La batalla de Gertz

Columna de opinión escrita por Raymundo Riva Palacio para el diario El Financiero

Viernes 28 de noviembre de 2025

Raymundo Riva Palacio

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Alejandro Gertz Manero decía durante la transición que él no saldría de la Fiscalía General salvo con los pies por delante. O sea, muerto. La metáfora era un desafío para la entonces presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que en ese entonces pensaba sustituirlo en los primeros dos meses de su gobierno por su exfiscal en el gobierno de la Ciudad de México y consejera jurídica, Ernestina Godoy. Hasta hace unas semanas, parecía que lograría su objetivo, pero dos filtraciones a la prensa, sobre el caso Colosio y el dueño del certamen Miss Universo, reactivaron y aceleraron la decisión de destituirlo.

Las deliberaciones en Palacio Nacional fueron sobre el cómo. Hubo quienes lo llamaron senil, pero ir por esa vía era maltratarlo. Le pedirían la renuncia. Un enemigo político de la presidenta, el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, convencido de que Gertz Manero estaba listo para procesarlo por el tema de la organización criminal La Barredora en Tabasco, fue el operador y verdugo. Preparó el entramado legal en el Senado para que este jueves, a las 10 de la mañana, se conociera la renuncia de Gertz Manero. No llegó a esa hora y comenzaron seis horas críticas durante las cuales el fiscal había decidido que no renunciaría.

Esta es de las batallas más fuertes dentro del mismo grupo en el poder que se recuerde, desde que el equipo económico del presidente Carlos Salinas se partió durante la transición al gobierno de Ernesto Zedillo, cuando el secretario de Hacienda saliente, Pedro Aspe, casi llegó a los golpes con el entrante, Jaime Serra Puche, por diferencias sobre quién debía devaluar el peso para sortear una crisis. Gertz Manero peleó por su vida pública hasta el final, luego de haberse enfrentado al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y al senador López Hernández, entre quienes no hay amistad, complicidad o alianza.

López Hernández también pensaba que el fiscal era la fuente de las filtraciones que lo involucraban penalmente con La Barredora, lo cual no era cierto, y comenzó a filtrar desde el miércoles la salida de Gertz Manero. Pero las filtraciones sobre sus presuntos actos criminales salieron de Palacio Nacional, autorizadas por la presidenta para debilitarlo y forzarlo a pedir licencia, porque Sheinbaum no podía neutralizarlo. El caso de García Harfuch era distinto. Ambos habían construido una buena relación profesional, dejando atrás agravios incubados hace siete años, cuando Gertz Manero era su jefe.

El punto de quiebre, de acuerdo con personas que conocen la ruta del choque, fue cuando García Harfuch, dentro de su estrategia para alinear todas las áreas de combate al contrabando de combustible bajo su control, colocó en mayo pasado a César Oliveros como fiscal especial para la Investigación de Delitos en Materia de Hidrocarburos. El nombramiento había sido parte de un acuerdo en donde, a cambio, seguiría controlando las fiscalías especializadas en Control de Competencia y de Derechos Humanos. En qué momento ese acuerdo se rompió, no está claro, pero coincidió con las críticas por las filtraciones. Lo que sorprendió fue que la emprendiera contra el secretario más leal y cercano a la presidenta.

Por eso, la filtración sobre el criterio de oportunidad otorgado a Raúl Rocha, dueño del certamen Miss Universo, para librar una orden de aprehensión por los delitos de narcotráfico, tráfico de armas y contrabando de combustible, provocó un terremoto en el Zócalo. No era Rocha el centro del enojo, sino que en el pliego de consignación del empresario figuraba la agente del Ministerio Público federal Mari Carmen Ramírez Rodríguez, que supuestamente vendió información a Rocha sobre las investigaciones de robo de combustible en dos millones de pesos.

Colaboradores de la presidenta desmintieron que existiera una orden de aprehensión contra Rocha y que este hubiera pedido el criterio de oportunidad, para ocultar la gravedad de lo que había sucedido. Empujaron la versión de que apenas lo estaban investigando, para que pasara desapercibida la captura de Ramírez Rodríguez hace 10 días y su ingreso al penal femenil de Morelos. La ministerio público dependía de Oliveros, y la línea directa llegaba a García Harfuch. La carpeta de investigación que produjo las detenciones fue integrada por la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Fiscalía General, a cargo de Miguel Leyva, incondicional de Gertz Manero.

El fiscal había colocado una mancha de corrupción sobre García Harfuch y su equipo contra el robo y contrabando de combustible, que es uno de los puntos más sensibles en la relación de seguridad con Estados Unidos. Golpeándolo a él, lastimaba a la presidenta. Gertz Manero probablemente no hizo los cálculos necesarios, o pensó que los expedientes en sus manos que involucraban criminalmente a las más importantes figuras del régimen, evitarían que le cortaran la cabeza.

