Elecciones criminales​

Columna de opinión escrita por Luis Carlos Ugalde para el diario Reforma

Miércoles 6 de mayo de 2026

Luis Carlos Ugalde

5:49

En Sinaloa levantaban gente. Secuestraban operadores. Bajaban candidatos. Fue una narcoelección. Eso lo cuenta Luis Guillermo Benítez, "El Químico", exalcalde de Mazatlán y militante de Morena. Él iba arriba en las encuestas para ser candidato a gobernador en 2021, pero fue desplazado por Rubén Rocha Moya, quien ha reconocido que no encabezaba las preferencias internas. Según Benítez, al presidente López Obrador lo cercaron: lo rodearon de dinero, intereses y presiones. Rocha le ganó la partida.

La acusación de Estados Unidos va más lejos. Según ese expediente, Los Chapitos pactaron con Rocha antes de la elección de 2021: ellos lo ayudarían a ganar y, a cambio, él colocaría funcionarios favorables al grupo criminal para operar sin interferencia. El día de la elección, sicarios habrían robado urnas y boletas, secuestrado o intimidado opositores y presionado a votantes. Rocha "ganó" por 24 puntos, cuando las encuestas preelectorales lo colocaban apenas unos puntos arriba de Mario Zamora (PRI).

La elección fue impugnada. El Tribunal Electoral de Sinaloa confirmó el resultado. Reconoció hechos de violencia, pero sostuvo que eran aislados. Dijo que notas periodísticas sobre secuestros, levantones, amenazas y ataques no bastaban para generar prueba plena si no estaban acompañadas de denuncias u otros medios de convicción. Pero ese era justamente el punto: nadie quería denunciar. Había demasiado miedo.

Sinaloa no fue un caso aislado. En 2021 hubo elecciones de gobernador en otras 14 entidades. En Michoacán, el Tribunal Electoral anuló la votación en varios municipios por la intervención de personas armadas o vinculadas al crimen organizado, pero confirmó la validez de la elección de Alfredo Ramírez Bedolla porque esos hechos no bastaban para revertir el resultado. También hubo sospechas de intervención criminal en Baja California Sur, Colima y Sonora. La pregunta ya no es si el crimen organizado interviene en las elecciones. La pregunta es cuántas gana, cuántas condiciona y cuántas captura antes de que se instalen las casillas.

El gobierno presentó en los últimos meses dos propuestas de reforma electoral y ninguna abordaba cómo contener la penetración criminal en los procesos electorales. Este es el mayor desafío de la democracia mexicana y quizá de la sobrevivencia misma del Estado. El problema no son los plurinominales ni cuánto cuestan los congresos locales. El problema es la pérdida de soberanía del Estado mexicano, no frente a Trump, sino frente a criminales mexicanos.

Se acerca el proceso electoral de 2027 y el Estado mexicano está nuevamente desnudo frente a la infiltración de candidatos por grupos criminales: ya sea financiándolos, amenazándolos o matándolos. Integralia ha dado seguimiento a la violencia política desde hace muchos años y ha documentado cómo este fenómeno se detona durante las campañas, porque ese es el momento de captura de los futuros gobernantes. Como ocurre cada tres años, las soluciones serán frívolas: escoltas para candidatos en zonas de alto riesgo, como si eso bastara para detener a quienes pueden matar de madrugada, cuando los guardias ya se fueron a dormir. O peor: como si el problema fuera solo proteger candidatos del crimen, cuando cada vez más llegan ya palomeados por el crimen y forman parte de la nueva gerencia criminal antes de ganar.

La solicitud de extradición de Rocha Moya debería ser una oportunidad para que el Estado mexicano recupere soberanía sobre sus territorios y gobiernos. Se requiere reconocer que el enemigo no está afuera, sino adentro: en las redes criminales que capturan policías, alcaldes, fiscalías, partidos y gobiernos. Y que carecemos de los recursos y de la voluntad para una contraofensiva real.

La reacción inicial del gobierno mexicano ha sido atrincherarse. Si esa posición prevalece, se perderá una oportunidad y habrá dos consecuencias posibles. La primera: un conflicto creciente con Estados Unidos, con efectos desastrosos sobre el tratado comercial, una de las principales anclas de la economía mexicana. La segunda: que la humedad siga avanzando hasta que el Estado se vuelva inservible, roto y podrido. Porque cuando el crimen roba elecciones, no solo se roba votos: se roba gobiernos, territorios y futuro.

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Una orden de batalla contra el

narcoterrorismo

Columna de opinión escrita por Jorge Fernández Menéndez para el periódico Excélsior

Miércoles 6 de mayo de 2026

Jorge Fernández Menéndez

7:49

La estrategia antidrogas que anunció el lunes el gobierno de Estados Unidos es un punto de inflexión en las políticas de la Unión Americana en la lucha contra las drogas. La estrategia global que presentó el gobierno de Estados Unidos es mucho más que un documento doctrinal, es la hoja de ruta explícita que seguirá la Casa Blanca en la lucha contra los cárteles de la droga, íntimamente conectada con la estrategia de inteligencia y de seguridad nacional presentadas semanas atrás.

