Taddei y su crisis en el INE
Columna de opinión escrita por Mario Maldonado para El Universal
Martes 20 de octubre de 2026
Mario Maldonado
Guadalupe Taddei arrastra cuestionamientos y escándalos que deterioran su gestión y la credibilidad del INE de cara a las elecciones intermedias de 2027. Contratos bajo observación, vínculos de funcionarios con proveedores y señalamientos de nepotismo acompañan una presidencia enfrentada con parte de sus propios consejeros.
A ese historial se suma una denuncia del Órgano Interno de Control (OIC) por documentos alterados entregados durante sus auditorías. El informe del primer semestre de 2026 señala que los cotejó con las áreas que habían generado la información, confirmó las inconsistencias y presentó la denuncia correspondiente, aunque no identifica a los responsables.
El mismo informe del OIC registra una sanción por nepotismo impuesta por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de ocho años de inhabilitación y 350,657 pesos. El dato aparece sin identificar a la persona sancionada, cuándo ocurrieron los hechos o si la resolución quedó firme.
El 7 de mayo, un reportero preguntó a Taddei si había promovido algún contrato desde la Presidencia. “Me parece usted muy majadero”, respondió. En esa conferencia sostuvo que el INE acataría las determinaciones de la ASF y el OIC. El OIC reportó después la alteración documental y la denuncia.
Jesús Octavio García González concentra buena parte de las controversias. Representó a Cajas Graf y Corporativo Zeg antes de que Taddei lo nombrara director de Administración en septiembre de 2025. Pasó de gestionar negocios con organismos electorales a administrar los recursos del INE. Fue denunciado por posible conflicto de interés y dejó el cargo en abril.
La relación venía de Sonora. Según información publicada, en 2021, cuando Taddei presidía el instituto electoral estatal, Cajas Graf obtuvo un contrato por 46.9 millones de pesos. En febrero de 2025, el INE declaró desierta una licitación que registró incumplimientos técnicos de Cajas Graf y TOL. Después, según publicaciones periodísticas, ambas recibieron una adjudicación directa por 195.1 millones.
Información publicada este lunes por el diario Reforma identifica al chofer Jonathan Navarrete Torres como apoderado de Zeg desde 2023. También refiere que Taddei utilizó una BMW blindada ajena a la flota del INE.
Los señalamientos por nepotismo también remiten a Sonora. Su hijo Luis Rogelio Piñeda Taddei pasó de la Consejería Jurídica a la Secretaría Particular de Alfonso Durazo en 2025.
Por si fuera poco, el organismo de transparencia encabezado por Taddei rentó oficinas a Inmobiliaria Alta Sierra, vinculada con la familia del gobernador, por 1.23 millones anuales.
Taddei debería valorar su renuncia y dejar de conducir la elección de 2027. Sería la salida éticamente responsable ante una gestión que exige a los partidos la transparencia que debe ofrecer sobre sus propias decisiones.
Dentro del Consejo, los reclamos por la forma de conducir el INE han llegado al Tribunal Electoral. En febrero, cuando todavía era consejera, Dania Ravel deslindó al resto del nombramiento de García González. No habían revisado ni validado su perfil. En mayo, Carla Humphrey y Rita Bell impugnaron las designaciones de Taddei por incumplir la paridad. Humphrey, Arturo Castillo y Martín Faz también cuestionaron el nombramiento de Mario Alberto Alejo García al frente de Fiscalización, por considerar que carecía de la experiencia exigida. Taddei respondió que el trabajo sería el mejor “matador de grillas baratas”.
El choque volvió a la mesa el 8 de octubre, durante la discusión de reglas para las actividades previas a las precampañas. Taddei reprochó que las diferencias se llevaran a los medios para ganar popularidad. Castillo calificó de temerario el señalamiento sobre sus motivaciones. Humphrey le respondió directamente. “No, señora Presidenta, yo no opero así”. Después reclamó que habían transcurrido 77 días sin una reunión de trabajo sobre la propuesta. La presidenta pide que las diferencias se procesen dentro del Consejo y sus críticos le reprochan que tampoco ahí encuentran deliberación. El caso es que toda la gestión de Taddei ha sido escandalosa. Y sigue al frente del INE.
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¿Traición a la patria?
Columna de opinión escrita por Jorge Fernández Menéndez para Excélsior
Martes 20 de octubre de 2026
Jorge Fernández Menéndez
La narrativa sobre el presunto injerencismo en la vida política nacional debe ser alimentada de alguna forma, aunque se caiga en excesos evidentes. El exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, cometió un delito durante la operación del decomiso de un narcolaboratorio en el sur del estado, luego del cual murieron en un accidente el director de la agencia de investigación estatal, Pedro Oseguera Cervantes, y dos agentes de la CIA que habían participado como observadores.
