El cerco sobre Sinaloa no viene de una simple “oficina” en Washington

​Columna de opinión escrita por Pascal Beltrán del Río para el periódico Excélsior

Miércoles 17 de junio de 2026

Pascal Beltrán del Río

6:06

Hace siete semanas, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York sacudió la política mexicana al presentar cargos formales de narcotráfico y conspiración electoral contra el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y sus colaboradores.  

Desde que estalló el escándalo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha intentado mitigar el impacto diplomático, desestimando la solidez de las acusaciones y liberando a Donald Trump de ser el autor intelectual de las mismas. Al rechazar las solicitudes de detención urgente con fines de extradición, la mandataria ha minimizado reiteradamente el caso bajo el argumento de que “no es Estados Unidos quien los acusa, sino una oficina del Departamento de Justicia”.

Reducir la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) a una simple instancia burocrática es un error conceptual mayúsculo. En Estados Unidos existen exactamente 93 fiscalías federales distribuidas en 94 distritos a lo largo y ancho de sus estados y territorios. Lejos de ser dependencias menores o desconectadas del poder político, los fiscales federales que encabezan estos distritos son nominados por el presidente de los Estados Unidos y ratificados por el Senado.

El SDNY es, históricamente, el distrito judicial más poderoso, temido y prestigioso de ese país, encargado de procesar casos que impactan de forma directa la seguridad nacional y la política exterior de la Casa Blanca. Quien firmó la acusación que se hizo pública el miércoles 29 de abril contra Rocha Moya y su red de funcionarios fue el fiscal federal Jay Clayton. Éste no es un burócrata anónimo; es un abogado de altísimo perfil egresado de la Universidad de Pensilvania que cobró gran celebridad en Wall Street como presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) durante el primer mandato de Donald Trump, cargo en el que se destacó por proteger a pequeños inversionistas y ejercer mano dura contra las criptomonedas.

Bajo su gestión como fiscal en Nueva York –a partir de abril de 2025–, Clayton no sólo desmanteló redes locales de fentanilo en Manhattan, sino también supervisó los casos internacionales de narcoterrorismo contra Nicolás Maduro y el exgeneral Hugo El Pollo Carvajal. La confianza de la Casa Blanca en Clayton es tan grande que hace unos días Trump lo nominó para convertirse en el nuevo titular de la Dirección Nacional de Inteligencia, un ascenso que lo colocará al mando de todo el aparato de espionaje estadunidense.

Para sustituirlo en la estratégica trinchera judicial neoyorquina, Trump ya anunció la postulación de James McDonald. Éste es otro jurista de élite: graduado con honores de Harvard y la Universidad de Virginia, fue asistente del presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Roberts; trabajó en la asesoría jurídica de la Casa Blanca bajo el presidente George W. Bush, y fungió entre 2017 y 2020 como director de cumplimiento de la CFTC, la agencia que supervisa los mercados de derivados financieros. Como socio del influyente bufete Sullivan & Cromwell, ha formado parte del equipo legal personal del propio Trump.

Con este panorama, seguir promoviendo desde el oficialismo mexicano la idea de que el presidente Trump está al margen de la acusación contra los 10 de Sinaloa es una lectura incorrecta. Hacer como que no existe la articulación de este golpe judicial es un arriesgado acto de ceguera voluntaria. La fiscalía neoyorquina no opera en el vacío institucional; sus líderes son piezas clave del tablero político del Ejecutivo estadunidense, y cada movimiento responde a una planeación geopolítica de largo alcance.

Al promover a Clayton a la cúpula de la inteligencia e impulsar a su abogado de confianza, James McDonald, para heredar los expedientes de la Fiscalía de Nueva York, Trump demuestra que está sumamente pendiente de este proceso. El cerco judicial sobre el gobierno de Sinaloa no es el trámite aislado de una oficina administrativa menor, sino una política de Estado, coordinada desde la cumbre del poder en Washington.

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En el callejón de las trabas

acumuladas

Columna de opinión escrita por ​Héctor Aguilar Camín para el diario Milenio

Miércoles 17 de junio de 2026

Héctor Aguilar Camín

3:37

México está urgido de inversionistas. Hace planes y discursos para atraerlos, pero no ofrece condiciones prácticas, ni le da garantías a la inversión.