La estrategia coloca a México —junto con China, India y Colombia— como uno de los cuatro pivotes geográficos de una guerra global contra el fentanilo y los cárteles. La estrategia define al fentanilo ilícito como un arma de destrucción masiva y a los cárteles como amenazas terroristas, lo que abre la puerta a la utilización de herramientas financieras, judiciales e incluso militares en su contra. Por primera vez, Washington pone por escrito que la cooperación con México está condicionada a extradiciones, a que las empresas mexicanas pueden ser sancionadas, a que los cárteles sean perseguidos como terroristas y el campo de batalla incluye lo digital y lo económico.

Por si quedaran dudas, la carta publicada ayer por la zar antidrogas de la Casa Blanca, Sara Carter, las despeja y enfatiza que se llevará la lucha contra “el enemigo con una ofensiva implacable. La era de la contención, dice, ha fracasado. Esta estrategia sirve como nuestra orden de batalla para cazar a los cárteles en sus refugios, desmantelar sus laboratorios, incautar sus activos y cortar sus líneas de suministro. Utilizando cada instrumento del poder estadunidense, quebraremos la columna vertebral de las Organizaciones Criminales Transnacionales, especialmente aquellas designadas como Organizaciones Terroristas Extranjeras, que lucran con la muerte de nuestros ciudadanos”.

Todo lo dicho se podría aplicar en forma literal a los casos de Rubén Rocha Moya y los otros nueve acusados por Estados Unidos de colaborar y ser parte del entramado de colaboración y complicidad con el Cártel de Sinaloa. Pero el gobierno federal y la FGR parecen decididos a ignorar la realidad y tratar de cubrir con un discurso falsamente soberanista, lo que constituye un andamiaje de protección a los funcionarios acusados y por ende a los grupos criminales transnacionales. Nada viola más la soberanía de un país que la impunidad de los funcionarios que trabajan con los narcocárteles.

No se asume, primero, que hay pruebas de todos los colores y sabores de esas complicidades: no de ahora sino desde hace años. Que los acusados están desprestigiados y están condenados por la propia sociedad: los números que publica ayer en su columna Javier Tejado Dondé de un estudio elaborado por la plataforma Brandwatch durante el fin de semana, “deja ver que la conversación del tema es gigante: 1.35 millones de menciones y un alcance potencial de 1.8 mil millones de personas, con 11 tendencias en X. Pero el gran dato es que la actitud nacional hacia el gobernador con licencia de Sinaloa es 75% negativa, 21% neutral y apenas 4% positiva. La presidenta Claudia Sheinbaum tiene en este tema, 75% de actitud negativa, igual que Rocha Moya. Pero le va peor a Morena, que representa 28% de la conversación y trae 90% de negativos, 9% de neutrales y apenas 1% de positivos”.

Ante eso, la estrategia del gobierno es hacer todo lo posible por no detener ni extraditar a Rocha y sus cómplices que, recordemos, están acusados de delitos que Estados Unidos considera equiparables al terrorismo. No es verdad lo que dice el gobierno de que Estados Unidos debe presentar pruebas concluyentes y exhaustivas antes de proceder a la detención: lo que pide Estados Unidos, o sea la detención provisional con fines de extradición, como ya lo hemos dicho aquí desde la semana pasada, lo único que requiere es la expedición de las órdenes de aprehensión por la justicia del país reclamante o sea de Estados Unidos. Tampoco es verdad que esa información se debe mantener en secrecía: en ninguna parte del tratado de extradición ni con EU ni con ningún otro, lo dice. 

Lo que está haciendo la FGR es una estratagema para investigar a los acusados dentro del país, no encontrar nada, exonerarlos, como ya lo adelantó la FGR apenas 24 horas después de las solicitudes de detención y, argumentando que ya han sido investigados en México, negar las extradiciones. 

Es una estrategia suicida porque copia lo hecho con el caso Camarena en 1985, pero olvida que las normas han cambiado, que se está violando el tratado de extradición, que Estados Unidos tiene una visión y una posición global radicalmente distinta y mucho más dura, como se pone de manifiesto con la política antidrogas dada a conocer ayer y que se sustenta en dos definiciones adicionales que son claves en todo esto: que los cárteles son organizaciones terroristas, lo que según las leyes estadunidenses les da sustentos legal para realizar hasta acciones militares extraterritoriales; y que el fentanilo es un arma de destrucción masiva, lo que aumenta aún más los instrumentos legales unilaterales. 

Lo que se vulnera es el mecanismo completo de cooperación en materia de extradición, la confianza entre las autoridades y uno de los pocos instrumentos que han funcionado en la relación bilateral en seguridad, con el agregado de que la mira está puesta en las redes de complicidad política que se quieren mantener impunes. Esas rupturas, esa vulneración de la confianza, nunca queda sin respuesta.