El segundo tirador y la cadena de mando: ¿a donde va el distractor?

Columna de opinión escrita por Salvador García Soto para el diario El Universal

Jueves 13 de noviembre de 2025

Salvador García Soto

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Contra viento y marea y a pesar de que en 2024 se le había negado en tres ocasiones la misma causa penal “por falta de elementos probatorios”, la Fiscalía General de la República revivió, en medio de la crisis social y política que hoy vive el gobierno federal por la violencia homicida en Michoacán y en todo México, el Caso Colosio y obtuvo, mediante presiones y amenazas a un juez federal, la orden de aprehensión que le permitió detener, el pasado 9 de noviembre, a José Antonio Sánchez Ortega, el exagente del Cisen que 31 años después es acusado de ser el “segundo tirador” contra el candidato presidencial asesinado en Lomas Taurinas en marzo de 1994.

La insistencia de la FGR, luego de tres fallos judiciales que le negaron y ratificaron la inconsistencia e insuficiencia de sus pruebas, no fue para nada casual y claramente el fiscal Alejandro Gertz Manero buscó retomar, en el momento más conveniente para la 4T y la presidenta Claudia Sheinbaum, un caso que claramente se convierte en un distractor a modo del régimen, una suerte de “caja china” que en su momento ideó el expresidente López Obrador, quien ordenó reabrir las investigaciones del Caso Colosio por quinta ocasión y tras el paso de cuatro fiscales que nunca pudieron probar la hipótesis de un segundo tirador por más que la exploraron e investigaron.

En dos ocasiones, el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Jesús Alberto Chávez Hernández, negó las ordenes de aprehensión solicitadas por el Agente del Ministerio Público de la Federación (MP), al considerar que sus peticiones carecían de justificación legal, al estar sustentadas en meras presunciones. La primera negativa de la orden de aprehensión (24 de noviembre de 2023, en la Causa Penal 4/2023-VI) el juzgador concluyó que el MP no acreditó los extremos de su pretensión, ya que se limitó a inferir o presumir un hecho que no estaba demostrado, por lo que procedía negarla.

En la segunda negativa de orden de aprehensión (05 de enero de 2024, en la Causa Penal 1/2024-VII) el Juez concluyó que la petición carecía de justificación legal, al estar sustentada en meras presunciones de la fiscalía, por lo que procedió nuevamente a negar la orden de aprehensión solicitada. La Fiscalía impugnó esta segunda negativa del juez Chávez Hernández, mediante un recurso de apelación que fue radicado en el Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, con el número de toca penal 15/2024. El 01 de agosto de 2024, dicho órgano colegiado resolvió inoperantes los agravios planteados por la Fiscalía y confirmó la negativa de la orden de aprehensión solicitada, dándole la razón al juez.

Por aquella fecha el entonces presidente López Obrador se quejó públicamente, en su mañanera, de que los jueces le negaran la orden de aprehensión a la Fiscalía contra el “segundo tirador” y reprochó la actitud del Poder Judicial federal que “han estado ahí, peloteando” el caso, y revelando el interés particular que su gobierno tenía en el tema, el mandatario hizo suya la hipótesis de la FGR asegurando que el exagente del Cisen, Sánchez Ortega, “fue rescatado por Genaro García Luna, quien entonces era parte de esa corporación de espionaje y en el sexenio de Felipe Calderón se convirtió en secretario de Seguridad Pública”.

Pero como entonces no les funcionó el distractor ante la negativa de los jueces por falta de pruebas y argumentos sólidos para reabrir el caso Colosio, el pasado 25 de septiembre, ya con la nueva integración del Poder Judicial de la Federación, tras la fraudulenta elección de los “acordeones judiciales”, la FGR volvió a la carga y a través de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Cometidos por Personas Indígenas y en Investigación de Delitos Sociales y Políticos del Pasado, solicitó de nuevo la orden de aprehensión contra Jorge Antonio Sánchez Ortega.

En esta ocasión, el asunto se radicó ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal del Estado de México (ante la extinción del entonces Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en septiembre de 2024). El 5 de noviembre los fiscales federales llegaron a dicho juzgado, encabezado por el juez Daniel Marcelino Niño Jiménez, con la nueva causa penal 5/2025 pero con los mismos argumentos jurídicos que ya le habían sido rechazados en tres ocasiones por la justicia federal.

De acuerdo con fuentes judiciales, el Juez Cuarto de Distrito, Daniel Marcelino Niño Jiménez, les dijo ese día que no podía conceder la orden porque ya había sido negada en dos ocasiones por el juez Chávez Hernández y por el Tribunal Colegiado y les reiteró que no había demostración plena del hecho por el que pretendían detener a Jorge Antonio Sánchez Ortega. Los fiscales federales se retiraron inconformes, pero dos días después, el 7 de noviembre, volvieron a ver al Juez Niño Jiménez para reiterarle la petición pero esta vez no iban solos, los acompañaba un funcionario del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.

Y cuando el juez cuarto de Distrito les reiteró que no encontraba sustento ni pruebas para otorgarles la orden, el funcionario del Tribunal de Disciplina Judicial intervino: “es muy fácil, usted otorga la orden o prepárese para ser enviado mañana a Tapachula”. Y ese mismo día, el 7 de noviembre, el juzgado en cuestión otorgó la orden con la que detuvieron, dos días después en Tijuana, a José Antonio Sánchez Ortega, como presunto segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio.