Al revés, lleva años creando trabas, desconfiando de los inversionistas, poniendo obstáculos al flujo de capital necesario para crecer.

Paradoja cabal: la salida que se busca afanosamente, discurso tras discurso, ha sido clausurada paso a paso, decisión tras decisión, en los dos últimos gobiernos.

Veámoslo en cámara rápida.

López Obrador canceló la construcción de un aeropuerto de primer mundo, sólo para demostrar su mando.

Luego destruyó la reforma energética que le habían heredado, en sus dos vertientes: petrolera y eléctrica. Las dos empezaban a atraer inversiones y a ser efectivas.

Pemex es ahora un hoyo negro en la deuda soberana de México y la CFE no produce la energía necesaria para plantearse, con seriedad logística, grandes proyectos de inversión.

López Obrador destruyó luego una reforma educativa que buscaba la productividad del sistema mediante la evaluación, y creó su propia reforma, fundada en la no evaluación, un absurdo pedagógico de cuyo futuro los inversionistas pueden esperar cualquier cosa menos una sociedad bien educada para trabajar en sus empresas. Ven sólo un país de bajo capital social.

López desmanteló luego el sistema de salud, cerró el Seguro Popular, que atendía a 57 millones de personas, y heredó el sistema disminuido de hoy, en el que los inversionistas pueden ver muchas cosas pero no un piso firme de seguridad social para sus futuros empleados.

El gobierno de Claudia Sheinbaum, por su parte, destruyó el Poder Judicial que había, mediante unas elecciones amañadas de ministros, jueces y magistrados, cambio en el que los inversionistas pueden ver cualquier cosa, menos certidumbre jurídica.

Esto es lo que ofrece México a los inversionistas: cancelación caprichosa de grandes inversiones, improductividad y estancamiento energético, bajo capital social, y un Poder Judicial inventado por el gobierno para tenerlo a su servicio.

Paisaje de fondo: alta violencia criminal y complicidad del gobierno con el crimen.

No sé por qué pueden esperarse grandes inversiones en un país así. La verdad es que en México no invertirá en grande quien no tenga una gran influencia política. Hay pocos de esos.

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El espejismo de la derrama

económica mundialista

Columna de opinión escrita por Jorge G. Castañeda para el diario El Universal

Miércoles 17 de junio de 2026

No es culpa de Sheinbaum que algunos partidos del Mundial del 2026 se celebren en México. Esa decisión la tomó Peña Nieto, y junto con ella se produjo la aceptación de la gran mayoría de las condiciones impuestas tanto por la FIFA como por Estados Unidos, es decir, la sede principal de los 104 partidos. Tampoco es responsable la Presidenta que todo salga bien o mal en infraestructura, incidentes posibles, y mucho menos, los resultados que alcance —o no— la selección mexicana.

Asimismo, en el fondo, ni siquiera le corresponde la autoría del éxito o fracaso turístico y de imagen de los trece juegos. Son tantos los factores que determinan un aforo turístico inmediato, o a mediano y largo plazo, que es imposible establecer una relación causal directa e inmediata.

Valeria Moy tiene toda la razón en su artículo de El País esta semana que el impacto en materia de turismo y la imagen de un país sede se puede medir de dos maneras. Una radica en el número de visitantes durante el evento per se; la otra consiste en el efecto a largo plazo de imagen y de turismo. Es posible que el costo-beneficio de una olimpiada o un mundial de fútbol no resulte provechoso a corto plazo; por ejemplo, que no llegue el número de turistas pensado —tal vez el caso de París en el 2024— pero a la larga se consiga un éxito de proyección mundial que contribuye no solo al turismo futuro sino al prestigio del país: algo intangible. A la inversa, es factible que acuda un gran número de visitantes al evento, pero que por cualquier razón —el boicot de Estados Unidos a la olimpiada de Moscú en 1980— ello no se traduzca en un éxito de imagen a futuro.

Moy ofrece cifras de Deloitte de los últimos mundiales sobre visitantes nacionales y extranjeros. Para el mundial de Brasil en 2014 se alcanzaron 3.1 millones de visitantes nacionales y un millón de extranjeros. Rusia, para el 2018, recibió 5.7 millones, de los cuales 2.8 fueron locales, y 2.9 extranjeros. En Qatar en 2022 desembarcaron 1.3 millones en total, incluyendo un millón de foráneos. Se trata de un fórmula para estimar el beneficio que una de estas celebraciones puede arrimarle a un país.

