en el sur del país –que es la información que afirman tener–, y el de Manuel Bartlett, muy cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, y a quien quieren que México lo expulse para llevarlo a la justicia por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, atravesaron por momentos álgidos y ríspidos al ser planteados durante diferentes visitas.

La presidenta respondió casi mecánicamente cuando le pidieron que actuara en contra de ellos, que no había pruebas. La respuesta fue tajante: ellos, los estadounidenses, sí las tienen. Su negación, por defensa institucional, por precaución o porque no alcanza a comprender lo que le están diciendo, es metódica. Lo hizo el viernes con la diputada de Morena, exalcaldesa de Rosarito, Araceli Brown, a quien el Departamento del Tesoro le congeló sus cuentas por estar relacionada con la facción de Ismael El Mayo Zambada del Cártel de Sinaloa. Lo hizo la víspera con el senador López Hernández. Antes exculpó al exjefe de Oficina de López Obrador, Alfonso Romo, cuando acusaron a su empresa de lavar dinero para el narco, y previamente a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, cuando le cancelaron la visa.

Sheinbaum suele reconocer en diversos temas que no tiene información de lo que está sucediendo y le están preguntando en la mañanera, y promete que la va a pedir. En algunos casos de narcopolítica, hay nombres que sus colaboradores más confiables le han mencionado por sus presuntos vínculos criminales. No obstante, ha decidido no actuar contra ellos, provocando que las presiones de los estadounidenses en casos específicos, vayan en aumento.

Los últimos nombres que volvieron a surgir en algunas de las conversaciones de funcionarios de ambos países, son los gobernadores Rubén Rocha Moya, de Sinaloa; Américo Villarreal, de Tamaulipas y, por primera vez, Evelyn Salgado, de Guerrero. Los dos primeros están imputados en un caso federal en San Antonio, ligados a Sergio Carmona, el empresario que, según sus investigaciones, financió con dinero del huachicol ocho campañas de Morena a gubernaturas en 2021.

La presidenta ha sido ambivalente con los estadounidenses, lo que probablemente a veces los desconcierta. Por ejemplo, durante la reunión con Rubio, el canciller estadounidense volvió a expresar la preocupación de su gobierno por el enorme poder que le han dado a las Fuerzas Armadas en tareas civiles, y que al ser puestas al frente de la seguridad y la lucha contra la delincuencia organizada, se generaban los incentivos suficientes para que se corrompieran. Días después, estalló el escándalo del huachicol administrado por altos mandos de la Marina, y la semana pasada, Sheinbaum insistió en que se mantendrían las Fuerzas Armadas realizando las encomiendas que les dio López Obrador.

No obstante, los estadounidenses siguen respaldándola y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Del resto del gabinete, aunque tengan una relación fluida con sus contrapartes en Washington, la confianza es relativa. Hay dudas, como de manera indirecta expresó Rubio durante su encuentro, de que Sheinbaum tenga la fuerza interna para poder llevar a cabo la depuración de la narcopolítica mexicana, por lo que sus planes unilaterales continúan.

Este fin de semana, dos informaciones inquietantes para la presumida soberanía mexicana fueron filtradas a la prensa estadounidense. The Washington Post reveló que la DEA –a la que Sheinbaum descalificó y dijo que había perdido poder–, ha presionado al presidente Trump para que realice ataques quirúrgicos contra los cárteles mexicanos y su infraestructura criminal, una idea que no fue rechazada por temeraria, sino por las implicaciones legales que tendría. The New York Times reveló, por su parte, que está circulando el borrador de un proyecto de ley preparado por republicanos en el Capitolio, que le daría la autoridad a Trump para matar –literalmente, matar–, a los miembros de los cárteles denominados “terroristas” –seis de ellos mexicanos– y atacar a cualquier país que los albergue.

Los planes de acciones unilaterales contra el crimen organizado no han cesado en Washington y México está en el centro de sus eventuales acciones. Es una nueva presión pública contra Sheinbaum, que está viendo cómo unas de las advertencias que se las han manifestado a lo largo de este semestre, se están concretando.

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Des-amparados

Columna escrita por Sergio Sarmiento para el diario Reforma

Lunes 22 de septiembre de 2025

Sergio Sarmiento

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"El control de constitucionalidad

nació para limitar el poder y garantizar

derechos, no para fortalecer

a quienes lo detentan".

Javier Laynez Potisek,

ministro en retiro de la Suprema Corte

Arturo Zaldívar, coordinador general de política y gobierno de la Presidencia, salió el viernes pasado a defender las reformas a la Ley de Amparo. Se entiende, se le atribuye su redacción.

En la mañanera del 19 de septiembre declaró: "Hay que aclarar porque se está reiterando una narrativa de que 'esta reforma al amparo es regresiva y busca limitar el acceso de defensa de las y los mexicanos'. Esto es absolutamente falso... Se busca hacer un juicio de amparo más ágil, más eficaz, tecnológico, donde haya una justicia digital". ¿Más ágil y eficaz? Quizá para el gobierno, no para los gobernados.

Es mentira, dijo, que se esté "limitando el amparo porque se está modificando el interés legítimo". Lo único que hace la reforma es "describir los elementos de esta figura, el interés legítimo, tomando la jurisprudencia obligatoria del pleno de la Suprema Corte". Sin embargo, el artículo quinto de la reforma sí limita el "interés legítimo". La ley vigente señala que "la persona quejosa" podrá alegar "que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente ley... ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". La afectación puede ser directa o indirecta. La nueva redacción dice que "la norma, acto u omisión deberá ocasionar en la persona quejosa una lesión jurídica real, actual y diferenciada del resto de las personas...". Si el gobierno te despoja directamente de tu tierra para construir el Tren Maya, podrás promover un amparo, pero si vives en Cancún y argumentas que la obra está afectando la ecología de la selva maya no te podrás amparar.

La reforma busca también declarar la improcedencia de las suspensiones "por lesión del interés social o de disposiciones de orden público en materia administrativa". Efectivamente, no permitirá las suspensiones cuando el gobierno afirme que afectan a la sociedad. En los "considerandos", la iniciativa se queja de que los tribunales han desbloqueado con suspensiones provisionales o definitivas cuentas por 27 mil millones de pesos que representan 54.4 por ciento de los montos bloqueados inicialmente y con ejecutorias de amparos 32 mil millones de pesos que representan 64.9 por ciento de lo bloqueado. No dice es que esas cuentas fueron liberadas porque la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) las congeló indebidamente. Una jurisprudencia unánime de la Suprema Corte (tesis 2ª./J 87/2019 10ª, mayo 2019) ha señalado que estos bloqueos solo pueden realizarse "en el cumplimiento de una obligación contraída con un gobierno extranjero o la ejecución de una resolución adoptada por un organismo internacional o agrupación intergubernamental". La UIF, sin embargo, congela sin cumplir la ley.

En su libro Hacia una nueva ley de amparo de 2002 Zaldívar argumentaba que "lo reducido del concepto del interés jurídico no se compadece con las exigencias de una sociedad moderna... Es necesario que el amparo tutele los derechos fundamentales cuando estos son vulnerados, aunque no se afecte un derecho subjetivo". Por eso propuso "el establecimiento del interés legítimo" (p. 55). Sin embargo, el otrora académico progresista se ha vuelto político conservador. Violando el principio de progresividad de la Constitución, impulsa una iniciativa regresiva que dejaría la posibilidad de amparo solo a quienes tienen un estrecho interés jurídico. Quiere también que los gobernados quedemos indefensos ante el SAT y la UIF. No es uno, sino varios pasos hacia atrás.