El rastro de la visa perdida de “Andy”

Columna de opinión escrita por Roberto Rock para El Sol de México

Miércoles 19 de agosto de 2026

Roberto Rock

5:25

Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, el segundo de los hijos del expresidente López Obrador, entró formalmente bajo la lupa de las autoridades de Estados Unidos a finales de julio de 2025, al regreso de su polémico viaje a Japón. 

López Beltrán hizo escala en el aeropuerto de Atlanta. Reportes no confirmados aseguran que fue objeto de un interrogatorio sobre sus negocios en México, y que recibió una invitación para una charla futura, más amplia y formal, en las oficinas centrales del FBI en Dallas. Reanudó su vuelo a la capital mexicana. No existen informes de que haya vuelto a pisar territorio norteamericano. El jueves último anunció que su visa fue cancelada, y publicó una airada carta dirigida al presidente Donald Trump.

De acuerdo con fuentes familiarizadas con este caso, agencias de seguridad de la Unión Americana han colocado a López Beltrán -quien el viernes 21 próximo cumplirá 40 años- dentro de indagatorias sobre políticos y empresarios mexicanos a los que se les atribuye haber colaborado con organizaciones del crimen organizado, en particular el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Específicamente, se investigan sus nexos con operaciones de huachicol fiscal orquestado por dos empresas -una nacional y otra radicada en Texas. 

La calidad de sujeto de interés de López Beltrán para la justicia norteamericana se deriva de sus presuntas ligas con un grupo de empresas en las que aparentemente encabeza el polémico Jorge Amílcar Olán Aparicio, cuya ubicación se desconoce. Él creó empresas que florecieron desde 2018, con el inicio de la administración López Obrador, desde las cuales obtuvo contratos públicos por miles de millones de pesos. 

Olán Aparicio fue durante su adolescencia parte del círculo de amistades de los hermanos Andrés Manuel y Gonzalo “Bobby” López Beltrán. Antes de 2018, Jorge Amílcar se dedicaba a la venta de muebles de baño, azulejos y construcciones menores. Al arranque del sexenio cambió apresuradamente el objeto social de su empresa “Poyango”, dedicada a la ferretería, y la rebautizó como “Romédic”. En los siguientes años vendió al menos mil millones de pesos al IMSS Bienestar y al INSABI, en su momento dirigido por el tabasqueño Alejandro Calderón Alipi, otro viejo amigo de los López Beltrán. 

Animado por su éxito, él y socios establecieron “Inmobiliaria e Infraestructura Portacelis”, con Jorge Amílcar como accionista en 90%. En agosto de 2024 el grupo decidió “pensar en grande”, y fundó “Portacelis Gas and Oil”, que se dedicaría a la importación de combustibles, en particular diésel. 

Sus directivos, sin mayor trayectoria profesional, cambiaron en forma incesante, y ninguno mostró nunca experiencia en el campo energético. Los reportes indican que pese a todo ello, presumiblemente gracias a las gestiones de López Beltrán, lograron obtener un permiso de importadores -inalcanzable para otras empresas del ramo-, otorgado por la Secretaría de Energía, que había estado a cargo de Rocío Nahle, pero que en ese momento era dirigida por Miguel Ángel Maciel Torres, un petrolero jubilado al que se le atribuyó seguir bajo la égida de la ahora gobernadora morenista de Veracruz. 

Las investigaciones estiman que en febrero de 2025, seis meses después de creada, “Portacelis Gas and Oil” introdujo a México su primer cargamento de huachicol fiscal. Lo hizo en alianza con la empresa texana “Ikon Midstream”. Como ha documentado el periodista Raúl Olmos, los destinatarios finales de las operaciones de esta compañía eran grupos ligados al CJNG. Olmos ha registrado también investigaciones al respecto tanto del FBI como de la fiscalía federal de México. 

En abril de 2026, las instalaciones de “Ikon Midstream” fueron incautadas y sus actividades suspendidas. “Portacelis Gas and Oil” virtualmente se esfumó. El FBI sigue interesado en conversar con Andrés “Andy” López Beltrán.

