Indignados por 'El Mayo', tranquilos con Rocha Moya

Columna de opinión escrita por Carlos Puig para el diario Milenio

Jueves 9 de julio de 2026

Carlos Puig

3:38

Ismael El Mayo Zambada es uno de los criminales con la historia más cruel y productiva —en su sucio negocio— del país, tal vez del mundo. El daño, la tragedia que su actividad criminal ha causado a ciudadanos, a su estado que da el nombre a su organización y al país entero es imposible de resumir, ya no digamos en esta columna sino en varios libros.

Es, además, a diferencia de tantos otros como él, el único que a lo largo de su vida no tocó una prisión mexicana, no importó quién gobernara el país o Sinaloa.

Hasta que un día, y los detalles quién sabe si los conoceremos algún día, se peleó con su compadre y cómplice de toda la vida y sus hijos quienes, nada tontos, convencieron a un candidato a la gubernatura para que se la jugara con ellos. Aunque el candidato también hablaba con Zambada, no fuera a ser. Y así ganó la gubernatura, con esa “ayuda”.

Hasta que un día, Los Chapitos, con su padre en prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, otro hermano en proceso —también allá donde lo mandó México— y seguramente bajo ataque por parte de la facción de Zambada; decidieron negociar con las agencias gringas para armar un operativo y que Estados Unidos lo arrestara. En aquel operativo se asesinó a un aliado de Zambada, Melesio Cuén, crimen que la fiscalía de Rocha Moya quiso encubrir mintiendo a todo mundo. La fiscal renunció pero está tranquila por ahí. Total, inventar un crimen siendo fiscal no es para tanto. El piloto del avión que llevó a Zambada, por cierto, fue devuelto a México, donde siguió delinquiendo y luego fue arrestado y mandado, nomás faltaba, de vuelta a Estados Unidos.        

Aquel operativo desató una guerra que tiene a Sinaloa, hasta hoy, sumido en homicidios, robos, caída económica e incertidumbre.

El asunto del secuestro había pasado a “páginas interiores” (como decíamos antes) hasta que un día el FBI decide presumir que aquel operativo era de ellos y hasta el avión enseñan. Eso sí hizo enojar, y mucho, al gobierno. Mucho. El gobierno, dice, se enteró por la prensa.

Curioso, no se habían enojado así con las muchas y muy buenas notas de prensa que desde hace algunos años han documentado cómo el señor Rocha Moya llegó a la gubernatura por la intervención a su favor de los criminales. Esa prensa, no importa. ¿Hay pruebas? Repiten hasta el cansancio.

Por lo pronto están muy, muy, indignados por el secuestro de El Mayo.

Rocha Moya puede seguir tranquilo.

Entre estos dos personajes anda el gobierno en estos días.

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¿Morena tiene un patrón para

saquear al pueblo?

Columna de opinión escrita por Maite Azuela para el diario ​El Universal

Jueves 9 de julio de 2026

Maite Azuela

7:40

Acapulco aprendió a contar pérdidas antes que turistas. Primero llegaron Otis y John. Después llegaron las cifras. Hoteles cerrados, miles de empleos afectados, colonias enteras sin servicios durante meses y un ayuntamiento obligado a reconstruir una ciudad que representa una parte esencial del turismo nacional. De acuerdo con estimaciones oficiales y de organismos empresariales, los daños materiales se contaron por decenas de miles de millones de pesos. Cada peso del presupuesto municipal adquirió un valor distinto. Cada contrato, cada obra y cada transferencia merecían un nivel de vigilancia extraordinario.

En ese contexto apareció un expediente que nunca debió convertirse en una discusión jurídica sobre competencias. La Suprema Corte resolvió que la Auditoría Superior del Estado de Guerrero no podía fiscalizar recursos federales ejercidos por el Ayuntamiento de Acapulco y que esa facultad corresponde a la Auditoría Superior de la Federación. La resolución benefició a la alcaldesa Abelina López Rodríguez en ese conflicto competencial. La Corte no resolvió el destino de los recursos ni concluyó que su ejercicio fuera correcto. Sin embargo, millones de mexicanos observaron otra escena: una autoridad pidió información, otra autoridad respondió que no era la competente y la explicación sobre cientos de millones de pesos volvió a quedar pendiente.

La política mexicana se ha acostumbrado a celebrar victorias procesales mientras los ciudadanos siguen esperando respuestas de fondo.

Ese patrón aparece una y otra vez. Veamos el caso Segalmex. El proyecto insignia para fortalecer la seguridad alimentaria terminó convertido en el caso con mayores observaciones de la Auditoría Superior de la Federación en la administración federal reciente. Las auditorías acumularon irregularidades por miles de millones de pesos. La Fiscalía General de la República abrió investigaciones; varios exfuncionarios enfrentan procesos penales y el propio Gobierno federal reconoció desvíos relevantes. Ignacio Ovalle dejó la dirección del organismo y fue reubicado dentro del gobierno. Los productores, los pequeños agricultores y las familias para quienes fue creado el programa siguen esperando que alguien explique cómo un proyecto social terminó ocupando los encabezados por razones completamente distintas.

Por lo que se refiere a Texcoco, el Tribunal Electoral confirmó que durante la administración municipal encabezada por Delfina Gómez se realizaron descuentos salariales a trabajadores para financiar actividades políticas de Morena. El partido fue sancionado. La resolución existe y forma parte del expediente público. La discusión nunca debió concentrarse en el monto de la multa. El verdadero problema consiste en utilizar recursos provenientes del trabajo de servidores públicos para fines ajenos al servicio que prestaban a los ciudadanos.

Vamos ahora con la Conade, Ana Gabriela Guevara llegó con el prestigio de una de las mejores atletas mexicanas. Su gestión terminó acompañada por observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, denuncias e investigaciones periodísticas sobre contratos y ejercicio del gasto. Mientras tanto, deportistas olímpicos organizaban colectas, buscaban patrocinadores privados o financiaban competencias con recursos propios. Esa imagen resultó devastadora para una institución cuya razón de existir consiste precisamente en respaldar a quienes representan al país.

El gobierno de Cuitláhuac García en Veracruz no se queda atrás. Varias investigaciones periodísticas documentaron contratos otorgados a empresas de reciente creación que despertaron dudas sobre su capacidad para ejecutar los servicios contratados. Las publicaciones reabrieron un debate conocido por los veracruzanos desde hace décadas: los mecanismos cambian de nombre con facilidad; la opacidad conserva una sorprendente capacidad de adaptación.

La Auditoría Superior de la Federación también formuló observaciones relacionadas con pagos en exceso y conceptos pendientes de aclaración en uno de los proyectos emblemáticos del sexenio pasado: el Parque Ecológico Lago de Texcoco. No tenemos a la fecha responsabilidades y ni resoluciones a las solventaciones. La exigencia ciudadana, sin embargo, sigue siendo la misma: transparencia completa cuando se administran recursos públicos de esa magnitud.

Lo que une estos casos pertenece al terreno político. Morena llegó al poder prometiendo una transformación ética del servicio público. Esa promesa elevó el estándar con el que hoy se juzga a sus gobiernos. Las auditorías pendientes, las investigaciones abiertas y las explicaciones incompletas pesan más precisamente porque el discurso fue mucho más ambicioso que el de cualquier administración anterior.

La confianza pública está cada vez más endeble. Cada auditoría sin aclarar, cada expediente que permanece abierto durante años y cada conferencia que responde con argumentos políticos a preguntas técnicas contribuyen a ese desgaste. Y los años que nos faltan…