Al no ver esa reacción en Palacio, comenzó su batalla. Desde temprano el jueves circuló de manera extraoficial que Gertz Manero renunciaría y que Godoy sería su relevo. Se citó a sesión ordinaria en el Senado a las 10 de la mañana para conocer su dimisión, pero una hora después, una persona con información directa, dijo que la renuncia se estaba “cayendo”. Senadores dijeron que el fiscal tenía un ultimátum: si a las 2:30 no la presentaba, pedirían su remoción a la presidenta. Gertz Manero se atrincheró en la fiscalía a piedra y lodo, mientras que en el Senado, algunos miembros del ala radical, como Alejandro Esquer, brazo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ejercían presión para que se cancelara la renuncia.

Las especulaciones de que era López Obrador quien se oponía al relevo, se fueron disipando. Esquer no hablaba por el expresidente, que parece haber estado al margen de la crisis de 48 horas que se vivió. Alrededor de las 3:30 de la tarde, Gertz Manero aceptó su derrota, negociando una salida digna, como embajador y que hoy empiecen los reemplazos en la fiscalía. Fue una pérdida doble. Ni llegó al final de su gestión en 2028, y lo sustituirá quien menos deseaba, Godoy. Pero no sólo perdió él. Es un golpe indirecto para López Obrador y su entorno envuelto en sospechas criminales, porque perderá el control de la Fiscalía General en momentos delicados, y quedará en manos de la presidenta, a través de García Harfuch, que tiene gran incidencia sobre Godoy.

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El último clavo en el ataúd de la

autonomía

Columna de opinión escrita por Pascal Beltrán del Río para el periódico Excélsior

Viernes 28 de noviembre de 2025

Pascal Beltrán del Río

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La renuncia de Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República (FGR), y su virtual exilio diplomático, se alzan como un signo delicado sobre la salud del Estado de derecho en México y, de manera particular, sellan el destino de la ya moribunda autonomía de las fiscalías. Esta decisión no es un mero cambio de guardia; es la estocada final al efímero intento de despartidizar la procuración de justicia, cosa que, a nivel estatal, ya había sido desmantelada por la voracidad política.

La autonomía de las fiscalías estatales ha sido una farsa desde hace tiempo. En los estados, los gobernadores han pasado por encima de cualquier vestigio de separación de facultades, imponiendo a individuos a modo al frente de estas cruciales dependencias. La velocidad y la frecuencia de estos cambios son espeluznantes. En una entrega de esta Bitácora, en mayo de 2024, encontré que 21 de los 32 titulares de fiscalías estatales habían sido nombrados en el último año, tras la renuncia o remoción de sus predecesores. Esta cifra no es accidental; es la radiografía de una captura institucional donde la ley es una herramienta de la facción gobernante y no un principio universal.

El movimiento que hoy gobierna el país, y que prometió una transformación profunda de las instituciones, ha perfeccionado el uso político de la procuración de justicia. El caso de la FGR no ha sido la excepción, sino la culminación de un proceso. Es una ironía lacerante que haya sido el senador Adán Augusto López Hernández quien, se rumora, aceleró la salida de Alejandro Gertz Manero de la FGR, y no al revés.

López Hernández, figura central del oficialismo, enfrenta acusaciones serias derivadas del nombramiento, al frente de la policía estatal de Tabasco, de Hernán Bermúdez, quien posteriormente resultó ser un presunto jefe criminal. Que alguien con tales señalamientos sea quien ponga fin a la era Gertz subraya la hipocresía que impregna la relación entre el poder político y la justicia en México.

Ya sabíamos, con escalofriante detalle, cómo utiliza el oficialismo a las fiscalías para sus fines. El bochornoso caso de Sinaloa es un recordatorio imborrable. Allí, la fiscalía estatal ha sido señalada de encubrir el asesinato del diputado federal electo Héctor Melesio Cuén en julio de 2024. Ese incidente reveló la disposición de las instituciones de justicia para actuar como protector del grupo en el poder. La consigna parece ser que la ley se aplica para los adversarios, y la impunidad, para los propios.

Cualquiera que sea el sucesor o sucesora de Gertz en la FGR —se puede suponer con un alto grado de certeza— no tendrá como preocupación primordial procurar la aplicación de la ley de manera imparcial, sino usarla para beneficio del movimiento gobernante y de su proyecto político. La justicia se convierte en una divisa de negociación, en un arma de ataque y en un escudo de defensa.

La ironía es doble. Hace años, cuando este movimiento era oposición, rechazó a Raúl Cervantes cuando fue propuesto para pasar de la extinta PGR a la FGR, argumentando que era cercano a la Presidencia. Hoy, el concepto de “fiscal carnal” no sólo se ha aceptado, sino que se ha normalizado e institucionalizado a lo largo y ancho del país. La figura que emerja de este proceso será, por definición, fiscal del gobierno, no el de la República.

El garlito de la sustitución de Gertz es un signo preocupante —especialmente por quien parece haberla operado— que se suma a una serie de malas señales enviadas por el Estado mexicano. Se junta con la reforma judicial que busca politizar la judicatura, la degradación sistemática del juicio de amparo —última trinchera de los ciudadanos— y los intentos por volver retroactivos los fallos de los tribunales. Todos estos movimientos erosionan la predictibilidad y la certeza legal, elementos esenciales para atraer y retener inversiones.

La partida de Gertz no abre una oportunidad para la regeneración de la justicia; cierra el capítulo de la ficción de su autonomía. Lo que queda es la confirmación de que en México la ley es un instrumento del poder, no su límite.