—--------------------------------------------------------------------------------

Las listas de Alcalde

Columna de opinión escrita por Ana Paula Ordorica para El Universal

Miércoles 19 de agosto de 2026

Ana Paula Ordorica

5:37

El miércoles pasado, desde Palacio Nacional, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, exhibió una lista de periodistas, analistas, medios y opositores que, según el gobierno, integramos un ecosistema de amplificación digital contra la autodenominada Cuarta Transformación. La presentación se apoyó en un monitoreo de siete meses de la conversación pública, realizado con recursos públicos. Mi nombre apareció ahí. No es la primera vez que este movimiento me incluye en una lista, ya había ocurrido en 2021. Pero esta vez la reacción no fue la que quizá esperaba la Consejera Jurídica.

Antes, el listado oficial venía acompañado de linchamiento digital. Lo viví también en 2023, cuando al oficialismo no le gustó mi moderación del debate entre las candidatas a la gubernatura del Estado de México. Esta vez ocurrió lo contrario. He recibido en mis redes un apoyo abrumador, un respaldo ciudadano que no había visto antes.

La consejera negó que se tratara de una lista negra y aseguró que fue un análisis técnico de redes. Si de verdad hubiera sido no habría necesitado exhibir nombres en una pantalla desde la tribuna presidencial. Si el propósito era desenmascarar una red de desinformación, podría haber mostrado los temas que consideraban falsos. Pero no. Lo que hizo Alcalde fue un show para mostrar nombres y, después de darlos, sentenció con un “los tenemos ubicados”. Artículo 19 dijo que señalar voces críticas sin transparentar la metodología ni los criterios es contrario a la libertad de expresión. Y es que un análisis técnico ofrece evidencia, mientras que una lista desde el poder ofrece blancos.

La maquinaria de intimidación sigue ahí, como en el 2021. La diferencia es que ahora la acompaña un enojo ciudadano visible con un gobierno que, teniendo muchísimo poder, quiere más. Quiere someter también al llamado cuarto poder que ahora incluye redes y el espectro digital.

Morena y sus aliados controlan el Ejecutivo y el Legislativo; la elección judicial reconfiguró las cortes y una reforma constitucional extinguió siete órganos autónomos. Con esa concentración, la pregunta obligada es por qué no se dedican a gobernar bien, para que los votos se ganen con resultados. ¿Por qué abandonaron la promesa de acabar con la corrupción, si alguna vez fue algo más que propaganda? ¿Por qué terminaron pareciéndose a los partidos que expulsaron del poder, aunque en algunos rubros están corregidos y aumentados? ¿Por qué exigen prensa favorable en lugar de gobernar para merecerla? Teniendo todo, ¿qué los detiene?

El oficialismo responde con dos logros. Que entre 2018 y 2024 el salario mínimo recuperó 116 por ciento de su poder adquisitivo y, según el INEGI, 13.4 millones de personas salieron de la pobreza. No los minimizo. Son avances reales y hay que reconocerlos. Pero el mismo INEGI muestra que la carencia de acceso a servicios de salud pasó de 20 a 44.5 millones de personas. El rezago educativo afectaba en 2024 a 24 millones, 700 mil más que en 2018. A ello se suman el crecimiento magro y la demolición de instituciones que, siendo imperfectas, eran mejores que lo que la 4T puso en su lugar.

Tanto agravio del gobierno a los ciudadanos comienza a generar grietas. Por eso, en lugar de ver ataques contra quienes aparecimos en la lista, veo respaldo. La propia presidenta Sheinbaum dijo en 2021 que las listas las hacían el macartismo y el nazismo. Sus palabras regresaron esta semana como búmeran.

No sé en qué se traducirá esto electoralmente el año próximo. Por lo pronto espero que en Palacio Nacional alguien tome nota de que el hartazgo ciudadano es auténtico. Las listas no callan a nadie. Lo que sí hacen es revelar el miedo de quien las elabora.