Ahora que a Sánchez Ortega lo tienen ya recluido y puesto a disposición del mencionado Juzgado Cuarto de Distrito, donde fue presentado en ausencia del juez Daniel Marcelino y ante su secretario que estaba de guardia, en principio se había fijado el 12 de noviembre como plazo para que el juez determinara si le dictaba la formal prisión, con base en las pruebas presentadas por la FGR, pero ayer de manera sorpresiva el plazo fue ampliado hasta 144 horas después de su presentación, con lo que sería hasta el fin de semana, sábado o domingo, cuando el juez anuncie su decisión. Es decir, que sería un “sabadazo” el que se prepara.

Pero lo interesante, si es que el juez Cuarto de Distrito les valida sus endebles pruebas que ya habían sido revisadas y rechazadas dos veces, y le inicia un proceso penal al presunto “segundo tirador”, es hacia dónde quiere llegar la Fiscalía con este asunto que no se agota en el exagente del Cisen que tienen detenido. Lo que busca la FGR de Gertz Manero es invocar la “cadena de mando”, un término jurídico que se introdujo en los juicios de Nurenberg para poder enjuiciar a los generales nazis.

Y aquí lo que argumentaría la Fiscalía es que Sánchez Ortega fue encubierto y protegido por su superior, Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos. Y el superior de García Luna que era Jorge Tello Peón, entonces director del Cisen en 1994 y actualmente es director de una consultora privada de seguridad llamada Madison Inteligencia México. Y siguiendo la “cadena de mando” los jefes superiores de Tello Peón eran dos: José Cordova Montoya, Jefe de la Oficina de la Presidencia, y el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.

¿Hasta dónde llevarán la FGR y la 4T la reapertura de este caso que, a juzgar por la cantidad de delitos, denuncias y expedientes judiciales de crímenes actuales que están durmiendo el sueño de los justos, es claramente un distractor con fines más políticos que de justicia real? Eso es lo que veremos en este proceso que apenas inicia con jueces que, cuando no están a modo, son presionados y amenazados para que fallen como se les indica.

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Quieren implicar a los escoltas

Columna de opinión escrita por ​Carlos Marín para el diario Milenio

Jueves 13 de noviembre de 2025

Carlos Marín

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La insidia contra los escoltas de mayor confianza de Carlos Manzo pasa por alto que se formaron en la desaparecida Policía Federal, que pasaron luego a la Guardia Nacional y que, por su amistad de cinco años o más con el alcalde, pidieron trabajar con él y fueron adscritos a la policía municipal para efectos de su pago.

Por lo mismo, es infame la maniobra que parece perfilarse para silenciar al Movimiento del Sombrero y el llamado al voto de castigo que desde su primer discurso hizo la viuda Grecia Quiroz, hoy presidenta municipal de Uruapan.

El recelo surge porque, antes que nadie, el gobernador morenista de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que los escoltas de Manzo “flexibilizaron su seguridad”.

Y en el mismo tenor está su correligionario y subordinado subsecretario del gobierno estatal, Juan Manzo, hermano del occiso, quien mucho se afanó en que el alcalde regresara al redil de Morena, el partido que lo traicionó.

“Genera sospechas que (los escoltas) lo hayan regresado en al menos tres ocasiones al mismo punto donde fue asesinado. Él ya se iba y elementos de seguridad le pidieron varias veces regresar, porque había quienes querían tomarse fotografías”, ha declarado.

Se arguye también que el sicario fue muerto cuando ya estaba sometido, pero se omite que el muchacho (17 años) estaba drogado (mariguana y metanfetaminas), que se resistió con fuerza a la captura y que fue en el forcejeo de unos cuantos segundos cuando recibió el disparo, lo que impidió conocer por él de quién o quiénes fue la autoría intelectual.

Sin facultades ministeriales, Ramírez Bedolla dijo que la “flexibilización” de la seguridad es “una de las líneas de investigación”.

No es vana ni aislada la embestida del gobernador y el hermano incómodo: al obradorato le conviene desactivar a la viuda y al movimiento sociopolítico que en pocos días prendió con arrastre y resonancia nacional (desde hace dos domingos no han cesado las protestas y se ha convocado a una concentración y marcha para el sábado en Ciudad de México y otras localidades).

Ramírez Bedolla debiera solicitar que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación o, mejor, promover una fiscalía indudablemente independiente.

Por fortuna, el secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo el lunes que no había indicios de que algún escolta del malogrado alcalde tuviera vínculos con el crimen organizado, y para sustentar su dicho aquilató que uno de ellos abatiera al homicida.

Lo malo en todo esto es que la iglesia esté en manos de Lutero, porque las investigaciones las realiza la fiscalía estatal, que por lo pronto, debe reconocerse, ha sido prudente. Ojalá honre su constitucional autonomía.

Uno de los hombres en quien más confiaba Manzo me dijo (lunes y martes en El asalto… de MILENIO Televisión) que ningún policía estatal formaba parte de la seguridad, porque Manzo desconfiaba de Ramírez Bedolla.

¿Jack Ruby asesina a Oswald en versión uruapense?

Vaya perversa insinuación…