Pero siempre es necesario cotejar ese hipotético efecto benéfico con las enormes inversiones que se suelen realizar para un Mundial, sobre todo de la magnitud del 2026. Al respecto, la diferencia entre turistas extranjeros y nacionales reviste cierta importancia.

Los de afuera traen recursos netos nuevos: lo que pagan, lo que consumen, lo que derraman, constituye un plus neto para el país, es decir dinero que en ausencia de ese evento no se habría gastado en el país en cuestión. Los visitantes nacionales, en cambio, arrojan resultados contradictorios. O bien se trata de un excedente de gasto en relación a lo que se hubiera devengado en las ciudades pertinentes, porque la gente sale más a restoranes, a bares, a reuniones donde ordenan pizzas, tacos, etcétera, en su casa. O bien, si se trata de gasto de visitantes nacionales externos a las ciudades sede, puede generarse un mayor consumo que el de costumbre en transporte, hotelería, alquiler de automóviles, Airbnb, etcétera, que sin embargo no se realiza en la ciudad de origen del visitante. Se trata en ambos casos de una transferencia interna. Puede haber un poco más de gasto que de costumbre, pero es gasto de brasileños en Brasil, de franceses en Francia, de mexicanos en México.

Lo que sí es totalmente responsabilidad de la 4T, y de Sheinbaum en particular, es ofrecer estimaciones del número de visitantes y de la derrama económica alejadas de la realidad. Los famosos cinco millones de visitantes nunca tuvo ni pies ni cabeza. Representa un número mucho mayor para un número mucho menor de eventos que los casos citados.

Si se referían tanto a visitantes nacionales como extranjeros, deberían haber ofrecido la proporción de cada uno. Conocidos míos vinculados a líneas aéreas, a hotelería, así como a Airbnb en la Ciudad de México, me comentaron hace meses que nunca entendieron de dónde salió la cifra de los cinco millones. No parecía descansar en ningún tipo de cálculo más o menos fundamentado. En todo caso, es evidente que no se va a alcanzar ni remotamente un número de esa magnitud.

La propia empresa Deloitte ha dicho que cuando mucho podrían ser setecientos mil visitantes, me imagino que refiriéndose a los extranjeros. Se me hace alto. Las diversas asociaciones hoteleras han comunicado a propósito de los primeros días en la Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey, una ocupación apenas superior a la que se acostumbra en el mes de junio: entre 60 y 65%. Sé de varias personas con múltiples departamentos en Airbnb que no han podido llenar su calendario de reservaciones. Falta ver la llegada de pasajeros internacionales a México, Guadalajara y Monterrey para construir una idea de la cantidad de visitantes que realmente recibiremos. Con excepción de algunos extranjeros, quizás paisanos de Texas, que ingresen por carretera para asistir a los cuatro partidos en Monterrey, la totalidad de los visitantes externos llegarán por la vía aérea. Será relativamente fácil comparar el número de pasajeros atendidos en los tres aeropuertos internacionales —el AIFA no cuenta, porque sigue teniendo solo un vuelo a Estados Unidos, y no parece que muchos cubanos puedan desplazarse a México en avión; tendrían que venirse nadando, aunque correrían el riesgo de que se los comieran los tiburones— con los de siempre durante este mes.

Todo sugiere que el número de visitantes extranjeros, es decir, los que realmente aportan recursos de fuera de México, resultará muy inferior a lo estimado. ¿Quién fabricó la cifra de cinco millones? Imposible saber. ¿Cuánto gastaron los tres gobiernos de México —Peña, AMLO y Sheinbaum— en complacer a la FIFA, a Ollamani, en infraestructura, en seguridad, en promoción, comparado con los ingresos para el país? Lo más probable es que en un país opaco, con un gobierno vergonzantemente sigiloso y sin transparencia, nunca lo sabremos.

Estas son las preguntas que conviene hacerse, y no tanto si dimos una magnífica impresión al mundo gracias a la fiesta mexicana. Esta es incuestionable. Nadie se nos acerca en lo que se refiere al relajo, el desmadre y la pachanga. Mientras nos dure la alegría de la sociedad mexicana ante las posibles victorias del Tri, ello, como MasterCard, será priceless.