Derechos de ayer, injerencias de hoy

​Columna de opinión escrita por Pascal Beltrán del Río para el periódico Excélsior

Jueves 27 de noviembre de 2025

Pascal Beltrán del Río

0:00

Mientras estuvieron en la oposición, los morenistas y sus ancestros ideológicos no tuvieron problema con que los mexicanos acudieran ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para denunciar violaciones a sus garantías que no eran reparadas por los tribunales en México.

Esa posibilidad se abrió desde hace ya rato. En 1981, para ser precisos, cuando este país se adhirió a la Convención Americana de Derechos Humanos.

Fue el Partido de la Revolución Democrática, sobre cuya base se fundaría Morena, el promovente de la queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la matanza de Aguas Blancas, ocurrida en junio de 1995, y que derivó, dos años después, en una recomendación de ese organismo de la OEA.

Leo en los archivos de La Jornada, una nota publicada por la reportera Rosa Icela Rodríguez, el 15 de marzo de 1997, que dice lo siguiente: “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA formuló una primera recomendación al gobierno mexicano para remediar las violaciones a los derechos humanos en el caso de los 17 campesinos asesinados en el vado Aguas Blancas. La Comisión envió ayer la notificación al asesor jurídico del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y representante legal de las víctimas, Samuel del Villar (…) En entrevista, Del Villar se manifestó satisfecho con la recomendación que no sólo rechazó la petición del gobierno de México para no tomar en cuenta la denuncia del PRD, sino que atendió la solicitud de los abogados de las viudas”.

En aquel año, Andrés Manuel López Obrador era presidente del PRD, partido que no tuvo inconveniente en enviar a Washington —sede de la Organización de Estados Americanos y de la CIDH— a su asesor jurídico para denunciar al Estado mexicano (que no al gobierno de México) por los hechos ocurridos en Aguas Blancas. (Por cierto, ese homicidio múltiple provocó la caída del gobernador guerrerense Rubén Figueroa, una medida que el actual oficialismo se resiste a tomar en el caso de varios de sus gobernadores).

Es más, el PRD que dirigía López Obrador apoyó que el presidente Ernesto Zedillo, previo aval del Senado, reconociera en diciembre de 1998 la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, algo que México había dejado pendiente al suscribir la Convención Americana.

El 25 de noviembre de 1998, el entonces diputado perredista Benito Mirón Lince —hoy morenista— propuso un punto de acuerdo, que fue aprobado, para comunicar al Senado el “beneplácito” de la Cámara baja para dicho reconocimiento.

Por eso sorprende que el actual oficialismo se indigne cuando un mexicano o un grupo de mexicanos acude a Washington para usar los mecanismos del Sistema Interamericano. Ése es un derecho que para nada implica no amar al país ni pedir la injerencia extranjera en los asuntos nacionales, sino simplemente recurrir a lo plasmado en la Convención Americana, un tratado internacional al que México se adhirió hace 44 años y cuyo peso está reconocido en la propia Constitución.

Dice el artículo 1º de la Carta Magna: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”. Uno de esos tratados es la Convención Americana.

Quizá el morenismo, ahora que es gobierno, se siente incómodo con la adhesión a ese instrumento del derecho internacional. Lo digo no sólo por los recientes comentarios sobre los mexicanos que acuden ante la CIDH, sino también porque se ha negado a cumplir dos sentencias de la Corte Interamericana, que no son opinables, para dejar sin efecto en su marco legal la figura de la prisión preventiva oficiosa.

Si al oficialismo le incomoda tanto ser parte del Sistema Interamericano, tiene los votos en el Legislativo para sustraerse. Pero mientras México sea parte de él, cualquier mexicano que sienta que sus derechos han sido violados tiene la facultad para pedir justicia “en Washington” cuando ésta le ha sido negada en su propio país.

—--------------------------------------------------------------------------------

Confianza empresarial, a la baja

​Columna de opinión escrita por Gerardo Esquivel para el diario Milenio

Jueves 27 de noviembre de 2025

Gerardo Esquivel

0:00

Recientemente se dieron a conocer indicadores que muestran tendencias preocupantes sobre las expectativas del sector privado, la confianza empresarial y la inversión en el país. Todas ellas apuntan en la misma dirección: el entorno económico es de preocupación y desconfianza.

Primero, el Banco de México dio a conocer los resultados de su encuesta mensual a especialistas del sector privado. En ella, se plantean tres preguntas sobre el entorno económico. A la pregunta “¿Actualmente la economía está mejor que hace un año?”, 93 por ciento respondió que no. A la pregunta “¿Cómo considera la coyuntura actual de las empresas para realizar inversiones?, solo 3 por ciento respondió que era un buen momento, 58 por ciento dijo que era mal momento y el resto (29 por ciento) dijo que no sabía. A la pregunta sobre “¿Cómo creen que evolucionará el clima de negocios en los próximos seis meses?”, 53 por ciento dijo que permanecerá igual (es decir, mal), 18 por ciento cree que empeorará y apenas 30 por ciento cree que mejorará.

Después, el Inegi publicó su Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE). Esta encuesta presenta la opinión de directivos empresariales de las Industrias manufactureras, la Construcción, el Comercio y los Servicios privados no financieros. A diferencia de la de Banxico, esta encuesta refleja el punto de vista directo del sector empresarial. De la EMOE se deriva un indicador compuesto de la confianza empresarial, el cual se construye a partir de cinco variables: momento adecuado para invertir, situación económica actual y futura del país, y situación actual y futura de la empresa. El indicador resultante fluctúa en torno a un valor de 50 puntos: valores por encima de 50 reflejan una percepción positiva y por debajo de 50 una percepción negativa.

En todos los casos, el Índice de Confianza Empresarial a octubre de 2025 mostró una caída importante con respecto a octubre de 2024. Peor aún, en todos ellos se pasó de una percepción positiva a una negativa o bien se profundizó la percepción negativa. Los valores específicos son los siguientes: la Manufactura pasó de 52 a 48.8 puntos; la Construcción de 49 a 45.8, el Comercio de 52.3 a 47.9; y los Servicios no financieros de 52.2 a 49.2 puntos. Por tanto, todos los sectores tienen ya una percepción negativa del entorno económico nacional.

Finalmente, el Inegi dio a conocer las cifras de inversión a agosto de 2025. Los datos revelan una disminución de 7.3 por ciento en la inversión total de enero a agosto de este año con respecto al mismo periodo de 2024. La reducción en la inversión privada fue de 5.4 por ciento en el mismo periodo, pero la caída en la compra de maquinaria y equipo por parte del sector privado fue aún mayor: 9.8 por ciento en los primeros ocho meses de 2025 con respecto al mismo lapso de 2024.

Con estos resultados, es claro que la economía no va a crecer al ritmo deseado ni este ni el próximo año. Por ende, no se generarán las oportunidades de empleo que el país necesita. ¿Cuándo se dejará de jugar con la certidumbre y cuándo se dará a este tema la seriedad que requiere? Ya se perdió más de un año de esta administración. ¿Cuánto tiempo más?