Dos bancos para Andy

Columna de opinión escrita por Carlos Loret de Mola para el diario ​El Universal

Jueves 18 de junio de 2026

Carlos Loret de Mola

3:49

Cuando durante su adolescencia Andy López Beltrán se salió de la casa de su papá, el entonces líder político opositor Andrés Manuel López Obrador, uno de los lugares en los que encontró abrigo fue en la vivienda de su íntimo amigo Carlos Torres. Son como hermanos. Ellos lo presumen.

Antier, Carlos Torres fue nombrado por la Presidenta de México como director general de dos bancos del gobierno: Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). Manejará activos por 700 mil millones de pesos.

No falla: los tentáculos del junior de AMLO siempre aparecen donde hay dinero del gobierno. En los contratos de las grandes obras, en el SAT donde se recauda, en los bancos de desarrollo. Esos ambiciosos tentáculos están intactos. Uno podría confundirse ante el repliegue estratégico de Andy López Beltrán, que dejó su cargo en la dirigencia de Morena (con el fracaso ya dibujado en la elección en Coahuila) para concentrarse en ser diputado federal. La gente de primer nivel en el gobierno de la presidenta Sheinbaum te lo dice con todas sus letras: Andy sigue teniendo muchísima influencia y su gente está metida en todos lados. El junior pesa. Con todo el equipaje de escándalos de corrupción que acarrea, sigue pesando.

La historia de hermandad entre Andy y Carlos Torres se la saben muchos en Morena. Varios me la contaron para esta columna. La cercanía y la confianza es tal que cuando Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, sacó a Torres de la iniciativa privada (su papá es abogado/empresario) y lo nombró secretario técnico del gabinete presidencial. El cargo encajaba perfecto con el perfil. En El Clan de amigos de Andy, Carlos Torres siempre fue considerado el intelectualoide, el científico, porque estudió en la Universidad de Bath, en Inglaterra.

A la mitad del gobierno, cuando reventó Gabriel García, el operador financiero de López Obrador al que le encomendaron los programas sociales y terminó enredado en varios escándalos de corrupción, el que se encargó de la Coordinación General de Programas de Bienestar fue Carlos Torres. En ese momento, los programas sociales tenían un presupuesto de 350 mil millones de pesos. Así empezó Carlos Torres. Ahorita van rumbo al billón de pesos.

En esa posición —se supo— tuvo varios choques con la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, hoy dirigente nacional de Morena. En 2024 le ofrecieron una candidatura al Congreso, pero lo suyo no es la campaña ni el roce popular: optó por permanecer con el bajo perfil de años, fuera del reflector y de los cuestionamientos, operando para su “hermano” Andy desde la sombrita.

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Las “pruebas”, sólo en los tribunales

Columna de opinión escrita por Carlos Marín para el diario Milenio

Jueves 18 de junio de 2026

Carlos Marín

4:48

Ayer aventuré aquí que la presidenta Claudia Sheinbaum quizá suponga sinceramente que Estados Unidos “no tiene pruebas” contra Rubén Rocha Moya y los demás de Sinaloa porque cree saber que la Fiscalía Federal sólo tiene indicios endebles y falaces (como los que la DEA esgrimió para la injusta y ––por fortuna––  efímera detención del general Salvador Cienfuegos), o meras insidias carentes de sustento probatorio (documentos, grabaciones, cuentas bancarias…) de sanguinarios y confesos narcotraficantes (como las que un jurado de 12 personas comunes dieron por ciertas para juzgar “culpable” a Genaro García Luna).

De ser el caso, la resistencia a acceder a la solicitud de detención con fines de extradición partiría de una plena convicción y no necesariamente de querer proteger a sus camaradas de Morena (comenzando por el refugiado en Palenque).

El problema es que Sheinbaum no puede saber lo que el gobierno de Donald Trump (ella dice que una “oficina”) tiene contra los requeridos, porque “las pruebas” que viene reclamando sólo pueden exhibirse en los tribunales, primero para el juicio de extradición que no ha comenzado y después en el federal del Distrito Sur de Nueva York.

Pero aun concediendo que la Presidenta “sepa” que EU no tiene “pruebas”, el tratado bilateral de extradición no deja espacio para interpretaciones: la solicitud de captura provisional no supone que las autoridades del país requerido ––en este caso México–– deban manifestarse de antemano sobre la culpabilidad o inocencia de los reclamados; lo que se activa ––como sucedió con Ovidio Guzmán o la suegra que asesinó a su nuera–– es un procedimiento jurídico ipso facto derivado de una petición formal.

La ventilación y valoración de “las pruebas” ocurre sólo dentro del juicio correspondiente (de extradición en México, o definitivo en EU).

Por lo mismo, no es desdeñable la denuncia presentada este martes por la Alianza Mexicana de Abogados contra el titular de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, a quien responsabiliza de poner en riesgo las negociaciones que Marcelo Ebrard (su exjefe) encabeza para la revisión y/o renegociación del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá. Se le acusa de retrasar sin motivo legal válido la solicitud de las capturas y se advierte que las acciones de la Fiscalía General de la República son utilizadas como “un instrumento de escape” para incumplir el Tratado de Extradición.

Más allá de los méritos que tenga o no el documento de la Alianza, lo que está en juego supera el caso Rocha Moya y secuaces, porque lo que exhibe es que el gobierno de Sheinbaum no respeta las obligaciones internacionales del Estado mexicano.

La controversia adquiere mayor dimensión cuando la relación con EU atraviesa una etapa indignantemente sensible: Trump volvió antier a aplicarle a Sheinbaum otra dosis de desconfianza.

Desde la Cumbre del Grupo de los Siete en Francia, profirió:

“México ha perdido el control de su país. Los cárteles controlan México. La Presidenta es una mujer muy asustada…”