Como dijimos aquí hace ya varias semanas, los agentes estadunidenses fueron invitados (sin atribuciones para ello) por el jefe de la agencia de investigación de la fiscalía, con conocimiento del exfiscal del estado, a observar el operativo en donde se incautó uno de los mayores narcolaboratorios de México, donde esos agentes no participaron operativamente.
La información original que dio el fiscal César Jáuregui no se ciñó a la realidad, mintió por lo menos en dos ocasiones al dar su versión de los hechos, le mintió incluso a la gobernadora del estado, por eso tuvo que renunciar y por eso la nueva fiscalía del Estado, a cargo de Gilberto Loya, le abrió una averiguación por el delito de ejercicio ilegal del servicio público y coalición de servidores públicos. Eso no está a discusión.
Pero la FGR, siguiendo la narrativa injerencista, acusó al exfiscal de traición a la patria. Insisto, es evidente que el fiscal cometió un delito, pero no el de traición a la patria. Las palabras pesan y los antecedentes que se pueden establecer en estos temas también. ¿Qué dice el código penal federal sobre el delito de traición a la patria? Se aplica a los ciudadanos mexicanos que cometan actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación con el fin de someterla a un gobierno o grupo extranjero. Entre las acciones consideradas traición a la patria se encuentran: tomar parte en actos bélicos de un Estado extranjero en contra de México; privar ilegalmente de la libertad a una persona en territorio mexicano para entregarla a las autoridades de otro país o trasladarla fuera de México; entregar a una potencia extranjera datos, documentos o elementos de carácter militar o de inteligencia nacional; intentar enajenar parte del territorio nacional o someterlo a un protectorado extranjero.
Nada de eso ocurrió: Jáuregui debía de haber informado que había invitado a funcionarios extranjeros a un operativo y mintió cuando tuvo que explicar el accidente en el que murieron. Pero no enajenó territorio ni facilitó una invasión extranjera. En ese operativo se decomisó un narcolaboratorio y en el mismo, aunque fuera para dar protección, sí participaron fuerzas federales. Jáuregui debe ser castigado por los delitos que cometió, no por los que dicta la narrativa antiinjerencista del gobierno.
El tema es muy delicado, porque en México operan cotidianamente 13 agencias y dependencias federales estadunidenses, bajo diferentes esquemas de cooperación con el gobierno mexicano. Tienen presencia y operación en México: la DEA, Administración para el Control de Drogas; el FBI, Buró Federal de Investigaciones; la ATF, Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos; el USMS, Servicio de Alguaciles de Estados Unidos; la OIA-DoJ, Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia; la OPDAT, Oficina de Desarrollo, Asistencia y Entrenamiento Judicial Internacional; el DHS, Departamento de Seguridad Interior; el CBP, Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza; el ICE, Oficina de Inmigración y Control de Aduanas; el Servicio Secreto de Estados Unidos; la TSA, Administración de Seguridad en el Transporte; la Agregaduría del Departamento del Tesoro y la OFAC, Oficina de Control de Activos Extranjero del Departamento del Tesoro. Aunque no se reporta públicamente, también hay agentes de la CIA y de otras agencias de inteligencia. Existe una profunda colaboración militar a través del Comando Norte, con presencia de militares mexicanos en Estados Unidos y de ese país en México, incluyendo las misiones de entrenamiento existentes. Y no olvidemos los mecanismos de recolección de información cibernética y a distancia, como los que se recopilan vía drones, satélites e intervenciones telefónicas y de redes globales, como los que realiza la NSA.
Todos los estados fronterizos del norte del país, y otros, tienen convenios de cooperación con las agencias estadunidenses, en la mayoría de los casos paralelos a los acuerdos federales. Son necesarios para la operación cotidiana y terminan siendo benéficos para ambos países.
Es muy probable que en esa compleja trama puedan existir excesos, errores e irresponsabilidades en los ámbitos federal o local. Y si hay delitos, deben ser sancionados. Pero no se debe de abusar ni de las palabras ni de las formas legales: la traición a la patria es otra cosa.
Por cierto, ¿qué pasa con los funcionarios que entregaron sus estados o municipios al crimen? ¿Con los gobernadores que para evitar investigaciones de EU en su contra ofrecen convertirse en colaboradores, incluso entregando información de seguridad? ¿Qué delito comete un jefe del CNI que entrega nombres de agentes de Estados Unidos y del propio CNI a rusos y cubanos? ¿No es traición a la patria? Es pregunta.
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